Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122222
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.222, "Novoa, María Paz contra Corigliano, Ricardo Domingo y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, de Lázzari.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 274/290 vta.).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 30 de agosto de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente admitió la acción instaurada por María Paz Novoa y condenó en forma solidaria a Favir Textil S.R.L. y a Nélida Beatriz Priore al pago de las indemnizaciones por antigüedad, sustitución del preaviso, integración del mes de despido, vacaciones proporcionales e incremento previsto en el art. 1 de la ley 25.323. Asimismo, consideró que debía extenderse la responsabilidad por este último concepto al señor Ricardo Domingo Corigliano, socio gerente de la empresa codemandada (arts. 59 y 274, ley 19.550).
En cambio, rechazó los recargos establecidos en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323 (v. fs. 274/290 vta.).
A partir de los hechos invocados por las partes en los escritos constitutivos de la litis, precisó que en autos la actora debía acreditar la relación de subordinación y dependencia alegada respecto de Favir Textil S.R.L. y Ricardo Domingo Corigliano; y a la empresa demandada -que había admitido haber contratado como taller externo al de la señora Priore- le atribuyó la carga de justificar que tal contratación había resultado ocasional ante picos de producción, como así también que ésta trabajaba para otras textiles y con producción propia (art. 375, CPCC).
Bajo esa guía, analizó la prueba colectada en la causa concluyendo que ninguna de las afirmaciones de las partes había sido demostrada. A pesar de ello, y no obstante las imprecisiones que atribuyó al escrito de inicio (al punto de considerarlo contradictorio), juzgó que la verdad de los hechos debía elucidarse por conducto del principio de primacía de la realidad, sin rigorismos excesivos que pudieran impedir el eventual reconocimiento de los derechos invocados y que apreció como justos, debiendo primar la equidad como pauta rectora en el análisis.
En este contexto, estableció que Favir Textil S.R.L. -empresa dedicada a la fabricación de artículos para calcetería y medias- había reconocido haber contratado al taller de la señora Priore para realizar tareas ocasionales y ante picos de producción; sin embargo -expresó- no había logrado justificar que esas contrataciones hubieran sido ocasionales, como así tampoco que el taller mencionado trabajara para otras textiles ni con producción propia.
Asimismo, tuvo por cierto que la actora había sido contratada por la señora Priore para que trabajara en el taller ubicado en su domicilio dedicado a realizar tareas de planchado, empaquetado, seleccionado y terminado de medias que eran fabricadas y comercializadas por Favir Textil S.R.L., quien las entregaba y retiraba del referido lugar y que esta última era quien, en definitiva, se beneficiaba con el servicio o trabajo que ejecutaba la actora. También señaló que la señora Priore actuaba como intermediaria de esa relación que unía a las partes (contrató a la trabajadora, enseñó el trabajo, trasladaba órdenes y pagaba salarios, tal como surgía de la prueba testimonial) y que el trabajo de la actora era prestado fuera de la sede de Favir Textil S.R.L., es decir, en la casa o taller de la señora Priore.
Con todos estos elementos, ya en la sentencia, invocando los principios de primacía de la realidad, in dubio pro operario e irrenunciabilidad (arts. 9 y 12, LCT), juzgó que las partes se encontraban vinculadas por una relación de trabajo a domicilio (ley 12.713).
Señaló que dicha relación estaba integrada por a) la señora Novoa como trabajadora, b) la señora Priore como tallerista (que en su propia casa o taller le da trabajo al obrero que estará siempre, a su cargo directo, sea con mercaderías recibidas de un patrono - lato sensu- ; con mercaderías recibidas de un intermediario -patrono lato sensu - o con mercaderías recibidas del propio tallerista -patrono stricto sensu -) y c) Favir Textil S.R.L. como patrono - lato sensu- dador de trabajo, fabricante de la mercadería y vendedor del producto terminado (art. 12, dec. reg. 118/55).
Luego, delimitado el rol que cada una de las partes cumplía, concluyó que la actora estuvo vinculada por una relación de subordinación y dependencia con la señora Priore y Favir Textil S.R.L.; y al tratarse de una forma especial de trabajo, correspondía presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo prueba en contrario.
Asimismo, consideró de aplicación el régimen establecido en la Ley de Contrato de Trabajo a los trabajadores a domicilio en cuanto sus normas no resultaran incompatibles con las previstas por la ley 12.713. En ese marco, juzgó aplicable el régimen previsto por el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo resultando solidariamente responsables Favir Textil S.R.L. y Priore por aplicación de su primer párrafo, pues la trabajadora fue contratada por la señora Priore (tercera o intermediaria) y Favir Textil S.R.L. resultó ser la única beneficiaria de la prestación laboral (empleadora).
En síntesis -puntualizó- por aplicación del estatuto de trabajo a domicilio (con sus interpretaciones más modernas) o de lo dispuesto por el primer párrafo del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, Nélida Beatriz Priore y Favir Textil S.R.L. resultaban solidariamente responsables frente a la trabajadora.
Despejado lo anterior, en cuanto a las circunstancias que llevaron a la dependiente a la extinción de la relación, destacó que Favir Textil S.R.L. había reconocido expresamente la recepción de los telegramas (los días 9 de agosto de 2016 y 12 de agosto de 2016) que le fueran cursados.
Por su parte, en función de la negativa expresada por el señor Ricardo Domingo Corigliano y con apoyo en el informe brindado por el Correo Argentino agregado a fs. 146 -y no impugnado por las partes- consideró que las misivas fueron devueltas por domicilio "desconocido", razón por la cual no podía tenerlas por recibidas. A igual resultado arribó con relación al telegrama dirigido a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Luego, resolvió que el vínculo que unía a las partes se extinguió el 12 de agosto de 2016, con el último telegrama dirigido al codemandado Favir Textil S.R.L., por el cual la actora se consideró despedida a causa del silencio observado ante su primera intimación para que manifestara, en el término de cuarenta y ocho horas, si procedería a registrar la relación laboral que los unía. Indicó que la figura del "silencio" prevista en el art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo sanciona al empleador con una presunción en su contra y concluyó que la accionante había ajustado su conducta a derecho al considerarse despedida, puesto que tal situación constituyó una injuria tal que impedía la prosecución del vínculo laboral conforme lo establecido por el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Añadió que, por aplicación de lo dispuesto en el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo -que considera a quien se aprovecha del trabajo del obrero como empleador directo-, las comunicaciones (intimación y despido) efectivizadas únicamente respecto de Favir Textil S.R.L. resultaban suficientes y produjeron efecto respecto del obligado solidario.
Por todo ello, dispuso el progreso de la acción respecto de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo con más la incidencia del sueldo anual complementario y del reclamo por vacaciones proporcionales del año 2016 pues no se había acreditado su pago ni detallado el período reclamado. Asimismo, hizo lugar al incremento establecido en el art. 1 de la ley 25.323 dado que había quedado justificado que al momento del despido la relación laboral que unía a las partes no se encontraba registrada.
En cambio, desestimó el reclamo fundado en el art. 2 de ese cuerpo legal habida cuenta que el trabajador no había intimado en debida forma al empleador para que abonara las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Rechazó también el pedido de aplicación de las sanciones previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013. Respecto a la primera, porque no acreditó que hubiera comunicado a la AFIP el requerimiento efectuado; en cuanto al citado art. 15, el juzgador sostuvo que, por no ser acumulable con el del art. 1 de la ley 25.323, debía optar por uno de ellos y se inclinó por el progreso del último de los recargos mencionados.
Asimismo, condenó a Ricardo Domingo Corigliano en su calidad de socio gerente de Favir Textil S.R.L., únicamente al pago de la indemnización prevista en el art. 1 de la ley 25.323, cuya procedencia determinó en autos puesto que concluyó que su obligación encontraba fundamento en la falta de registración y no en la totalidad de los créditos devengados como consecuencia del contrato laboral extinguido.
Precisó que se encontraba acreditado en la causa que éste no había adecuado su conducta a "un buen hombre de negocios" (art. 59, ley 19.550) ya que la sociedad comercial que dirigía -beneficiaria del trabajo- hacía contratar personas a través de intermediarios (talleristas) fuera de todo registro laboral, circunstancia que no podía ser ajena a su conocimiento y comportaba un mal desempeño del cargo (art. 274, ley 19.550).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada (Favir Textil S.R.L. y Ricardo Domingo Corigliano, en forma conjunta) interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, vulneración del principio de congruencia y de la doctrina legal de esta Corte que cita.
II.1. En primer lugar, cuestiona la conclusión relativa a la existencia de la relación laboral entre la actora y los demandados.
Explica que, según el marco fáctico propuesto por las partes y, en consecuencia, las pretensiones y defensas articuladas en sostén de sus respectivas posiciones, la decisión de origen incurre en los vicios antes señalados.
En particular reprocha al a quo haber tolerado las graves imprecisiones de la demanda sobre el vínculo invocado con el señor Corigliano y Favir Textil S.R.L.
Ratifica que la sociedad codemandada admitió la existencia de un taller externo y la eventual responsabilidad en los términos de la ley 11.723, pero desconoció que la reclamante prestara servicios en él.
Alega que en el caso resultaba esencial la demostración de la existencia de la relación de subordinación y dependencia entre la actora y los demandados Corigliano y Favir Textil S.R.L. puesto que ello fue invocado en forma "exclusiva" como causa del reclamo instaurado. Y en atención al resultado negativo que arrojó la prueba al respecto, el a quo debió, sin más, rechazar la demanda deducida contra los impugnantes. Sin embargo -afirma- posteriormente incurrió en un quiebre lógico porque excediendo el marco fáctico propuesto por las partes, evaluó los hechos y las pruebas con excesiva amplitud al punto de transformar la pretensión de la parte actora.
Afirma que el principio de primacía de la realidad invocado por el juzgador encuentra su límite en el principio de congruencia y el debido proceso legal, que considera vulnerados.
De allí la violación de la doctrina sentada por esta Corte en la temática examinada, pues la búsqueda de la verdad de los hechos (primacía de la realidad) no puede conducirse con desprecio de aquellos que fueron invocados en la demanda.
Señala que, con su proceder, la contraparte ocultó maliciosamente la identidad de su verdadera empleadora, la señora Priore, y los reales extremos de su relación laboral; engaño que fue refrendado por aquella al presentarse en autos como tercero (citada por su parte), con el mismo patrocinio letrado que la accionante, en una situación reñida con la ética profesional y probablemente constitutiva de un delito penal.
Bajo el mismo hilo conductor -las objeciones al contenido del escrito de inicio y la interpretación de sus términos volcada en la sentencia- destaca la contradicción que implica el hecho de haber atribuido entonces a Favir S.R.L. la condición de empleador y, al mismo tiempo, peticionar sin argumentación que la justifique, la extensión de responsabilidad con fundamento en los arts. 29, 29 bis y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Aduce que la solución jurídica establecida en el caso luce forzada y contradictoria. En particular en cuanto se juzgó aplicable las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, suprimiendo la aplicación de la ley 12.713, cuando en modo previo, se estableció la posibilidad de articular ambos regímenes normativos en todo aquello que no fuesen incompatibles.
Refiere que en el pronunciamiento se acude a la solidaridad prevista en el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo para responsabilizar a Favir Textil S.R.L., cuando la sociedad fue creada con posterioridad a la fecha de ingreso denunciada por la actora. Destaca que la demandada sólo mantuvo relación con la señora Priore, titular del taller y verdadera empleadora de los trabajadores, de quienes no se tenía conocimiento, ni respecto de quienes se ostentaba facultad alguna.
II.2. Finalmente, objeta la conclusión que declaró justificado el despido dispuesto por la demandante. Sostiene que no se configuró en la especie causa que legitime esa decisión. Formula este cuestionamiento desde diversosángulos.
II.2.a. De un lado, afirma que la intimación cursada por la accionante el 8 de agosto de 2016 para que manifieste si procedería a registrar la relación laboral fue erróneamente dirigida a Favir Textil S.R.L. pues -por los argumentos desarrollados en el punto anterior- la empresa no era su verdadera empleadora y, por lo tanto, jamás podría haber cumplido con lo requerido.
II.2.b. Por otro, afirma que la misiva no era autosuficiente pues no indicaba categoría, remuneración percibida, horario de trabajo y desempeño de tareas, al tiempo que otorgó un plazo (cuarenta y ocho horas) menor al establecido por ley 24.013, que la trabajadora no aguardó para considerarse injuriada y despedida.
II.2.c. Por último, cuestiona por absurdo y contradictorio el análisis efectuado por el tribunal de origen con relación al silencio que el mismo atribuyó a la "empleadora" ante ese emplazamiento, dado que el art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo establece un plazo mínimo de dos días hábiles para considerar razonable la conducta rupturista, en caso de subsistir un incumplimiento.
Explica que, en la sentencia, el a quo tuvo por acreditado que la comunicación de la trabajadora fue remitida el día 8 de agosto de 2016 y fue recibida por Favir Textil S.R.L. en la jornada siguiente. Relata que por el carácter recepticio de la intimación cursada por la señora Novoa, el 9 de agosto, no debió incluirse en el cómputo de los dos días hábiles antes referidos (art. 6, Cód. Civ. y Com. de la Nación). En consecuencia, afirma que el plazo otorgado por la actora se extendía desde las 0 hs. del 10 de agosto de 2016 hasta la medianoche del día siguiente.
Sin embargo -remarca- el mismo 11 de agosto en el horario comercial de la oficina postal, antes de que se hubiera cumplido el plazo que "arbitrariamente" otorgó la demandante en su primera misiva, envió la comunicación considerándose despedida.
Puntualiza que esta intempestiva y prematura decisión de la trabajadora revela una conducta fraudulenta reñida con los principios de buena fe y continuidad del contrato de trabajo, que demuestra que ésta jamás pretendió la regularización de la relación laboral invocada sino únicamente la constitución de una injuria inexistente.
Por todo lo expuesto, considera que la decisión del a quo es dogmática y absurda, vulnerando además la doctrina legal que cita en apoyo de su postura en cuanto este Tribunal ha resuelto que si la concreción del despido indirecto no dio tiempo a que el silencio de la empleadora se mantuviera por el plazo mínimo indispensable de modo de presumir ciertas la afirmación relativa al incumplimiento denunciado, la extinción del contrato de trabajo, aunque eficaz para romper el vínculo, no se encuentra justificada.
III. El recurso prospera conforme lo que sigue.
Me he detenido en el relato de antecedentes, pues de ellos emerge con claridad que el juzgador de origen incurrió en los vicios que se le atribuyen en la impugnación.
En una primera etapa de análisis, el tribunal de grado estableció los alcances del reclamo y los hechos controvertidos por las partes, para entonces proceder al examen de la prueba. El resultado que arrojó esa labor resultó adverso, en la medida en que se juzgaron no acreditados los extremos argüidos por éstas en sus respectivas postulaciones.
No obstante, al amparo del principio de primacía de la realidad y aún frente a los severos reparos expresados en torno al modo en que fue diseñada la demanda (al punto de sindicarla como contradictoria), el a quo renovó el análisis de la pretensión deducida a partir de otro esquema fáctico, dando lugar a la decisión que causa agravio.
Interesa destacar que, en el escrito de inicio, la reclamante efectuó un detenido relato acerca de las circunstancias de tiempo y lugar en la que habría sido entrevistada y contratada por el señor Corigliano (v. fs. 9 vta.), como también, sobre el modo en que la empresa efectuaba y retiraba sus encargos.
Tras citar en su apoyo los arts. 29, 29 bis y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, centró su análisis en la problemática en torno a la falta de registración del vínculo por parte de Favir S.R.L., el silencio observado ante su emplazamiento para que afirme si procedería a satisfacer ese reclamo, así como la responsabilidad del socio Corigliano por tal incumplimiento.
Tales fueron los extremos que cimentaron el reclamo y concitaron la defensa argüida por los codemandados, comprensiva de la citación como tercero de quien resultaba titular del taller, la señora Priore, quien se presentó a juicio -vale recalcar- con el mismo letrado de la parte actora, circunstancia que llamativamente fue tolerada por el tribunal actuante (causa C. 122.594, "Albarracín", sent. de 24-VIII-2020).
En efecto, no sin esfuerzo el agraviado demuestra que el inicial esquema atributivo de la responsabilidad que le fuera endilgado por su condición de empleador, fue evaluado y resuelto por el juzgador de origen.
Y que posteriormente, con pleno reconocimiento de las limitaciones que ofrecía la demanda, el a quo renovó esa liminar determinación de los hechos constitutivos de la litis, valiéndose de otros no esgrimidos. El dispar sustrato que arrojó ese cometido, sobre el cual se juzgó aplicable el derecho -cuyo acierto no corresponde aquí ser elucidado- comporta una violación de la congruencia y de la defensa en juicio, como se alega en el recurso.
Cobra virtualidad la doctrina de esta Corte que establece que el principio de congruencia se vincula, básicamente, con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal, esto es, sin incurrir en omisiones o demasías decisorias. El destino de dicha directriz es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralid
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.