Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124713
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 de Bahía Blanca hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Ricardo Aníbal Juárez y condenó a Droguería Sur S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral. La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía una reparación por incapacidad fundada en el derecho común como consecuencia del accidente de trabajo que denunció padecer (v. fs. 385/402).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, consideró no acreditado el siniestro denunciado, ni la intervención de una cosa riesgosa o viciosa de propiedad o en guarda del principal, o una conducta culpable del mismo, generadora del daño padecido.
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 28-VIII-2019), concedido por el a quo a fs. 433/434.
En su impugnación denuncia absurdo, arbitrariedad y errónea interpretación del art. 1.113 del anterior código civil objetando la decisión del juzgador de grado que tuvo por no acreditada la condición riesgosa de la escalera que intervino en el accidente. Alega violación de los principios y garantías constitucionales que cita.
Finalmente, indica que el requisito del monto mínimo para recurrir es inconstitucional por no existir doble instancia en materia laboral.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por los rubros reclamados en la demanda que no prosperaron, y de cuyo rechazo se agravia- no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 115.569, "Bergna", resol. de 28-XII-2011 y L. 117.738, "Steimberg", resol. de 27-V-2015).
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apdo. 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 123.381, "Blanco", resol. de 18-XII-2019).
Cabe agregar a ello, que el juego armónico de lo dispuesto por los citados artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612 "Aranda", sent. de 17-IX-2014 y L. 118.542 "Holzman", resol. de 10-XII-2014).
Además, este Tribunal tiene dicho que la obligatoriedad de la doble instancia judicial prevista en el art. 8 apdo. 2 inc. "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos está establecida como tal exclusivamente para el proceso penal, por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales (causas L. 114.953, "Ledesma", resol. de 7-IX-2011 y L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011).
III.2. Ahora bien, resultando indudable la insuficiencia del valor del litigio y rechazado el cuestionamiento constitucional de las normas que regulan los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, su examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 118.735, "Subeldia", resol. de 15-VII-2015; L. 119.579, "Mallea", resol. de 30-III-2016 y L. 120.320, "Aloma", resol. de 5-IV-2017).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 118.272, (causas L. 118.272, "García", resol. de 20-XI-2014 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
III.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal el impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones de índole fáctica y probatoria -como son, la determinación de los extremos necesarios para la imputación objetiva de la responsabilidad conforme el art. 1113 del anterior Código Civil y el absurdo en que habría incurrido el tribunal de grado al meritar las circunstancias de la litis- asuntos detraídos de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (causas L. 118.071, "Petulla", resol. de 24-IX-2014; L. 118.175, "Escudero", resol. de 3-XII-2014; L. 119.810, "Manavella", resol. de 22-VI-2016 y L. 120.667, "Ciz", resol. de 29-VIII-2017 y L. 123.650, "Gómez", 13-V-2020).
Finalmente, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015 y L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/10/2020 18:08:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/10/2020 20:06:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2020 08:23:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2020 09:46:39 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2020 11:31:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia