Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122658
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.658, "Santillán, María Rosa contra Caprara, Marta Elsa y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó en todas sus partes la demanda, con costas a la actora (v. fs. 151/156).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 162/165 vta.).
Dictada a la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado rechazó la demanda promovida por la señora María Rosa Santillán contra Marta Elsa Caprara y Alberto Bejar en cuanto reclamaba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y aquellas previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 45 de la ley 25.345 (v. fs. 151/156).
Al expresar los motivos de dicha decisión, declaró en el veredicto que, negado todo vínculo de linaje laboral por parte de las demandadas, correspondía al accionante acreditar la existencia de la relación de trabajo invocada (art. 375, CPCC).
A partir de esa premisa, y con sustento en el análisis de las declaraciones testimoniales y de la prueba documental e informativa glosada a la causa, consideró no demostrado que la actora hubiera desempeñado tareas en beneficio de los coaccionados.
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada activa denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que cita (v. fs. 162/165 vta.).
II.1. En primer lugar, sostiene que la parte demandada no concurrió a la audiencia de vista de la causa, no obstante hallarse notificado y, que por tal motivo, el juzgador de grado -habiéndola declarado rebelde- debió tenerla por confesa.
Agrega que la confesión ficta no fue el único medio probatorio producido en el proceso para corroborar su versión de los hechos, por lo que -entiende- debió otorgársele un mayor valor convictivo.
II.2. Luego, objeta la interpretación y alcance que se le diera a la prueba testimonial (que el juzgador calificó como "endeble"), pues -afirma- las declaraciones del señor Markarysoelu y de la señora Baulida no fueron contradictorias entre sí, ni con lo pretendido en demanda, por lo que, a partir de sus dichos debió tener por verificada la relación laboral.
Sin perjuicio de ello, entiende que si el tribunal se encontraba en duda debió aplicar el principio consagrado en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, circunstancia que lo hubiera conducido hacia una decisión más favorable para la trabajadora.
Explica que, por las características propias del trabajo doméstico, la prueba principal es -precisamente- la testimonial. En ese sentido, y en tanto las tareas se realizan dentro de la vivienda de los empleadores, los únicos testigos directos son los propios familiares y allegados de aquellos, por lo que resulta muy difícil incorporarlos como declarantes de la trabajadora. Por ello, toda vez que el demandado se encuentra en mejor condición, entiende que el sentenciante debió recurrir al criterio de las cargas dinámicas de la prueba.
II.3. Cuestiona la valoración que hizo el juzgador respecto de la póliza de seguro agregada a la causa.
Alega que de la misma surge que: i) la tomadora era la señora Caprara (codemandada); ii) la asegurada era la señora Santillán (legitimada activa); iii) la beneficiaria era la señora Paula Fernández; iv) el seguro cubría muerte por accidente, invalidez permanente total y parcial, y gastos de asistencia por accidente en el ámbito laboral; y v) la actividad denunciada en el contrato era "mucama-casas particulares".
A partir de ello, sostiene, fácil era deducir la existencia de la relación laboral habida entre las partes; sin que correspondiera descartarla con motivo de su limitada vigencia de tres meses.
Peticiona nuevamente la aplicación al caso del principio que contiene el art. 9 de la Ley de contrato de Trabajo.
II.4. Critica también que el tribunal de origen no hizo lugar al pedido de tener a la señora Fernández -beneficiaria del seguro tomado por la demandada- como "testigo común".
Argumenta que al no ser citada por la parte accionada (quien había ofrecido su testimonio como prueba) y no poder contar con su declaración, se vulneró su derecho de defensa en juicio.
II.5. Por último, objeta la exclusión por parte del sentenciante de la testigo Ferrón (que había sido identificada en el escrito de demanda con el apellido "Monti").
Alega que con posterioridad a su presentación liminar tomó conocimiento del apellido correcto y solicitó se subsane dicho error a los fines de proceder a su citación. Sin embargo, prosigue, el pedido fue rechazado por extemporáneo al considerar que constituía una ampliación de demanda. De este modo -afirma- se vulneró una vez más su derecho de defensa.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. En lo que interesa, tras destacar que frente al desconocimiento de la relación laboral por parte de los codemandados era carga de la actora (art. 375, CPCC) acreditar su existencia (en el caso, como empleada doméstica durante un prolongado periodo de tiempo), concluyó el tribunal de grado -a partir del análisis de la prueba colectada en la causa- que aquella no logró su cometido.
Destacó al respecto que, si bien la rebeldía declarada con relación a la prueba confesional de los codemandados facultaba al juzgador para tener por ciertos los hechos señalados en las posiciones, estas últimas -conforme la doctrina legal que citó- deben hallarse acompañadas por otros medios de prueba que las respalde en su contenido. Y esto último -con arreglo a su criterio- no ocurrió.
En efecto, juzgó que las declaraciones de los testigos Baulida y Markarysoelu resultaron "endebles" para formar su convicción en orden a la existencia de subordinación jurídica y económica propias de una vinculación laboral (v. vered., fs. 151 vta.).
Consideró asimismo que la póliza de seguros de accidentes personales obrante a fs. 83/93 -cuya beneficiaria era la actora- con vigencia durante tres meses contados desde el 16 de agosto de 2016 resultaba "inadecuada" para demostrar el vínculo de naturaleza dependiente. Ello así, tanto por la fecha de su contratación (en el marco de la denuncia de una relación de dieciocho años de antigüedad y con vencimiento posterior a la extinción contractual), como por el escaso periodo de su vigencia (v. vered., fs. 152).
Luego, y toda vez que juzgó no probados los presupuestos esenciales para el progreso de la acción, dispuso en la sentencia el íntegro rechazo de la demanda (v. fs. 155 y vta.).
III.2. Esta Corte reiteradamente ha declarado -y se impone recordar- que compete al órgano judicial de grado, como función privativa, determinar si entre las partes medió -o no- un contrato de trabajo conforme los elementos fácticos que en cada caso se verifiquen y su decisión al respecto no puede revisarse en esta sede extraordinaria salvo que se demuestre absurdo al evaluar los hechos y las pruebas de la causa (causas L. 102.550, "Portillo Álvarez", sent. de 10-XI-2010; L. 78.502, "Ocampo", sent. de 18-VI-2003; L. 80.734, "Colonna", sent. de 31-III-2004 y L. 84.709, "Albarengo", sent. de 12-VII-2006).
III.3. En ese marco, se observa que, si bien la impugnante denuncia la presencia de aquel vicio invalidante, no logra descalificar la esencial motivación del fallo recurrido por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió ponderar la prueba aportada a la causa.
En efecto, todos aquellos reproches destinados a controvertir las motivaciones que sirvieron de sustento a esta parcela de la decisión (reseñados en el punto II), solo denotan el criterio discordante de la recurrente frente a la solución adoptada en la instancia de origen, método que reiteradamente esta Corte ha declarado ineficaz a los fines de satisfacer la acentuada carga que importa la acreditación del vicio que se atribuye al fallo (causas L. 92.928, "Carrizo", sent. de 26-VIII-2009 y L. 94.977, "B., J.", sent. de 6-V-2009). Veamos.
III.3.a. Inicialmente, la implicancia que la recurrente intenta adjudicarle a la confesión ficta de la demandada no se presenta como eficaz propuesta de impugnación, ya que -como lo puso de manifiesto el juzgador de grado- si bien los jueces del fuero laboral están facultados para tener por ciertos los hechos señalados en las posiciones en rebeldía, no están en modo alguno obligados a acceder automática o mecánicamente -por esa sola circunstancia- a las pretensiones deducidas (causas L. 88.143, "Barroso", sent. de 23-VII-2008; L. 91.047, "Carotenuto", sent. de 3-IV-2008; L. 82.306, "Molfa", sent. de 7-III-2007; e.o.). Máxime, teniendo en cuenta la inveterada doctrina de este Tribunal según la cual la confesión ficta debe apreciarse en su correlación con el resto de las probanzas, atendiendo las circunstancias de la causa, pues de lo contrario se admitiría que prevalezca la ficción sobre la realidad y la decisión así adoptada podría alejarse de la verdad material, siendo potestad privativa de los jueces de grado ponderar sus efectos con amplio margen de discrecionalidad (causas L. 95.431, "Moldovian", sent. de 7-VII-2010; L. 96.358, "Valentinelli", sent. de 22-IV-2009; e.o.).
Tal es, precisamente, el análisis que ha realizado el tribunal interviniente para restarle entidad convictiva a la confesión ficta en relación con el resto de las probanzas colectadas en la causa (en rigor: las declaraciones testimoniales y la póliza de seguros agregada), y cuyas consideraciones ya han sido expuestas en el punto III.1. del presente al que remito.
III.3.b. Tampoco alcanza para descalificar el razonamiento que condujo al tribunal a desestimar la pretensión, el alcance que asigna la interesada al informe de fs. 83/93, sumado a su personal apreciación respecto al valor de las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de la causa; elementos que el tribunal meritó aunque con un alcance distinto al pretendido por los accionados.
Las disquisiciones que formula la compareciente en derredor de la valoración de las pruebas producidas en la causa (testimonial e informativa), se agotan -reitero- en el mero intento de sustituir el criterio del juzgador por el propio, sin que ello baste para acreditar la existencia del absurdo (causas L. 100.239, "García", sent. de 18-VIII-2010; L. 117.772, "Batista", sent. de 27-V-2015 y L. 118.280, "Martín", sent. de 9-XI-2016).
Además, esta Corte reiteradamente ha dicho que resultan estériles para enervar la conclusión de grado las alegaciones en torno a la valoración de la prueba testimonial pues, en razón de la regla de apreciación "en conciencia", su ponderación queda reservada a los jueces de la causa, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 101.116, "Benvenuto", sent. de 27-IV-2011; L. 93.006, "Hermann", sent. de 28-V-2008; L. 93.840, "Leguiza", sent. de 18-IV-2007; e.o.).
En definitiva, no debe perderse de vista que la hipótesis de la efectiva representación del absurdo no queda configurada frente a la decisión opinable, discutible o poco convincente, o ante la posibilidad de otras interpretaciones, no pudiendo sustituirse el criterio del juzgador de grado por el personal del recurrente ni por el propio de este Tribunal (causas L. 96.248, "Ceballos", sent. de 11-III-2009; L. 94.374, "Morselli", sent. de 2-VII-2008; L. 91.219, "Babiarz", sent. de 4-VI-2008; L. 90.477, "Leguizamón", sent. de 19-III-2008; e.o.).
Por otra parte, he de señalar que la invocación de la regla in dubio pro operario -texto según ley 26.428- carece aquí de relevancia porque la duda a que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juzgador al tiempo de dictar sentencia; por lo tanto, no resulta de aplicación si -como acontece en el caso- los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 117.403, "Tibaudin Aguer", sent. de 9-IX-2015; L. 118.933, "Sáenz", sent. de 5-X-2016 y L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017).
III.3.c. En lo referido a los rechazos por extemporáneos respecto del pedido de tener como "testigo común" a la ofrecida por la parte demandada y de la citación de la deponente Teresa Ferron (v. fs. 106 y 119), corresponde aquí recordar que en la casación se revisa sólo la sentencia, no el proceso, por lo que no cabe atender agravios vinculados con resoluciones del juzgador relativas a la prueba y anteriores al fallo definitivo (causas L. 93.732, "Kanemann", sent. de 16-XII-2009; L. 88.229, "García", sent. de 24-II-2010; L. 97.093, "Racioppi", sent. de 5-V-2010; L. 89.444, "Camerlingo", sent. de 27-VI-2012; e.o.).
Asimismo, que la firmeza de los actos procesales es una necesidad jurídica que justifica su validez, no obstante los vicios que pudieran eventualmente presentar. La preclusión opera como un impedimento o una imposibilidad de reeditar las cuestiones que ya han sido objeto de tratamiento y resolución anterior (causas L. 90.208, "Alasia", sent. de 12-XI-2008; L. 96.275, "S., A.", sent. de 15-IV-2009; L. 99.432, "González", sent. de 14-VII-2010 y L. 103.400, "Crespín", sent. de 12-XII-2012).
En tales condiciones, por aplicación del principio de preclusión, no pueden reeditarse en casación aquellas cuestiones que, resueltas en la instancia de grado, no fueron objeto de oportuna impugnación (causas L. 72.055, "Remorini", sent. de 4-IV-2001; L. 88.215, "Cáceres", sent. de 31-VIII-2005; L. 86.438, "Navarro", sent. de 14-XI-2007 y L. 101.188, "Sallete", sent. de 5-V-2010).
III.4. En suma, el fallo dictado debe permanecer firme en tanto los agravios traídos no se revelan idóneos para neutralizar la decisión adoptada en la instancia de origen.
IV. Por todo lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a la propuesta decisoria que formula la doctora Kogan.
Conforme inveterada doctrina, la potestad revisora de esta Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015; L. 110.854, "Pérez", sent de 14-III-2012 y L. 94.424, "Correa Perdomo", sent. de 6-X-2010).
Según las posiciones relevantes del caso, hallándonos ante una impugnación que pone en crisis la valoración de aspectos de índole fáctica y probatoria -privativa de los jueces de origen- es necesaria la cabal demostración de absurdo, cometido que en la especie no ha sido satisfecho.
Es oportuno recordar que el mentado vicio requiere acreditar la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. No basta a esos fines cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones (causa L. 97.010, "Soldevia de Díaz", sent. de 14-VI-2010).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2020 12:25:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2020 20:02:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2020 09:35:35 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 11:51:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 17:10:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia