Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121381
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.381, "Abagnale, Daniel Aníbal contra Club Atlético Defensores de Moreno y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 1.162/1.180).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.196/1.203 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Daniel Aníbal Abagnale y condenó al "Club Atlético Defensores de Moreno" a pagar los importes salariales e indemnizatorios derivados de la extinción del contrato de trabajo. La rechazó en cuanto pretendía el cobro de las multas de los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013; 1 de la ley 25.323; 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y reparación por daño moral.
Asimismo, desestimó la acción instaurada contra los señores Pablo Miguel Mancinella y Alejandro Vicente Lanthier en los términos de los arts. 59 y 274 de la ley 19.550 y en las normas del derecho común.
Con apoyo en la prueba producida, juzgó demostrado que el actor ingresó a trabajar bajo dependencia del club demandado el día 6 de enero de 1984, como cobrador a domicilio de las cuotas sociales, desempeñándose con libertad horaria -en no más de dos horas diarias de lunes a sábados-, a cambio de una remuneración mensual de $1.021,70 (abril de 2012).
Luego, por aplicación del art. 7 del Convenio Colectivo de Trabajo 462/06 estableció que el trabajador debió percibir un importe mensual de $2.285,57 (marzo de 2012) y por ende, se le adeudaban las diferencias salariales que especificó (v. vered., fs. 1.165 in fine y vta.).
Con todo ello, resolvió que el silencio del empleador y el incumplimiento de pago de tales acreencias justificaba la situación de despido indirecto en que se colocó el trabajador el día 4 de abril de 2012, previa intimación fehaciente bajo debido apercibimiento (v. sent., fs. 1.173 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba, la transgresión de los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 278 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial; 39 de la ley 11.653 y la ley 24.432 (v. fs. 1.196/1.203 vta.).
II.1. Afirma que el juzgador incurrió en absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba testimonial brindada en la audiencia de vista de la causa (v. fs. 1.198 vta.).
Sostiene que las declaraciones de los deponentes fueron concluyentes para desvirtuar la fecha de ingreso y la jornada registrada por la demandada (v. fs. cit.).
Alega que la testigo Lanzani señaló -en lo sustancial- que el actor iba a cobrar la cuota social a su domicilio a partir del año 1984 y que antes lo hacía en el de sus padres, por lo cual estima demostrado que el inicio del vínculo fue anterior a la asentada en los libros.
Indica que, por su parte, el declarante Affani, como socio del club desde el año 1979 o 1980, refirió que desde aquellos años el accionante le cobraba la cuota societaria cada mes.
Censura que, sin otras precisiones, el a quo descartara su testimonio por circunstancial y no hallarse corroborado por otras declaraciones.
Refiere entonces que la demostración del desempeño en forma previa a la fecha registrada (1976) basta para desvirtuar aquella consignada en el libro del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, según lo normado por el art. 55 del citado cuerpo normativo y el juramento prestado en los términos del art. 39 de la ley 11.653 (v. fs. 1.199).
II.2. Reprocha por absurda la valoración efectuada por el órgano de grado del certificado con membrete del "Club Atlético Defensores de Moreno", firmado por el señor Pablo Mancinella, mediante el cual se reconocen veinticinco años de relación laboral con el actor. Explica, que a pesar de no poseer fecha de expedición, ello evidencia una palmaria contradicción con los datos aportados por la demandada (v. fs. 1.200).
II.3. Desde otroángulo, considera contradictorio que el tribunal admitiera la existencia de diferencias salariales -demostrando una incorrecta liquidación de haberes- y luego concluyera que no mediaban incorrecciones registrales (v. fs. cit.).
Asimismo, sostiene que el fallo en crisis deviene absurdo en cuanto juzgó que no era posible determinar la existencia de diferencias salariales entre los meses de abril a diciembre del año 2010, pues, aduce, las remuneraciones de tales períodos debieron constar en los libros del demandado y, en caso de no encontrase aportadas, ello constituye una nueva irregularidad registral (v. fs. 1.200 y vta.).
II.4. Con los elementos de juicio antes mencionados, postula que el a quo debió invertir la carga probatoria en virtud del juramento prestado por su parte en los términos del art. 39 de la ley 11.653 y por lo tanto demostrar la accionada la antigüedad, jornada y salarios del trabajador (v. fs. 1.201 y vta.).
II.5. Por último, denuncia que el importe de las costas a su cargo excede el tope legal del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, vulnerando así los arts. 505 del Código Civil -ley 340- y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, según la modificación introducida por la ley 24.432 y la doctrina legal que emerge de la causa L. 77.914, "Zuccoli", sentencia de 2-X-2002, entre otras (v. fs. 1.202/1.203).
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En lo que interesa, el órgano de grado juzgó probado que el trabajador ingresó a prestar servicios el 6 de enero de 1984. Para ello tuvo en consideración los recibos de haberes acompañados con la demanda y el libro contemplado en el art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, llevado en legal forma por el "Club Atlético Defensores de Moreno", tal como diera cuenta la pericia contable, firme y consentida (v. fs. 1.163).
Señaló además, que los comprobantes de cobranzas reconocidos de fs. 95/121, no aportaban datos de fecha anterior a la registrada en los libros laborales y en los recibos de haberes (v. fs. cit.).
A su vez, consideró demostrado a partir de las posiciones absueltas por el accionante, que realizaba sus labores con libertad horaria, así como también, que desde el año 2006 era titular de una panadería (v. vered., fs. 1.163 vta.).
Por otro lado, evaluó todos los testimonios rendidos en la audiencia de vista de la causa -particularmente los ofrecidos por el accionante- concluyendo que no se habían demostrado las afirmaciones efectuadas en demanda respecto a la fecha de ingreso (1976), las tareas y la jornada de trabajo allí denunciadas (v. fs. cit.).
Descartó la declaración efectuada por el señor Affani por insuficiente a los fines de generar su convicción, toda vez que sus dichos fueron circunstanciales y no fueron refrendados por los de los restantes testigos (v. fs. 1.164/1.165).
En definitiva, resolvió que la prueba producida no desvirtuaba la fecha de inicio del contrato consignada en las constancias registrales del empleador y los recibos de haberes acompañados (v. fs. 1.165).
A la par, sostuvo que ninguno de los testigos -aún los ofrecidos por el propio actor, Lanzani y Dassis- habían podido corroborar con su declaración el desempeño del señor Abagnale en la entidad con anterioridad al año 1984; así como tampoco que efectuara tareas como cobrador a domicilio (v. fs. cit.).
Señaló además la orfandad probatoria respecto de la jornada denunciada (a saber: los días lunes a viernes de 08:00 hs. a 17:00 hs.). En tal sentido, sostuvo que incluso el accionante reconoció al absolver posiciones en la audiencia de vista de la causa, que ejercía su trabajo con libertad horaria (v. fs. cit.).
III.1.b. Bajo tales lineamientos, cabe anticipar la insuficiencia de las críticas referidas a lo resuelto por el a quo con relación a la fecha de ingreso y la jornada de trabajo desempeñada por este.
Cabe recordar que este Tribunal tiene dicho reiteradamente que determinar la fecha de inicio de la relación laboral y el horario de labor en que se desempeñó el trabajador, a partir de la valoración de la prueba pertinente, constituye una facultad reservada a los jueces de los tribunales de trabajo, y sus conclusiones no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo que se acredite la existencia de absurdo (causas L. 105.453, "Cortina", sent. de 20-III-2013; L. 107.838, "Santulli", sent. de 12-VI-2013 y L. 100.846, "Cabello", sent. de 18-VI-2014).
También ha declarado que devienen inhábiles para la revisión casatoria las alegaciones destinadas a controvertir la valoración de la prueba testimonial -elemento este último sobre cuya absurda valoración el recurrente cimienta, en lo substancial, el contenido de su agravio- atento que, al apreciar "en conciencia" tales declaraciones, el tribunal de grado ejerce una potestad privativa respecto del mérito y la habilidad de los testigos (causas L. 117.589, "Silva", sent. de 10-XII-2014; L. 108.255, "Paz", sent. de 27-V-2015; L. 118.004, "Pereyra", sent. de 26-VI-2016; e.o.).
III.1.c. En efecto, el interesado no logra evidenciar que la labor axiológica desplegada por el tribunal interviniente sea absurda. Al contrario, la disímil y parcial interpretación que formula acerca de los testimonios de Lanzani y Affani (v. rec., fs. 1.198 vta. y 1.199), carece de idoneidad para demostrar el mentado vicio invalidante.
En este marco, el disenso planteado por el compareciente acerca de las conclusiones que extrajo el sentenciante de las declaraciones testimoniales, permanece en el plano de su mera disconformidad y disentimiento personal y, por lo tanto, no satisface una réplica idónea susceptible de modificar lo resuelto.
III.1.d. En nada mejora lo expuesto por el recurrente respecto a la valoración del certificado con membrete del "Club Atlético Defensores de Moreno", efectuada por el órgano de grado, en tanto el sentenciante hubo de señalar que a pesar de reconocerse en el mismo veinticinco años de relación laboral con el actor -que debió tenerse por reconocido por el firmante, Pablo Mancinella, atento su incomparecencia a la citación; art. 392 del Código Procesal Civil y Comercial-, no aportaba ningún dato respecto a la fecha denunciada en demanda, en tanto el mismo carecía de fecha de expedición que permitiera corroborarlo, y por lo tanto descartó su eficacia probatoria (v. fs. 122 y vered., fs. 1.163 y vta.).
Tal planteo sólo reitera los argumentos expuestos en su escrito inicial, que el a quo valoró y desestimó al resolver como lo hizo.
En efecto, la impugnación estructurada sobre estas bases exhibe su particular análisis de las constancias de la causa asignando relevancia a elementos de juicio que -desde su óptica- fueron ignorados y, a la par, restándole valor a los ponderados por el sentenciante.
III.2. Igualmente inatendible deviene el agravio dirigido a objetar el rechazo del reclamo vinculado al pago de diferencias salariales del año 2010.
Sin perjuicio de reconocer la existencia de un crédito salarial (art. 7, Convenio Colectivo de Trabajo 462/06) por el período no prescripto, el tribunal tuvo por no demostrados las circunstancias invocadas en la demanda respecto de la extensión del contrato, la jornada y remuneración.
En particular, con relación a las diferencias correspondientes a los meses de abril de 2010 a diciembre del mismo año, concluyó el actor no había aportado en autos prueba tendiente a acreditar sus dichos (v. fs. 1.165 vta.).
Al respecto, es preciso destacar que, de conformidad con conocida doctrina de este Tribunal, determinar si al trabajador le corresponde -o no- percibir alguna suma de dinero en concepto de diferencias salariales, es función privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen -por referirse a una típica cuestión de hecho- no son revisables en casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 89.902, "Ballina", sent. de 20-VIII-2008 y L. 101.639, "Palavecino", sent. de 22-XII-2010).
En el caso, el impugnante a través de una sucinta exposición no logra demostrar que la decisión atacada se encuentre afectada por este vicio, ya que las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar el decisorio.
III.3. Conforme todo lo dicho, no conmovido el análisis de los hechos y constancias probatorias que llevó al a quo a juzgar no verificada la versión contenida en la demanda sobre la modalidad y extensión del vínculo laboral, pierde entidad crítica la denuncia de violación del art. 39 de la ley 11.653, por cuyo intermedio el agraviado pretende, en definitiva, el reconocimiento de aquellos extremos fácticos que cimentaron su reclamo.
III.4. Tampoco prospera la denuncia de infracción del límite en la responsabilidad en el pago de las costas.
Sin perjuicio de resaltar la insuficiencia de la postulación en tanto se invoca la violación de la ley 24.432 sin aportar cálculo alguno que permita refrendar aquel aserto, en la especie, el juzgador impuso al actor los gastos por los aspectos rechazados de su reclamo con los alcances previstos en el art. 22 de la ley 11.653 (v. fs. 1.180) y art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 1.182 vta. y 1.183). En consecuencia, no se observa que medie en la especie un agravio susceptible de ser atendido en esta instancia de casación, en tanto la temática propuesta ha sido resuelta al amparo de las normas tuitivas de las que intenta valerse el trabajador recurrente.
IV. Por todo lo expuesto, el recurso debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2020 11:53:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 15:48:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 16:40:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/08/2020 14:51:30 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2020 10:52:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia