Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121856
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.856, "Macedo, Juan Domingo contra Asociación Civil Club Independiente. Despido" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Kogan, de Lázzari, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 468/475).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 484/491 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal del trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Juan Domingo Macedo y condenó a la Asociación Civil Club Independiente de Pigüé al pago de indemnizaciones por antigüedad, preaviso e integración del mes de despido, diferencias salariales, sueldo anual complementario y vacaciones adeudados, así como las previstas en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 1 y 2 de la ley 25.323 (v. fs. 468/475).
Para así decidir, tras analizar las constancias de la causa, juzgó demostrado que el actor trabajó a las órdenes de la asociación demandada a partir del 1 de marzo de 1994, cumpliendo tareas de mantenimiento y limpieza en las instalaciones de la institución bajo la categoría maestranza 5° (CCT 130/75) en una jornada completa de labor, aunque percibiendo un salario por media jornada. También tuvo por acreditado -a través del expreso reconocimiento de la demandada al absolver posiciones y lo que surge de la comunicación obrante a fs. 63- que la relación laboral finalizó el día 19 de marzo de 2010 cuando el empleador comunicó al actor la extinción del vínculo por abandono de tareas, conducta que -expresó el juzgador- aquél no logró demostrar, ello, especialmente en vista a que tuvo por no contestada la demanda. En consecuencia, concluyó que el despido resultó incausado e injustificado a la luz del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered., fs. 469 y vta.; sent., fs. 470 vta. y 471).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 28 y 44 inc. "d" de la ley 11.653; 163 incs. 5 y 6, 375 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 484/491 vta.).
En sustancia, cuestiona por absurdo el pronunciamiento de origen en cuanto el a quo juzgó injustificada la decisión rupturista del empleador. Sostiene que, contrariamente a lo resuelto en la sentencia, de la prueba producida en la causa -y, aclara, aportada por el propio actor- surge el incumplimiento atribuido al dependiente -abandono de trabajo- invocado en la comunicación rescisoria.
Asimismo, atribuyéndole el mismo yerro a la labor del juzgador, controvierte las conclusiones respecto a la fecha de inicio de la relación laboral y la extensión de la jornada cumplida por el trabajador que juzgó acreditadas.
Por otro lado, se agravia de la decisión que, por juzgar extemporánea la presentación de la accionada, tuvo por no contestada la demanda.
Afirma que dicha decisión colocó a su parte en estado de indefensión, transgrediendo la garantía del debido proceso y el derecho de propiedad y condujo, en definitiva, a que se dictara una sentencia injusta en un proceso en que la parte demandada no pudo ejercer plenamente su derecho de defensa.
Luego, sostiene que la sentencia impugnada afecta derechos de raigambre constitucional, verificándose la existencia de una cuestión habilitante de la vía del recurso extraordinario federal y, por ende, no es exigible en el caso el requisito de un monto mínimo para recurrir.
En esa misma línea, cuestiona la exigencia del depósito previo y alega que el art. 56 de la ley 11.653 resulta inconstitucional (v. fs. 490).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, corresponde aclarar que las alegaciones vinculadas a la exigencia del depósito establecido en el art. 56 de la ley 11.653 (v. rec., fs. 490) carecen de virtualidad pues, en el caso, el a quo juzgó que dicha carga no resultaba exigible en razón del estado de quiebra declarada judicialmente del demandado (v. auto de concesión del recurso, fs. 586 y vta.).
III.2. Luego, cabe señalar que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por el monto de condena, excluido el cómputo de los intereses- no supera el monto mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso sólo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016; L. 119.106, "Romero", sent. de 17-V-2017 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018).
III.3. Ahora bien, a propósito de las argumentaciones del recurrente relativas a la exigencia de un monto mínimo para acceder a esta instancia extraordinaria, sabido es que el criterio jurisprudencial sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) -citado por el quejoso- condiciona la validez de las restricciones procesales locales para recurrir ante los superiores tribunales de la causa (como -en el caso- el valor del litigio previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial) a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para limitar el acceso a esta instancia de embates que porten agravios federales.
En la especie, se observa que ninguno de los planteos impugnativos introducidos en el sub lite permite considerar que nos encontramos ante alguna de las cuestiones previstas en el art. 14 de la ley 48 (causas L. 116.665, "Funes", resol. de 3-V-2012 y L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009; CSJN, Fallos: 310:1545, 325:2192, 1145).
III.4.a. Aclarado ello, debiendo resolverse la impugnación, entonces, en el estrecho marco de análisis del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la exclusión de la hipótesis habilitante se impone nítida.
Ello así, toda vez que los agravios traídos por el interesado, estructurados bajo la denuncia de absurdo, se encuentran orientados a impugnar la labor axiológica desplegada por el tribunal de grado, al analizar la conducta asumida por las partes en forma previa a la rescisión del vínculo y determinar la existencia de las causales invocadas en la comunicación del despido. Efectivamente, como las relativas a las modalidades del vínculo entre las partes -tales como la fecha de ingreso del trabajador y la duración de la jornada-; pretendiendo someter a revisión el análisis realizado por el a quo -en ejercicio de facultades privativas- con relación a típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, que, como tales, resultan ajenas al supuesto que recepta la ley ritual (causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015 y L. 119.339, "Banegas", sent. de 13-VI-2018).
Cabe añadir a lo expuesto que la doctrina que emerge de las causas que cita el recurrente referidas al vicio de absurdo, no es idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el ya citado precepto adjetivo (causas L. 100.986, "Bozzano", sent. de 1-IX-2010; L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015 y L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018).
III.4.b. Por otro lado, la revisión que se propone dirigida, en rigor, a impugnar cuestiones resueltas durante el curso del proceso y sobre las que ha operado la preclusión como lo es, en el caso, la decisión que tuvo por no contestada la demanda y por perdido el derecho a ofrecer prueba -que, por lo demás, ya había sido objeto de impugnación oportunamente por el interesado- no pueden ser materia de examen en la instancia extraordinaria (causas L. 113.451, "Flores", resol. de 16-III-2011; L. 105.760, "González", sent. de 21-IX-2011 y L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013).
III.5. Finalmente, resta agregar que la lacónica manifestación expuesta a fs. 490 vta. vinculada al importe de los honorarios profesionales regulados en la instancia de origen (v. rec., fs. 490 vta.), desprovista de todo desarrollo que la sustente, ni siquiera reviste entidad de agravio que pueda ser considerado en esta sede extraordinaria.
IV. En virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso no prospera.
Ceñido a cuanto fue motivo de impugnación y en ausencia de otras explicaciones conducentes por parte del interesado, no se verifica que el valor económico de los agravios traídos supere el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141; B.O., 15-VII-2010); razón por la cual, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causa L. 119.657, "Maldonado", resol. de 19-XII-2012).
Sentado ello y zanjada la cuestión atinente al depósito previsto en el art. 56 de la ley 11.653, adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor Pettigiani para rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a las razones expuestas por nuestro distinguido colega, el doctor Pettigiani: habiendo quedado determinado el monto del juicio en la sentencia y no habiéndose acreditado la violación de la doctrina legal, corresponde rechazar el recurso intentado.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2020 16:25:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/08/2020 18:42:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2020 17:21:34 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2020 20:53:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2020 10:04:24 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2020 11:05:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia