Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123839
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte actora, atento a que el planteo abordado en el punto III.2 no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), y el desarrollado en el apdo. III.3. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa destacar, condenó a Ryder Argentina S.A. y Adecco Argentina S.A. a abonarle a Mauricio Carlos Alonso la suma que indicó en concepto de las indemnizaciones derivadas de despido y otros rubros de naturaleza laboral. A dicho monto adicionó intereses conforme la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde que esos créditos son debidos y hasta el 18 de agosto de 2008; y a partir de esa fecha conforme la tasa pasiva digital de la mencionada entidad bancaria.
En cambio, desestimó la acción en cuanto pretendía el cobro de las multas previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y el planteo de inconstitucionalidad formulado respecto del el art. 4 de la ley 25.561.
Finalmente, rechazó en todas sus partes la acción contra Adecco Recursos Humanos Argentina (v. fs. 942/960).
II. Frente al pronunciamiento de grado, el letrado de la parte actora dedujo, mediante simultáneas presentaciones obrantes a fs. 974/983 vta. y fs. 984/999, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, concedido por el a quo a fs. 1001/1002.
En primer lugar, se agravia del rechazo de las multas previstas en la ley 24.013, denunciando que el órgano de grado desinterpretó las normas a aplicar, e incurrió en absurdo en la valoración de las pruebas y vulneración de la doctrina de esta Corte que cita, al no tener por acreditadas la verdadera fecha de ingreso, la jornada y las remuneraciones devengadas, y sin considerar el juramento del art. 39 de la ley 11.653.
Por otro lado, objeta, esencialmente, la tasa de interés que el a quo aplicó al capital de condena.
Alega, con apoyo en fallos y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la configuración de gravedad institucional y la existencia de cuestión federal para habilitar la instancia extraordinaria local, oponiéndose, además, a la limitación establecida en la norma del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la concesión del recurso.
Luego, en lo que interesa destacar, señala que, como consecuencia del proceso inflacionario, la tasa aplicada en el fallo afecta gravemente el poder adquisitivo del trabajador y, en ese orden, estima la alícuota que considera de aplicación variable al caso.
Con el fin de acreditar el perjuicio sufrido por el trabajador, el recurrente practica tres liquidaciones: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). La segunda, utilizando un porcentaje de ajuste del 656,53% -índice inflacionario- o bien de 1065,65% -aumentos salariales- para el cálculo de los intereses. Y por último, la aplicación de la tasa activa de "operaciones restantes" con capitalización mensual de intereses.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por las sumas correspondientes a los rubros rechazados de cuya desestimación efectivamente se agravia la interesada con más la diferencia que resultaría entre la aplicación de intereses que fijó el a quo y lo que habría de obtenerse del modo propuesto en el recurso- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal, por lo que la impugnación debe ser analizada en el marco definido por el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015 y L. 121.206, "Villagra", resol. de 20-XII-2017).
III.2. Sentado lo expuesto, respecto del agravio destinado a objetar el rechazo de las multas de la Ley Nacional de Empleo, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de violación de doctrina legal el recurrente trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado, vinculadas estas a la valoración de los hechos y las pruebas, asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 113.812, "Pacheco", resol. de 18-V-2011; L. 111.056, "Kessler", resol. de 21-VIII-2013 y L. 122.678, "López Carluccio", resol. de 14-VIII-2019).
Por otra parte, los precedentes de esta Corte que el impugnante cita en apoyo de su reproche no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 118.187, "Riple", resol. de 10-XII-2014; L. 118.309, "Di Rocco", resol. de 19-II-2015; L. 119.909, "Waslet", resol. de 28-XII-2016 y L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018).
Para más, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015 y L. 121.987, "Aguila", resol. de 6-II-2019).
III.3. Igual suerte adversa ha de correr el restante agravio traído, el cual también habrá de ser analizado en el estrecho marco de la excepción que contempla el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.3.a. No obsta a lo señalado que a juicio del recurrente las limitaciones contenidas en las mentadas normas adjetivas no resulten aquí aplicables, pues las razones que esgrime para justificar tal postura resultan desacertadas.
En efecto, se advierte una errada lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que individualiza a fs. 989, toda vez que, en ellos, en modo alguno el alto Tribunal hubo de pronunciarse por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma; lo dicho por el recurrente -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse, en verdad, en los votos en disidencia que no conformaron la postura mayoritaria del Máximo Tribunal de la Nación.
Con todo, y en tanto situados por el impugnante bajo la hipótesis de arbitraria violación de la jurisprudencia de la Corte Suprema, no lucen atendibles los argumentos que esgrime el interesado con el objeto de evidenciar también la configuración de una "cuestión federal" como otro de los caminos para sortear las restricciones procesales que en función de la summa gravaminis imperan en el caso.
Adicionalmente ha de recordarse, en tanto quizás el planteo indirectamente también pretenda orientarse en ese sentido, que los fallos de la Corte nacional (como los de otros tribunales) no constituyen la doctrina legal que hace viable al recurso en examen (causas L. 51.517, "Evangelista", sent. de 28-IX-1993; L. 94.448, "Tunstall", sent. de 10-XII-2008 y L. 92.935, "P., A.", sent. de 25-III-2009).
III.3.b. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis del agravio que gira en torno a la constitucionalidad de los arts. 7 y 8 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el mismo fue traído como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012).
III.3.c. No ha de prosperar tampoco la crítica mediante la cual se cuestiona la parcela del pronunciamiento que dispuso la aplicación de intereses.
El tribunal de grado, a fin de calcular los acrecidos, utilizó la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema denominado "Banca Internet Provincia". Para ello, tuvo en cuenta lo resuelto en el precedente L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013, en la que esta Corte declaró la invalidez constitucional de la ley 14.399.
Al respecto, se impone señalar que esta Suprema Corte en la causa L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016, por mayoría, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016; L. 119.905, "Galván", resol. de 26-X-2016 y L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016).
Siendo así, en el contexto de las circunstancias reseñadas, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario traído, con costas (art. 289, CPCC).
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas que me preceden y, en relación al agravio referido a cuestionar la tasa de interés, lo hago remitiéndome -en honor a la brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente", sents. de 31-X-2016 -entre otras-, pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modif., acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte actora, atento a que el planteo abordado en el punto III.2 no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), y el desarrollado en el apdo. III.3. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2020 17:57:48 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2020 19:49:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2020 11:53:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2020 16:30:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2020 12:14:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia