Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124787
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Morón rechazó, la demanda promovida por Juan Jesús de La Cruz contra VI-LU S.R.L. y Pedro Roque Pulera en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 236/250)
Para así decidir, juzgó acreditada la justa causa de la disolución dispuesta por la patronal, motivada en los insultos proferidos por el actor al socio gerente de la accionada en presencia de testigos, luego de que este último le impartiera una orden de trabajo.
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 259/265), el que fue concedido por el a quo a fs. 268/269.
En su impugnación denuncia absurdo y violación de los arts. 10 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Afirma que, en el caso, no se cumplieron los requisitos de contemporaneidad y proporcionalidad de la sanción.
III. El recurso no prospera.
III.1. Dable es recordar, ante todo, que evaluar las conductas de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (art. 242, LCT; causas L. 112.863, "Vargas", resol. de 19-X-2011; L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012 y L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 118.381, "Pare", resol. de 15-IV-2015).
III.2. La carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada.
En el caso, el juzgador de grado, con análisis de las pruebas colectadas en el proceso, en especial la testimonial, tuvo por acreditado que el actor insultó a Pedro Roque Pulera, socio gerente de la accionada, delante de dos compañeros de trabajo, sin que mediara provocación previa ni maltratos por parte de su superior. Para el juzgador, la conducta del trabajador constituyó una alteración del orden y la disciplina en el establecimiento, que justificó la decisión rupturista. Por otro lado, juzgó cumplido el requisito de la contemporaneidad entre la denuncia y el episodio relatado, atento que las partes estuvieron de acuerdo, y así se tuvo por cierto, que el actor, inmediatamente de ocurrido el altercado con su superior, gozo de sucesivas licencias por enfermedad, y que el telegrama rescisorio fue remitido a las 48 horas de haberse reintegrado al trabajo.
Desde ese cuadrante, el vicio lógico denunciado no logra ser demostrado por el recurrente, quien -por conducto de la crítica dirigida a objetar tanto la fecha en que se consideró configurado el distracto, como la justificación de la causal invocada y la denuncia de incumplimiento del requisito de inmediatez y contemporaneidad- se aparta de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que en conciencia llevó a los magistrados a la solución expuesta en el fallo.
En efecto, en su presentación se limita a efectuar una personal y diferente valoración de las declaraciones testimoniales y de los elementos de juicio evaluados por el tribunal de mérito, lo que no es idóneo a los fines de acreditar que la sentencia está viciada por absurdo. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al juzgador las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 104.642, "Morgante", sent. de 15-VIII- 2012 y L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013).
En particular, cabe recordar que la valoración de los testimonios queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011 y L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016), supuesto excepcional que el impugnante nuevamente fracasa en demostrar.
III.3. Finalmente, si bien es cierto que el despido debe guardar una relación de contemporaneidad con el incumplimiento, no lo es menos que el recaudo de inmediatez entre los hechos invocados para la cesantía y el acto rescisorio debe ponderarse de conformidad con las circunstancias particulares del caso (causas L. 74.489, sent. de 2-X-2002; L. 76.598, sent. de 28-V-2003; L. 85.616, sent. de 30-VIII-2006; L. 95.478, "Isasi Britez", sent. de 11-VIII-2010 y L. 115.223, "Gómez", sent. de 30-X-2013), lo que constituye una facultad privativa de los jueces de grado, que sólo puede quedar desvirtuada ante la demostración de absurdo, que el interesado -como se anticipó- no logra demostrar.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:07:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:35:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 13:10:16 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 18:39:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2020 10:32:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 09:13:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia