Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124714
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, rechazó la demanda promovida por Oscar Alfredo Tolosa contra Distribuciones Alfe S.A., en procura del cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de carácter laboral (v. fs. 157/166).
Para así decidir, juzgó verificado el despido dispuesto por la empleadora, luego de que ésta le cursara al actor la correspondiente intimación a retomar tareas, o a justificar sus inasistencias, sin obtener respuesta alguna, ni haber dado cumplimiento a lo que se le requería.
II. Frente a tal pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 173/177 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 184 y vta., en el marco de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En su presentación objeta las restricciones a la admisibilidad del remedio traído vinculadas al valor del litigio, planteando la inconstitucionalidad de los arts. 161 apdo. 3 inc. "a" de la Constitución provincial; 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial; y 55 de la ley 11.653, así como la existencia de cuestión federal.
Además, controvierte por arbitraria la sentencia, al tiempo que cita las normas y la doctrina que considera violadas.
Afirma que el fallo transgredió las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio. Alega que el tribunal modificó la causal de despido e invirtió la carga de la prueba.
III.1. Liminarmente, se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. fs. 184 y vta.), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Nuñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013 y L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015).
III.2. Asimismo, es del caso recordar que, en torno al planteo de inconstitucionalidad articulado por el impugnante, esta Suprema Corte ha señalado que el recurso de inaplicabilidad de ley se concede "con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan" (art. 161 apdo. 3 inc. "a" de la Constitución local) y que las limitaciones estipuladas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del mismo no vulnera derechos y garantías constitucionales, resultando compatible con el citado art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 120.442, "Alegre", resol. de 3-V-2017).
III.3. A ello cabe agregar que el planteo sustentado en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Di Mascio" (Fallos 311:2478), entre otras, tampoco tiene asidero.
Como es sabido, dicho criterio jurisprudencial condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa (como -en el caso- el valor del litigio previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial) a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el acceso a esta instancia de embates que porten agravios federales.
Pues bien, ninguno de los planteos impugnativos introducidos en el sub lite permiten considerar que nos hallamos ante cuestiones de las previstas en el art. 14 de la ley 48. Por el contrario, el embate del recurrente se vincula, en definitiva, a cuestiones de interpretación y aplicación del derecho común, que resultan ajenas a la vía establecida en la mencionada normativa (causas Ac. 101.951, "Pereira", resol de 16-IV-2008; L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009; CSJN, Fallos 310:1545, 325; 2192, 1145).
III.4. Sentado ello, corresponde destacar que en el caso, la función revisora de este Tribunal se limita a verificar la existencia o no, de la hipótesis de excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 113.305, "Fiasche", resol. de 22-XII-2010 y L. 114.263, "Pastor", resol. de 18-IV-2011).
III.4.a. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que la crítica contenida en el escrito recursivo remite a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado, vinculadas a la valoración de los hechos y las pruebas, en la especie, orientadas a determinar si existió o no abandono de trabajo con arreglo a las circunstancias fácticas verificadas en la causa (causas L. 54.992, "Ruggiero", sent. de 4-X-1994; L. 68.576, "Smit", sent. de 24-VIII-1999; L. 85.018, "Zalazar", sent. de 16-VIII-2006; L. 94.279, "Maica", sent. de 24-II-2010 y L. 104.570, "Medina", sent. de 12-X-2011).
III.4.b. Para más, también se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 108.361, "Errecalde", sent. de 5-IX-2012; L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010); así como tampoco resulta útil la cita del voto que ha quedado en minoría puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los magistrados, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 105.764, "Olivera", sent. de 14-XII-2011; L. 95.453, "A., V.", sent. de 18-II-2009).
III.4.c. Corresponde agregar que los fallos emanados de la Corte nacional y la que deriva de la opinión de los autores, no constituye doctrina legal en los términos señalados (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009 y L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2020 16:22:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/08/2020 20:22:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2020 21:05:18 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2020 11:40:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2020 15:20:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia