Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120531
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.531, "Camiscia, Matías Gabriel contra López, Diego Martin. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 189/204 vta.).
Se interpusieron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 213/224).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 246/247 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Debe declararse de oficio la nulidad de las actuaciones?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
3ª) ¿Es fundado el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Matías Gabriel Camiscia contra Diego Martin López, por la que reclamó el cobro de haberes impagos, vacaciones proporcionales y sueldo anual complementario adeudados, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración de mes de despido, y las previstas en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 45, ley 25.345).
Para ello, en el veredicto, tuvo por probado -por confesión ficta, ante la no comparecencia del demandado- algunos de los extremos que resultaban esenciales para la determinación de los hechos relevantes de la causa (intercambios telegráficos, por ejemplo). Igualmente hizo mérito de la prueba testimonial recibida durante la vista de la causa para tener por acreditados pagos irregulares o el cumplimiento de jornadas completas de labor, cuestiones todas estas que determinaron la procedencia de los reclamos del actor y el consecuente rechazo de las defensas del accionado.
II. A esta audiencia de vista de la causa se la fijó mediante auto de fs. 163, para el día 24 de mayo de 2016 a las 9:30 hs., mediante resolución que fue debidamente notificada a las partes.
No se sabe (no se ha dejado constancia de ello en el acta respectiva, que obra a fs. 187) a qué hora de ese día 24 de mayo de 2016 se reunió el tribunal para la celebración del acto. Ha quedado constancia, en cambio, de que, por la parte demandada, "nadie comparece" (v. fs. cit.).
Este último aserto constituye, en realidad, un error. La letrada que actúa en la causa como abogada patrocinante del accionado sí estuvo presente a la hora fijada para la celebración del acto, y mucho después de transcurrido el plazo legal de espera, presentó un escrito -a las 11:05 hs., ver cargo de fs. 182-, anunciando su retiro del asiento del tribunal, ante la tardanza en la constitución del mismo, peticionando la suspensión de la vista de la causa.
Tal petición fue rechazada en la providencia de fs. 183, dejándose constancia de la presencia de la abogada "a fin de salvaguardar su responsabilidad profesional, en la audiencia del día de la fecha y de los motivos esgrimidos para su retiro de la misma" (este subrayado, que expresa asombro, me pertenece).
Inmediatamente (es la mejor hipótesis que puede imaginarse) se celebró la vista de la causa, durante el transcurso de la cual se tuvieron por absueltas en rebeldía las posiciones que se exigían al demandado, se interrogó a los testigos presentados por la actora, se declaró negligencia a la accionada en la producción de cierta prueba, etcétera.
III. Es doctrina de la Suprema Corte que, en tanto le incumbe velar por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la correcta administración de justicia (causas L. 82.360, "Datola", sent. de 8-VII-2008; L. 120.044, "Saenz Buruaga", resol. de 14-XII-2016; e.o.), resulta una facultad suya propia la de declarar oficiosamente la nulidad de las actuaciones en aquellos casos especialísimos y excepcionales en donde las falencias advertidas descalifican determinada actuación como un acto jurisdiccionalmente válido (causas L. 117.170, "Prunello", sent. de 1-IV-2015; L. 118.620, "Patiño Paz", sent. de 13-VII-2016; e.o.).
En el supuesto que nos ocupa debe resaltarse, además, que la interposición por la interesada de un recurso extraordinario de nulidad, no restringe aquella facultad, desde que se trata de dos institutos distintos, constituyendo la posibilidad de la declaración oficiosa una potestad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte (causas L. 103.825, "Benítez", sent. de 18-IV-2011; L. 116.922, "Lavandera", sent. de 5-III-2014; e.o.).
Ello porque, aunque la facultad revisora de este Tribunal deba circunscribirse, en principio, al contenido del fallo y la concreta impugnación del recurso, ello no impide que se declare de oficio la nulidad de las actuaciones cumplidas, cuando se trata de resguardar una de las garantías básicas de nuestro sistema constitucional, como es la de defensa en juicio y el debido proceso legal (causas L. 85.988, "Cabrera", sent. de 15-IV-2009; L. 103.311, "Iteva S.A.", sent. de 21-XII-2011; L. 120.882, "Urruti", sent. de 13-VI-2018; e.o.).
Tal situación (la necesidad de resguardar las formas sustanciales de un juicio) se advierten en el caso que nos llega a estudio, por lo que anticipo mi respuesta afirmativa a la cuestión planteada.
IV. Difícilmente pueda concebirse un caso de indefensión mayor que el que se ha provocado por parte del tribunal. Después de admitir (de manera indirecta, pero clara y evidente) que hubo motivos valederos para que la abogada del accionado se retirara (la no constitución en tiempo propio del tribunal), y sin importarle la celebración de esta especie de juicio in absentia , los jueces continuaron con las actuaciones llevando a cabo actos procesales de suma trascendencia, con consecuencias sustanciales para la suerte del litigio, todos ellos lejos del momento propio, oportuno, establecido.
Conforme lo dispone el art. 125 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial (subsidiariamente aplicable, de conformidad con lo establecido por el art. 63 de la ley 11.653), las audiencias empezarán a la hora designada y quienes hubieran sido citados a una audiencia solo tendrán la obligación de esperar treinta minutos.
Una interpretación medianamente elástica y acorde con la realidad cotidiana permite inferir que esos treinta minutos son para que la audiencia dé comienzo y no para que sea íntegramente celebrada. Pero ni una interpretación absolutamente desbordada puede llevar a pensar que los jueces están eximidos de cumplimentar tales horarios, que no les son aplicables aquellas previsiones, o que, a despecho de lo específicamente normado en el señalado precepto, después de haber reconocido la verdad de lo alegado por la abogada, puedan iniciar el acto de recepción de la prueba, indiferentes a ello.
Quede claro que no avanzo sobre la idoneidad del certificado médico presentado, o la estrategia seguida por la representación legal del accionado al interponer un recurso extraordinario de nulidad sin acudir a otras vías procesales. Todo eso es harina de otro costal. Lo que me lleva a proponer la declaración oficiosa de la nulidad de lo actuado a partir de fs. 187 es la imposibilidad en que se colocó al demandado (o a su representante) de ejercer las defensas que viera convenirle, de controlar la prueba producida, de objetar las actuaciones del tribunal, etcétera, es decir, en definitiva, la privación del derecho al debido proceso y de la defensa en juicio del que fue objeto, privaciones que implican el incumplimiento de precipuas garantías constitucionales y supraconstitucionales (arts. 18 y 19, Const. nac.; 15, Const. prov. y 8, Convención Americana sobre Derechos Humanos, etc.).
V. En tanto la grave infracción ocurrida justifica recurrir a la anulación oficiosa lo actuado, cae de maduro que ello no resulta gratuito para los justiciables, los que, cuando menos, ven cómo se prolongan los procesos que los involucran más allá de lo razonable, y cómo se desnaturalizan los derechos que han pretendido que les fueran reconocidos.
Esto nos pone en la obligación de requerir a los jueces actuantes que extremen el celo en el cumplimiento de los requisitos formales, constitucional y legalmente exigibles, en todos los pronunciamientos y decisiones que se emita por el órgano jurisdiccional que integran (causas L. 104.645, "Molfesa", sent. de 26-X-2010; L. 109.595, "Juárez", sent. de 1-VIII-2012; e.o.).
Voto, pues, por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Considero que corresponde brindar respuesta negativa al primer interrogante.
Teniendo en mira que la anulación de oficio constituye un arbitrio utilizado por esta Suprema Corte en supuestos de excepción, no observo en la sentencia de mérito falencias que traduzcan situaciones incompatibles con el debido proceso. Tampoco razones que hubieran impedido la interposición de los recursos extraordinarios, como finalmente sucedió en la especie.
La incomparecencia del demandado a la vista de la causa (también verificada en otras instancias decisivas del trámite), la invocación de otros compromisos profesionales por la letrada patrocinante para no aguardar el inicio del acto en cuestión (sea porque hubiere mediado dificultad en la integración del órgano jurisdiccional o se estuviese celebrando una audiencia precedente) no alcanzan, a mi entender, a configurar los motivos más arriba señalados. Máxime cuando la situación denunciada a fs. 181/182 (que dio lugar a una petición rechazada firme y consentida) no habría impedido a la parte sustituir patrocinio o citar a los testigos propuestos a fin de salvaguardar su propio interés en la controversia.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El resultado que arroja la votación a la cuestión anterior -donde mi postura resultó francamente minoritaria- anticipa la suerte de la presente, desde que las articulaciones esgrimidas por la representante de la accionada o bien repiten mis propias argumentaciones (no compartidas por mis colegas), o bien resultan inatendibles.
II. Lo referido a la tardanza en la celebración de la audiencia de vista de la causa como causa de nulidad de lo actuado, no ha de tener acogida. Me remito, en esto, a lo dicho en el capítulo anterior y a mi voto en la cuestión precedente.
Tampoco ha de tenerla, ahora con el respaldo del dictamen del señor Procurador General, el alegado agravio según el cual el voto de una de las juezas del tribunal, adhiriendo a la propuesta de otra de sus colegas, resulta una infracción a la exigencia constitucional de voto individual. Al respecto, esta Corte reiteradamente ha declarado la validez del voto cuyos fundamentos no se expresan en extenso sino por adhesión a uno anterior emitido en el mismo acuerdo (causas Ac. 98.623, "Huertas de Planes", resol. de 23-IV-2008; Ac. 103.512, "Gramajo", resol. de 29-X-2008; Ac. 104.900, "Kozur", resol. de 29-XII-2008 y L. 118.047, "Mignone", resol. de 12-XI-2014).
Un tercer agravio estaría constituido (la recurrente no es muy clara al respecto) por la falta de sustento legal del pronunciamiento. Sin embargo, no se articulan razones que fundamenten tal reclamo, ni se advierte la ausencia de citas normativas en la sentencia atacada, lo cual resulta suficiente para desestimar el planteamiento.
III. En tales términos, propongo el rechazo del recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Voto, pues, por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el recurso extraordinario de nulidad el demandado denuncia la violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución provincial.
Señala que el tribunal de grado transgredió las citadas normas constitucionales porque celebró la audiencia de vista de la causa una hora y media más tarde de lo previsto, cuando su abogada ya se había retirado (v. fs. 222).
También indica que la jueza doctora Bartola, al adherir a la opinión de su colega doctora Dugo sin expresar la motivación o el fundamento de su decisión, incumplió la exigencia constitucional de voto individual (v. fs. 222 vta.).
II. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, opino que el recurso no puede prosperar.
II.1. Cabe recordar que el medio de impugnación deducido sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces, o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 108.445, "Servini", sent. de 5-VI-2013; L. 116.854, "Orellano", sent. de 19-II-2014; L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; e.o.).
II.2. En el ámbito de actuación del recurso examinado, no advierto configuradas ninguna de las causales aludidas.
II.2.a. Las objeciones planteadas en torno al desarrollo de la vista de la causa (con las particularidades reseñadas al pronunciarme al votar la primera cuestión) no pueden tener cabida, en tanto remiten a cuestiones procesales anteriores al dictado del veredicto y la sentencia (causas L. 70.237, "Peralta", sent. de 25-IV-2001; L. 94.901, "Recondo", sent. de 7-V-2008 y L. 116.675, "Vecino", resol. de 8-VIII-2012).
II.2.b. También, debe desestimarse la crítica referida al modo en que expresó su opinión la doctora Bartola. En supuestos análogos esta Corte ha declarado la validez del voto cuyos fundamentos no se expresan en extenso sino por adhesión a uno anterior emitido en el mismo acuerdo (causas Ac. 98.623, "Huertas de Planes", resol. de 23-IV-2008; Ac. 103.512, "Gramajo", resol. de 29-X-2008; Ac. 104.900, "Kozur", resol. de 29-XII-2008 y L. 118.047, "Mignone", resol. de 12-XI-2014).
III. Con relación a la denuncia de violación del art. 171 de la Constitución provincial cabe afirmar que el pronunciamiento de grado se encuentra fundado en ley, sin que no corresponda aquí analizar -en el marco de la vía en tratamiento- su incorrecta o deficiente fundamentación jurídica (causas L. 72.860, "Ledesma", sent. de 5-XII-2001; L. 99.688, "López", sent. de 22-II-2012; e.o.). Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En atención al resultado que arroja la votación a las anteriores cuestiones, he de avocarme a la tercera, partiendo de la base de considerar correctamente celebrada la vista de la causa y válidamente producida la prueba recibida durante la misma.
El órgano judicial de grado, tras analizar el material probatorio aportado a la causa -ejerciendo facultades privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)-, declaró acreditado que Matías Gabriel Camiscia trabajó en relación de dependencia para Diego Martin López, a partir del día 9 de marzo de 2011, prestando tareas de fraccionamiento, venta y distribución del papel, en un establecimiento ubicado en la calle 18 n° 5.795 de la localidad de Berazategui. También que cumplía una jornada de trabajo de ocho horas diarias y que, de acuerdo a su categoría (Auxiliar B del CCT 130/75), debió percibir una remuneración de $9.000, que con sueldo anual complementario incluido alcanza la suma $9.750 (v. fs. 191 vta. y 192).
Luego, puesto a analizar las circunstancias fácticas que rodearon la extinción del vínculo, el tribunal, con sustento en las misivas acompañadas con la demanda y los informes aportados por Correo Argentino, arribó a las siguientes conclusiones:
I.1. El actor el día 11 de agosto de 2014 intimó al demandado para que registre debidamente la relación laboral -denunciando los datos respectivos (fecha de ingreso 9 de marzo de 2011, categoría operario, remuneración $9.000, y horario de trabajo lunes a viernes de 5 a 14 hs.)-, justifique los aportes previsionales y sociales desde su ingreso, otorgue recibos de ley consignando los datos denunciados, y abone sumas adeudadas en negro correspondientes a los meses de junio y julio de 2014, todo bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido (v. fs. 192 y vta.). También señaló "que haría uso del art. 1201 del C.C. hasta el cumplimiento del pago y regularización de su situación laboral" (fs. cit.);
I.2. El accionado, el día 13 de agosto de 2014, respondió dicho emplazamiento negando expresamente los datos denunciados por el accionante, y afirmando que su fecha de ingreso databa del 1 de noviembre de 2012, su categoría era la de auxiliar B, y que el horario de trabajo era el consignado en la planilla horaria respectiva, tal como surgía de los recibos de haberes. Asimismo, negó haber abonado sumas de dinero en negro, adeudar sumas reclamadas, y que deba regularizar la relación laboral ya que la misma se encontraba correctamente registrada. A su vez, objetó lo alegado por el trabajador al amparo del art. 1.201 del Código Civil, intimándolo -por el plazo de cuarenta y ocho horas- para que se reincorpore bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo (v. fs. cit.);
I.3. Las partes ratificaron sus despachos los días 15, 19 y 22 de agosto de 2014 (v. fs. 192 vta. y 193);
I.4. El empleador el día 28 de agosto de 2014 despidió en forma directa al dependiente por no haberse presentado a trabajar, haciendo efectivo aquel apercibimiento (v. fs. cit.);
I.5. El accionante el día 1 de septiembre de 2014 rechazó dicho acto extintivo, así como lo motivos invocados, reclamando el pago de haberes pendientes e indemnizaciones conforme los datos denunciados en sus misivas (v. fs. cit.).
Sobre ese escenario, el tribunal juzgó que López no cumplió con la carga de demostrar las circunstancias que invocó para despedir a Camiscia, toda vez que el abandono de trabajo -en los términos del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo- "no se configura cuando el trabajador responde la intimación cursada por el principal, exponiendo los motivos de su ausencia que, justificados o no, revelan su intención de no abandonar el contrato de trabajo" (fs. 197 y vta.).
A partir de esa conclusión, declaró procedentes los rubros derivados de la ruptura del vínculo (v. fs. 198 vta. y 199). También, la sanción prevista en el art. 45 de la ley 25.345, por considerar que, mientras el actor había requerido las constancias de aportes y el certificado de trabajo -observando los términos del decreto 146/01-, "la demandada no efectuó la entrega de esos instrumentos" (fs. 199 vta. y 200).
Finalmente, dispuso -por mayoría- que el capital de condena devengaría intereses moratorios de acuerdo a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo digital a treinta días; y, para el caso de incumplimiento, intereses sancionatorios calculados una vez y media la tasa que percibe la mencionada entidad en las operaciones de descuento (v. fs. 201).
II. Contra dicho pronunciamiento, el demandado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y transgresión de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 15, 168 y 170 de la Constitución provincial; 385, 408 y 415 d
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