Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121656
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III.3 del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, obre de conformidad con lo que aquí se decide.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.656, "Casco Britez, Marcos contra Curioni, Juan Carlos. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Genoud, de Lázzari.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 97/106 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 112/128). El órgano judicial de grado denegó el primero de los remedios procesales indicados y concedió el segundo (v. fs. 136 y vta.).
Esta Corte, en el marco de la queja deducida por la interesada (art. 292, CPCC), concedió y, luego, rechazó el recurso extraordinario de nulidad, mediante la resolución definitiva dictada a fs. 192/194, con sustento en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificaciones.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Marcos Casco Britez contra Juan Carlos Curioni, y condenó a este último al pago de las sumas que estableció en la sentencia en concepto de diferencias salariales, haberes adeudados, horas extras, vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, y de las previstas en los arts. 2 de la ley 25.323, 8 y 15 de la ley 24.013; 53 ter de la ley 11.653 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En lo que es materia de agravio, desestimó -en cambio- la pretensión por la que procuraba que se le aplicaran al accionado las sanciones previstas en los arts. 9 de la ley 25.013 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así resolver, juzgó que para determinar si se ha configurado la conducta temeraria y maliciosa a la que aluden dichas normas "es necesario proceder con prudencia y tener presente que la imposición de sanciones no puede obedecer al solo hecho de que las acciones o defensas hayan sido finalmente desestimadas dado que ello podría coartar la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 CN)" (fs. 105 y vta.).
II. Contra este último aspecto del pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 3, 10, 11, 15, 39, 168 y 171 de la Constitución provincial; 9, 11, 12, 232, 233, 241, 242, 245, 246, 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; 2 de la ley 25.323; 9 de la ley 25.013; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 272 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 1, 11, 12, 19, 31, 32, 44, 47 y 63 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica.
En concreto, se agravia por el rechazo de la sanción reclamada con fundamento en el art. 9 de la ley 25.013 y, asimismo, a la peticionada -en subsidio- con sustento autónomo en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Señala que el tribunal de grado incurrió en absurdo desde que no examinó si, en el caso, se configuraba el supuesto de falta de pago en término y sin causa justificada de la indemnización por despido arbitrario, y -por ende- cobraba virtualidad su consecuencia jurídica, concerniente a la presunción de la conducta temeraria y maliciosa contemplada en el citado precepto de la ley 20.744 (t.o.; v. fs. 120 y vta.).
También le reprocha al juzgador no haber ponderado la conducta del accionado a los fines de la aplicación de la sanción referida (v. fs. 121 vta.).
Aduce que los fundamentos que brindó para desestimarla son arbitrarios y violatorios del principio de congruencia pues la decisión que encuentra sustento en la virtual frustración del derecho de defensa en juicio jamás fue esgrimida por el accionado, al tiempo que carece de explicación suficiente que permita una eficaz crítica (v. fs. 121).
Alega que, más allá de la presunción aludida y de la falta de pruebas que la desvirtúen, se acreditó la existencia de los presupuestos fácticos que exige el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 121 vta.). En ese sentido, indica que "la conducta asumida en el pleito por la parte demandada revela una actitud procesal obstruccionista que permite calificarla como temeraria y maliciosa, al haberse comportado con conciencia de su propia sinrazón alegando -entre otros planteos inconducentes- la inexistencia de la relación laboral acreditada en autos" (fs. cit.).
Destaca que, en el apartado VIII de la contestación del segundo traslado, solicitó que se tuviera presente la conducta procesal asumida por el accionado al intentar no sólo desconocer su carácter de empleador y de titular de la explotación en que prestaba servicios el reclamante, sino además al pretender interponer a un tercero con miras a desobligarse (v. fs. 122).
Explica que en la demanda se peticionó "...la aplicación del Art. 9 de la Ley 25013 o del Art. 275 LCT de manera acumulada a la indemnización del ART. 2 de la ley 25323" y que, en el supuesto de que el juzgador considerara incompatibles las primeras con esta última, requirió se procediera conforme al art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, admitiendo el dispositivo que mayores beneficios le concediera al trabajador (v. fs. 122 vta.). Indica que, sin embargo, el tribunal no se expidió al respecto (v. fs. 124).
Añade que, para el hipotético caso de que esta Corte confirmara la decisión cuestionada por juzgar que en el caso medió un rechazo implícito de sus reclamos al condenarse al pago del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, se agravia también por la procedencia de esta última en sustitución aquellas (v. fs. 125).
Expresa que, hallándonos ante una multiplicidad de hermenéuticas jurídicas posibles, debe propiciarse -contrariamente a lo resuelto por el tribunal- la interpretación de la norma más favorable al trabajador por aplicación del principio in dubio pro operario que rige en materia laboral (arts. 14 bis, Const. nac.; 39, Const. prov. y 9, LCT; v. fs. cit.).
Por último, proporciona los cálculos que -a su juicio- confieren fundamento a su postulación (v. fs. 126 y vta.).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Cabe recordar, que es facultad privativa de los jueces de grado ponderar la conducta de las partes a los fines de la aplicación de los arts. 9 de la ley 25.013 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y lo resuelto en tal sentido se encuentra detraído de la casación, salvo la demostración de absurdo (causas L. 94.963, "González", sent. de 26-XI-2008; L. 96.702, "Martínez", sent. de 23-III-2010; L. 103.477, "Reynoso", sent. de 23-XI-2011; L. 113.258, "López", sent. de 5-VI-2013; L. 111.781, "Avalos", sent. de 8-X-2014 y L. 118.760, "Tateo", sent. de 13-VI-2018).
III.2. Considero que le asiste razón al recurrente cuando afirma que el tribunal de grado incurrió en el mencionado error sentencial.
Silenciando los concretos reproches que, con sustento en los arts. 9 de la ley 25.013 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, el accionante le endilgó a la contraria en su demanda (v. fs. 25/27), el fundamento que expresó el tribunal de grado para desestimar dicha pretensión estribó en la necesidad de "proceder con prudencia y tener presente que la imposición de sanciones no puede obedecer al solo hecho de que las acciones o defensas hayan sido finalmente desestimadas dado que ello podría coartar la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 CN)" (fs. 105 y vta.).
Resulta evidente que -sin perjuicio de lo que pudiera opinarse en torno a la procedencia o no de las sanciones reclamadas- en esta parte de la sentencia el juzgador lejos estuvo de concretar un análisis de las circunstancias fácticas necesarias para arribar a una adecuada solución del tópico, antes bien, la decisión en crisis se basa en afirmaciones dogmáticas carentes de respaldo en las constancias objetivas de la causa, falencias que la tornan descalificable por absurda (causas L. 115.463, "Janeiro", sent. de 26-III-2015; L. 117.659, "Coria", sent. de 26-VIII-2015; L. 119.064, "Britos", sent. de 11-VII-2018 y L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020).
III.3. Por ello, propongo revocar este tramo del pronunciamiento y devolver los autos al tribunal de grado para que, debidamente integrado, se expida nuevamente respecto de las peticiones fundadas en los arts. 9 de la ley 25.013 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ello así, sin abrir juicio sobre la eventual compatibilidad -o no- de la sanción prevista en el art. 9 de la ley 25.013 y la condena ya establecida con sustento en el art. 2 de la ley 25.323 -que, vale aclarar, no arriba firme a esta instancia al haber sido cuestionada su aplicación en desmedro de las restantes-, pues la cuestión ha de resultar materia de juzgamiento en la instancia de grado, dado el reenvío dispuesto.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance indicado en el apartado anterior.
Costas a la parte vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Genoud y de Lázzari, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III.3 del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, obre de conformidad con lo que aquí se decide.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/11/2020 14:10:58 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2020 18:09:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/11/2020 09:24:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/11/2020 09:42:41 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/11/2020 10:57:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia