Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123005
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar, por mayoría, a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 60/75 y vta. (arts. 292 y 278 del CPCC; Acordada 1.790 y art. 63, ley 11.653).
2Remitir los presentes obrados al Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Necochea a los fines establecidos en el punto V. de la presente resolución.
Los señores jueces doctores Soria, Torres y la señora jueza doctora Kogan, dijeron:
I. En el caso, el Presidente del Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Necochea, en el marco de la acción interpuesta por Laura Verónica Yensen contra Nadia Ayelén Chatelain y Nicolás David Herrera, intimó a los codemandados a que presenten por ante la Mesa de Entradas del tribunal el escrito original en papel de la ratificación de la gestión invocada al contestar la acción, en los términos del art. 24 de la ley 11.653, por el doctor Luis Fernando Gattelet a su respecto y que fuera ingresada digitalmente el 25 de agosto de 2018 (v. fs. 53), lo que fue efectivizado por los requeridos con fecha 3 de septiembre de 2018 (v. fs. 54).
Luego, el Tribunal en pleno, con fundamento en el citado art. 24 de la ley ritual del fuero laboral, declaró nulo todo lo actuado por el mencionado letrado, con costas a su cargo y orden de desglose del escrito de contestación de la acción y la documentación acompañada (v. fs. 56/57 vta.).
Para así decidir, consideró que el cumplimiento de los extremos indicados en la mencionada norma procesal, fue efectivizado vencido el término legal establecido.
II. Frente a lo así resuelto, los codemandados dedujeron recurso de revocatoria (v. fs. 58 y vta.), oportunidad en la que manifestaron que el a quo incurrió en un error palmario al declarar extemporánea la ratificación de la gestión a favor de su letrado patrocinante, cuando, con fecha 25 de agosto de 2018 fue ingresado electrónicamente aquel escrito, por lo que, concluyen, el plazo exigido por el legislador en la norma procesal vencía el 27 de agosto de 2018.
A su turno, el Tribunal de grado, desestimó la revocatoria intentada, ocasión en la que sostuvo que, de acuerdo en lo normado por "Reglamento para las Presentaciones por Medios Electrónicos", anexo al Acuerdo 3.886/2018, el letrado de los codemandados debió haber presentado el escrito de ratificación de la gestión realizada en soporte electrónico en forma "física" y dentro del plazo de diez días hábiles, acompañando, posteriormente, la copia digitalizada correspondiente (v. fs. 59 y vta.).
En ese entendimiento, juzgó que, computando el momento en que el gestor invocó la mentada franquicia (10 de agosto de 2018) y la fecha de ratificación (3 de septiembre de 2018), dicha acreditación lo fue vencido el plazo legal.
III. Ante lo así resuelto, los impugnantes dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 60/75 vta.), cuya denegatoria, fundada -en lo esencial- en la ausencia de definitividad del pronunciamiento puesto en tela de juicio (v. fs. 77), dio lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. fs. 126/131).
IV. La queja debe prosperar.
Al respecto, corresponde observar que, si bien resulta doctrina reiterada que, como principio general, sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de los remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquélla que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado o, aun refiriéndose a un artículo, produce el efecto de finalizar la misma, haciendo imposible su continuación (arts. 278, 296 y 297, CPCC; causas L. 116.920, "González", resol. de 22-VIII-2012; L. 116.702, "Kokalj", resol. de 6-VI-2012; L. 118.058, "López", resol. de 12-XI-2014 y L. 121.039, "Juncos", resol. de 27-IX-2017), tal regla -como en otras oportunidades ha resuelto esta Corte- debe ceder en la especie.
Ello así, pues los apelantes sostienen que la decisión del tribunal laboral, en cuanto interpreta y aplica el "Reglamento para las Presentaciones por Medios Electrónicos", anexo al Acuerdo 3.886/2018, dejando firme el decreto que declaró nulo todo lo actuado por su letrado patrocinante -entre tales actos, la contestación de la demanda-, infringe lo regulado por el art. 24 de la ley 11.653, vulnerando los principios contenidos en las normas constitucionales que garantizan el derecho de igualdad, la defensa en juicio, el principio de bilateralidad y el debido proceso (arts. 17, 18, 19, 28, 33, 75 inc. 22 de la Constitución de la nación), como así también, los incluidos en las normas convencionales que identifica (v. fs. 60 vta./62 y fs. 72/73 y fs. 74/75).
Recuérdese, que en tal sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando sostuvo que la decisión atacada puede ser equiparada a definitiva si concurre un supuesto de privación de justicia que afecta en forma directa al derecho de defensa en juicio, ocasionándole al demandado un perjuicio de imposible reparación ulterior, pues éste carecerá de otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos (CSJN, causa C.1649.XXXVI, in re "Carosella", sent. de 20-III-2003, Fallos: 326:697; e.o.).
De allí que, el pronunciamiento puesto en entredicho, debe equipararse a una sentencia definitiva en los términos de los arts. 278 -último párrafo- y 281 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653).
En consecuencia, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a fs. 60/75 y vta. (arts. 278 y 292 del CPCC; Acordada 1790 y art. 63, ley 11.653).
V. Sentado ello, corresponde ingresar a analizar los restantes recaudos de admisibilidad del recurso extraordinario intentado. Pasando a verificar el cumplimiento de la carga prevista en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, se advierte que antes de la articulación de la vía extraordinaria, tal como lo mencionan los recurrentes, se ha iniciado el trámite para obtener el beneficio de litigar sin gastos (v. fs. 62 vta./63; incidente denunciado como caratulado: "Chatelain, Nadia Ayelén y otro/a s. Incidente; expediente n° 8675/2018).
En vista del camino emprendido por los interesados a su respecto (v. fs. 62 vta. /63), en torno a aquella exigencia establecida por el citado art. 280, aplicable supletoriamente a los procesos laborales (art. 63, ley 11.653; causas Ac. 94.747, "Unión de Educadores de Saladillo", resol. de 28-VI-2006; Ac. 103.408, "ATE", resol. de 20-V-2009 y L. 115.707, "Sindicato de Trabajadores Perfumistas", resol. de 21-XII-2011), es dable destacar que, en tanto no ha mediado sentencia de condena, este Tribunal ha establecido en el precedente registrado como Ac. 84.210 ("Crozzoli, Mirta c/ Alexandre, Alfredo s/ Escrituración. Rec. de queja", resol. de 28-VIII-2002) y los que siguieron su doctrina, que en los supuestos en los que se invoca haber iniciado el correspondiente beneficio de litigar sin gastos es necesario constatar el resultado del respectivo incidente en un plazo prudencial, que se fijó en tres meses por considerarlo razonable para el desenvolvimiento de los trámites exigidos para obtener la franquicia (causas Ac. 84.210, cit.; Ac. 102.402, "Sargentoni", resol. de 26-XI-2008; C. 112.290, "Santojanni", resol. de 10-III-2011; C. 120.413, "Szabady", resol. de 21-XI-2016, e.o.).
Así, no ajustándose a derecho la denegatoria del recurso extraordinario que motivó la deducción de la presente queja, conforme a las consideraciones expuestas en el punto III y IV, deviene conducente reenviar la causa al órgano anterior en grado a fin de que, dentro del marco del art. 281 del Código Procesal Civil y Comercial reencauce el control del requisito de admisibilidad faltante (causas C. 119.405, "Viviendas 18 de Julio II etapa", resol. de 20-V-2015 y C. 122.862, "Dominguez", resol. de 13-III-2019).
En tal línea, colocados los impugnantes en la tesitura de obtener cada beneficio de litigar sin gastos para sortear el aludido recaudo (art. 280 cit.) en la instancia anterior, el tribunal de grado -de conformidad con el citado precedente "Crozzoli"- habrá de notificar a los interesados la intimación pertinente, concediéndoles el lapso mencionado para la acreditación del otorgamiento definitivo de la franquicia invocada y luego verificar su cumplimiento, constatando el resultado de los respectivos trámites en el plazo de tres meses fijado por esta Corte en el antecedente ya señalado.
Cumplido el requerimiento efectuado, en caso de corresponder, devuélvase la causa a esta Corte. En el supuesto de proceder a la declaración de deserción del recurso extraordinario aquí concedido, póngase en conocimiento a este Tribunal, a fin de dar de baja las actuaciones en los registros del sistema informático Augusta.
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a los Puntos I, II, III y IV precedentemente desarrollados por los distinguidos colegas preopinantes.
II. En mi opinión, respecto a los requisitos de admisibilidad del medio revisor deducido por los legitimados pasivos, se observa que adujeron eximirse del depósito requerido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, habiendo promovido el beneficio de litigar sin gastos (v. fs. 62 vta./63).
En vista del camino emprendido por los interesados, cabe señalar que este Tribunal ha establecido en el precedente registrado como Ac. 84.210 ("Crozzoli, Mirta c/ Alexandre, Alfredo s/ Escrituración. Rec. de queja", resol. del 28-VIII-2002) y los que siguieron su doctrina, que en tales supuestos es necesario constatar el resultado del respectivo incidente en un plazo prudencial, que en dicha causa se había fijado en tres meses por considerarlo razonable para el desenvolvimiento de los trámites necesarios para obtener la franquicia (cfr. doctr. Ac. 84.210 cit.; Ac. 102.402, "Martinez", resol. de 26-XI-2008; C. 112.290, "Santojanni", resol. de 10-III-2011; C. 118.650, "Basarte", resol. de 4-VI-2014; C. 118.885, "Del Pino", resol. de 4-III-2015).
Sin embargo, dicha postura sostenida hasta el presente por esta Corte, debe armonizarse con lo resuelto con posterioridad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Font, Alberto Mario c/ Romero, Birilo s/ cobro hipotecario" -CSJ 580/2013 (49-F), sent. del 16 de junio de 2015-. En dicho precedente, el Máximo Tribunal consideró que constituía un exceso ritual manifiesto, incompatible con el ejercicio del derecho de defensa en juicio protegido por el art. 18 de la Constitución nacional, la decisión que había declarado desierto un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no haber acreditado el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos definitivo dentro del lapso de tres meses concedido a tal fin, sin admitir, para tener por cumplida la intimación dispuesta, el depósito realizado próximo al fenecimiento del indicado plazo. Advirtió también que el plazo acordado de tres meses para obtener la concesión del mentado beneficio era exiguo y que muchas veces la demora no era imputable a la parte y, en aquel supuesto, ésta había demostrado su interés en que la causa fuera examinada por la Corte provincial al efectuar el depósito.
Sentado ello, en el sub lite , deviene conducente devolver la causa al órgano anterior en grado a fin de que, dentro del marco del art. 281 del Código Procesal Civil y Comercial reencauce el control del requisito de admisibilidad faltante (causa C. 116.708, "Banco Hipotecario S.A.", resol. de 10-X-2012), conforme a las pautas que aquí se indican.
Así, colocado los impugnantes en la tesitura de obtener el beneficio de litigar sin gastos para sortear el aludido recaudo (art. 280 cit.), en la instancia anterior en grado, el Tribunal laboral habrá de notificarlos de la intimación pertinente, concediéndoles el lapso de cuatro meses para la acreditación del otorgamiento definitivo de la franquicia invocada y luego verificar su cumplimiento, teniendo en cuenta que tratándose de un lapso de meses, su cómputo debe hacerse según lo dispuesto por el art. 6 del Código Civil y Comercial, sin incluir el tiempo transcurrido, en su caso, durante la feria judicial (cfr. causas Ac. 90.916, "De Luca", resol. de 30-III-2005; Ac. 95.898, "Gargiulo", resol. de 17-XII-2008; Ac. 107.887, "Gimeno", resol. de 5-V-2010; C. 116.708, C. 117.045, C. 118.650 y C. 118.885 cits.).
Cumplido el requerimiento efectuado, en caso de corresponder, devuélvase la causa a esta Suprema Corte. En el supuesto de proceder a la declaración de deserción del recurso extraordinario aquí concedido, póngase en conocimiento a este Tribunal, a fin de dar de baja las actuaciones en los registros del sistema informático Augusta.
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Disiento con las consideraciones desarrolladas en el acápite IV del voto que abre el acuerdo.
Ello así, desde que, esta Corte tiene dicho que los remedios extraordinarios sólo son viables con relación a las sentencias definitivas, entendiéndose por tales a aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, ponen fin al pleito condenando o absolviendo al demandado o, aun refiriéndose a un artículo, producen el efecto de finalizar al mismo, haciendo imposible su continuación (arts. 278, 296 y 297, C.P.C.C.; causas L. 113.289, "Olivello", resol. del 28-XII-2010 y L. 113.643, "Usandizaga", resol. del 6-IV-2011).
Así, en el caso, el pronunciamiento dictado por el tribunal laboral que, al rechazar la reposición articulada, deja firme aquel que declaró nulo todo lo actuado por el letrado patrocinante de los codemandados, no reviste el carácter de definitivo ni deviene equiparable a tal, sin que se observen motivos excepcionales que permitan apartarse del indicado principio (cfr. causas L. 109.767, "Toledo", resol. del 3-III-2010; Ac. 104.920, "Russo", resol. del 15-VII-2009; Ac. 95.785, "Mancebo", resol. del 20-IX-2006; Ac. 90.957, "Moran", resol. del 9-II-2005).
II. No obstante ello, atendiendo al resultado de la votación de aquella cuestión, adhiero a las consideraciones efectuadas en el punto V del mismo voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar, por mayoría, a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 60/75 y vta. (arts. 292 y 278 del CPCC; Acordada 1.790 y art. 63, ley 11.653).
2. Remitir los presentes obrados al Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Necochea a los fines establecidos en el punto V. de la presente resolución.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:10:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:23:03 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 13:13:00 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 18:40:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2020 10:31:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 09:11:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia