Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124345
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes rechazó en todos sus términos la demanda interpuesta por María Teresa Cristina Greco contra Clínica Privada Ranelagh S.A., en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de linaje laboral (v. fs. 117/119 vta. y aclaratoria fs. 120/121).
Para así decidir, valorando de modo conjunto los distintos elementos probatorios adunados a la causa, consideró que la naturaleza de la prestación de la actora como profesional médico para la demandada no respondió a una relación de subordinación de dependencia laboral.
II. Contra lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 122/129), el que fue concedido por el a quo a fs.130.
En su presentación denuncia la violación de las normas y la doctrina legal que cita. En sustancia afirma que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la valoración de las probanzas de la causa, en cuanto juzgó no demostrada la vinculación de dependencia alegada en la demanda.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Cabe recordar -ante todo- que determinar si entre las partes medió un contrato de trabajo, dependiente o no, constituye una típica cuestión que no resulta revisable en la instancia extraordinaria, salvo que se alegue y además se demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurda valoración de la prueba (causas L. 94.975, "Sassani", sent. de 24-VI-2009; L. 101.785, "Fuma", sent. de 30-III-2011 y L. 111.160, "Soria", sent. de 27-II-2013).
Asimismo, tiene dicho esta Corte que para resolver la situación jurídica del profesional médico que presta servicios en un establecimiento, es imprescindible tener en cuenta los elementos de hecho presentes en cada caso, toda vez que vinculaciones de esta índole atraviesan zonas intermedias en las que resulta necesario desbrozar y despejar con nitidez los perfiles que definen la configuración del vínculo jurídico existente entre las partes (causas L. 92.658, "Franco", sent. de 3-VI-2009; L. 99.914, "Abed", sent. de 22-VI-2011; L. 103.302, "Di Santo", sent. de 7-IX-2011; L. 117.236, "Cassini", sent. de 29-IV-2015 y L. 109.467, "Chiappalone", sent. de 24-VI-2015).
Bajo tales lineamientos le corresponde al tribunal de trabajo, en una labor que es privativa, verificar las circunstancias que concurren en cada controversia a los fines de establecer la eventual existencia de las notas que caracterizan a la relación laboral, y su decisión no puede ser revisada en casación salvo que se demuestre la concurrencia de absurdo (causas L. 73.056, "Tolcachier", sent. de 5-XII-2001; L. 73.583, "Rodríguez Aruanno", sent. de 18-IX-2002; L. 79.251, "Hasicic", sent. de 17-XII-2003 y L. 88.271, "Salinas", sent. de 4-II-2009).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 90.265, "Jouannys", sent. de 27-II-2008 y L. 91.388, "Ortiz", sent. de 16-IV-2008).
III.2. Al respecto, reiteradamente ha dicho esta Corte que no deviene idónea para demostrar la existencia del mentado vicio la réplica de la recurrente que, por conducto de la mera expresión de un criterio discrepante, se limita a exponer un particular y personal punto de vista en orden a la apreciación de los hechos y las pruebas de la causa, poniendo en evidencia su intención de disputarle al juzgador de mérito su privativa facultad de hacerlo (causas L. 112.839, "Borsella", sent. de 8-V-2013 y L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013), pues no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurar el vicio de absurdo, desde que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema que debe ser eficazmente acreditada por quien la invoca (causas L. 83.456, "Holzmann", sent. de 19-XII-2007; L. 91.739, "González", sent. de 20-II-2008 y L. 89.858, "Noguera", sent. de 19-III-2008).
En el caso, la recurrente no cumple con la carga de demostrar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 93.723, "Tamer", sent. de 2-VII-2008; L. 96.889, "Arismendi", sent. de 9-IX-2009 y L. 96.347, "Morúa", sent. de 30-IX-2009), sin rebatir frontal y eficazmente las motivaciones esenciales que estructuran el contenido del decisorio de origen.
III.3. Recuérdese, además, que los jueces de trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que proponen las partes a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el pronunciamiento, pues al prevalecer la apreciación en conciencia de las probanzas aportadas, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios (causas L. 97.782, "Bidalun", sent. de 14-IV-2010 y L. 117.047, "Olivera", sent. de 10-VII-2013).
III.4. Además, en lo vinculado a la prueba pericial -cuestionada por la accionante- corresponde destacar que su meritación constituye el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo el mencionado vicio de absurdo (causas L. 116.837, "C., C.F.", sent. de 9-X-2013 y L. 121.019, "Coceres", resol. de 13-XII-2017), el cual, como se anticipó, no logra ser evidenciado en la especie.
III.5. Por su parte, en lo atinente a la presunción prevista en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, reiteradamente ha dicho este Tribunal -ante casos análogos- que la misma queda neutralizada si la prueba producida acredita que la actividad desarrollada por la actora no lo fue en relación de dependencia, elemento indispensable en la tipificación del contrato de trabajo (causas L. 117.994, "Colasso", resol. de 27-VIII-2014 y L. 118.063, "Capristo", resol. de 22-X-2014), como sucede en el caso.
III.6. Finalmente, no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 94.066, "Villegas", sent. de 3-VI-2009; L. 108.655, "Ankudowicz", resol. de 17-III-2010 y L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2020 17:54:52 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2020 18:58:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2020 19:48:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2020 17:39:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 08:19:18 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia