Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124684
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar a la demanda promovida por Silvia Cristina Beltrán y condenó a Rogelio Adrián Rotonda al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido indirecto y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 663/681).
Para así decidir, tuvo por acreditado que la actora trabajó en relación de dependencia para el accionado desde el 4 de abril de 1992 realizando tareas de venta de publicidad con jornada completa, percibiendo un sueldo fijo más comisiones. Asimismo, consideró probado que la vinculación finalizó por la denuncia justificada del contrato que formuló la trabajadora.
II. Frente a lo así resuelto se alza el legitimado pasivo con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 686/701 vta.), concedido por el a quo a fs. 704 y vta.
En su impugnación el accionado se dirige a objetar, mediante de denuncia de absurdo y arbitrariedad, la acreditada relación de linaje laboral entre las partes. En este sentido, alega que la decisión se encuentra fundada erróneamente en el art. 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, señalando, además, la transgresión de los arts. 23 de la citada ley y 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
Por otra parte, cuestiona la apreciación de la prueba testimonial.
Finalmente, impugna el progreso de las indemnizaciones previstas en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 80 de la ley 20.744.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De modo liminar, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y por lo tanto no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012; L. 118.745, "Pereyra", resol. de 26-VIII-2015 y L. 121.309, "Fourcade", resol. de 15-VIII-2018).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado con la conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011 y L. 119.873, "Noceda", resol. de 10-VIII-2016).
Así las cosas, el tribunal de grado tras valorar los hechos y las pruebas de la causa, consideró que la accionante se desempeñó como promotora y vendedora de publicidad, dentro de la estructura de la empresa del demandado, utilizando sus instalaciones y elementos, cumpliendo un horario de trabajo. De ese modo, juzgó que la accionante puso su fuerza de trabajo a disposición de una organización que obtenía réditos económicos por la actividad desarrollada por aquella, dándose las notas típicas de una relación subordinada técnica, jurídica y económica. Asimismo, señaló que, habiendo el demandado reconocido la prestación de tareas, no cumplió con su carga probatoria de demostrar que las labores de venta de publicidad resultaban ajenas a un contrato de trabajo.
Esta esencial conclusión del fallo, no logra ser conmovida por el recurrente, en tanto si bien denuncia absurdo no cumple con la carga de acreditarlo, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011 y L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017), disipándose su argumentación en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado y, en ese derrotero, no logra demostrar que medie error en el modo como resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia del endilgado vicio invalidante (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014 y L. 122.439, "Etchegoyen", resol. de 18-IX-2019).
III.1.b. Por su parte, cabe también destacar que las alegaciones que formula, particularmente en relación a la diversa significación que el tribunal debió atribuir a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, en modo alguno resultan aptas para evidenciar el vicio lógico denunciado.
En este aspecto, cabe recordar, que en lo que atañe a la valoración de la prueba oral, la misma queda reservada a los jueces de grado, que gozan amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 112.693, "Perna", resol. de 11-V-2011; L. 115.688, "Berón", resol. de 27-VI-2012; L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013 y L. 120.079, "Espinosa", resol. de 14-XII-2016), que -como se dijo- el interesado no logra demostrar.
III.2. En otro orden, debe recordarse que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, si la demandada admitió el hecho de la prestación de servicios, pero negó la existencia de una relación laboral argumentando una de distinta naturaleza, a ella incumbe la prueba de la alegada vinculación en virtud de lo señalado en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y, en el supuesto de no demostrarlo, rige la presunción de que los trabajos se efectuaron en relación de dependencia (causas L. 108.000, "Raimundo", sent. de 28-III-2012; L. 111.998, "Vázquez Flores", sent. de 7-IV-2012 y L. 121.071, "Yughos", resol. de 30-V-2018).
En el caso, el accionado no logró neutralizar la presunción que surge del citado art. 23 pues, del material probatorio aportado en autos, el sentenciante de grado concluyó que las tareas prestadas por la actora lo fueron en relación de dependencia, conclusión que -a tenor de lo dicho- subsiste incólume.
III.3. Tampoco puede prosperar la crítica vinculada al progreso de las indemnizaciones previstas en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 80 de la ley 20.744.
En efecto, las genéricas argumentaciones que porta el recurso no cumplen con la misión estatuida por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, pues -sabido es- resulta indispensable que se efectúe una impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ésta se asienta (causas L. 112.616, "Elbey", resol. de 16-III-2011; L. 118.085, "Frías", resol. de 3-XII-2014; L. 118.395, "Mendoza", resol. de 19-II-2015; L. 119.956, "Olivero", resol. de 21-IX-2016 y L. 120.881, "Berger", resol. de 27-XII-2017).
En efecto, si bien el impugnante denuncia la violación de la normativa que considera conculcada, no realiza la necesaria explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se habría producido (causas L. 89.819, "Miño Bravo", sent. de 25-VIII-2010 y L. 116.648, "Pennisi", sent. de 10-IX-2014). Al respecto, tiene dicho este Tribunal que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. La frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (causas L. 103.928, "Deluca", sent. de 14-IX-2011; L. 115.148, "Fazzari", resol. de 26-X-2011 y L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/09/2020 17:02:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/09/2020 18:40:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2020 10:18:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2020 10:52:33 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2020 13:23:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia