Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121152
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.152, "Cupo, Ángel Jorge y otros contra Laboratorio Central de Análisis Clínicos y Microbiología y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Kogan, de Lázzari.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas a cargo de las codemandadas (v. sent., fs. 779/791 vta.).
Se dedujeron, por el Hospital Italiano de La Plata, el señor Mario Oscar Vulcano -por su propio derecho y en representación del Laboratorio de Análisis Clínicos y Microbiológicos- y la señora Flavia Inés Pantozzi, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 806/818; 870/889 y 895/915 vta., respectivamente), habiendo sido concedidos los dos últimos (v. fs. 1.055/1.057 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos a fs. 870/889 y a fs. 895/915 vta.?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo en lo que resulta de interés, acogió parcialmente la demanda deducida por Ángel Jorge Cupo, Miriam Edith Blanco, Stella Maris Loudet, Ricardo Ángel López, Rubén Darío Malchansky, Ramona Irene Villalba, María Elha Viñas y Vilma Teresa Zecchin, y condenó solidariamente al Laboratorio Central de Análisis Clínicos y Microbiología de los doctores Thomas, Meléndez y Vulcano Sociedad Civil, Florencia Laura Pantozzi, Flavia Inés Pantozzi y Mario Oscar Vulcano y al Hospital Italiano de La Plata Asociación de Socorros Mutuos y Beneficencia (art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo), al pago de las sumas que especificó en su pronunciamiento, en concepto de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, haberes e integración del mes de despido, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, segundo sueldo anual complementario correspondiente a los años 2006 y 2007, agravamiento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323, la sanción establecida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) -a excepción, en orden a este único rubro, respecto de la señora María Elha Viñas- indemnización prevista en el art. 15 de la ley 24.013 y la entrega de certificados de trabajo.
Para así resolver, tuvo por acreditado -en lo medular- que las personas físicas accionadas asumieron, respecto de los actores, el carácter de empleadores, resultando el Hospital Italiano solidariamente responsable, conforme las previsiones del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. En este orden, declaró que la actividad del laboratorio de análisis clínicos donde prestaron servicios los reclamantes, integró la actividad normal y específica del mencionado nosocomio, quien omitió el pertinente control de cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo (v. vered., fs. 782 vta. y sent., fs. 784 vta. y 785).
II. Contra dicho pronunciamiento, los codemandados Mario Oscar Vulcano y Flavia Inés Pantozzi interponen sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 870/889 y fs. 895/915 vta., respectivamente), en los que proponen agravios que transitan por análogos carriles, situación -desde ya anticipo- que habilita su resolución conjunta.
II.1. En su escrito impugnatorio, el señor Mario Oscar Vulcano, denuncia transgresión de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial; 12, 14, 28, 101 y 102 de la Ley de Contrato de Trabajo; 39, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34, 163 incs. 3 y 6 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial, y de la doctrina legal que cita; violación del principio de congruencia, del derecho de defensa en juicio y absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y de las pruebas.
En primer lugar, se agravia de la sentencia de grado en cuanto allí se resolvió que entre las personas físicas codemandadas y el Hospital Italiano existió un contrato de concesión. Afirma que, al así resolver, el sentenciante soslayó analizar la verdadera relación que ligó a aquellas con este último, violentando de este modo el principio de primacía de la realidad (v. fs. 877).
Asimismo, refuta por absurda la construcción argumental plasmada en la sentencia, mediante la cual el a quo juzgó que las personas físicas accionadas actuaron como empresarios, organizando tareas y contratando auxiliares (v. rec., fs. 877 vta.).
Afirma -contrariamente a lo resuelto en la instancia de mérito- que la actividad del laboratorio fue llevada a cabo por el Hospital, en su condición de formal y real titular de la explotación, así: celebraba contratos con terceros para establecer el valor de sus prestaciones, las que facturaba a su nombre y bajo su identidad fiscal, recibiendo su precio en forma directa de los particulares no mutualizados o como adherente titular de las cuentas corrientes como "prestador" en las entidades intermedias (obras sociales, Federación de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires; v. fs. 877 vta. y 878).
Alega que -en rigor de verdad- los hoy recurrentes eran trabajadores dependientes del hospital en el marco de las previsiones de los arts. 21, 22, 23 y 25 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que constituían un grupo en los términos de los arts. 101 y 102 de ese mismo cuerpo normativo, y que -como tales- estaban facultados para contratar auxiliares que los asistieran en la ejecución de sus tareas, resultando aplicable al caso el art. 28 de la Ley de Contrato de Trabajo, dispositivo que establece la relación directa de los auxiliares y el verdadero y único empleador (v. rec., fs. 884 y vta.).
Añade que el a quo soslayó analizar el fraude laboral respecto del contrato de concesión celebrado entre las partes el 16 de junio de 1992, particularmente de una cláusula claramente impuesta para ocultar la verdadera naturaleza laboral del vínculo que se establecía entre los contratantes.
Resalta que sólo es posible la existencia de dicha figura contractual entre dos partes empresarias, no revistiendo las personas físicas demandadas tal carácter, desde que no poseían en la explotación: hacienda, capital, trabajo subordinado, no actuaban a nombre propio, ni estaban sometidos a riesgo alguno (v. rec., fs. 882).
Asevera que el a quo no abordó los argumentos defensivos articulados oportunamente por los recurrentes. Aduce -en tal sentido- que eludió su obligación de resolver las cuestiones planteadas entre los actores y cada uno de los litisconsortes demandados, violentando el principio de congruencia y el derecho de defensa.
Cuestiona la remisión que el tribunal de trabajo efectuó a los autos "Martínez, Miguel Ángel c/ Vulcano, Mario Oscar y otros s/ despido" -en trámite por ante el mismo órgano de origen- en tanto allí se evitó resolver la naturaleza del vínculo que unía a las personas físicas accionadas.
Asimismo, manifiesta que la abundante prueba colectada en la causa dio cuenta de que el Hospital Italiano resultó ser: [i] el verdadero titular del Laboratorio Central; [ii] el propietario del inmueble donde funcionaba aquel, como así también de los equipos y el instrumental; [iii] quien facturaba los análisis clínicos y microbiológicos realizados por el laboratorio, a los pacientes particulares, entidades intermedias, gerenciadoras y obras sociales, contabilizándolas como prestaciones e ingresos propios.
En definitiva, señala que el a quo soslayó el tratamiento de las principales defensas que esgrimió su parte en el conteste, fincadas en los arts. 28, 101 y 102 de la Ley de Contrato de Trabajo, y en la existencia de fraude (arts. 12 y 14, LCT).
II.2. Por su parte, en su libelo recursivo la codemandada Flavia Inés Pantozzi, denuncia transgresión de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial; 5, 6, 9, 12, 14, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 101 y 102 de la Ley de Contrato de Trabajo; 39, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34, 163 incs. 3 y 6 y, 375 del Código Procesal Civil y Comercial, y de la doctrina legal que cita; violación del principio de congruencia, del derecho de defensa en juicio y absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y de las pruebas rendidas.
Afirma que el a quo cometió un error determinante al concluir que entre las personas físicas demandadas y la Asociación Hospital Italiano existió un "contrato de concesión" para la explotación del laboratorio de Análisis Clínicos y Microbiología del Hospital. Aduce que el fallo recurrido omitió considerar las cuestiones planteadas respecto de los elementos que determinan la existencia de un contrato de concesión o tercerización.
Expone que el tribunal de origen incurrió en absurdo al colocar como presupuesto de su razonamiento un tipo contractual inexistente.
Aduce que la única prestación puesta al servicio de la explotación por los demandados fue su fuerza de trabajo, resultando plenamente aplicables en la especie los arts. 28, 101 y 102 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Manifiesta que el juzgador incurrió en una transgresión metodológica al tratar recién en la quinta cuestión del veredicto lo que debió abordar como primera (existencia -o no- de una relación laboral dependiente entre las personas físicas demandadas y el Hospital Italiano de La Plata; v. rec., fs. 904 vta.).
Se agravia, igualmente, del fallo de mérito en cuanto concluyó que las personas físicas codemandadas actuaron respecto del Hospital Italiano como empresarios.
Aduce que en los autos "Martínez, Miguel Ángel c/ Vulcano, Mario Oscar y otros s/ Despido" -que el tribunal de mérito tuvo a la vista para resolver tal como lo hizo- se eludió resolver la naturaleza del vínculo que unía a las personas físicas accionadas, derivando la cuestión a un proceso autónomo entre las partes. En el caso de autos, erradamente, se consideró la existencia de un contrato de concesión basándose, entre otras cuestiones, en el fallo antes aludido cuyo desenlace no terminó de concluir (v. rec., fs. 907).
Cuestiona, también, la mención que el tribunal de grado formuló en la quinta cuestión del veredicto relativa a la existencia de "cosa juzgada" en la causa n° 11.642/10 -tramitada por ante el tribunal de trabajo n° 5 de este Departamento Judicial, e iniciada por Florencia Laura Pantozzi- toda vez que los recurrentes no fueron parte de la misma (v. fs. 907).
Se agravia también por haber omitido el a quo toda consideración de los antecedentes laborales de la recurrente, los que dan cuenta de su desempeño en el laboratorio desde el año 1988, de manera continua, y a través de diversas modalidades (v. rec., fs. 907 vta. y 908).
Manifiesta que el contrato de fs. 145 no es de concesión, sino de locación de servicios, tanto en su forma como en sus conductas consecuentes. Afirma que el vicio de la voluntad que el juez pretende sea demostrado por las personas físicas contratadas para prestar el servicio en carácter de "Directores Técnicos" es el mismo que reconoció sin condicionamiento a los actores (v. rec., fs. 908).
Señala que de la abundante prueba colectada en la causa surge que el Hospital Italiano resultó ser: [i] el verdadero titular del Laboratorio Central; [ii] el propietario del inmueble donde funcionaba aquel, como así también de los equipos y el instrumental; [iii] quien facturaba los análisis clínicos y microbiológicos realizados por el laboratorio, a los pacientes particulares, entidades intermedias, gerenciadoras y obras sociales, contabilizándolas como prestaciones e ingresos propios (v. rec., fs. 910/911 vta.). Añade que mediante la pericia contable se acreditó que la única empresa que contrataba, facturaba, percibía el precio de los servicios y remuneraba a los trabajadores/directores técnicos, era el Hospital.
Aduce que el juzgador debió aplicar a la entidad hospitalaria lo dispuesto en los arts. 11, 12, 39, 63 de la ley 11.653 y 386 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que no exhibió ante el requerimiento pertinente la documentación laboral solicitada.
III. Los recursos no pueden prosperar.
III.1. El argumento medular por el que transitan ambas impugnaciones radica en que el tribunal de grado desplazó -a criterio de los comparecientes- el abordaje de los planteos defensivos articulados por Mario Oscar Vulcano y Flavia Inés Pantozzi en sus escritos de contestación de demandada -consistentes, básicamente, en que tanto los actores como las personas físicas codemandadas fueron empleados dependientes del Hospital, quien se sirvió del fraude para exhibir a los segundos como empleadores de los primeros- limitándose a sostener, dogmáticamente y, como fundamento, la existencia de un contrato de concesión.
Delimitado -de este modo- el cuestionamiento central que sirve de base a los recursos bajo examen, cabe recordar -en primer lugar- que la tarea de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer el ámbito litigioso de las cuestiones que integran la relación jurídico procesal, importa el ejercicio de potestades reservadas a los magistrados de la instancia ordinaria. En consecuencia, la decisión que éstos adopten sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en su interpretación y violación al principio de congruencia (causas L. 101.666, "Martínez", sent. de 27-IV-2011; L. 111.778, "Cano", resol. de 29-VI-2011; L. 99.910, "López de Armentía", sent. de 21-XII-2011 y L. 115.482, "Ferreiro Rodríguez", sent. de 23-IV-2014), anomalías estas que, como explicaré a continuación, no logran demostrar los recurrentes.
III.2. El tribunal de mérito juzgó -en ejercicio de facultades privativas- que no se había acreditado en autos que entre las personas físicas codemandadas y el Hospital Italiano hubiera existido una relación laboral dependiente (v. vered., quinta cuestión).
Para así resolver, en el fallo de los hechos tuvo por demostrado que, desde el año 1992 el mencionado nosocomio concesionó el laboratorio de análisis clínicos a los recurrentes, quienes -declaró el sentenciante- desde entonces actuaron como empresarios, organizando la actividad y contratando auxiliares, algunos como trabajadores dependientes y otros con la figura falsa de locación de servicios (v. vered., fs. 781 vta.).
Juzgó, también, que no se acreditó la configuración de vicio de voluntad alguno respecto a la tercerización referida. Asimismo, con los contratos acompañados a fs. 145 y 216/221 y la actuación notarial de fs. 223/225, tuvo por demostrado que con fecha 16 de junio de 1992, el señor Vulcano, junto con otros profesionales ajenos al pleito, se hizo cargo de la explotación del laboratorio; que el día 16 de diciembre de 1992, aquellos conformaron la sociedad civil "Laboratorio Central de Análisis Clínicos y Microbiología" para continuar con la explotación aludida y que el 16 de enero de 2001, en razón del fallecimiento de la doctora Meléndez, ingresaron a la sociedad Florencia Laura y Flavia Inés Pantozzi.
A los fines de determinar la naturaleza del vínculo existente entre los actores y los señores Vulcano y Pantozzi -a la luz del principio de primacía de la realidad que los comparecientes pretenden quebrantado- tuvo particularmente en cuenta -entre otros medios de prueba- las declaraciones testimoniales de los señores Lucci, Soncini y Casas, con base en los cuales concluyó que la relación entre los actores y la sociedad civil demandada fue de carácter laboral dependiente, enmarcada en la Ley de Contrato de Trabajo, sin perjuicio de la apariencia formal de trabajadores autónomos que ostentaron.
Luego, ante la inexistencia de libros y registro, el juzgador de mérito declaró aplicables las presunciones que emanan de los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley ritual de fuero.
III.3.a. De lo hasta aquí expuesto, no se evidencia afectado -contrariamente a lo afirmado por los recurrentes- el principio de congruencia, toda vez que la sentencia guarda plena correspondencia con el contenido de las pretensiones jurídicas en disputa. En este sentido se ha resuelto que dicho postulado manda conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, e importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido del pleito, y resulta violado cuando el fallo valora y decide sobre circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo (causas L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017 y L. 115.743, "Avalos", sent. de 11-IV-2018).
III.3.b. De la lectura de las piezas recursivas bajo análisis, surge que los interesados, en su intento de demostrar el vicio de absurdo en la apreciación de los escritos constitutivos del proceso y de las constancias probatorias obrantes en la causa, así como la violación del principio de congruencia y del derecho de defensa, cuestionan que el tribunal no se haya pronunciado respecto del planteo esgrimido por las personas físicas codemandadas al presentarse en autos, en cuanto sostuvieron -con fundamento en los arts. 28, 101 y 102 de la Ley de Contrato de Trabajo- que ellos, junto con los actores, eran trabajadores dependientes del Hospital Italiano, configurándose, a tenor del escenario diseñado por este último, un supuesto de fraude a la legislación laboral.
Bajo esta línea argumental, puede observarse que la pretendida omisión de los argumentos que aducen los comparecientes no es tal. En efecto, el a quo analizó y enmarcó jurídicamente todas y cada una de las relaciones sustanciales debatidas en autos, aunque -claro está- de un modo diverso al pretendido por los recurrentes en sus escritos constitutivos. Asimismo, se expidió expresamente respecto del pretendido vicio de la voluntad invocado por los comparecientes respecto de la tercerización del laboratorio (v. vered., fs. 781 vta. in fine ), todo lo cual deja huérfana de fundamento la alegada -y no demostrada- preterición en que habría incurrido el tribunal de mérito.
En lo tocante a la naturaleza de los diversos vínculos contractuales ventilados en autos, reiteradamente ha señalado esta Corte que su examen y determinación, es decir, si existió -o no- una relación de carácter laboral dependiente, con la nota de subordinación que dicho vínculo exige, constituye una típica cuestión de hecho que está reservada -como regla- en forma privativa a los magistrados del trabajo y no es susceptible de revisión en la sede extraordinaria salvo absurdo, vicio que no logran acreditar los comparecientes (causas L. 86.588, "Guerras", sent. de 15-VII-2009 y L. 100.556, "Domínguez", sent. de 27-IV-2011). Ello así, pues se limitan a exponer meras discrepancias subjetivas acerca del modo en que -opinan- debió resolverse el litigio, sin ocuparse de rebatir idóneamente el razonamiento trazado por el a quo , lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- constituye una técnica carente de idoneidad para evidenciar la existencia del vicio de absurdo (causas L. 97.429, "Barloqui", sent. de 1-IX-2010; L. 95.397, "Otaviani", sent. de 15-VI-2011; L. 106.493, "Florentín González", sent. de 22-VII-2012 y L. 105.972, "R., M. G.", sent. de 3-X-2012).
Resultan aplicables al caso aquellas directrices de este Tribunal que tachan de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite formular una crítica concreta y eficaz a la motivación central del fallo sobre la que se asienta el pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 106.959, "González", sent. de 8-II-2012; L. 117.426, "Chazarreta", sent. de 23-XII-2014 y L. 117.990, "Escudero", sent. de 20-V-20
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