Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120815
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.815, "López, Bernardo Félix contra Granatti, Héctor Fernando. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 178/190).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 204/223 y 224/231), que fueron concedidos por el tribunal de grado a fs. 235 y vta. La Suprema Corte, por mayoría, declaró bien concedido el recurso extraordinario contenido en el escrito ampliatorio presentado a fs. 224/231.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 204/223?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el contenido en la presentación de fs. 224/231?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Bernardo Félix López y condenó a Héctor Fernando Granatti al pago de la suma que indicó en concepto de diferencias por distintos rubros de naturaleza salarial (el haber del mes de agosto de 2011, el sueldo anual complementario y las vacaciones del mismo año) e indemnizatoria (indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido) así como también de los resarcimientos previstos en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323; 53 ter de la ley 11.653, y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 183/185 vta.).
La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía el cobro de las sanciones establecidas en los art. 132 bis y 275 de esta última ley, y -por otro lado- la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, modificada por ley 25.561 (v. sent., fs. 185 vta. y 186).
Finalmente, descalificó -de oficio- la validez constitucional del art. 48 de la ley 11.653 y dispuso que el capital de condena devengue intereses, desde que cada obligación se hizo exigible y hasta su efectivo pago, con arreglo a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósitos a treinta días en el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 186 vta./187 vta.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, la vulneración de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil; 768, 769, 770 y 1.738 del Código Civil y Comercial de la Nación y de la doctrina legal que individualiza (v. fs. 204/223).
En relación a su admisibilidad, señala que la denuncia de violación, tanto de la doctrina del máximo Tribunal de Justicia de la Nación como de la garantía constitucional de propiedad, justifica la intervención del superior Tribunal de la provincia para agotar la instancia local, sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales. Afirma que los fallos y precedentes de la Corte Suprema deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario federal (v. fs. 205 vta.).
Indica que de las pautas sentadas en la causa Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1996) se desprende que esta Suprema Corte ha concedido efectos vinculantes a los pronunciamientos emanados de la Corte federal (v. fs. 206 y vta.).
Luego, en lo medular de su crítica, se agravia de la tasa de interés -pasiva digital- que el tribunal de grado aplicó al capital de condena.
Asegura que las tasas mensuales nominales -ya sea activas o pasivas- son inferiores a las tasas mensuales de inflación, vulnerando el derecho de los acreedores a que se les respete el poder adquisitivo de sus créditos (v. fs. 207 vta./209 vta.).
Aduce que al fallar en las causas S.722.XXIV, "Simonet, Mario A. c/ La primera de Ciudadela S.A. s/ Despido" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV, "Chaine, Gerardo M. c/ OLDE S.A. s/ Despido" (sent. de 13-X-1994), la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la tasa pasiva de interés no es aplicable a los créditos laborales, por lo que el juzgador de grado no sólo ha violado esa doctrina, sino también la de esta Suprema Corte en orden a los citados efectos vinculantes de los fallos emitidos por el máximo Tribunal (v. fs. 210).
Con el objeto de acreditar el perjuicio invocado, cuantifica el crédito de autos aplicando un "coef. Ajuste por depreciación monetaria (289,12%)" e intereses al 15% anual, siendo ésta una de las posibilidades que expone para evitar la confiscación de los créditos alimentarios del acreedor laboral y la violación a su derecho de propiedad (v. fs. 214 y vta.).
En ese orden, indica que la aplicación de tasas de interés inferiores a la inflación afecta gravemente su poder adquisitivo, en tanto no se reparó en la depreciación monetaria que, como consecuencia del proceso inflacionario, ha sufrido el crédito de naturaleza alimentaria que le fuera reconocido en la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de origen (v. fs. 214 vta./216).
Plantea diversos métodos para evitar la confiscación -a favor del deudor- de los créditos alimentarios del acreedor laboral y la vulneración de la garantía de propiedad consagrada en el art. 17 de la Constitución nacional.
Así, enumera la declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación de los créditos de dinero (v. fs. 216 vta./218 vta.); la fijación prudencial de los intereses por parte de los jueces teniendo en cuenta la actual inflación y los aumentos de salarios (v. fs. cit.); y -por último- la aplicación de intereses bancarios a la tasa activa con capitalización periódica (art. 770, Cód. Civ. y Com. de la Nación; v. fs. 219/220).
Para finalizar, ratifica su tesis respecto a la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema, citando opinión doctrinal en apoyo de su postura (v. fs. cit. y 221).
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente es menester destacar que, verificándose en la especie que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones por las que el recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002; L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007 y L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; e.o.).
III.2. Ingresando al tratamiento del agravio que define el contenido de la crítica y dejando a un lado los efectos "vinculantes" que se les atribuyen, es necesario resaltar la errada lectura que realiza el interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación individualizados como S.722.XXIV, "Simonet" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV, "Chaine" (sent. de 13-X-1994), toda vez que en ellos, en modo alguno el Alto Tribunal hubo de pronunciarse por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales", como se afirma en la queja. Lo dicho por el recurrente, siguiendo un desenfocado razonamiento, parece sustentarse en verdad en los votos en disidencia -que no conformaron la postura mayoritaria- del ministro Fayt.
III.3. Luego, debe desestimarse el análisis propuesto a partir de la denuncia de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el planteo traído por el agraviado -como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el juzgador- pretende sustentarse en una tesis que colisiona con el criterio adoptado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas B. 49.193 bis, "Fabbiano", sent. de 2-X-2002; L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012; L. 119.484, "Martinez", sent. de 28-VI-2018; e.o.), ello sin que se aporten nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la citada doctrina.
III.4. Tampoco es atendible la parcela del recurso destinada a postular la capitalización de los intereses prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial.
En reiteradas ocasiones ha declarado esta Suprema Corte que no puede traerse a consideración en la instancia extraordinaria la pretensión que no fue llevada a conocimiento del tribunal de grado, deviniendo en una cuestión novedosa y, por ende, inatendible (causa L. 94.114, "Iturriaga", sent. de 29-XII-2008; e.o.).
En ese orden, se advierte que la petición concerniente a la aplicación de la citada norma legal, si bien no pudo integrar la pretensión liminar, pues no se encontraba vigente al momento de la interposición de la demanda el Código Civil y Comercial de la Nación (conf. art. 7, ley 26.994, modif. por ley 27.077); tampoco, durante el trámite del presente proceso, el interesado desplegó argumento o solicitud en ese sentido, posibilitando -de ese modo- la bilateralidad del debate sobre el particular (art. 18, Const. nac.).
En razón de lo expuesto, sin abrir juicio sobre las motivaciones que introduce el actor en esta instancia extraordinaria, se advierte que la crítica constituye una cuestión novedosa y, por ello, no susceptible de ser abordada por esta Corte.
III.5. Finalmente, corresponde señalar las razones por las cuales no resulta de recibo el cuestionamiento a la tasa de interés pasiva, en su variante denominada "digital", aplicada por el tribunal al capital de condena.
En la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte por mayoría que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires y, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Por otro lado, por los fundamentos vertidos en el voto mayoritario, a los que me remito en honor a la brevedad, estableció las razones por las cuales no es dable afirmar que los créditos laborales constituyen alimentos stricto sensu , en consideración de posturas asentadas en la naturaleza alimentaria de dichas acreencias (v. voto del colega doctor de Lázzari en los precedentes citados, y éste contrapuesto a su vez a la opinión del doctor Pettigiani en las mismas causas), descartando la aplicación del art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Se sigue de ello, que la decisión adoptada en el presente caso por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de este Tribunal, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por la doctora Kogan en los puntos III.1., III.2., III.3. y III.4. de su voto.
I.2. Asimismo, en lo referido a la tasa de interés moratorio comparto la solución a la que arriba la colega ponente, por ser concordante con las consideraciones que brindé al emitir mi sufragio en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), y por adhesión en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016) a las que me remito por celeridad.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan, y en relación a lo resuelto en el apartado III.5., lo hago con las consideraciones que tuve oportunidad de señalar en los precedentes C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), que doy por reproducidas merced a razones de economía y celeridad procesal.
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por la doctora Kogan en los apartados III.1., III.2., III.3. y III.4. de su voto.
I.2. Luego, en lo referido a la crítica dirigida contra la tasa aplicada para los intereses moratorios también concuerdo con mi distinguida colega en que debe ser desestimada, para lo cual remito -por razones de brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016; e.o.), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificaciones, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
II. En virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC) .
Voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Interesa destacar -por ser materia de agravio- que el tribunal de grado rechazó la demanda promovida por Bernardo Félix López en cuanto procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 45, ley 25.345).
Para así resolver, tras valorar el material probatorio aportado a la causa, declaró que en el caso "no se acreditó la retención por parte de la empleadora de aporte alguno, con lo cual no se configura la conducta disvaliosa" tipificada en dicha norma como presupuesto de su aplicación (v. vered., fs. 181 y 185 vta.).
II. En la presentación de fs. 224/231, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 132 bis de la ley 20.744; 894 del Código Civil y Comercial de la Nación; y de la doctrina legal que identifica.
Afirma que la decisión del tribunal de grado, de rechazar la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el citado art. 132 bis, es producto de una absurda interpretación de la prueba.
En ese sentido, señala que no se encuentra controvertido que se le hubieran retenido al actor los aportes destinados a jubilaciones y obra social, toda vez que dichos descuentos no fueron desconocidos por el demandado y, además, surgen de los recibos de haberes acompañados por este último (v. fs. 225 vta.).
Agrega que, mediante el telegrama de fs. 22 (CD 296 257 010) -reproducido en la demanda y acompañado como prueba documental- el actor cumplió con la intimación prevista en el art. 1 del decreto 146/01 (v. fs. 225 y vta.).
Aduce que la patronal no probó -como era su carga- el ingreso de los fondos retenidos, y ni siquiera ofreció prueba al respecto (v. fs. 226 vta.). Destaca que, sin embargo, en la contestación de la demanda "alegó haber ingresado los aportes personales retenidos al actor para los subsistemas de jubilación, ley 19.032 (I.N.S.S.J.P.), y obra social" (fs. cit.).
Por último, indica que el pronunciamiento impugnado se apartó de las directrices que esta Corte estableció en los precedentes L. 102.252, "Nervi" (sent. de 11-III-2013) y L. 107.254, "Alveira Garcilazo" (sent. de 5-VI-2013; v. fs. 227/230 vta.).
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente cabe señalar que -como pone de manifiesto el recurrente a fs. 224 vta.- ningún reparo relativo a su admisibilidad admite la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017 y L. 119.148, "Ferreira de Jesús", sent. de 20-XII-2017).
III.2.a. Sentado ello, cuadra recordar que esta Corte ha declarado en forma reiterada que el citado art. 132 bis (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011; L. 107.254, "Alveira Garcilazo", sent. de 5-VI-2013, citada en el recurso, v. fs. 227/230 vta.; L. 110.591, "Arguello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
Asimismo, ha señalado que determinar -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se verifican los requisitos a los que la norma indicada subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo. Las conclusiones que al respecto se formulen en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no son susceptibles de revisión en casación, salvo que se acredite el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 108.019, "Morell" y L. 108.019, "De Luca", sents. de 16-V-2012 y L. 119.786, "Gómez Jiménez", sent. de 27-VI-2018).
III.2.b. En el caso el recurrente logra demostrar que el tribunal -al declarar que no se acreditó la retención de aportes por parte de la empleadora- incu
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