Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121729
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.729, "Zambrano, Elisa Marta contra Obispado de San Justo y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 438/451 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 493/504 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Elisa Marta Zambrano contra el Obispado de San Justo, en cuanto procuraba la percepción de las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, el sueldo anual complementario, las vacaciones proporcionales, haberes del mes de octubre del año 2013, días del mes de noviembre, el resarcimiento previsto en el art. 2 de la ley 25.323 y la entrega del certificado de trabajo contemplado en el art. 80 de la ley 20.744 junto con la constancia documentada de ingreso de los fondos con destino a los organismos de la seguridad social (v. fs. 438/451 vta.).
Para así decidir, juzgó acreditado que la actora prestó servicios bajo relación de dependencia para el Instituto Juan XXIII desde el día 17 de junio de 1986, también que al momento del despido se desempeñaba como Profesora Titular de Historia (v. vered., fs. 438 vta. y 439).
Con la historia clínica agregada a fs. 194/202, remitida por Asociart ART S.A. -dijo: aseguradora de la demandada- consideró probado que la accionante presentaba: "hipertrofia de amígdalas, disfonía enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe por sobrecarga en el uso de la voz" y que el día 26 de septiembre de 2013 se fijó una incapacidad del 17% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 439).
Tuvo por demostrado que Recalificart con fecha 3 de septiembre de 2013, informó que la señora Zambrano no podía reinsertarse a su puesto habitual de trabajo, atento que el uso continuo y forzado de la voz superaba su capacidad funcional (v. vered., fs. 439 vta.).
Entendió que no se hallaba controvertido que la extinción del contrato de trabajo se produjo por despido indirecto el día 6 de noviembre de 2013, invocando la trabajadora como causal rescisoria -en lo medular- la arbitraria y antijurídica postura patronal de negarle tareas acordes a sus posibilidades funcionales (v. vered., fs. 440 y vta.).
Señaló el sentenciante -con sustento en la prueba informativa que luce agregada a fs. 281- que si bien era cierto lo afirmado por la demandada en orden a que Asociart ART S.A. le había comunicado con fecha 7 de octubre de 2013 que la señora Zambrano se encontraba con alta médica con incapacidad laboral a evaluar -por lo cual, en caso de corresponder, debía reincorporarse a sus tareas el día 19 de septiembre- ponderó que la docente contaba con un dictamen médico emanado del Centro Médico Asociart Buenos Aires, de los días 3 y 5 de septiembre, que indicaba que no podía volver a sus tareas habituales (v. fs. 443).
Expuso el sentenciante que si bien ninguna norma legal o convencional obligaba a la patronal a convocar a una junta médica, en virtud de la regla genérica que surge de los arts. 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, en conjunción con los arts. 208 a 210 del mismo cuerpo normativo, debió instar una tercera consulta, máxime cuando fueron la aseguradora contratada por aquella y su centro de salud los que manifestaron criterios discordantes en orden a las aptitudes laborativas de la accionante (v. fs. 445 vta. y 446).
Juzgó carente de toda relevancia por resultar posterior al distracto el informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo -obrante a fs. 214- del que surgía que la actora no ameritaba recalificación (v. vered., fs. 446).
Luego, ya en la etapa de sentencia, concluyó que la "pertinaz" negativa de la demandada en orden a comprobar el estado de salud de la dependiente, insistiendo que no le correspondía recalificación ni cambio de tareas, invitándola a presentar cualquier dictamen que contradiga lo afirmado por la aseguradora de riesgos e intimándola a que retome sus labores habituales, colocó a la actora en situación de tener que volver al trabajo a desarrollar funciones que expresamente le estaban vedadas por prescripción médica (v. sent., fs. 448 y vta.).
Declaró el sentenciante que la postura patronal resultó censurable, desde que siempre cuenta con el poder de fiscalización que emana del art. 210 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por ello, si la trabajadora insistía en su imposibilidad de volver a sus labores, la empleadora debió -en observancia de los deberes de iniciativa, solidaridad y buena fe- zanjar la cuestión mediante una junta médica, o solicitar explicaciones a su aseguradora de riesgos, pero en modo alguno mantener una actitud pasiva a la espera de que sea la dependiente quien acredite encontrarse imposibilitada.
En este marco juzgó que la empleadora a sabiendas que la señora Zambrano se encontraba en uso de licencia médica la acusó de haber inasistido injustificadamente a prestar servicios desde el 23 de septiembre de 2013, amenazándola con considerarla incursa en abandono de trabajo (v. sent., fs. 449).
En base a las consideraciones expuestas, el a quo concluyó que el despido indirecto resultó ajustado a derecho, toda vez que la accionada, además de no atender el reclamo de la trabajadora, pretendió que hiciera caso omiso al dictamen médico que le prohibía reintegrarse a sus labores, lo que en los hechos se tradujo en una negativa de tareas, constitutiva de injuria de suficiente gravedad como para dar por finalizado el vínculo (v. fs. 449).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 10, 62, 63, 79 y 210 de la Ley de Contrato de Trabajo; 21 apartado 2 de la ley 24.557 y 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial (v. fs. 493/504 vta.).
II.1. Objeta la decisión de grado en cuanto en ella se juzgó que la dolencia padecida por la actora le impedía cumplir con sus tareas habituales, basándose para ello en un informe emanado de Recalificart. Sostiene que el tribunal soslayó otros documentos científicos glosados en el expediente, como el alta médica sin recalificación que le otorgó Asociart ART S.A. el día 7 de octubre de 2013; la conclusión y el dictamen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en sentido análogo (de fecha 12 de noviembre de 2013); lo manifestado por la médica personal de la trabajadora quien no indicó imposibilidad de cumplir con tareas habituales; lo informado por el "perito médico de oficio" y el reconocimiento de la propia actora y posterior acreditación por parte del demandado de encontrarse aquella laborando en tareas docentes con posterioridad al distracto.
Añade que Recalificart no es un médico personal del trabajador, ni una empresa de medicina laboral o una aseguradora de riesgos del trabajo prevista en la ley 24.557, tampoco un centro médico; sino simplemente una entidad privada sin fines de lucro de la que se sirven -entre otros- la aseguradora de riesgos del trabajo para emitir sus dictámenes jurídicos.
En este orden, cuestiona que los magistrados intervinientes hayan otorgado al informe de la mencionada entidad, efectos jurídicos suficientes para concluir que la patología de la actora le imposibilitaba cumplir con sus tareas habituales.
Manifiesta que Recalificart se dedica específicamente a efectuar un análisis ocupacional del puesto de trabajo y que, en el caso, por indicación de la aseguradora hizo una evaluación del desempeñado por la actora en el establecimiento.
Señala a su vez que nada se dijo en el fallo de la negativa de la trabajadora a recibir -en su caso- herramientas tales como micrófonos.
Puntualiza que los magistrados, no citaron el informe de Recalificart sino que denunciaron la existencia de un supuesto dictamen del Centro Médico Asociart Buenos Aires, documento que nunca existió, ni fue alegado por las partes.
II.2. Cuestiona la sentencia de mérito en tanto consideró que el despido indirecto de la dependiente resultó ajustado a derecho sobre la falsa premisa que indica que aquella se encontraba imposibilitada de volver a sus tareas habituales.
En este sentido, reitera que los jueces ponderaron absurdamente la prueba, arribando a conclusiones erradas. Esencialmente, afirma que no existió en autos dictamen médico alguno que haya indicado que la trabajadora "no podía volver a sus tareas habituales".
II.3. Impugna lo resuelto por el a quo en cuanto por ser de fecha posterior al despido, le restó relevancia al informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo obrante a fs. 214, del que surgía que la actora no ameritaba recalificación.
Expone que los jueces se apartaron de lo dispuesto en el art. 21 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo y que el dictamen fue emitido apenas seis días después del distracto, siendo la actora quien maliciosamente no lo esperó.
Rebate la definición del sentenciante en orden a que -ante cualquier disconformidad-, el empleador debió instar la formación de una junta médica.
II.4. Denuncia que en el pronunciamiento se incurrió en la violación de los arts. 10, 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 501 vta.).
Expresa que la actora no acompañó ningún dictamen médico que indique recalificación, ni lo dijo en su pieza postal, y que la supuesta imposibilidad de reinsertarse a sus labores tuvo como único sustento su mera opinión (v. fs. 501 vta.).
Agrega que la demandada -contrariamente a lo resuelto por el a quo - ajustó su proceder a los deberes que emanan de los citados arts. 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, no obstante lo cual, la actora se desentendió de estos últimos y del principio de conservación del contrato, procediendo a disolver una relación de empleo, que se remontaba al año 1986.
II.5. Impugna que el tribunal haya considerado que en el caso existiesen dictámenes contradictorios.
Afirma, una vez más, que en el expediente no consta informe médico alguno del que surja que la trabajadora no estaba en condiciones de reincorporarse a sus labores, de allí que todo el razonamiento del sentenciante se construyó en base a un error insalvable.
Cuestiona, además, que se hayan puesto en cabeza del empleador obligaciones que no surgen de la ley, como lo es la de convocar una junta médica ante una eventual discrepancia.
Alega que la solución del tribunal violenta los arts. 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial, como así también el art. 21 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo, norma ésta última que específicamente faculta a las Comisiones Médicas a intervenir ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre una aseguradora de riesgos del trabajo y el damnificado o sus derechohabientes.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Tiene dicho este Tribunal que la apreciación del material probatorio, la valoración de la conducta asumida por las partes en la fase previa a la rescisión del vínculo contractual, como las conclusiones relativas acerca de la existencia o la entidad de la injuria en las causales invocadas para justificar la extinción de la relación laboral, constituyen materias reservadas a los jueces de grado. Las conclusiones que, en ejercicio de dichas atribuciones, éstos formulen, no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo que se acredite la existencia de una absurda apreciación de los hechos y las pruebas de la causa, o que se demuestre que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (conf. art. 242, LCT; causas L. 101.748, "Garay", sent. de 8-VIII-2012; L. 104.273, "Larrazabal y Montenegro", sent. de 26-VI-2013 y L. 118.715, "Avanzi", sent. de 24-V-2016).
III.1.b.i. Si bien a lo largo del medio de impugnación el recurrente asegura que en el pronunciamiento de grado se han violado distintas normas legales, sus agravios se encuentran dirigidos a evidenciar el absurdo que le atribuye al razonamiento que condujo al sentenciante a considerar justificada la denuncia del contrato de trabajo efectuada por la trabajadora.
Tan grave vicio valorativo no logra ser demostrado por el quejoso.
III.1.b.ii. Con sus matices, las reflexiones del interesado mayormente confluyen en negar la existencia de dictamen médico alguno que acredite que la actora se hallaba imposibilitada de reintegrarse a sus labores. A poco de confrontarlas con el medular basamento que contiene el fallo, lucen evidentemente estériles.
Es incuestionable que, al dar respuesta al requerimiento efectuado por medio de oficio, Asociart S.A. ART (la aseguradora contratada por la accionada) acompañó en el expediente la "historia clínica" de la trabajadora emitida por el Centro Médico Asociart Buenos Aires en la que consta que en su oportunidad la empresa Recalificart había informado que la señora Zambrano no podía reinsertarse a su puesto habitual de trabajo (v. fs. 194/204). Por cierto, también surge de autos que -siempre remontándonos a tiempos anteriores al distracto- la referida aseguradora de riesgos del trabajo hizo saber entre otras comunicaciones que la accionante se encontraba "con alta médica con incapacidad laboral a evaluar" (v. fs. 281).
Luego, dejando de lado la discusión que propone el recurrente en torno a la concreta y cabal acreditación del supuesto impedimento de la trabajadora para retomar sus labores habituales, emerge de la sentencia de grado que el fundamento estructural que llevó al tribunal a acoger la pretensión actoral radicó en la reprochable conducta que le imputó al empleador puesto que -señaló- frente a las opiniones divergentes sobre aquella imposibilidad sólo se atuvo a lo comunicado por Asociart S.A. ART intimando a la trabajadora a que retome tareas bajo apercibimiento de considerarla incursa en la causal de abandono de trabajo e invitándola a que exhiba un informe médico que contradiga lo afirmado por la aseguradora, ello, a pesar que existía un dictamen vinculado con el Centro Médico Asociart Buenos Aires (donde la actora había sido atendida por derivación de la propia aseguradora de riesgos del trabajo) y que en rigor remite a lo informado por la ya referida Recalificart, que negaba que pudiese regresar a sus labores.
A juicio de los magistrados de la instancia, aquel comportamiento no se ajustó a las directrices que emanan de los deberes de buena fe, solidaridad, colaboración e iniciativa (arts. 62, 63 y 79, LCT) pues el principal se limitó a acusar a la trabajadora de no asistir al trabajo sin justificación cuando debió haber tomado adecuadas medidas de contralor respecto de su real estado de salud, bajo tales patrones de conducta señaló que aunque no surja expresamente esa obligación de ninguna norma -aclaración que parece silenciada en el recurso- podría haber recurrido a una junta médica o bien solicitar explicaciones a Asociart S.A. ART (v. vered., fs. 445/446; sent., fs. 448/449).
Siendo ello así, los esfuerzos argumentales que contiene el recurso distan de constituir una crítica concreta, directa y eficaz de la motivación esencial del pronunciamiento objetado, deficiencias que conforme lo señala la doctrina de este Tribunal indican su insuficiencia (causas L. 104.557, "Fernández", sent. 13-VI-2012; L. 111.996, "Centurión", sent. de 4-XII-2013 y L. 116.857, "P., R. A.", sent. de 27-VIII-2014).
Ya se ha señalado que no es idónea la impugnación que se aparta de la línea reflexiva de los jueces de grado a través de un renovado análisis de los hechos y de las constancias probatorias según el propio y personal criterio valorativo del impugnante, exhibiendo únicamente un juicio meramente discrepante con el del juzgador (causas L. 100.686, "Hahn", sent. de 30-VI-2010; L. 115.990, "Stávropol", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.671, "Di Santo", sent. de 15-VII-2015).
En fin, siempre en el ámbito de cuestiones que por regla le son privativas, la solución del caso a la que arribó el tribunal de trabajo podrá desconformar al quejoso o incluso resultar pasible de ciertas opiniones, pero ello en modo alguno constituye un motivo que conduzca a su modificación. No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar al vicio de absurdo, pues éste hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por el juzgador, o una grosera desinterpretación material de la prueba (causas L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010; L. 117.599, "Escobar", sent. de 27-V-2015 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017); extremos, de suyo, no acreditados en el sub examine.
IV. En virtud de lo expuesto, cabe rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/11/2020 11:07:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/11/2020 13:02:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/11/2020 09:47:20 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2020 12:42:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2020 12:53:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia