Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121269
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.269, "Alem, Luis Ángel contra Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 613/659 vta.).
Se interpuso, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 669/741 vta.), concedidos por el citado Tribunal a fs. 745/746 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 767/768), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley también deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen, por mayoría, declaró procedente la demanda promovida por el señor Luis Ángel Alem contra la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda, por la que le había reclamado el pago de las indemnizaciones derivadas del despido, días trabajados desde el día 16 al 28 de julio del año 2015 y la sanción prevista por el art. 2 de la ley 25.323 (v. fs. 613/659 vta.).
II. Dicho pronunciamiento fue impugnado por la accionada mediante recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 669/741 vta.).
III. En apoyo del primero de ellos invoca la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial. Afirma que el sentenciante de grado omitió brindar tratamiento a la totalidad de las causales que su parte invocó para disponer el despido del señor Alem, consignadas en la carta documento obrante a fs. 79 y desarrolladas al contestar la demanda.
Concretamente, alega que el tribunal de grado no hizo ninguna referencia en el fallo respecto a que la conducta del actor configuró una infracción de los deberes a su cargo y del obrar propio de un buen trabajador, así como de los deberes de buena fe, colaboración, cumplimento de órdenes e instrucciones impartidas, fidelidad y lealtad.
Agrega que dicho órgano jurisdiccional tampoco trató la causal vinculada a que la actitud del trabajador no admitía excusa alguna, porque dada su jerarquía y antigüedad en el empleo, su responsabilidad era mayor (v. recurso, fs. 676 vta.).
Por otra parte, invoca que el sentenciante soslayó brindar una respuesta al planteo de eximición o reducción de la multa contemplada por el art. 2 de la ley 25.323 que también fuera formulado en el escrito de responde. Ello así, sostiene, porque en el hipotético caso de que se brinde favorable acogida al reclamo resarcitorio del accionante, en la especie, se encuentran configurados los presupuestos a los que dicha norma hace alusión, esto es: reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio, cuando existan causas que justifiquen la conducta del empleador.
IV. El recurso no procede.
IV.1. En primer término, habré de manifestar que el agravio dirigido a evidenciar la supuesta preterición de ciertas causales invocadas por la empleadora para disponer el despido del trabajador, no resulta de recibo.
IV.1.a. Al respecto, corresponde señalar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 118.728, "Camino", sent. de 14-XII-2016; L. 119.719, "Lertora", sent. de 6-IX-2017 y L. 119.023, "Ochandategui", sent. de 30-V-2018; e.o.).
En tal sentido, esta Corte ha expresado en reiteradas oportunidades que la omisión a la que se refiere el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido o inadvertencia, pero no cuando la materia aparece desplazada por el razonamiento expuesto en el fallo (causas L. 84.941, "Destandau", sent. de 26-IX-2007; L. 96.953, "Gamarra", sent. de 3-III-2010 y L. 110.103, "Espeche", sent. de 3-X-2012; e.o.).
IV.1.b. Tal lo que acontece en el presente caso.
IV.1.b.i. Ello así, pues la cuestión que se dice preterida quedó desplazada por expresa disposición del tribunal de grado, al considerar que si bien la empleadora había decidido el despido del trabajador en fecha 28 de julio de 2015, fundando el mismo en justa causa (algunas de la cuales, inclusive, juzgó acreditadas -v. vered., cuestiones vigesimoséptima, vigesimonovena y trigésima tercera; fs. 635 vta., 636, 636 vta. in fine , 637, 638 vta. in fine y 639 y sent., fs. 647-), tal justificación había perdido virtualidad y validez jurídica, atento a que la conducta desplegada por la demandada había resultado violatoria del art. 81 de la Ley de Contrato de Trabajo (acarreando ello la declaración de nulidad del acto ilícito) al disponer un trato desigual frente a sus dependientes cuando no existieron circunstancias que así lo autorizaban (v. fs. 651 vta. y 652).
IV.1.b.ii. Además, es sabido que no corresponde, en el ámbito de la vía extraordinaria en estudio, realizar la revisión del acierto o desacierto de esta decisión, pues ello resulta materia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 92.091, "Polzinetti", sent. de 24-V-2011 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017; e.o.).
IV.2. En lo que concierne a la restante temática sobre cuya base el interesado funda su recurso, habré de apartarme de lo expuesto por el señor Procurador General en su dictamen.
En efecto, no evidencia el recurrente la preterición de una cuestión esencial, toda vez que la motivación que estructura el agravio se vincula a una típica definición circunstancial y probatoria cuya eventual falta de consideración por los sentenciantes de grado podrá, en todo caso, importar la consumación de un error de juzgamiento, pero no resulta conducente para generar su nulidad como se solicita en el escrito de protesta.
En este aspecto, cabe recordar que determinar si corresponde eximir al empleador -total o parcialmente- del pago del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, en tanto se relaciona con la ponderación de las circunstancias fácticas ventiladas en la causa, corresponde en forma privativa a los jueces de grado (causas L. 96.667, "Iurescia", sent. de 15-IV-2009; L. 97.010, "Soldevia de Díaz", sent. de 14-VI-2010 y L. 88.477, "López", sent. de 1-XII-2010; e.o.).
En tales condiciones la crítica deviene improcedente porque los cuestionamientos referidos a la consideración de cuestiones de hecho y prueba resultan ajenos al ámbito del recurso extraordinario de nulidad, siendo su equivocado o infundado análisis materia propia del de inaplicabilidad de ley (causas L. 96.238, "M., B. L.", sent. de 9-XI-2011 y L. 120.276, "Cancinos" sent. de 11-VII-2018; e.o.).
IV.3. A lo dicho, agrego que no se verifica conculcado el art. 171 de la Constitución provincial, en tanto el fallo atacado exhibe adecuado sustento legal (causas L. 104.795, "Brega", sent. de 21-XII-2011 y L. 114.451, "Fate S.A.I.C.I.", sent. de 20-XII-2017; e.o.).
V. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor de Lázzari en el apartado IV.1. de su sufragio.
I.2. En lo demás, puede observarse que al contestar la demanda la accionada no hizo más que recordar que el último párrafo del art. 2 de la ley 25.323 prevé que si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces podrán reducir el incremento indemnizatorio contemplado en esa norma o eximir de su pago (v. fs. 376 vta. y 377). Siendo ello así, el argumento que trae aquí el recurrente resaltando que el tribunal no hubo de expedirse en el marco de aquella facultad regulada en el texto legal, no luce idóneo para evidenciar que en autos nos hallemos frente a la preterición de una cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución provincial (causas L. 116.795, "Duboski", sent. de 6-V-2015 y L. 119.555, "Bocca", sent. de 15-VIII-2018).
II. Bajo tales lineamientos y, toda vez que -en efecto- el fallo exhibe sustento legal, comparto la solución que el colega ponente eleva a este acuerdo en el apartado final de su opinión.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Contra el pronunciamiento de grado la legitimada pasiva también interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16 y 18 de la Constitución nacional; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10, 15 y 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 incs. "e" y "d", 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica, así como la errónea interpretación de los arts. 2 de la ley 25.323 y 58 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
I.1. En primer término, alega que el tribunal de la instancia de grado transgredió el principio de congruencia.
Sostiene que dicho órgano jurisdiccional arribó a la equívoca conclusión de declarar injustificada la decisión de extinguir la relación laboral y, ello, por conducto de juzgar configurada la existencia de un supuesto despido discriminatorio y haber vulnerado la empleadora el derecho de igualdad del trabajador en los términos del art. 81 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En este aspecto argumenta que, ni al promover la demanda o en oportunidad de contestar el segundo traslado que autoriza el art. 29 de la ley 11.653 e, incluso, ni en el profuso intercambio epistolar habido entre las partes (telegramas y cartas documento obrantes a fs. 8, 10, 11/16), el actor hubo de efectuar planteo alguno en tal sentido, por lo que el Tribual de Trabajo ha dictado una sentencia extra petita , incurriendo en demasía decisoria al resolver sobre cuestiones que no integraban el objeto del pleito.
Aduce que dicha circunstancia impidió a su parte ejercer oportunamente su derecho de defensa, quebrantándose así el debido proceso legal y sus manifestaciones de igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal.
En definitiva, invoca que el a quo se apartó de lo expresamente peticionado por el accionante en su libelo inicial, donde denunció que el despido dispuesto por la patronal era incausado, pero nunca que fuera discriminatorio o lesivo del principio de igualdad, ni solicitó la nulidad del mismo por tales motivos.
La decisión impugnada, explica, no se ajusta a derecho porque, valorando absurdamente los escritos constitutivos del proceso, el juzgador introdujo una circunstancia novedosa no planteada por ninguna de las partes, sentando de esa manera una conclusión inconciliable con las constancias objetivas de la causa.
I.2. Asimismo, denuncia la errónea aplicación del art. 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que el tribunal de origen dispuso la nulidad del despido invocando la existencia de actos discriminatorios (incurriendo en la alegada y probada transgresión del principio de congruencia) sin que la parte actora hubiera introducido en esta litis reclamo alguno fundado en tal supuesto.
Arguye que, si el promotor del pleito pretendía demandar por la existencia de un despido discriminatorio, debió detallar los hechos en los que sustentaba dicha pretensión, argumentando a su vez sobre la violación del principio de igualdad (art. 16, Const. nac.), para finalmente solicitar la nulidad del acto (conf. ley 23.592) y peticionar -en su caso- la reinstalación en su puesto de trabajo, o bien optar por la indemnización del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Nada de eso hizo, por lo que -afirma- el razonamiento del a quo resultó absurdo.
I.3. Pone de manifiesto las contradicciones en las que, según entiende, incurrió el tribunal al dictar el veredicto, alegando además sobre la inexistencia de igualdad de situaciones que se tuvieron por verificadas entre el actor (que se desempeñó como subencargado de la sucursal n° 30 de la Cooperativa) y el señor Pla (que cumplió tareas como ayudante de encargado), al teneréstos distinta jerarquía, cargas, responsabilidades, funciones y antigüedad en el establecimiento.
I.4. Censura la doctrina legal en la que el sentenciante sustentó el fallo (proveniente de la causa L. 35.039, "Pirchi", sent. de 23-XII-1985), habida cuenta que fue elaborada sobre la base de presupuestos fácticos distintos a los ventilados en estas actuaciones.
I.5. Luego, descalifica las cuestiones del veredicto en las que se tuvieron por no acreditadas las distintas injurias invocadas por la empleadora para decidir el despido del trabajador, y en ese cometido explica los motivos por los cuales considera que las definiciones plasmadas en cada caso son portadoras del vicio de absurdo.
I.6. Invoca la errónea interpretación y aplicación del art. 58 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/58, porque dada la naturaleza extra salarial del beneficio allí contemplado -consistente en la reducción para el trabajador del precio de la mercadería adquirida con respecto al de venta al público- no corresponde sean tomados para el cálculo de las indemnizaciones por despido, ni de ningún otro rubro cuya cuantía module sobre el salario.
I.7. Finalmente, objeta la condena al pago de la multa prevista por el art. 2 de la ley 25.323, en tanto -dice- existieron en la especie circunstancias que ameritaban su reducción o eximición.
II. El recurso prospera.
II.1.a. En lo concerniente al reproche apontocado en la denuncia de violación del principio de congruencia, interesa destacar que en la demanda entablada contra la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda, el letrado apoderado del promotor del pleito explicó que el día 16 de julio de 2015 se había hecho presente en la sucursal n° 30 el doctor Lobato y el señor Constantini, quienes comenzaron a formularle imputaciones a su representado, no recordando éste los términos de las mismas ya que no le entregaron copia de la declaración que le exigieron firmar. Refirió que el interrogatorio tenía gran similitud con los cargos que luego le formularon para fundar el despido con justa causa (v. fs. 42).
Transcribió el contenido de los distintos telegramas y cartas documento que integraron el intercambio telegráfico habido entre las partes, del cual surge -precisó- que ese mismo día (16 de julio de 2015) se le comunicó al señor Alem la aplicación de una sanción de suspensión por siete días, la que fue impugnada por este último por no existir incumplimiento alguno de su parte. También, que una vez cumplida la medida disciplinaria no se le permitió ingresar a prestar servicios, y que en la fecha 30 de julio de 2015 se le anotició el despido, invocando la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda una serie de falsas imputaciones (v. fs. 42 vta./50 vta.).
Indicó que, en igual fecha, remitió un telegrama a su empleadora rechazando el haber cometido las injurias endilgadas e invocó que el distracto era incausado, toda vez que jamás había desarrollado conducta alguna contraria a los intereses de la Cooperativa o en beneficio propio. A su vez, intimó para que en el plazo de cuarenta y ocho horas procedieran a depositar en su cuenta sueldo los salarios adeudados y las indemnizaciones previstas por los arts. 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, aguinaldo y vacaciones del año 2015, así como las sumas retenidas en concepto de obra social y aportes a la seguridad social en los términos del art. 132 bis de la ley 20.744; todo bajo apercibimiento de iniciar acciones legales (v. fs. 50 vta. y 51).
Expone que, ante la negativa de la demandada de cumplir con tales pretensiones, el señor Alem optó por promover el reclamo judicial, en cuyo escrito liminar analizó y rechazó cada una de las injurias (v. fs. 42 vta./49 vta.), señalando que fue el único en ser despedido a pesar de existir otros involucrados (v. fs. 44). Ofreció prueba y practicó la liquidación de los rubros reclamados, a saber: salarios impagos hasta el día 28 de julio de 2015, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido y la emergente del art. 2 de la ley 25.323 (v. fs. 51 y vta.).
II.1.b. En el responde, luego de formular una negativa pormenorizada de los hechos y describir las funciones desempeñadas por el accionante en el establecimiento, la accionada manifestó que luego de realizar una auditoría interna y detectar diversas anomalías (cuyo modo de realización explicó), ordenó la realización de un sumario al personal involucrado, surgiendo de la prueba allí colectada la evidente responsabilidad de los señores Monfort (encargado) y Alem (subencargado) en los hechos investigados (v. fs. 340/352).
También ilustró acerca de las diferentes sanciones aplicadas a todos los trabajadores que participaron de la irregular operatoria. Así, al señor Pla (ayudante de encargado) y a los responsables de los sectores de carnicería y verdulería, siete días de suspensión, mientras que al de fiambrería, tres días, por haberse detectado sólo una irregularidad puntual. Por su parte, continúo, el señor Monfort (encargado) y el señor Jaime (receptor de mercaderías) renunciaron, mientras que, respecto del señor Alem (subencargado), se dispuso su despido con justa causa por las graves injurias que se referían a deficiencias en la gestión e incumplimientos de deberes, procedimientos y normas (v. fs. 352 vta. y 353).
En este último aspecto, apuntó que los hechos en los que apareció involucrado el actor resultaban razonablemente configurativos de una situación objetiva de pérdida de confianza que constituía una valla insuperable para el mantenimiento de la relación laboral (v. fs. 359).
Precisó que el comportamiento adoptado significó la inobservancia de sus obligaciones, violación de las funciones propias de su categoría, cargo y antigüedad, así como de un proceder reñido con el estándar de conducta que consagra el art. 63 de la Ley de Contrato de Trabajo y el deber de fidelidad contemplado por el art. 85 de ese mismo cuerpo normativo (v. fs. 372 vta./374).
II.1.c. En el veredicto, el tribunal de trabajo tuvo por acreditada la existencia del vínculo de naturaleza laboral que unió a las partes, el que -indicó- se inició el día 20 de abril de 1998 y finalizó el día 28 de julio de 2015 por despido directo del actor fundado en justa causa (v. fs. 645 vta.).
También juzgó probado que de la carta documento obrante a fs. 13 surgían las causales que la empleadora había esgrimido como injurias para justificar la decisión de extinguir el contrato de trabajo, algunas de las cuales -afirmó- si bien no habían resultado demostradas, sí lo estaban -en cambio- aquellas vinculadas con la operatoria llevaba a cabo respecto de la incorrecta (y ficticia) carga en el sistema de la destrucción diaria de distintas mercaderías (frutas, verduras, lácteos y fiambres) y de la distorsión del inventario de changos (v. fs. 647).
Puntualizó el a quo que, sin perjuicio de la existencia o no de esas ca
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