Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124030
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el actor, atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
2Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por la demandada por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Soria y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda interpuesta por Alberto Hernan Vieyra y condeno a Residencia La Horqueta S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral. Sobre dicho monto adicionó intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días (v. fs. 637/647 vta.).
Para así decidir, consideró que el actor logró demostrar el elemental y sustancial punto de apoyo de su acción, cual es la prestación de servicios bajo relación de dependencia respecto de la sociedad accionada.
II. Contra dicho pronunciamiento, ambas partes dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 655/659 vta. y 662/676 vta.), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 787.
III. En la vía articulada por la legitimada activa, se denuncian los vicios de absurdo y arbitrariedad e individualiza las normas y la doctrina legal que considera violadas. Con particular énfasis, se agravia respecto de la tasa de interés que el juzgador de grado aplicó al capital de condena, a cuyo fin cita doctrina legal.
III.1. El recurso prospera con el siguiente alcance.
Respecto de la temática vinculada a la tasa de interés moratorio judicial, esta Suprema Corte -por mayoría- reiteradamente ha declarado que debe asumir su labor uniformadora de la jurisprudencia fijando una doctrina legal (arts. 161, apdo. 3 inc. "a", Const. prov.; 279, CPCC; y 55, ley 11.653), desde que dicha determinación reviste un innegable valor expansivo que justifica la intervención del tribunal (ver, entre miríada de precedentes, causa L. 94.446 "Ginossi", sent. de 21-X-2009).
En la citada causa "Ginossi" este Tribunal -por mayoría- ratificó la doctrina legal que venía sosteniendo en materia de tasa de interés desde la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.928 y con ulterioridad a la desarticulación del sistema de convertibilidad (ley 25.561), ya que éste no implicó la necesidad de modificarla.
Luego, la convalidación de la indicada doctrina -manteniendo invariable su contenido- se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.399 (BO. 21-XII-2012), en cuanto modificó la norma del art. 48 de la ley 11.653, toda vez que en las causas L. 90.768 "Vitkauskas", L. 102.210 "Campana", L. 108.142 "Díaz", L. 108.164 "Abraham" y L. 110.487, "Ojer" (todas sentenciadas el 13-XI-2013) esta Suprema Corte -por mayoría- declaró la inconstitucionalidad de la citada ley local por juzgarla en pugna con la Constitución nacional.
Ahora bien, el Código Civil y Comercial de la Nación dispone en su art. 768 inc. "c", de modo subsidiario, la aplicación de las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.
En este contexto, atendiendo la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768 inc. "c", Cód. cit.), esta Suprema Corte en las causas C. 119.176 "Cabrera" y L. 118.587 "Trofe" (ambas sentenciadas el 15-VI-2016), ha precisado -por mayoría- la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento, determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858 "Pincini", sent. de 26-X-2016; L. 119.905 "Galván", resol. de 26-X-2016; L. 119.422 "Clemente", sent. de 31-X-2016; entre muchos otros.
Por ello, corresponde hacer lugar al recurso y revocar el pronunciamiento de grado en lo que fue materia de agravio. Con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
IV. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida por la parte demandada, se denuncian los vicios de absurdo y arbitrariedad, individualizándose las normas y la doctrina legal que se consideran violadas.
En sustancia, la interesada objeta la decisión de grado en cuanto tuvo por probada la relación laboral entre las partes. La crítica se dirige, en esencia, a impugnar el modo en que fue ponderada la prueba oral. En ese sentido, expone su propio punto de vista y su interpretación de cómo debió ser valorada armónicamente las declaraciones testimoniales con el resto de las probanzas de autos. Asimismo, cuestiona la remuneración fijada por el juzgador. Finalmente considera violado el art. 505 del Código Civil, modificado por el art. 1 de la ley 24.432.
IV.1. El recurso no es de recibo.
IV.2.a. Liminarmente, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012 y L. 118.745, "Pereyra", resol. de 26-VIII-2015).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011 y L. 119.873, "Noceda", resol. de 10-VIII-2016).
En el caso, la impugnante, si bien lo enuncia, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011 y L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017), en tanto su argumentación se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el a quo y, en ese derrotero, no logra conmover la motivación sobre la que se estructura la decisión de grado, esto es, la existencia de una relación de trabajo entre las partes con sus notas características de subordinación técnica, jurídica y económica. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 96.707, "De Cenarriaga", sent. de 26-VIII-2009; L. 104.642, "Morgante", sent. de 15-VIII-2012 y L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013).
En este orden, conviene recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la formulación de su crítica se reduce -en rigor- a una simple divergencia de opinión con las motivaciones senténciales que inspiran el pronunciamiento (causas L. 117.754, "Caballero", resol. de 12-III-2014 y L. 118.799, "Giménez", resol. de 14-X-2015).
IV.2.b. Además, las alegaciones que formula, particularmente en relación a la diversa significación que el tribunal debió atribuir a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, en modo alguno resultan aptas para evidenciar el vicio lógico denunciado.
En efecto, en razón del sistema de apreciación "en conciencia", la valoración de las declaraciones queda reservada a los jueces de origen y, ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, (causas L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013; L. 119.561, "Modelli", resol. de 6-IV-2016 y L. 120.145, "Valinoti", resol. de 7-XII-2016), vicio que, como se adelantó, no ha sido demostrado por la recurrente.
IV.3. En otro orden, cabe señalar que determinar la mejor remuneración mensual, normal y habitual constituye una cuestión privativa de los jueces de la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginada de la casación, salvo invocación y demostración del vicio de absurdo, que debe ser eficazmente demostrado por el interesado (causa L. 97.058, "Britez", resol. de 15-XII-2010). Tal extremo no ha sido acreditado.
En efecto, la recurrente agota su crítica en manifestar su disconformidad con el criterio expuesto en el fallo, sin profundizar un concreto y eficaz ataque de las conclusiones volcadas por el tribunal de origen, en orden a que debía tenerse por cierto el salario denunciado en la demanda, en atención a lo dispuesto por los párrafos primero y segundo del art. 39 de la ley 11.653, el juramento prestado por el trabajador, y el desconocimiento de la relación laboral por parte de la accionada, lo que implicaba la ausencia de registro del actor en los libros laborales (v. vered. fs. 637/640).
En este sentido, tiene dicho esta Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficientemente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 112.616 "Elbey", res. de 16-III-2011; L. 118.085 "Frías", res. de 3-XII-2014; L. 118.395 "Mendoza", res. de 19-II-2015).
IV.4. Finalmente, no corresponde pronunciarse sobre el último de los agravios traídos, dirigido a objetar que la condena en costas supera el límite establecido por el entonces vigente art. 505 del anterior del Código Civil.
Ello, toda vez que lo decidido al abordarse el recurso de la parte actora, en cuanto hubo de revocarse la parcela del fallo de grado que aplicó una tasa de interés distinta a la establecida por esta Corte ante supuestos similares (y resultando que en la instancia de origen se deberá practicar una nueva liquidación), indudablemente ha de gravitar -modificando sus cuantías- tanto en orden al monto de condena, como al de los honorarios de los profesionales; los últimos, cuya regulación encuentra su base en aquél.
Por ello, corresponde desestimar el recurso extraordinario traído, con costas (art. 289, CPCC).
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas ponentes, y en relación al recurso del actor que ha sido tratado en el punto III, remito -en honor a la brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316 "Melgarejo" y L. 119.422 "Clemente" ambas sents. de 31-X-2016 -entre otras-, pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. gr. L. 118.587 "Trofe" y C. 119.176 "Cabrera", ambas con sents. de 15-VI-2016; L. 118.453 "Dardengo" y L. 118.361 "Valentín" (ambas sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5827 y modif., acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el actor, atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
2. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por la demandada por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2020 17:59:30 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2020 19:49:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2020 11:53:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2020 16:30:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2020 12:14:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia