Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122217
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo nº 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.217, "Jara Arias, Dagoberto contra Unidad Ejecutoria del Programa Ferroviario Provincial. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción instaurada, con costas a la parte actora (v. fs. 218/224).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14 de agosto de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal interviniente rechazó la demanda promovida por el señor Dagoberto Enrique Jara Arias contra la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, mediante la que reclama el pago de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, vacaciones proporcionales, el sueldo anual complementario y los resarcimientos contemplados en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 2 de la ley 25.323 (v. fs. 218/224).
Para así decidir, entendió que la finalización del vínculo tuvo lugar con motivo del dictado de la resolución 208/16 -de fecha 9 de junio (v. fs. 136)-, con arreglo a la cual se dispuso el cese de oficio del actor a partir del 31 de mayo de 2016 para acceder a la jubilación por edad avanzada, dejándose expresa constancia en sus considerandos que los días 20 de octubre de 2014, 20 de febrero de 2015 y 23 de julio de 2015, se lo había intentado notificar para que iniciara los trámites previsionales (v. fs. 219 vta.).
Sobre el punto, meritó que no había constancia de que dicho acto administrativo hubiese sido recurrido ni de que el actor hubiera negado los antecedentes a los que se hacía referencia (v. fs. 219 vta.).
Asimismo, declaró no controvertido que el accionante ingresó a trabajar en la empresa Ferrocarriles Argentinos el día 13 de abril de 1985 y que, a partir de 1994, continuó laborando de manera ininterrumpida -hasta su desvinculación- bajo las órdenes de Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (v. fs. 218).
Entendió demostrado que el día 1 de abril de 2014 la accionada notificó al trabajador, mediante carta documento obrante a fs. 117, que se encontraba en condiciones de acceder a los beneficios previsionales, que le requirió al dependiente la entrega, en el plazo de una semana, de la documentación que acreditara servicios en otras reparticiones públicas o empresas privadas y que le informó que los certificados laborales estarían disponibles dentro de los términos vigentes en la Jefatura de Personal (v. fs. 218 vta.). Por otro lado, tuvo por no acreditado que, a partir de dicha fecha, el señor Jara Arias hubiera emplazado al principal al otorgamiento de los respectivos instrumentos para iniciar el trámite jubilatorio (v. fs. cit.). También declaró probado que el 12 de agosto de 2015 la demandada pidió al actor la rectificación de su número de documento, sin cuya regularización no podría iniciar el trámite (v. fs. 218 vta. y 219).
Asimismo, estimó corroborado -mediante el expediente administrativo aportado por la Fiscalía de Estado (v. fs. 93)- que el demandante celebró con la Unidad Ejecutora un contrato de locación de servicios como personal de planta temporaria, en el marco de la ley 10.430, con vigencia desde el 1 de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año (v. fs. 219).
Luego, con apoyo en el informe proveniente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (v fs. 127/203), tuvo por acreditado que el recurrente dio inicio a la jubilación por edad avanzada el día 14 de octubre de 2016.
Al respecto, juzgó corroborado que el día 23 de junio de 2016, mediante carta documento, el señor Jara Arias rechazó los términos de la comunicación referida y admitió que, si bien estaba en condiciones de jubilarse, la accionada no había cumplido con la obligación de expedirle el certificado de servicios, por lo que intimó su entrega y que se lo mantuviese en la planta permanente del organismo (v. fs.219 vta. y 220).
Tuvo por probado también que, mediante pieza telegráfica datada el 6 de octubre de 2016, el dependiente reclamó la aclaración de su situación laboral, el pago de diferencias de haberes y la entrega de la certificación de servicios; comunicación que fue rechazada por la patronal, que ratificó la desvinculación ocurrida y afirmó que las certificaciones habían sido entregadas el 6 de julio y el 11 de octubre de 2016. Aseveró el juzgador de grado que el día 7 de diciembre de 2016, haciendo efectivo el apercibimiento consignado, el señor Jara Arias se consideró despedido por injuria grave, alegando una retractación con distinta reubicación y disminución del salario (v. fs. 220).
Constató que el día 2 de febrero de 2017, el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires acordó al actor el beneficio de jubilación por edad avanzada, a liquidarse a partir 1 de junio de 2016 (v. fs. 195).
Con sustento en los antecedentes reseñados, el a quo tuvo por comprobado -en ausencia de prueba en contrario- que los haberes se liquidarían desde la fecha indicada y que la relación de empleo se extinguió el día 31 de mayo de 2016, fecha en que se dictó el acto administrativo de cese de servicios.
También apuntó la existencia de un contrato de locación de servicios para la realización de tareas no permanentes, con posterioridad a aquella desvinculación (v. fs. 220 vta.)
Aseveró que dicha contratación no implicó una retractación del acto rescisorio, toda vez que tuvo en miras la ejecución de tareas no susceptibles de ser desarrolladas por personal permanente y, a su vez, afirmó que para ese entonces el acto administrativo de cese se encontraba firme (v. fs. 220 vta. y 221).
En este marco, declaró inoficioso analizar la posterior decisión del actor de considerarse despedido (v. fs. 220 vta.).
En definitiva, sentenció el a quo que no se verificó la extinción de la relación invocada por el señor Jara Arias en su escrito constitutivo como acto hábil, en tanto su finalización había operado -reiteró- con motivo del cese de servicios dispuesto mediante acto emanado de la empleadora y no objetado idóneamente por el trabajador. Por ende, rechazó íntegramente la demanda instaurada (v. fs. 222 vta.).
II. Contra la decisión de grado, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. escrito electrónico de fecha 14 de agosto de 2018).
En lo sustancial, alega que, con anterioridad al cumplimiento de los requisitos para obtener la jubilación, esto es con fecha 1 de abril de 2014, la empleadora le comunicó al actor que estaba en condiciones de jubilarse y que los certificados estarían a su disposición en la oficina de personal para su entrega; obligación esta última que -aduce el recurrente- el empleador no cumplió.
Destaca que el día 22 de junio de 2016 recibió un telegrama mediante el cual se le notificaba el cese de oficio por jubilación por edad avanzada, con vigencia a partir del 31 de mayo del 2016.
Alega que con fecha 23 de junio de 2016 rechazó esta última comunicación, intimó la entrega de los instrumentos pertinentes para iniciar el trámite previsional y el mantenimiento en su puesto de trabajo.
Relata que -luego- la empleadora le hizo firmar un contrato de trabajo a plazo fijo con vigencia desde 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2016, con variación de sus condiciones de trabajo, disminución de haberes y sin que se le abonara el sueldo del mes de junio de 2016.
El día 6 de octubre de 2016 -continúa- remitió un telegrama por el cual intimó se aclarara su situación laboral, se le abonen las sumas adeudadas y le entreguen las certificaciones correspondientes.
Refiere que la patronal rechazó el requerimiento y adujo que la documentación se le había entregado el 6 de julio de 2016 y 11 de octubre de 2016.
En estas condiciones, entiende el interesado que la accionada recién estuvo habilitada para despedirlo el 11 de octubre de 2017, fecha ésta en la que -alega- se cumplía el plazo de un año normado en el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Añade que resulta absurdo colocar en cabeza del actor la obligación de "intimar" la entrega de los certificados, toda vez que pesa sobre el empleador la "obligación legal" de otorgarlos.
Idéntico vicio atribuye a lo resuelto por el a quo , en cuanto -de un lado- declaró que el actor no impugnó el acto administrativo de cese y -a renglón seguido- refirió que mediante telegrama rechazó el despido e intimó la entrega de los certificados.
Argumenta que, para extinguir el contrato en los términos de la norma citada, no basta con demostrar que el trabajador reúne los requisitos para obtener la jubilación y notificarlo para que inicie el trámite, sino que existe una obligación específica del empleador de confeccionar y entregar -en tiempo oportuno- las certificaciones pertinentes.
Destaca que, conforme surge del expediente acompañado por el Instituto de Previsión Social -ver fs. 127 de autos-, inició el trámite previsional el día 14 de octubre de 2016, esto es, tres días después de recibido el último certificado de servicios.
Enfatiza que el contrato a plazo fijo suscripto entre las partes implicó una tácita reconducción en los términos del art. 234 de la Ley de Contrato de Trabajo y que el despido indirecto dispuesto por el trabajador se fundó en justa causa.
Afirma que, de entenderse que dicha contratación no implicó una retractación y que el despido se produjo el 31 de mayo de 2016, no se habría observado el plazo de un año de conservación del empleo que prevé el referido art. 252, por lo que el trabajador -de todos modos- resultaría acreedor de las indemnizaciones derivadas del despido.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho esta Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de todos los argumentos esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ésta se asienta (causas L. 118.085 "Frías", resol. de 3-XII-2014; L. 118.395, "Mendoza", resol. de 19-II-2015 y L. 122.021, "Cuello", sent. de 20-VII-2020).
Esta deficiencia en la postulación traída es -precisamente- la que se observa en el caso, lo que -anticipo- sella su suerte adversa.
III.2. Conforme surge de la reseña efectuada, el tribunal de grado entendió que la finalización del vínculo que unió a las partes ocurrió con motivo del dictado de la resolución 208/16, fechada el 9 de junio, con arreglo a la cual se dispuso el cese de oficio del actor a partir del 31 de mayo de ese año, para gozar del beneficio jubilatorio por edad avanzada, dejándose expresa constancia en sus considerandos que los días 20 de octubre de 2014, 20 de febrero de 2015 y 23 de julio de 2015, se lo había intentado notificar para que iniciara los trámites previsionales (v. fs. 219 y vta.). Asimismo, arribó a la conclusión que no había constancia alguna de haberse recurrido dicho acto administrativo ni tampoco que el actor hubiera negado los antecedentes a los que se hacía referencia (v. fs. cit.).
Conforme lo dicho, el recurso bajo examen no se hace cargo de desvirtuar estas esenciales premisas del fallo atacado que indican cómo habría tenido lugar la desvinculación contractual por lo que no cabe ingresar en otro orden de consideraciones, como son las vinculadas a la supuesta falta de entrega oportuna de la documentación requerida para iniciar el trámite jubilatorio y el intercambio epistolar ocurrido con posterioridad al cese; tampoco lo concerniente al despido indirecto en que se consideró incurso el señor Jara Arias. Menos aún, la supuesta "reconducción" contractual acaecida -según el actor- a partir de la suscripción de la contratación temporal con la demandada el 1 de julio de 2016.
Ello así, toda vez que -tal y como adelanté- el quejoso se limita a reiterar las aseveraciones puestas de manifiesto ante el tribunal a quo , que fueran ponderadas y desestimadas, dejando incólumes otras conclusiones centrales del fallo que lo dotan de debido sustento.
En este sentido, tiene establecido esta Suprema Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que a través de la mera reiteración de los argumentos expuestos en la instancia anterior no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido por el tribunal a quo en su pronunciamiento (causas L. 108.498, "C., B. D", sent. de 22-V-2013 y L. 119.812, "Bianchi", sent. de 4-VII-2018).
III.2.a. Por otra parte, cabe recordar que determinar conforme las pruebas arrimadas, la forma en que se produjo la rescisión contractual, constituye una facultad privativa de los tribunales de trabajo, quedando su decisión -en principio- marginada de la casación, salvo eficaz y acabada demostración de absurdo (causas L. 101.494, "Reinaldi", sent. de 10-XI-2010; L. 102.030, "Tessaro", sent. de 15-VI-2011 y L. 110.966, "Décima", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
A tenor de la ausencia de idoneidad de la crítica puesta de relieve en el punto anterior, lejos está el interesado de acreditar la existencia del mentado vicio invalidante.
A la par de incurrir en esa deficiencia, el agraviado -también- destina su impugnación -de modo infructuoso, por cierto- a plasmar una visión personal acerca del modo en que debieron valorarse los hechos y pruebas de la causa para encuadrarlos en la norma cuya violación denuncia. Tal discrepante postura no es útil, según ha sostenido por esta Corte en innumerables oportunidades, para evidenciar el absurdo que se atribuye al pronunciamiento de mérito (causas L. 84.287, "R., R.", sent. de 31-VIII-2007; L. 98.181, "Duarte", sent. de 28-V-2010; L. 113.301, "O., V.A.", sent. de 3-VII-2013 y L. 119.927, "Olivera", sent. de 19-IX-2018).
Ello es así, sin dejar de recordar que ese vicio no se configura por la existencia de cualquier error o la conclusión opinable, discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 99.037, "Antúnez", sent. de 5-V-2010 y L. 107.588, "Lasca", sent. de 13-XI-2012; e.o.), extremo que -como se dijo- no evidencia el quejoso.
III.2.b. Desde esta perspectiva, igualmente ineficaz se observa la réplica en cuanto prescinde de cumplir los recaudos previstos en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial para autoabastecer la ensayada violación o errónea aplicación de la norma que invoca (causas L. 105.525, Mansilla, 24-VIII-2011 y L. 120.374, "Brufau", sent. 29-VIII-2018; e.o.).
III.3. Para finalizar, debo precisar que tampoco resulta atendible el planteo por conducto del cual argumenta el recurrente que la intimación efectuada por la patronal en los términos del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo fue remitida con anterioridad al cumplimiento de los requisitos para obtener la jubilación.
Ello así, toda vez que la referida línea argumental -si bien aparece esbozada en su alegato (v. escrito electrónico de fecha 28 de mayo de 2018)-, no fue introducida en la etapa procesal oportuna.
Al respecto, es doctrina legal de esta Corte que no resulta idóneo para habilitar la instancia extraordinaria el argumento novedoso, que no fue sometido a conocimiento del tribunal de trabajo con el alcance y dimensión que se le confiere en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013 y L. 117.999, "Fernández", sent. de 15-VII-2015).
III.4. Corolario de lo dicho es que no alcanza el impugnante a demostrar la denuncia de absurdo ni el quebranto del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, pilareséstos sobre los que asienta su crítica, al cabo ineficaz para desmerecer las conclusiones esenciales del fallo de grado (art. 279, CPCC y su doctrina).
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud votaron también por la negativa.
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/12/2020 22:49:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/12/2020 11:33:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2020 12:07:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2020 10:53:50 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2020 12:21:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia