Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124434
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, por mayoría de fundamentos, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos abordados en el punto III.1. del voto que inaugura el Acuerdo no reúnen los requisitos esenciales, y el introducido en el III.2. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la demanda deducida por Mario Roberto Cejas, Carlos Alberto Córdoba, Walter Adrián Ybarra y Fernando Esteban Ibarra contra Juan Emilio Cacace, Agropecuaria Don Emilio S.A. y Papa Fresca S.A. mediante la cual se procuraba el cobro de la indemnización por despido y otros rubros de linaje laboral (v. fs. 462/471 vta.).
Para así decidir, en lo esencial por ser materia de agravio, señaló que el distracto se resolvió por la culminación del período por el cual los accionantes fueron contratados como trabajadores eventuales en favor de la accionada Papa Fresca S.A. Asimismo, no se acreditó que entre la citada sociedad y el resto de los accionados existiera relación comercial o jurídica alguna, ni que ambas integren un grupo económico.
II. Frente a lo así resuelto, los legitimados activos dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 478/485) el que fue concedido por el a quo a fs. 486 y vta.
En su presentación relatan los antecedentes de la causa. Citan las normas y la doctrina que consideran violadas. En sustancia entienden que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la interpretación de las pruebas, al concluir que no surge acreditado el vínculo entre las demandadas, ni que ellas integren un grupo económico. Luego se agravian de las conclusiones a las que arribo el tribunal en cuanto a las modalidades bajo las cuales se desarrolló la relación laboral, la fecha en que se extinguió el vínculo y si se acreditó la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de Ley de Contrato de Trabajo. Finalmente denuncian la existencia de cuestiones no abordadas en el fallo.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso, particularmente en lo referido al valor del litigio.
III.1.a. En el caso, los cuestionamientos traídos versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), constatándose que una de ellas -la entrega del certificado de servicios previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo- debe juzgarse como de monto indeterminado (causas L. 103.117, "Sorli", sent. de 18-V-2011; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014 y L. 121.284, "Bernardo", resol. de 6-XII-2017).
III.1.b. En cambio, respecto de los restantes agravios propuestos, verificándose la existencia de un litisconsorcio activo, el valor de lo cuestionado, a los fines de dar cumplimiento con el recaudo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), se encuentra representado por el importe reclamado individualmente por cada uno de los peticionantes en la demanda, el cual no supera respecto de ninguno de ellos, el monto mínimo regulado en la norma citada (causas L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015; L. 118.536, "Silvero", resol. de 13-IV-2015 y L. 122.364, "Zurdo", resol. de 5-VI-2019).
Siendo ello así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.1.c. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 103.596 "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 118.251 "Ponce" y L. 118.272 "García", resols. de 20-XI-2014; L. 117.919 "García", sent. de 6-V-2015).
III.1.d. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que el planteo recursivo propuesto importa la revisión de cuestiones fácticas y probatorias -como son determinar si entre las demandadas existió vinculación comercial o jurídica alguna, o si las mismas integraban un grupo económico, con la consecuente solidaridad que para tal supuesto la legislación impone-, ajenas al estrecho margen por el que transita el presente remedio procesal (causas L. 94.184, "Jacquet", sent. de 7-V-2014; L. 117.224, "López", sent. de 22-IV-2015 y L. 119.539, "Albornoz", resol. de 4-V-2016).
Tampoco resulta hábil para habilitar la instancia extraordinaria, por el mentado conducto excepcional, la cita de precedentes definitorios del vicio de absurdo (causas L. 95.338, "De Nardis", sent. de 20-V-2009; L. 91.020, "Dinius", sent. de 23-IX-2009; L. 113.490, "Andino", resol. de 16-III-2011 y L. 121.175, "Agüero", resol. de 22-VIII-2018), ni constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia (causas L. 109.017, "Kornafel", resol. de 23-XII-2009; L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010; L. 114.788, "Fernández", resol. de 7-IX-2011; L. 121.464, "Agosti", 21-II-2018 y L. 121.441, "Almirón", resol. de 29-VIII-2018).
III.1.e. Por otro lado, los agravios vinculados a las modalidades bajo las cuales se desarrolló la relación laboral; la forma y fecha en que se extinguió el vínculo tampoco son de recibo, pues más allá de que se tratan de facultades privativas de los jueces de grado, cierto es que los recurrentes omiten denunciar la violación de precedentes que consideran infringidos (causa L. 104.912, "Acosta", sent. de 30-V-2012 y L. 117.747, " Jaime", resol. de 10-IX-2014), presupuesto indispensable para tornar operativa la excepción en tratamiento.
III.1.f. Finalmente, cabe recordar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar la denuncia por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, pues tal impugnación es materia propia del de nulidad (causas L. 103.565, "Bugatti", sent. de 12-X-2011; L. 105.609, "Arce", sent. de 12-XII-2012 y L. 120.847, "Jeanmart", resol. de 6-XII-2017).
III.2. En cambio, conforme lo anticipado, en relación a la crítica vinculada a la entrega de las certificaciones del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, corresponde habilitar esta instancia extraordinaria sin las restricciones a la admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653) toda vez que el valor del litigio en tal caso debe considerarse como de monto indeterminado (causas L. 103.117, "Sorli", sent. de 18-V-2011; L. 93.075, "Aguilar", sent. de 13-VII-2011 y L. 118.753, "Marquéz", sent. de 15-XI-2016).
Es dable recordar -inicialmente- que la apreciación del contenido de los instrumentos a los que acude el citado art. 80 de la ley 20.744 para establecer la procedencia -o no- de la multa que dicha norma contempla, constituye una facultad privativa de los tribunales de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 107.254, "AlveiraGracilazo", sent. de 5-VI-2013; L. 110.487, "Ojer", sent. de 13-XI-2013 y L. 119.555, "Bocca", sent. de 15-VIII-2018).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 111.199, "Baltar", sent. de 14-VIII- 2013 y L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014).
En el caso, los recurrentes omiten satisfacer dicho recaudo, toda vez que no invocan en esta parcela del recurso, la configuración del mentado vicio, por lo que la réplica resulta insuficientemente fundada.
En efecto, sabido es que esta Corte reiteradamente ha señalado que es técnicamente defectuoso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la interpretación efectuada por el tribunal de la instancia ordinaria en función que le compete privativamente, omitiendo la invocación del mencionado yerro sentencial (art. 279, CPCC y su doctrina; causas L. 52.587, "González", sent. de 22-III-1994; L. 80.057, "Fourmentel", sent. de 9-VI-2004; L. 82.788, "Martínez", sent. de 27-XI-2006 y L. 117.843, "Dimenna", resol. de 27-V-2015).
De todos modos, sin perjuicio de la marcada insuficiencia técnica que presenta la impugnación, cabe señalar que el escueto agravio transita sobre meras apreciaciones personales de los recurrentes, con sola intención de disputarle al juzgador su facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso según su propio y personal criterio valorativo, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 88.432, "Aguirre", sent. de 25-VIII-2010 y L. 103.549, "Lestrade", sent. de 9-XII-2010).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
II. El tribunal de origen tuvo por acreditado que los actores se desempeñaron -y fueron registrados- como trabajadores eventuales de conformidad con los arts. 77/84 de la ley 22.248. Asimismo, que al finalizar cada período desempeñado para Agropecuaria Don Emilio S.A. y Papa Fresca S.A. (según detalle volcado respecto de cada trabajador, entre 2005 y 2008) se habían cumplido a su respecto todas las obligaciones requeridas para tal modalidad.
Conforme lo señalado y ante la falta de acreditación de la postulada vinculación entre las codemandadas, el a quo desestimó íntegramente la demanda promovida.
Finalmente, aunque declaró innecesario expedirse sobre otras defensas, consideró de todos modos que la acción se encontraba prescripta.
III. Como señalan los colegas que me preceden en el orden de votación, el valor de lo cuestionado en esta instancia no supera el mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Se sigue de ello que la revisión del pronunciamiento deberá efectuarse en los términos del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.1. La impugnación es inadmisible.
La crítica se afirma en la denuncia de absurdo y errónea interpretación de las constancias de autos que, en la visión del agraviado, resultan conducentes para subsumir el proceder de las demandadas en el supuesto previsto en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya aplicabilidad predica al amparo del artículo 32 de la ley 22.250 (sic; recurso apdo. III.D, Aplicación del art. 30, LCT)
Por igual defecto, considera que los vínculos ostentaban carácter permanente, con otra extensión. De allí postula la falta de sinceridad de los recibos de sueldo, como también, de los certificados de trabajo otorgados a los reclamantes (punto VII del recurso).
Afirmado en esa línea argumental, reprocha al tribunal de origen no haberse expedido sobre la falta de acción de uno de los codemandados y la defensa de prescripción opuesta, extremos que conducirían a la nulidad del pronunciamiento.
III.2. Así planteado el recurso no puede tener cabida, en tanto los agravios refieren a típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, ajenas a la vía de excepción que provee el citado art. 55.
Sumado a ello, se advierte una orfandad argumental en torno al régimen normativo que se juzgó de aplicación al caso (el otrora régimen de trabajadores agrarios previsto por la ley 22.248, ajeno a las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo), dirimente para definir en autos el íntegro rechazo de las pretensiones que la parte actora dedujo con sostén en disposiciones que el tribunal de origen señaló erróneamente invocadas en la demanda.
Se sigue de lo expuesto la ineficacia del intento revisor, en cuanto dirigido al reconocimiento de un desempeño laboral con otras connotaciones y, por ende (dado su innegable vinculación), la descalificación de la documentación entregada a los trabajadores, comprensiva de los certificados de trabajo.
Finalmente me sumo a lo señalado en el punto III.1.f.
IV. Por lo señalado, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
A tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013); entre otras-, acompaño lo decidido por los doctores Pettigiani y Torres en el punto III.1 de su propuesta.
Luego, también adhiero a lo expuesto por los colegas que inauguran el Acuerdo en el punto III.2 de su voto.
El señor Juez doctor Soria, adhiere al voto de los doctores Pettigiani y Torres.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, por mayoría de fundamentos, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos abordados en el punto III.1. del voto que inaugura el Acuerdo no reúnen los requisitos esenciales, y el introducido en el III.2. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2020 12:17:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/10/2020 16:50:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 08:17:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 10:26:01 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 15:07:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2020 11:01:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia