Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123937
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.937, "Giangrande, Mauricio Andrés contra Venero, Omar. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la demanda deducida e impuso las costas a la parte actora (v. fs. 372/379 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 381/390).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa destacar, el tribunal de grado desestimó la demanda promovida por el señor Mauricio Andrés Giangrande contra Omar Venero mediante la cual procuraba el cobro de diferencias salariales, salarios adeudados, sueldo anual complementario, integración del mes de despido, indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, vacaciones y aquella con sustento en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 e impuso las costas al actor en su carácter de vencido (v. fs. 372/379 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la legitimada activa mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 68 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 19 y 44 inc. "d" de la ley 11.653; 14 bis, 17, 18 y 33 de la Constitución nacional; 171 de la Constitución provincial; 1.255 del Código Civil y Comercial; y 23 del decreto 8.904/77; así como de la doctrina legal que cita (v. fs. 381/390).
II.1. En lo esencial, se agravia por cuanto el tribunal de grado concluyó que entre las partes no existió un nexo de trabajo subordinado.
A tal fin, crítica el modo en que fueron ponderadas las pruebas, especialmente la testimonial, exponiendo su propio punto de vista y su interpretación de cómo debieron ser valoradas.
Alega que el tribunal hizo una apreciación absurda, arbitraria y general de la prueba, prescindiendo de aquella que considera esencial. En tal sentido, sostiene que el juzgador de grado no valoró las liquidaciones por comisiones semanales, el listado de precios y las facturas, todas ellas realizadas de puño y letra por el accionado y reconocidas al contestar demanda. En esa línea, manifiesta que se alteró la carga de la prueba, en tanto el accionado expuso como defensa que en realidad dichos documentos los había hecho en carácter de empleado de la parte actora, lo cual -resalta-, en ningún momento acreditó.
A partir de ello, cuestiona por dogmática la afirmación del tribunal que dijo no tener por "acreditado haber percibido salario alguno". Al respecto, arguye que el a quo debió relacionar aquella prueba documental con el reconocimiento por parte del demandado de haberle liquidado y extendido al actor las comisiones de ventas semanales que realizaba en su carácter de viajante de comercio, lo cual -advierte- coincide con los testimonios de la señora Turquieto y el señor Busto.
Explica que este último declaró ser compañero de trabajo de Giangrande, que la tarea de éste era la de vendedor en las zonas cercanas a Lincoln y que se trasladaba en una Kangoo utilitaria. También objeta que se le restara eficacia probatoria a lo expuesto por la señora Turquieto, al sostener que "lo que refirió lo sabía por dichos del propio actor y no por haberlo conocido por sus propios sentidos", cuando expresamente la testigo declaró que "conoce al actor de su comercio quién iba todas las semanas como viajante de galletitas..."; que "...concurría a su negocio primero en moto luego en una Renault Kangoo o Express blanca..." y que "...el actor llamaba por teléfono al demandado cuando la testigo le pedía un precio especial..." (rec., fs. 387).
II.2. Por otra parte, controvierte que se haya tomado el importe reclamado en la demanda para efectuar la regulación de honorarios, arribando a un resultado absurdo, elevado y desmesurado, conculcando el art. 1.255 del Código Civil y Comercial de la Nación y su derecho de propiedad (v. fs. 388 y vta.).
Aduce que el fallo se aparta de la doctrina delineada por esta Corte respecto de la interpretación del art. 23 del decreto ley 8.904/1977 en las causas Ac. 49.172, "Guzmán de Altamirano", sentencia de 12-IV-1994; Ac. 67.487, "Enrique", sentencia de 14-XI-2001 y C. 86.346, "Calleri", sentencia de 26-IX-2007; entre varias que cita (v. fs. 389).
Con esa premisa, señala que, para establecer la base regulatoria, el tribunal de grado debió tener en cuenta el monto que se hubiere reconocido en el fallo, en caso de admitirse la acción.
II.3. Finalmente, cuestiona que se le hayan adjudicado las costas, toda vez que, a partir del análisis del intercambio epistolar y de los escritos constitutivos, existía "...una razón probable para litigar en ejercicio del derecho al cobro de la indemnización por despido..." (v. fs. 389 y vta.).
III. El recurso, en mi opinión, no prospera.
III.1. En lo que concierne al agravio inaugural que porta el recurso, se impone recordar que corresponde a los tribunales de trabajo, como función privativa, determinar -conforme las circunstancias fácticas que en cada caso verifiquen por conducto de la apreciación "en conciencia" de la prueba- si entre las partes medió o no un contrato de trabajo, y la conclusión que al respecto aquellos formulen no es revisable en la instancia extraordinaria, salvo la existencia de absurdo (causas L. 97.432, "Melián", sent. de 4-VIII-2010 y L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016; e. o.).
III.1.a. En ese marco, anticipo que, si bien la impugnante denuncia la presencia de dicho vicio invalidante, no logra descalificar las motivaciones del fallo recurrido por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales, en torno al modo en que considera que el sentenciante debió ponderar la prueba aportada a la causa.
En efecto, todos aquellos reproches destinados a controvertir las motivaciones que sirvieron de sustento a esta parcela de la decisión (reseñados en el punto II.1.), solo denotan el criterio discordante de la recurrente frente a la solución adoptada en la instancia de origen, método que reiteradamente esta Corte ha declarado ineficaz a los fines de satisfacer la acentuada carga que importa la acreditación del vicio que se atribuye al fallo (causas L. 92.928, "Carrizo", sent. de 26-VIII-2009 y L. 94.977, "B., J.", sent. de 6-V-2009).
III.1.b. En la especie, el tribunal de grado, tras destacar que frente al desconocimiento de la relación laboral por parte del demandado era carga de la actora (art. 375, CPCC) acreditar su existencia (en el caso, en la invocada calidad de viajante de comercio), concluyó -a partir del análisis de la prueba colectada en la causa- que aquella no logró su cometido.
Destacó que de las pruebas documentales acompañadas por las partes a fs. 11/183 y 210/217, la informativa evacuada por Productos Emery S.A. (v. fs. 264), Carnes Porcinas Seleccionadas S.A. (v. fs. 268), la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 259, 283 y concs.), la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 285), el señor Raúl Alfredo Rojo (v. fs. 290), el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires Delegación Regional Lincoln (v. fs. 306/327), el Contador Público señor Fernando Eduardo Agostani (v. fs. 333 y concs.) y el juzgado Municipal de Faltas del Partido de General Pinto (v. fs. 342/348); así como de la pericia contable (presentada el 1 de octubre de 2018) no surgía acreditada relación laboral alguna entre el actor y el demandado (v. vered., fs. 372 vta.).
Seguidamente, luego de analizar los testimonios aportados en la audiencia de vista de la causa (testigos señora Turquieto y señores Zuccali, Busto y Malga), entendió que no se encontraba acreditado que las tareas realizadas por el actor obedecieran a circunstancias que denotaran la subordinación y dependencia con relación al demandado, no habiéndose probado la percepción de salario alguno, recepción de órdenes de trabajo ni cumplimiento de jornada laboral bajo dicha calidad (v. vered., fs. 373 y vta.).
Ya en la etapa de la sentencia, el órgano de grado reiteró que, tras el desconocimiento expreso por parte del demandado de la vinculación de linaje laboral con el actor y el análisis de los medios probatorios allegados a la causa, no se había logrado demostrar las notas tipificantes de la relación: dependencia jurídica, técnica y económica con el accionado (v. sent., fs. 375).
En tal sentido, con apoyo en la doctrina legal -que mencionó- sostuvo que para "...que exista causa jurídica laboral no sólo se requiere la realización de tareas sino que estas hayan sido aceptadas por quien las recibe" y que "...la mera ejecución de tareas no autoriza a que se tenga por verificada la existencia de una relación de linaje laboral con el accionado, si no se acredita que lo fueron a favor de esa persona y en forma subordinada" (sent., fs. 376). Continuó diciendo que ante la negativa expresa del empleador respecto de la existencia de relación laboral, la sola presunción de una vinculación de esta naturaleza, no tiene por sí sola el efecto de liberar al trabajador de la prueba del vínculo dependiente, porque si bien el hecho de la prestación del trabajo hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, esa presunción solo funciona a falta de prueba en contrario, o cuando las circunstancias, relaciones o causas que lo motiven no demostrasen lo contrario y, por ende, la presunción cae cuando las circunstancias, relaciones o causas que motivan la prestación permitan llegar a una demostración o conclusión en contrario. En consecuencia, apuntó que resultaba lógico que el actor concurriera a la mentada Distribuidora cuando -a partir de lo manifestado por los testigos Zuccali y Busto- él mismo era su titular (v. sent., fs. 376 y vta.).
Lo expuesto resultó gravitante para forjar la convicción del juzgador respecto a que la prestación de servicios del actor careció de las notas típicas de una relación laboral, sin que -a su juicio- se tornara operativa la presunción prevista en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 377).
Sobre estas bases fácticas y jurídicas, el tribunal de mérito desestimó la demanda promovida en todas sus partes.
III.1.c. Las conclusiones de hecho -como dije- sólo pueden ser modificadas en la instancia de casación si se denuncia y demuestra acabadamente el absurdo, anomalía que importa la existencia de un error grosero y manifiesto, patentizado a través de conclusiones desviadas de las reglas de la lógica o inconciliables con las constancias objetivas de la causa (causas L. 95.323, "Rivera", sent. de 18-III-2009 y L. 111.998, "Vázquez", sent. de 17-IV-2013; e. o.).
El recurrente transita esa senda impugnando la valoración de los hechos y las pruebas, en tanto considera que -contrariamente a lo decidido- la vinculación entre el actor y la accionada fue, desde su inicio, de naturaleza laboral. Invoca en este cometido las declaraciones de algunos de los testigos, el contenido de prueba documental y tramos del fallo vinculados al razonamiento seguido por el tribunal de grado.
Sin embargo, los esfuerzos argumentativos desplegados por el quejoso en el recurso se agotan en el mero intento de sustituir el criterio del juzgador por el propio, sin que ello baste para acreditar la existencia del absurdo (causas L. 100.239, "García", sent. de 18-VIII-2010; L. 117.772, "Batista", sent. de 27-V-2015 y L. 118.280, "Martín", sent. de 9-XI-2016).
Ello así, pues, sin controvertir frontalmente la ponderación fáctica que condujo al juzgador a la conclusión que impugna, el agraviado propone -insisto- una interpretación diferente de la prueba producida, atribuyéndole virtualidad suficiente para acreditar los hechos en que sustentó su pretensión.
III.1.d. Por lo demás, cabe recordar que el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial sólo se viola cuando el juez atribuye a una de las partes la carga de probar hechos cuya acreditación correspondía a la otra (causas L. 98.746, "S., R.", sent. de 30-XI-2011 y L. 94.178, "Pereyra", sent. de 20-VIII-2008; e. o.), circunstancia que -a tenor de lo reseñado- no observo verificada en autos.
Sin perjuicio de ello, el a quo no sólo aplicó dicho precepto, sino que también tuvo en cuenta lo dispuesto en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y, más allá de los alcances dados a esta última norma, lo cierto es que la interesada prescindió denunciar su eventual quebranto (art. 279, CPCC).
III.1.e. A esta altura, también cabe recordar que devienen inhábiles para la revisión casatoria las alegaciones destinadas a controvertir la valoración de la prueba testimonial atento que, al apreciar "en conciencia" tales declaraciones, el tribunal de trabajo ejerce una facultad privativa respecto del mérito y la habilidad de los testigos (causas L. 117.589, "Silva", sent. de 10-XII-2014; L. 108.255, "Paz", sent. de 27-V-2015 y L. 118.004, "Pereyra", sent. de 26-VI-2016; e. o.).
En este aspecto, el interesado no evidencia que la labor axiológica desplegada por el tribunal interviniente resulte absurda, desde que la disímil y parcializada interpretación que formula acerca de los testimonios rendidos (v. rec., fs. 385 vta./386), carece de idoneidad para demostrar el mentado vicio invalidante.
Recuérdese que la hipótesis de la efectiva representación del absurdo no queda configurada frente a la decisión opinable, discutible o poco convincente, o ante la posibilidad de otras interpretaciones, no pudiendo sustituirse el criterio del juzgador de grado por el personal del recurrente ni por el propio de este Tribunal (causas L. 96.248, "Ceballos", sent. de 11-III-2009; L. 94.374, "Morselli", sent. de 2-VII-2008; L. 91.219, "Babiarz", sent. de 4-VI-2008 y L. 90.477, "Leguizamón", sent. de 19-III-2008; e. o.).
III.2. Firme la conclusión adoptada en el pronunciamiento atacado, tampoco le asiste razón al recurrente en cuanto objeta la base tomada por el tribunal para regular los honorarios, producto de una supuesta violación del art. 23 del decreto 8.904/77 (art. 279, CPCC).
En cuanto a la transgresión de la doctrina legal de esta Corte que emana de las causas Ac. 49.172, "Guzmán de Altamirano" (sent. de 12-IV-1994); Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-XI-2001) y C. 86.346, "Calleri" (sent. de 26-IX-2007), entre otras que denuncia, he de señalar que en los aludidos precedentes mediaron presupuestos fácticos notoriamente disímiles a los que se ventilan en el sub lite , razón por la cual sus citas resultan insuficientes para modificar lo resuelto por el tribunal de grado (causas L. 107.474, "González", sent. de 5-VI-2013; L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013 y L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016; e. o.).
Igualmente ineficaz deviene la supuesta violación del art. 1.255 del Código Civil y Comercial de la Nación, toda vez que la sola descripción del contenido del precepto normativo, sin hacer una referencia concreta y directa a las constancias de la causa tendiente a demostrar el supuesto error que invoca, no alcanza para tener por cumplida la exigencia prevista en el art. 279 del citado Código Procesal Civil y Comercial.
III.3. Por último, también debe desestimarse el reproche que contiene el recurso relativo a la aplicación de las costas del proceso.
Cabe recordar que la imposición, distribución y eximición de las mismas constituye una típica cuestión de hecho, cuya resolución es facultad privativa de los jueces de grado y, como tal, irrevisable en casación, salvo absurdo (causas L. 80.398, "Ramírez", sent. de 31-III-2004 y L. 113.488, "González", sent. de 23-XII-2013), vicio que no habiendo sido denunciado en esta parcela del recurso conduce -sin más- a sellar la suerte adversa del embate (v. fs. 293 vta.).
Sin perjuicio de ello y para mayor satisfacción del recurrente, he de agregar que el fundamento de la condena en costas reside -con apoyatura, en el caso, en el art. 19 de la ley 11.653- en el hecho objetivo de la derrota, por lo que no puede la parte que resultó incuestionablemente vencida agraviarse sobre su imposición (causas L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014; L. 117.236, "Cassini", sent. de 29-IV-2015 y L. 114.577, "Díaz", sent. de 24-VI-2015; e. o.).
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/12/2020 22:49:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/12/2020 11:33:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2020 12:07:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2020 10:53:37 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2020 12:11:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia