Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121443
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento a las particularidades de la cuestión debatida (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.443, "Rasgido, Sandra Beatriz contra Municipalidad de Merlo. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones y ordenó su remisión al fuero contencioso administrativo (v. fs. 266/267 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 271/276).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente acogió la excepción deducida por la accionada y se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones, en las cuales Sandra Beatriz Rasgido reclamó a la Municipalidad de Merlo el pago de salarios adeudados, vacaciones, sueldo anual complementario, horas extra, integración del mes de despido e indemnizaciones por despido injustificado, sustitutiva del preaviso y las previstas en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323; 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; así como también la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 y el cobro de una reparación en concepto del daño moral y psicofísico provocado por el carácter discriminatorio que le atribuye al distracto (v. resol., fs. 266/267 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y arbitrariedad en la apreciación de las pruebas y violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 11, 12, 14, 15 y 39 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Contrato de Trabajo; 34 incs. 4 y 5, 36 inc. 2, 163 incs. 5 y 6, y 345 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia; 2 inc. "a", 31 y 47 de la ley 11.653 y 4 de la ley 12.008; y de la doctrina legal de esta Suprema Corte que identifica (v. fs. 271/276).
Afirma que la resolución por la que el sentenciante se declaró incompetente resulta arbitraria toda vez que se sustentó sólo en los decretos de designación y de baja de la actora. Y, por el contrario, soslayó que -como se indica en la demanda- al momento de asumir la gestión el intendente, estaba vigente el Convenio Colectivo de Trabajo previsto en la Ordenanza Municipal n° 4.669/15, aplicable a la trabajadora. Así -continúa-, estando fundado el reclamo en normas de derecho laboral, el presente caso está excluido del fuero contencioso administrativo.
Postula, entonces, que por encontrarse la actora encuadrada en un convenio colectivo de trabajo -luego "derogado" para despedir a los trabajadores-, el tribunal interviniente no debió desplazar la competencia en las actuaciones por tratarse de un asunto incluido en la ley 11.653 y marginado de la ley 12.008.
En apoyo de su argumentación, denuncia la doctrina legal que considera violada.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En lo que aquí interesa, la actora promovió demanda contra la Municipalidad de Merlo en procura del pago de diversos créditos emanados de la relación laboral que, según manifestó, la habría vinculado con ella. Sostuvo que en el mes de octubre del año 2002 comenzó a trabajar, bajo dependencia de la demandada, desempeñándose como empleada administrativa Clase V, primero en la Secretaría de Empleo y luego en la de Economía. Expresó que en noviembre del año 2004 fue registrada mediante la figura de contrato temporario, el cual se renovaba anualmente, situación que mantuvo hasta el 2009, fecha en la cual pasó a planta permanente con la asignación del cargo de Directora de Economía, el cuál asumió con "reserva de cargo" en tanto debió revistar como Subsecretaria de Economía y Hacienda, condición que al no respetarse definió la voluntad extintiva de Rasgido. Fundó el reclamo en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y de las leyes 23.592, 24.013, 25.323, 25.345, 25.561 y 14.656; y la ordenanza municipal 4.669/15 (v. dem., fs. 36/79 vta.).
III.1.b. A su turno, la accionada, tras oponer excepción de incompetencia y luego de negar los hechos denunciados en el escrito de inicio, replicó que las normas de derecho laboral no resultaban aplicables a la relación de empleo público a la que están sometidos los agentes por ella contratados, que se rige de manera exclusiva por normas de derecho administrativo. Señaló que las Ordenanzas Municipales, en las cuales la actora funda el vínculo laboral y su derecho a reclamo, fueron anuladas a partir del decreto municipal 75/15, ratificado por la ordenanza municipal 5.324/16. Ello -entre otros motivos- por vulnerar lo establecido en la Constitución provincial, la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración y el decreto provincial 2.980/00 (v. fs. 222/232 vta.).
III.1.c. Al contestar el traslado del art. 29 de la ley 11.653, la actora replicó la excepción planteada, sosteniendo la competencia del tribunal laboral (v. fs. 247/261).
III.1.d. Finalmente, el órgano de grado, a partir de la invocación de un contrato de empleo con una persona jurídica de carácter público (Municipalidad de Merlo), de la naturaleza de los servicios descriptos en la demanda, de los recibos de haberes de fs. 12/20, de la documentación agregada por la demandada y del análisis del intercambio telegráfico habido entre las partes -desarrollado con fundamento en la ley 14.656 (Estatuto para personal de las Municipalidades), ordenanzas 4.669/15 y 267/80, decreto municipal 108/15, decreto ley 6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades)-, sostuvo que el litigio se enmarcó dentro de las normas del derecho administrativo.
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los arts. 166 y 215 de la Constitución provincial; 1 del Código Contencioso Administrativo de esta provincia (ley 12.008) y 2 inc. "a" de la ley 11.653, declaró su incompetencia para entender en las presentes actuaciones en atención a la persona demandada y la naturaleza de las funciones y servicios relatados en el escrito de inicio, que consideró de indudable naturaleza administrativa (v. fs. 266 vta. y 267).
III.2. Como adelanté, no le asiste razón a la quejosa al cuestionar la decisión.
III.2.a. Tiene dicho esta Corte que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 116.976, "S., E. M.", sent. de 15-IV-2015; L. 117.736, "Barton", sent. de 8-VII-2015 y L. 118.715, "Avanzi", sent. de 24-V-2016; e. o.).
En este contexto, el déficit de los argumentos desplegados en el recurso es manifiesto, en cuanto no exhiben una crítica eficiente del motivo central que condujo al tribunal laboral a sostener que de lo relatado en el escrito de inicio y del análisis de la documentación acompañada surge notoria la existencia de una relación de empleo público entre ella y el ente estatal municipal, conclusión que, al no ser objetada eficazmente, subsiste incólume.
Es pertinente señalar que una de las características específicas de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito en casación y, en ese escenario, se impone un acabado respeto por las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causa L. 92.169, "Alfaro", sent. de 14-XI-2007), carga que -a tenor de lo indicado- no logra ser abastecida en el caso.
Ello, máxime cuando la decisión atacada se nutre de la valoración de las constancias obrantes en la causa, circunstancia que fue prácticamente olvidada en la impugnación, a pesar de su relevancia (art. 279, CPCC).
III.2.b. A lo dicho cabe agregar que la doctrina legal invocada por la interesada para intentar enervar las conclusiones del fallo tampoco resulta idónea para lograr tal cometido pues, aun cuando se soslayara que -en general- omite indicar concretamente en qué consistiría su transgresión en cada caso, lo cierto es que no exhiben relación de correspondencia con las motivaciones del juzgador de origen, que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 117.969, "Vallejo", sent. de 10-V-2017; L. 119.378, "Sarmiento", sent. de 5-VII-2017 y L. 119.565, "Berebere", sent. de 3-X-2018), que, reitero, debe permanecer firme en esta instancia.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora.
Costas de esta instancia por su orden, en atención a las particularidades de la cuestión debatida (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento a las particularidades de la cuestión debatida (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2020 11:53:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 15:48:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 16:40:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/08/2020 14:51:23 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2020 11:07:55 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia