Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122156
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.156, "Godio, Analía Aída contra Feder Regional de Automovilismo Deportivo Mar y Sierras. Despido" con arreglo al siguiente orden de votación (Acuerdo 2078): doctores Kogan, Torres, Genoud, Pettigiani, de Lázzari.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la pretensión deducida, imponiendo las costas por los rubros que prosperaron a cargo de la accionada (v. fs. 684/713).
Se dedujeron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 728/738 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 793/794 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Analía Aída Godio contra "Feder Regional de Automovilismo Deportivo Mar y Sierras", condenando a esta última al pago de la suma que estableció en concepto de diferencias por "adicional antigüedad", de las indemnizaciones por antigüedad, preaviso omitido e integración del mes de despido; del incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323; de las multas contempladas en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013; 80 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; así como de la sanción conminatoria mensual establecida en el art. 132 bis de la misma ley 20.744.
Rechazó, en cambio, el reclamo sustentado en el art. 9 de la ley 25.013 y aquel por el que pretendía el cobro de una indemnización por daños y perjuicios.
Finalmente, dispuso que sobre el capital de condena se aplicaran, desde que cada suma es debida y hasta la notificación de la demanda inclusive (art. 770 inc. "b", Cód. Civ. y Com.), intereses calculados con arreglo a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días. Luego, prosiguió, capitalizados los acrecidos al día de la notificación de la demanda, desde esa fecha y hasta la sentencia, los intereses moratorios deben ser liquidados con igual tasa (conf. art. 770 inc. "b", Cód. Civ. y Com.; v. fs. 708).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de nulidad, invocando la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 737 vta. y 738).
II.1. Refiere que el pronunciamiento no resuelve la totalidad de las cuestiones sometidas a juzgamiento.
Ello así, por dos órdenes de consideraciones.
II.1.a. De un lado, afirma que el juzgador omitió pronunciarse respecto de la aplicación del límite porcentual de la responsabilidad en el pago de las costas prescripto por los arts. 505 del Código Civil (semejante al art. 730, Cód. Civ. y Com. de la Nación) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, tal y como fue peticionado en oportunidad de contestar la demanda.
II.1.b. Del otro, manifiesta que la sentencia carece del voto individual de la totalidad de los miembros del tribunal respecto de cada una de las cuestiones sometidas a votación.
Alega que los jueces que votaron en segundo y tercer término formularon una simple adhesión a la opinión del magistrado que lo hizo en primer lugar, sin justificar jurídica y personalmente sus posiciones en torno a las cuestiones esenciales sometidas a decisión.
II.2. Finalmente, denuncia que el fallo impugnado prescinde de la fundamentación legal requerida en el primer párrafo del art. 171 de la Constitución provincial.
Entiende que la mencionada deficiencia descalifica e inhabilita el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, siendo -por ende- arbitrario a la luz de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen, fs. 793/794 vta.), el recurso no puede prosperar.
III.1. Inicialmente, cabe recordar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 108.445, "Servini", sent. de 5-VI-2013; L. 116.854, "Orellano", sent. de 19-II-2014; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 112.922, "Toro", sent. de 23-XII-2014; L. 116.822, "Lozano", sent. de 6-V-2015; L. 116.830, "Baigorria", sent. de 13-V-2015; L. 118.121, "Vega", sent. de 11-II-2016; L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; e.o.).
En la especie, el impugnante no logra poner en evidencia ninguna de las causales nulificantes que denuncia.
III.1.a. En primer lugar, como puede advertirse de la simple lectura del pronunciamiento, el juzgador, lejos de incurrir en una preterición en los términos del art. 168 de la Constitución local, se ocupó de abordar expresamente la cuestión relativa a limitación porcentual de las costas.
En efecto, tras regular los honorarios de los profesionales intervinientes, indicó en la sentencia, que "...su exigibilidad deberá ceñirse si correspondiere, y en la etapa procesal pertinente, a lo establecido en el art. 730 Código Civil y Comercial; y art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (modificado por ley 24.432)" (fs. 709 y 712).
Luego, tiene dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente si la cuestión denunciada como preterida fue tratada expresamente por el tribunal de trabajo, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito del remedio procesal bajo examen (causas L. 100.492, "Pérez", sent. de 10-III-2011; L. 104.466, "Prosa", sent. de 22-VIII-2012; e.o.).
III.1.b. En otro orden, el embate afincado en la alegada carencia de motivación del pronunciamiento con sustento en la formulación de "adhesiones simples" a la opinión del juez que se expidió en primer término en el orden de votación, tampoco ha de tener favorable recepción.
Cabe recordar aquí que esta Corte reiteradamente ha declarado que el voto de adhesión es constitucionalmente válido, porque significa que el magistrado que lo emite comparte los fundamentos de su colega preopinante, a los que se remite por una cuestión de simplicidad (causas L. 108.682, "Correa", sent. de 23-XII-2009; L. 112.328, "Cabrera", sent. de 6-X-2010; L. 121.199, "Fasanelli", resol. de 18-IV-2018; e.o.).
III.2. Finalmente, sin perjuicio de que el interesado no se ocupa de brindar argumentos que avalen la aludida falta de fundamentación legal que atribuye al pronunciamiento, es dable destacar que no se observa transgredido -en el caso- el art. 171 de la Constitución provincial.
Téngase en cuenta que dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el fallo carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquel aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 115.513, "Salinas", resol. de 30-XI-2011; L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013 y L. 117.337, "Cabrera", resol. de 31-VII-2013), hipótesis que no concurre en la especie toda vez que las citas legales efectuadas en la sentencia abastecen la exigencia constitucional.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la primera cuestión también por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a la propuesta de desestimar el recurso.
Coincido sobre la ausencia de los presupuestos invalidantes examinados por la doctora Kogan en los puntos III.1.b. y III.2. de su voto.
Descartadas tales hipótesis, y en cuanto a lo que concierne a la invocada preterición de un tema sometido a juzgamiento -tal, el abordaje en el límite en la imposición de costas-, la crítica resulta desacertada por cuanto la temática ha sido examinada y resuelta por el tribunal de origen.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la primera cuestión también por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a la solución propuesta por la doctora Kogan y sólo habré de agregar que la postura que, respecto del deber de motivación y fundamentación de las sentencias, sustenté en la causa Ac. 56.599, "Blanco", sentencia de 23-II-1999, ha resultado minoritaria. En dicho precedente, en prieta síntesis, sostuve que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires impone que las sentencias sean "...fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso". Este último pasaje final del texto constitucional reviste definitoria trascendencia. Para satisfacer la exigencia de fundamentación la cláusula en examen no impone únicamente la cita del precepto. La labor no se agota allí. Según la Constitución provincial ha de indicarse el texto expreso de la ley o de los principios aplicables, "...teniendo en consideración las circunstancias del caso", esto es, complementando esa cita con la referencia explícita, puntual y concreta de las particulares modalidades por las cuales esa ley o esos principios se relacionan con el caso. En otras palabras, el propio art. 171 desalienta la mención ritual o automática de la ley, erigiendo la indicación de su cabal relación con las circunstancias de la causa en elemento igualmente esencial.
Sin embargo, la mayoría de esta Suprema Corte ha ratificado los principios que informan la doctrina según la cual la exigencia del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires está dirigida a sancionar aquellas decisiones que no tienen otro fundamento que el arbitrio de los juzgadores, por lo que no se viola dicha norma si la sentencia se encuentra fundada en ley, aun cuando supuestamente no hubiese sido acertada la invocación de las normas (causas C. 33.428, "Peralta", sent. de 23-X-1984; C. 35.577, "Barce de Carretoni", sent. de 5-IX-1986; C. 47.080, "Banco Rio de La Plata S.A.", sent. de 21-IX-1993 y C. 53.392, "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-VIII-1997). Vale decir que, a los efectos del andamiento del carril extraordinario de nulidad, nada importa el acierto de la decisión atacada, ya que lo que interesa es que esté basada en una norma, aunque no se apoye en la pertinente. En otras palabras, aun en la situación de que el precepto invocado nada tenga que ver con el caso juzgado, el deber de fundamentación queda cumplido. La reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema, y lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, me llevan -siempre dejando a salvo mi opinión al respecto- a adherir a lo expresado por la colega que me precede (causas C. 118.269, "San Pedro", resol. de 18-XII-2013; C. 118.708, "Bassi", resol. de 2-VII-2014 y C. 119.348, "Ganadera Nor-Este S.A.", resol. de 20-XI-2014).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 275 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 730 del Código Civil y Comercial de la Nación; y de la doctrina legal que cita.
I.1. Aduce que el importe de las costas a su cargo excede el tope legal del 25% del monto de la sentencia, vulnerando así lo establecido en los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 730 del Código Civil y Comercial de la Nación; apartándose -asimismo- del criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Abdurraman" (Fallos: 332:921) y "Villalba" (Fallos: 332:1276), entre otras (v. fs. 730 vta. in fine /731 vta.).
I.2. Por otro lado, censura el pronunciamiento en tanto calificó la conducta de la accionada como temeraria y maliciosa, aplicando -en consecuencia- la sanción prevista en el art. 275 de la ley 20.744 (v. fs. 731 vta.).
Explica que para que la conducta procesal pueda ser calificada como maliciosa resulta necesario que, a sabiendas, se litigue sin razón valedera y se tenga conciencia de ello, incurriendo en graves inconductas procesales en violación de los deberes de lealtad, probidad y buena fe.
Insiste en que para que proceda la mencionada sanción debe verificarse la manifiesta mala intención y su gravedad.
Indica que aquellos presupuestos no se observan en el caso concreto, en el que -afirma- la demandada únicamente contestó la acción utilizando las herramientas de defensa de las que disponía, en uso de las garantías consagradas constitucionalmente.
Concluye que, en definitiva, mediante su imposición se "castiga" a su parte por no haber declarado contra sí misma (v. fs. 732).
I.3. Finalmente, se agravia de la liquidación de intereses practicada por el juzgador.
I.3.a. De un lado, critica que tales accesorios fueran estimados desde la fecha de notificación de la demanda hasta el dictado de la sentencia. En este aspecto, sostiene que tal definición afecta su derecho de propiedad "por partida doble" y constituye un enriquecimiento indebido del actor.
Asegura que -conforme la doctrina legal de esta Corte- la fecha de exigibilidad del crédito determina el comienzo del cómputo de los intereses (v. fs. 732).
I.3.b. Del otro, cuestiona que el tribunal de grado calculara los acrecidos con arreglo a la tasa pasiva "digital" del Banco de la Provincia de Buenos Aires, resultando esa definición -según su parecer- violatoria de la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana -entre otros- de los precedentes C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009).
Aduce que la utilización de la tasa activa o cualquiera que exceda la pasiva que fija dicha entidad bancaria implica un modo encubierto de actualización monetaria, la cual se encuentra expresamente vedado por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, modificados por ley 25.561 (v. fs. 732 vta. y sigs.).
II. El recurso no prospera.
Por razones metodológicas, habré de alterar el orden de tratamiento de los agravios traídos por el recurrente.
II.1. En primer término, corresponde desestimar el cuestionamiento relacionado con la imposición a la accionada de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.1.a. En lo que interesa, el tribunal de origen valoró la conducta asumida por las partes a lo largo del proceso y aplicó a la accionada la sanción prevista en la disposición legal citada por juzgar configurado a su respecto el comportamiento en ella descripto por variados motivos.
En efecto, entendió el juzgador que el desconocimiento de la existencia de la relación laboral carecía de fundamentos, atribuyéndole a la accionada la conciencia de su propia sinrazón sobre dicha circunstancia fáctica.
Asimismo, juzgó falaces las variadas "acusaciones" realizadas respecto de la actora, en tanto no resultaron -a su criterio- acreditadas en el caso.
También ponderó que se opusieron defensas manifiestamente contradictorias "de hecho y de derecho" (entre ellas, denunció que se desconoció la categoría profesional en las negativas, y se acompañaron recibos de haberes cuya categoría coincidía con la denunciada por la actora; así también se le imputaron reiteradas inasistencias y simultáneamente no se dejó de abonarle el adicional presentismo); y que se verificaron diversos hechos que representan un comportamiento de la demandada violatorio de las obligaciones genéricas y de buena fe (v. vered., fs. 699 vta.).
Sobre esa base fáctica, como se adelantó, dispuso aplicar la referida sanción por temeridad y malicia (art. 275, LCT), representada por la suma resultante de aplicar un interés de una vez el que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires sobre la indemnización por antigüedad (art. 245, LCT), desde el distracto y hasta la fecha de la audiencia de vista de la causa (v. sent., fs. 704).
II.1.b. Sentado lo anterior, cabe recordar que los presupuestos vinculados a la conducta procesal a los que hace mención la norma del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya configuración el tribunal tuvo por acreditados, remiten inequívocamente al análisis de cuestiones de índole fáctica comprobadas en la causa, cuya ponderación resulta privativa de los jueces de grado y ajenas -por regla- a revisión en la instancia de casación, salvo denuncia y acreditación de absurdo (causas L. 117.358, "Isa", sent. de 26-III-2015; L. 117.464, "Ruggeri", sent. de 20-XII-2017; e.o.).
Este vicio ni siquiera ha sido denunciado por el recurrente en este tramo de la queja, cuando -sabido es- dicha exigencia resulta de ineludible cumplimiento para que esta Suprema Corte pueda ingresar a analizar cuestiones fácticas y probatorias.
Así las cosas, la ausencia de idoneidad en fundamentación de este fragmento de la réplica sella -sin más- su suerte adversa.
II.2. También debe desestimarse el agravio por el que se discuten los acrecidos aplicados al caso por el sentenciante.
II.2.a. Inicialmente, no prospera el cuestionamiento que gira en torno al momento a partir del cual el órgano de grado juzgó que debían computarse los intereses moratorios.
II.2.a.i. Sobre el particular, y conforme lo reseñado en la cuestión anterior, el tribunal dispuso que al capital de condena se le aplicaran intereses moratorios de la siguiente manera: i] desde que cada suma es debida y hasta la notificación de la demanda inclusive (art. 770 inc. "b", Cód. Civ. y Com. de la Nación) su liquidación debe hacerse con arreglo a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa; ii] luego, capitalizados los intereses al día de la notificación de la demanda (art. 770 incs. "b" y "c", Cód. Civ. y Com.) y desde esa fecha hasta la sentencia, los intereses de esa naturaleza deben ser calculados a idéntica tasa (v. sent., fs. 711 y vta.).
II.2.a.ii. En este punto, el interesado se limita a cuestionar que la aplicación de intereses se haya dispuesto desde la notificación de la demanda, sin tener en cuenta -aduce- el hito a partir del cual deben computarse.
II.2.a.iii. La insuficiencia de la impugnación en este aspecto es manifiesta y se configura desde un doble punto de vista.
De un lado, si bien es cierto que este Superior Tribunal tiene establecido -como acertadamente apunta el quejoso al citar doctrina legal- que la fecha de exigibilidad del crédito es la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 100.647, "Muniagurria", sent. de 30-V-2012; L. 101.497, "Toledano", sent. de 19-XII-2012; L. 108.784, "Marengo", sent. de 4-XII-2013 y L. 108.016, "Butrón", sent. de 24-IX-2014), no lo es menos que la omisa explicación de cómo y de qué manera habría sido transgredido este criterio en el fallo atacado (art. 279, CPCC), en el marco del razonamiento seguido por el juzgador -que, por lo demás, respetó aquella premisa- , conduce al rechazo de esta argumentación.
Por otra parte, observo incumplida la carga de denunciar la norma actuada por el tribunal para arribar a la c
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