Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120179
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.179, "Bitulfo, Carlos Alberto contra Debaisieux, Carlos Jorge y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 222/233 vta.).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de nulidad y, por ambos litigantes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 253/258 vta. y 259/263 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 303/305), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 256 vta./258 vta.?
En su caso:
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 259/263 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Carlos Alberto Bitulfo contra el señor Carlos Jorge Debaisieux y la señora María Belén Joost Newbery, por la que pretendía el cobro de determinadas sumas de dinero en concepto -entre otros rubros- de vacaciones adeudadas, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso y las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, 80 de la ley 20.744 y 21 de la ley 26.727 (v. vered., fs. 222/225 y sent., fs. 226/233 vta.).
Para así decidir, valorando la prueba testimonial, juzgó acreditado que el actor trabajó en las temporadas de caza de patos para los demandados en la Estancia Santa Rita, desempeñándose como "guía/coordinador", ello, desde el día 2 de mayo de 1988 hasta el día 4 de mayo de 2012 en que se consideró despedido. En cuanto a la remuneración, tuvo por probado que al momento del distracto ascendió estimativamente a $8.970 mensuales (v. fs. 222/225).
Precisó que aquellas temporadas en las que trabajó el accionante se extendían aproximadamente desde los días 1 de mayo hasta el 2 de agosto de cada año. Por otro lado, señaló también que ante la negativa de la relación laboral aquel tuvo motivos suficientes para dar por extinguido el contrato (v. fs. 228 y vta.).
Luego, se abocó el tribunal a encuadrar jurídicamente el vínculo laboral. Tras analizar las posiciones adoptadas en los escritos constitutivos de la litis, sostuvo que al momento del despido ya se encontraba vigente la ley 26.727 que contiene el nuevo Régimen de Trabajo Agrario (B.O., 28-XII-2011); con ello, y ponderando la naturaleza de la actividad desempeñada por el trabajador, juzgó que dicha legislación resultaba aplicable al caso. En el marco de los arts. 18 y 21 de la citada ley y de los hechos acreditados, afirmó que la modalidad contractual que correspondía al demandante era la de "trabajador permanente de prestación discontinua" (v. fs. 228 vta./229 vta.).
Después de desestimar la excepción de prescripción opuesta por la demandada, hizo lo propio con el reclamo formulado en la demanda por "...días trabajados, sac sobre días trabajados y salarios adeudados" en razón de las imprecisiones que le endilgó al escrito de demanda (v. fs. 230 vta. y 231) y rechazó a su vez lo pretendido con fundamento en la ley 24.013 (v. fs. 231 vta.). En lo tocante a los rubros que declaró procedentes -entre otras, las indemnizaciones derivadas del despido- luego de cuantificarlos, dispuso que a sus sumas se le aplicaran intereses a la tasa "...que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días vigentes en el inicio de cada uno de los periodos comprendidos" (fs. 231 vta. y 232).
Finalmente, con expreso fundamento en los arts. 19 y 63 de la ley 11.653 y 68 y 71 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicó las costas a los demandados por los rubros que prosperaron y al actor por los rechazados (v. fs. 232 in fine ).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional y 44 inc. "e" de la ley 11.653 (v. fs. 253/256 vta.).
Sostiene que el tribunal de grado omitió abordar dos cuestiones a su criterio esenciales para la resolución de la litis que fueron introducidas al contestar la demanda: aquella que refiere a "la inexistencia de contrato de trabajo con estabilidad" de un lado, y la que alude a la "vigencia de la ley 22.248" del otro, afectando las garantías constitucionales de defensa en juicio y propiedad (v. fs. 255).
Agrega que no le asiste razón al juzgador en cuanto entendió aplicable al caso la ley 26.727, pues esta entró en vigencia en el mes de diciembre del año 2011, mientras que la última temporada que trabajó el accionante finalizó con anterioridad, el día 2 de agosto del mismo año (v. fs. 255 vta. y 256).
Desde esa perspectiva, afirma que las distintas vinculaciones de temporada se desarrollaron bajo la vigencia de la ley 22.248, que tenían inicio en cada ciclo y finalizaban cuando este se cumplía, con lo cual, la prestación del actor queda encuadrada en el marco de la categoría prevista en el art. 77 de esa ley para el personal no permanente sin estabilidad (v. fs. 256 y vta.).
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, opino que el recurso no puede prosperar.
La ausencia de una concreta denuncia orientada a evidenciar la infracción de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial ya anticipa la ineficacia de la impugnación.
Luego, y sin perjuicio de que las cuestiones que se dicen soslayadas fueron abordadas por el tribunal de grado (fundamentalmente a fs. 227/229 vta. del pronunciamiento), resulta evidente que los agravios traídos se encuentran dirigidos a objetar el acierto jurídico de la decisión, lo que resulta ajeno al ámbito de actuación del recurso deducido (causas L. 116.000, "Núñez", sent. de 5-III-2014; L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016 y L. 119.720, "Sánchez", sent. de 3-V-2018). Siendo también extraña al medio de impugnación la alegación fundada en la garantía de la defensa en juicio (causa L. 98.699, "Juárez", sent. de 21-XII-2011).
Finalmente, en relación con la cita efectuada por el interesado del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 253 vta.), cabe afirmar que el pronunciamiento de grado se encuentra fundado en la ley, sin que no corresponda aquí analizar -como ya se indicó- la corrección de su fundamentación.
IV. A tenor de lo señalado, el recurso extraordinario de nulidad debe ser desestimado. Con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia la violación de los arts. 3 del Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 del Código Civil y Comercial y 14, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional (v. fs. 256 vta./258 vta.).
Impugna la sentencia en cuanto declaró aplicable al caso la ley 26.727. Sostiene que si se tuvo por acreditado que el actor era un trabajador rural de temporada y que esta se iniciaba el día 1 de mayo y concluía el día 2 de agosto de cada año, a tenor de la fecha de publicación de la mentada ley (28 de diciembre de 2011) todas las contrataciones quedaron comprendidas en la ley 22.248.
En ese contexto, agrega que cuando el actor intimó por carta documento del día 26 de enero de 2012, ninguna temporada había comenzado.
Controvirtiendo la modalidad contractual que juzgó verificada el a quo , alega que para que el trabajador rural de temporada se "transforme" en uno permanente con prestación discontinua conforme la ley 26.727, deben verificarse contratos de forma consecutiva que aquí no acontecieron, ya que bajo la vigencia del nuevo régimen ni siquiera fue contratado en una sola temporada.
Alega entonces que las temporadas que trabajó el accionante acontecieron durante la ley 22.248 que no contemplaba la figura del trabajador permanente con prestación discontinua, siendo aplicable su art. 77 que contiene un tipo de contrato carente de estabilidad.
Con todo, postula que el sentenciante aplicó la ley 26.727 en forma retroactiva, transgrediendo los arts. 3 del Código Civil y 7 del Código Civil y Comercial.
II. El recurso no prospera.
Los argumentos que trae el recurrente para sustentar su posición orientada a juzgar el caso bajo el art. 77 de la ley 22.248, no pueden ser atendidos a tenor de su extemporaneidad.
Bajo una postura diametralmente distinta a la aquí adoptada, puede observarse que -contestes con lo expuesto en el intercambio telegráfico que antecedió al inicio de las actuaciones (v. fs. 103/104)- al presentarse en el litigio los accionados Debaisieux y Joost Newbery negaron haber mantenido vínculo laboral alguno con el demandante Bitulfo (v. fs. 105/110 y 114/119). Y si bien es cierto que, en el marco de la excepción de prescripción opuesta, alegaron que, a todo evento, de entenderse configurada una relación de trabajo sería aplicable la referida ley 22.248, ello fue argüido afirmándose que el vínculo habría finalizado en el año 2004 (v. fs. 107 y vta. y 116 y vta.), tesitura -nuevamente- diferente a la que muestra el recurso en examen.
Luego, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley luce ineficaz, toda vez que en su desarrollo exhibe un discurso novedoso y extemporáneo que innova en la posición inicial contenida en la contestación de demanda, evidenciando el propósito de modificar el enfoque del asunto que la parte interesada desplegó en la etapa procesal oportuna (causas L. 116.553, "Addiechi", sent. de 8-IV-2015; L. 113.926, "Cimalando", sent. de 16-VIII-2017 y L. 120.027, "Rivero", sent. de 30-V-2018).
III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 33 de la Constitución nacional; 2, 18 y 38 de la ley 26.727; 9 de Ley de Contrato de Trabajo; 15 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 259/263 vta.).
I.1. Cuestiona la tasa de interés pasiva que aplicó el tribunal al capital de condena, pues sostiene que se apartó del criterio que esta Corte sentó en el precedente L. 118.615, "Zocaro" (sent. de 11-III-2015), en lo tocante a la variante "digital" a la que alude.
I.2. Reprocha lo resuelto en el pronunciamiento en cuanto se impusieron en parte las costas al actor, cuando -en su opinión- deben ser soportadas en su totalidad por la demandada en su calidad de vencida, no siendo aplicable el art. 71 del Código Procesal Civil y Comercial.
Agrega que la ratificación de lo juzgado llevaría a que al trabajador prácticamente no le quede "...nada del monto indemnizatorio a recibir".
I.3. Alega que el juzgador efectuó una absurda valoración de las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa ya que -además de expedirse sobre las fotografías acompañadas en la demanda- todos coincidieron en que el actor no solo trabajaba para los demandados durante la temporada de caza de patos, sino que también lo hacía el resto del año. Asegura con ello que debe considerarse que en el caso se verificó un "contrato de trabajo permanente de prestación continua"
I.4. En el caso de no prosperar la impugnación referida a la modalidad contractual, expresa que "corresponde hacer efectiva" la bonificación por antigüedad que contempla el art. 38 de la ley 26.727.
II. El recurso prospera parcialmente.
II.1. Por razones metodológicas, cabe abordar en primer lugar el agravio tocante a la modalidad contractual que el tribunal juzgó verificada, que, adelanto, resulta insuficiente.
II.1.a. Es sabido que tanto la valoración del material probatorio como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 101.840, "Bacrewski", sent. de 13-IV-2011; L. 106.682, "Vilchez", sent. de 8-VIII-2012 y L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018).
II.1.b. En ese marco, ha de relatarse que al juzgar que el actor se desempeñó como "trabajador permanente discontinuo" en los términos de los arts. 18 y 21 de la ley 26.727, valorando la prueba testimonial señaló el tribunal de grado que no quedó probado que aquel trabajara todo el año; que al respecto los declarantes fueron "confusos y poco precisos"; y que en lo vinculado con las labores realizadas fuera de temporada refirieron saberlo "porque es un pueblo chico", siendo "contradictorios". Agregó que lo manifestado por los deponentes -quienes realizaban las mismas tareas que el accionante- llevaba a suponer que desde días antes de su inicio se empezaba a "preparar" la temporada, y que una vez finalizada los dependientes también permanecían un tiempo similar a aquel "para acondicionar y guardar todo lo que usaban" (fs. 223 vta. y 224).
II.1.c. No surgiendo del acta labrada con motivo de la celebración de la audiencia de vista de la causa que se haya consignado alguna circunstancia relevante en el punto -siendo que tampoco el interesado ejerció la facultad contemplada en el art. 46 de la ley 11.653- (v. fs. 219/220), frente al contenido del veredicto las manifestaciones del recurrente tan solo traducen una mera discrepancia subjetiva con el modo en que el a quo evaluó la prueba testimonial, técnica que, en el ámbito de una labor que por regla le es privativa, lejos está de resultar apta a los fines pretendidos (causas L. 105.831, "Aranda", sent. de 21-IX-2011; L. 104.230, "Valdez", sent. de 12-X-2011 y L. 103.759, "Malaguti", sent. de 29-V-2013; e.o.).
II.2. Igual suerte adversa ha de correr la lacónica afirmación en la que se expresa que "corresponde hacer efectiva" la bonificación por antigüedad que contempla el art. 38 de la ley 26.727, pretensión extemporáneamente incorporada en el medio de impugnación en análisis y que -en una hipótesis diferente- carece de todo sostén argumental que mínimamente pueda satisfacer el recaudo previsto en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
II.3. Tampoco es atendible la objeción vinculada con las costas.
Es sabido que la imposición y distribución de éstas constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, excepto que se compruebe el absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 90.768, "Vitkauskas", sent. de 13-XI-2013; L. 118.667, "Colombo", sent. de 15-VI-2016 y L. 120.185, "Rezzónico", sent. de 19-IX-2018; e.o.).
El recurrente no acredita la configuración de dichas incorrecciones. Soslayando que el art. 71 del Código Procesal Civil y Comercial es aplicable en los litigios laborales en correlación con la atribución que otorga a la judicatura el art. 19 de la ley 11.653 (causas L. 95.307, "Textil La Rosalía S.A.", sent. de 15-VII-2009 y L. 100.730, "Damico", sent. de 21-XII-2011), también omite el recurrente todo análisis crítico acerca de las pretensiones que fueron rechazadas en la sentencia y que evidentemente llevaron al tribunal a imponer las costas en el orden causado (v. sent., fs. 231 y vta.). Surge manifiesta la ineptitud de la crítica.
II.4. En cambio, es procedente la impugnación tocante a la tasa de interés pasiva que ordenó aplicar el a quo .
En la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) -también en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha-, esta Suprema Corte, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Luego, y toda vez que el pronunciamiento a dictarse en autos no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta, a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Pelaez", sent. de 5-III-2014), los autos deberán regresar al tribunal para que ajuste la decisión en materia de intereses a las directrices jurisprudenciales reseñadas.
IV. En virtud de lo expuesto, cabe acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar la sentencia de grado en lo relativo al cómputo de intereses, los que deberán liquidarse nuevamente conforme lo señalado en la presente.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, haciendo mérito del contenido de la presente decisión (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Adhiero a lo expresado por el doctor Soria en los apartados II.1., II.2. y II.3. de su voto.
II. Coincido también con su propuesta de admitir el agravio por tasa de interés, a tenor de las consideraciones que expuse al sufragar las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016); L. 118.105, "Maidana" (sent. de 29-III-2017) y L. 117.969, "Vallejo" (sent. de 10-V-2017).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la tercera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a lo manifestado por el doctor Soria en los apartados II.1., II.2. y II.3. de su voto.
II. Asimismo, comparto la solución que propone el colega con relación a la tasa de interés moratorio, por ser concordante con la que esta Corte plasmó -por mayoría- en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), a las que me remito por razones de celeridad.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Suscribo la propuesta decisoria contenida en los puntos II.1., II.2. y II.3. del sufragio inaugural.
II. También acompaño lo expuesto con relación a la tasa de interés moratorio, en función de la consolidada doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos al presente (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; v.gr. causa L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016; e.o.).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Con lo que termino el
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