Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124832
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la acción promovida por Pablo Javier Pacheco y, en consecuencia, condenó a Ferrosur Roca S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de vacaciones no gozadas. Por el contrario -por mayoría- la rechazó en cuanto procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, rubros de naturaleza laboral y la reparación por daño moral y psicológico (v. fs. 115/136).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, tuvo por no demostrada la causa de despido invocada en la comunicación rescisoria. En este sentido, puntualizó que no existe constancia alguna en la causa que pruebe que el trabajador haya sido dado de alta sin incapacidad, o con una invalidez absoluta permanente, o minusvalía parcial definitiva. Consecuentemente, juzgó que la decisión del actor de dar por concluido el contrato de trabajo resultó desafortunada, al no acreditarse ninguno de los supuestos que contempla el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por otro lado, entendió que en el reclamo por daño moral y psicológico, no se determinó la causa de la pretensión, reclamando valores sin un detalle concreto, preciso y claro sobre la petición y sin ninguna fundamentación previa que permita determinar la legitimidad, legalidad, razonabilidad y oportunidad de la pretensión. Finalmente, especificó que existió una total y absoluta orfandad probatoria con respecto a los hipotéticos daños pretendidos.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-IX-2019), el que fue concedido a fs. 151 y vta.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Alega absurdo en la valoración de la prueba. Cuestiona la interpretación que el fallo -en mayoría- realiza del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. Denuncia vulnerado el principio in dubio pro operari y transcribe casi la totalidad del voto en minoría. Para terminar, se agravia del rechazo del reclamo por daño moral y psicológico.
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde señalar -inicialmente- que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y sus conclusiones no son revisables por la Suprema Corte, salvo absurdo, que debe ser cabal y suficientemente demostrado (causas L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014; L. 116.868, "García", sent. de 27-V-2015 y L. 120.943, "Bernardi", resol. de 4-X-2017).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
Si bien el recurrente denuncia la existencia de absurdo, sus alegaciones no son hábiles para comprobarlo toda vez que la insuficiencia que padece el remedio examinado es notoria.
Ello, por cuanto se advierte que la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el juzgador debió ponderar las pruebas aportadas al proceso.
Desde esa perspectiva, se advierte que la argumentación del recurrente, prescindiendo cuestionar las motivaciones del sentenciante, se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar que medie error en el modo como resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia del endilgado vicio invalidante (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014).
Recuérdese que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportado a la causa es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011 y L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012).
Luego, y frente a las argumentaciones que porta el recurso, cabe señalar que reiteradamente este Tribunal ha dicho que no es idónea, como sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la remisión a los fundamentos del voto que quedó en minoría (causas L. 76.779, "Capitani", sent. de 6-VIII-2003; L. 112.489, "Sartal", resol. de 24-XI-2010 y L. 118.164, "Farías", resol. de 20-XI-2014).
Asimismo, y en cuanto a la denunciada vulneración al principio in dubio pro operari , esta Corte tiene establecido que no resulta tal si los jueces -como en el caso, respecto de los magistrados que conformaron la mayoría de opiniones- manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 112.404, "Pastorini", sent. de 12-XI-2013; L. 116.908, "C., G.J.", sent. de 3-IX-2014 y L. 118.259, "González", resol. de 3-IX-2014).
III.2. Por otra parte, tampoco ha de prosperar el agravio por el que se cuestiona el rechazo de la pretensión de cobrar una indemnización en concepto de daño moral y psicológico, desde que el embate no contiene un desarrollo argumental idóneo para demostrar el yerro valorativo que se le atribuye al juzgador, soslayando -nuevamente- formular una réplica eficaz de las motivaciones esenciales esgrimidas respecto del tópico (causa L. 117.191, "Cifuentes", resol. de 27-III-2013; art. 279, CPCC).
III.3. En definitiva, la crítica formulada por el interesado a lo largo de su impugnación denota un enfoque paralelo al plasmado por el órgano de grado para arribar a la decisión cuestionada, basada en su personal y subjetivo análisis acerca del modo en que debió haber sido resuelta la controversia, pero sin que ello demuestre la transgresión o errónea aplicación del precepto actuado en el fallo, ni el absurdo atribuido (art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2020 16:23:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/08/2020 20:22:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2020 21:05:11 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2020 11:40:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2020 15:20:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia