Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124729
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1, con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, rechazó la demanda promovida por Estela del Carmen Ríos y Rubén Gerónimo Romero contra Crisanta Daria Cardozo en la que procuraban el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 126/133).
Para así decidir, consideró que los actores no lograron demostrar el elemental y sustancial punto de apoyo de la acción, cual es la prestación de servicios bajo relación de dependencia respecto de la accionada.
II. Frente a lo así resuelto se alzan los legitimados activos con recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 143/154), concedidos por el a quo a fs. 168 y vta.
III. En la primera de las vías interpuestas, denuncian arbitrariedad y violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Afirman que el fallo es nulo por cuanto no ha resuelto las cuestiones alegadas en el escrito inicial, sino que, por el contrario, los interrogantes que abren el contenido del decisorio atacado conciben premisas falsas, en una franca transgresión del principio de congruencia.
III.1.a. Al respecto, cabe recordar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011 y L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011).
III.1.b. Así, en el caso, si bien se alega conculcados los citados arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, en realidad los agravios que contiene la impugnación están dirigidos a cuestionar la forma en que el juzgador resolvió la contienda, lo que importa la imputación de típicos errores in iudicando , ajenos al carril intentado y propios del de inaplicabilidad de ley (causas L. 87.056 "Heugas", sent. de 27-III-2008; L. 79.779, "Gelis", sent. de 20-VIII-2008 y L. 108.824, "Hospital", resol. de 2-XII-2009).
III.1.c. Del mismo modo, corresponde puntualizar, que resultan asuntos ajenos al remedio en examen la denuncia de violación de garantías consagradas en la Constitución nacional y del principio de congruencia (causas L. 118.719 "Vega", res. de 2-IX-2015; L. 118.841 "Magan", res. de 21-X-2015).
IV. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad denuncian absurdo y arbitrariedad en la apreciación de los hechos y las pruebas. En lo esencial, se agravian del rechazo de la demanda.
Controvierten el alcance dado por el juzgador a la confesión ficta de la demandada. Asimismo, alegan violación del principio de la sana crítica, entre otros de naturaleza laboral. Denuncian una errónea apreciación de los testimonios recibidos en la audiencia de vista de la causa. Aseguran, que la accionada ha sido sucesora del señor Leopoldo Verona, no como heredera en el marco del derecho sucesorio, como desacertadamente entendió el a quo , sino en el sentido de la solidaridad a la que aluden los arts. 30 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, normas que no han sido aplicadas en autos.
IV.1. Sabido es que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada-en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no es susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009; L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012 y L. 120.146, "Rubisi", resol. de 14-XII-2016).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 90.265, "Jouannys", sent. de 27-II-2008; L. 91.388, "Ortiz", sent. de 16-IV-2008 y L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011).
En el caso, el juzgador señaló que los actores no probaron que la titularidad del establecimiento donde denuncian haber prestado servicios, perteneciera a la accionada Cardozo. Tampoco han demostrado que se hubieren desempeñado en relación de dependencia respecto de la citada demandada, muy por el contrario, en autos se ha producido prueba en contra de sus propias afirmaciones. A mayor abundamiento, señaló que tampoco han referido los accionante -obviamente mucho menos probado- qué relación existía entre la persona de Leopoldo Varona y la accionada Cardozo. A criterio del sentenciante, el relato de la demanda representa hechos inconducentes, en tanto no surge un relato claro, preciso y contundente de las circunstancias fácticas y jurídicas para la resolución del litigio.
IV.2. Esta esencial conclusión del fallo, no logra ser conmovida por los impugnantes, que si bien denuncian el vicio de absurdo, no cumplen con la carga de acreditarlo, puesto que la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que consideran que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011 y L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017), en definitiva, sus argumentaciones sólo exhiben meros conceptos teóricos y apreciaciones personales, sin rebatir concretamente el argumento central en el que se basa el fallo atacado, esto es, la falta de acreditación de la relación laboral entre los actores y la señora Cardozo.
Corresponde añadir, que las reglas de la sana crítica no devienen aplicables al proceso laboral, en donde rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. d, ley 11.653; causas L. 119.344, "Villanueva", resol. de 22-XII-2015; L. 119.689, "Motorplat S.A.", resol. de 22-VI-2016; L. 121.524, "Caporale", resol. de 11-IV-2018 y L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019).
Cabe destacar, además, que las alegaciones que formulan los recurrentes, particularmente en relación a la diversa significación que el tribunal debió atribuir a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, en modo alguno resultan aptas para evidenciar el vicio lógico denunciado.
En este aspecto, cabe recordar, que en lo que atañe a la valoración de la prueba oral, la misma queda reservada a los jueces de grado, que gozan amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 112.693, "Perna", resol. de 11-V-2011; L. 115.688, "Berón", resol. de 27-VI-2012; L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013; L. 120.079, "Espinosa", resol. de 14-XII-2016 y L. 123.148 "Gnecco", resol. de 27-V-2020), que-como se dijo- el interesado no logra demostrar.
IV.3. En nada mejora la suerte adversa del recurso la implicancia que pretenden extraer de las posiciones absueltas en rebeldía por la demandada, pues como también lo ha plasmado esta casación, los jueces del fuero laboral están facultados para tener por ciertos los hechos señalados en las posiciones en rebeldía, mas no están en modo alguno obligados a acceder-por la sola confesión ficta- automática o mecánicamente a las pretensiones deducidas (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013 y L. 117.840, "Antunez", resol. de 22-X-2014). Máxime, teniendo en cuenta inveterada doctrina de este Tribunal según la cual la confesión ficta debe apreciarse en su correlación con el resto de las probanzas, atendiendo a las circunstancias de la causa, pues de lo contrario se admitiría que prevalezca la ficción sobre la realidad y la decisión así adoptada podría alejarse de la verdad material, siendo potestad privativa de los jueces de grado ponderar sus efectos con amplio margen de discrecionalidad (causas L. 95.431, "Moldovian", sent. de 7-VII-2010; L. 118.748, "Carrizo", resol. de 2-IX-2015 y L. 120.595, "Vega", resol. de 15-XI-2017).
IV.4. En cuanto a la denuncia de transgresión del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe señalar que no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 114.602, "Pereyra", resol. de 17-VIII-2011 y L. 119.639, "Pedros", resol. de 28-XII-2016).
IV.5. Luego, y sin perjuicios de otras consideraciones, cierto es que la argumentación que porta el recurso, vinculada a que el tribunal no aplicó los arts. 30 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, resulta inatendible, al diferir del esquema fáctico y jurídico postulado en el escrito inicial, resultando, en consecuencia, novedosa y -por ende- extemporánea (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 118.281, "Desimone", resol. de 10-XII-2014 y L. 120.602, "García", resol. de 29-VIII-2017).
IV.6. Ha de señalarse también que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia que se trata (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 115.287, "Garibaldi", resol. de 24-IX-2014), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
IV.7. Finalmente, corresponde agregar que propiciar la anulación de oficio de un pronunciamiento no es propio de los litigantes (causas L. 97.080, "Szucs", sent. de 1-IX-2010; L. 105.943, "Ramírez", sent. de 29-II-2012; L. 117.926, "Recalde", resol. de 4-VI-2014; L. 120.079, "Espinosa", resol. de 14-XII-2016 y L. 122.269, "Molina", resol. de 11-III-2020)
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/11/2020 16:27:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/11/2020 12:59:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/11/2020 17:14:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/11/2020 09:41:00 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/11/2020 10:26:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia