Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125302
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en lo que interesa destacar, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por María de los Ángeles Kessler, y condenó a Favir Textil S.R.L. a abonar el importe que indicó en concepto de vacaciones proporcionales del año 2016, con la incidencia del sueldo anual complementario. La rechazó en cambio, en cuanto perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, sustitutiva de preaviso y las previstas en los arts. 1 y 2 ley 25.323 y 45 de la ley 25.345. Asimismo, desestimó íntegramente la acción deducida contra Ricardo Domingo Corigliano, mediante la cual procuraba las reparaciones provenientes del distracto y otros rubros de linaje laboral. Finalmente, también denegó el pedido de extensión de responsabilidad solidaria del citado accionado, en su carácter de socio gerente de Favir Textil S.R.L. (v. fs. 437/450).
Para así decidir, analizando el intercambio telegráfico y la prueba producida, juzgó que la actora se consideró despedida alegando silencio de la patronal -a su intimación de registrar la relación laboral- de manera apresurada, puesto que no respetó el plazo otorgado. Asimismo, señaló que la accionante no debía percibir las multas previstas en los arts. 1 de la ley 25.323 y 8 y 15 de la ley 24.013 debido a que no se han constatado deficiencias en la registración, ni el recargo del art. 2 de la ley 25.323, en tanto no progresaron las indemnizaciones por despido. Finalmente, concluyó que la actora no intimó a la entrega de los certificados de trabajo y de servicios y aportes previsionales en el plazo legal.
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 453/455), el que fue concedido por el a quo a fs. 457 y vta.
En su presentación denuncia absurdo y arbitrariedad, e indica las normas y la doctrina que considera violadas. Sustenta su impugnación en los siguientes cuestionamientos:
En primer lugar, objeta la valoración de la prueba realizada por el tribunal de grado en relación a la injuria denunciada como justificante del despido indirecto dispuesto por la trabajadora, y que derivó en el rechazo de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la ley 20.744. Manifiesta, asimismo, su queja en torno a la denegación de las multas establecidas en los arts. 1 y 2 de la ley 25323, y 45 de la ley 25.345.
Por otra parte, cuestiona que en el fallo atacado no se haya tenido por acreditada la relación laboral con el codemandado Corigliano, toda vez que éste era el empleador de la actora, ni que se le extendiera solidariamente la condena, atento su condición de socio gerente de Favir Textil S.R.L.
III. El remedio no es de recibo.
III.1.a. Dable es recordar, ante todo, que interpretar y valorar el intercambio postal, los escritos constitutivos, las pruebas producidas y evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012; L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014 y L. 119.734, "Scott", resol. de 1-VI-2016).
En tal sentido, es del caso resaltar, que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 96.707, "De Cenarriaga", sent. de 26-VIII-2009; L. 108.921, "Vera", resol. de 16-XII-2009 y L. 112.783, "González", resol. de 16-III-2011).
La impugnación bajo estudio no logra evidenciar el mencionado vicio, toda vez que sólo exhibe la disconformidad de la interesada con la solución adoptada, sin conseguir desvirtuar la esencial motivación sobre la que se estructura la decisión, esto es, que en virtud de las circunstancias fácticas y probatorias de la causa, la trabajadora se consideró injustificadamente despedida, en tanto alegó silencio de la patronal -a su intimación de registrar la relación laboral- de manera apresurada, sin respetar el plazo otorgado en su emplazamiento.
Desde la perspectiva apuntada, se advierte que la argumentación de la recurrente denota, en rigor, un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 28-VIII-2014).
III.1.b. Por otro lado, tampoco son de recibo las escuetas manifestaciones que porta el recurso dirigidas a cuestiona la desestimación de las multas previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, y 45 de la ley 25.345, en tanto la impugnante plantea -en forma subjetiva- su objeción a la decisión de grado, mas no se encarga de aportar ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el razonamiento desplegado por el tribunal, transformando su impugnación en una contraposición de criterios que no resultan idóneos a los fines del recurso deducido (causas L. 110.785, "Dinápoli", sent. de 14-VIII-2013; L. 116.941, "G., P.A.", sent. de 15-VII-2015 y L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016).
III.2. En relación al agravio dirigido a impugnar el rechazo de la acción respecto del codemandado Corigliano, corresponde señalar que esta Corte tiene dicho que la determinación de la autenticidad, remisión y recepción de las piezas telegráficas, así como establecer la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012; L. 118.745, "Pereyra", resol. de 26-VIII-2015 y L. 119.844, ''Pietronave'', resol. de 24-VIII-2016).
En el caso, la impugnante no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita nuevamente sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar las circunstancias fácticas y probatorias de la causa, aunque sin hacerse cargo de rebatir las líneas argumentales del fallo, dedicándose tan sólo a confrontarlas con su propia interpretación del tema, dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento (art. 279, CPCC; causas L. 95.560, "Peralta", sent. de 26-XI-2008; L. 91.290, "de Lorenzo", sent. de 28-IX-2011 y L. 111.997, "Uribe", sent. de 9-IV-2014).
III.3. Por otra parte, el embate dirigido a la negativa de extender solidariamente la condena a Ricardo Domingo Corigliano en su carácter de socio gerente de Favir Textil S.R.L., también merece ser rechazado.
En efecto, sabido es que establecer si se configuran los supuestos fácticos que prevé la Ley de Sociedades Comerciales para su aplicación, necesariamente comporta el análisis de las circunstancias fácticas y probatorias que concurren en el caso, cometido este reservado a los tribunales de grado y ajeno al ámbito de la casación, salvo absurdo (causas L. 100.124, "Ahmed", sent. de 4-V-2011 y L. 117.143, "Ferraiolo", resol. de 17-IV-2013), que sobre el particular la recurrente tampoco logra probar.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/12/2020 16:47:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2020 19:17:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/12/2020 21:32:17 - TORRES Sergio Gabriel – JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2020 09:44:46 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2020 10:16:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia