Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122223
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.223, "Góngora, Marcelo Ernesto contra Sociedad Rural de Tapalqué. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, de Lázzari.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Azul, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 316/351 vta.).
Se dedujeron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12 de julio de 2018).
Oído el Procurador General (v. fs. 379/380 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de origen hizo lugar a la demanda deducida por el señor Marcelo Ernesto Góngora contra la Sociedad Rural de Tapalqué, y condenó a esta última a abonarle las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, indemnizaciones de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, 2 de la ley 25.323, 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, como así también a entregarle el certificado de trabajo previsto en la última de las disposiciones citadas.
Para así resolver, juzgó acreditado que el actor prestó servicios dependientes para la accionada en el marco de un contrato de trabajo, atento verificarse en la especie las notas de subordinación jurídica, económica y técnica que lo tipifican, con fecha de inicio en el mes de febrero de 2002, el que se extinguió el 21 de diciembre de 2015, por despido indirecto dispuesto por el trabajador fundado en justa causa (v. sent., fs. 337/340 vta.).
En cuanto a la modalidad contractual, precisó que se trató de un contrato de temporada, desde que, por razones vinculadas al plan de vacunación contra la fiebre aftosa, la prestación se llevaba a cabo en dos ciclos anuales de dos meses y medio cada uno, fijados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA; v. sent., fs. 338).
En orden a la remuneración, concluyó que debía estarse a la abonada al accionante bajo la forma de honorarios profesionales, la que cuantificó en la suma mensual de $29.018,95 (v. vered., fs. 329 vta./331).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpone -mediante presentación electrónica- recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En lo sustancial, alega que el pronunciamiento de grado no abordó una cuestión esencial oportunamente articulada, consistente en la pérdida por parte del actor de la credencial habilitante para ejercer como vacunador autorizado, debido a las irregularidades en que incurrió al realizar dicha tarea.
Agrega el recurrente que si bien el tribunal de grado trajo a colación las razones por las cuales se le había retirado al señor Góngora la referida licencia, omitió expedirse sobre ese punto como esencial; como, también, respecto al carácter culposo o doloso de las anomalías verificadas en el cumplimiento de sus labores.
En este sentido, afirma que la cancelación de la habilitación por parte del SENASA, resultó más que relevante, desde que constituyó la causa que motivó la extinción del vínculo existente entre el reclamante y el ente sanitario.
III. El recurso no prospera.
III.1. Como bien lo apunta el señor Procurador General en su dictamen (v. fs. 379/380 vta.), la temática cuya falta de consideración se invoca ha recibido expreso tratamiento a fs. 340 vta. por parte del tribunal de origen.
III.2. Dicho órgano jurisdiccional hubo de señalar allí, que para que la revocación de la credencial de vacunador que había afectado a Góngora pudiera ser considerada en el marco del art. 254 de la Ley de Contrato de Trabajo, debió ser invocada por la demandada como causal de extinción del contrato de trabajo.
Señaló el sentenciante que, al desconocer el demandado la naturaleza laboral del vínculo, sustrajo de la apreciación judicial una eventual causa de cese del contrato que decidió desdeñar cuando le fue reclamado su cumplimiento. (v. sent., fs. cit.).
Siendo ello así, el planteo introducido por el recurrente, no es idóneo para determinar la anulación del pronunciamiento, en tanto la cuestión que denuncia omitida ha sido expresamente tratada por el tribunal de grado, aunque en sentido adverso a las pretensiones de aquel.
Al respecto, tiene dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente si la cuestión denunciada como preterida fue tratada expresamente por el tribunal de trabajo, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito del remedio procesal bajo examen (causas L. 100.492, "Pérez", sent. de 10-III-2011; L. 104.466, "Prosa", sent. de 22-VIII-2012; L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019; e.o.).
IV. En razón de lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada pasiva denuncia absurdo, violación del principio de congruencia y de los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial; de las leyes 3.959, 24.305, 24.696 y 27.233; de los arts. 80, 242, 243, 254 de la Ley de Contrato de Trabajo; 8 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323; de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional 643/96, 1.585/96 y resoluciones del SENASA 33/02, 150/00, 108/01, 623/02, 574/88 y 671/16; y de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 55 de la ley 11.653.
I.1. En primer lugar, se agravia del fallo de grado en cuanto juzgó que la Sociedad Rural de Tapalqué y el ente sanitario eran la misma e idéntica cosa.
I.2. Asimismo, refuta la decisión de mérito por haber resuelto que entre las partes medió una relación laboral dependiente. Afirma que, para arribar a tal errada conclusión, el a quo se limitó a analizar exclusivamente los testimonios vertidos en la audiencia de vista de la causa; desentendiéndose -sin justificación alguna- de la normativa aplicable, la documentación agregada al contestar la demanda -contratos suscriptos entre accionante y el ente sanitario obrantes a fs. 140/141 vta.-, la pericia contable (v. fs. 244/248), los informes emanados del SENASA (v. fs. 293 y vta.) y del Círculo de Veterinarios (v. fs. 257 vta.), agregados al expediente.
Afirma que la constatación por parte del sentenciante de las notas de subordinación -en su faz jurídica, económica y técnica- es el producto de una evaluación parcializada y sesgada de los antecedentes de la causa.
Puntualiza que de la prueba informativa emanada del Círculo de Veterinarios de Tapalqué, se desprende que el actor integraba el ente sanitario como vacunador autónomo, tarea que sólo podía desempeñar siempre y cuando tuviera la credencial habilitante.
Añade que el señor Góngora gozaba de libertad para negarse a realizar la tarea, la cual -además- no revestía los caracteres de indelegable, personal, infungible, ni exclusiva. Por otro lado, afirma que el precio del servicio era consensuado entre los vacunadores que pertenecían al grupo operativo y el ente sanitario.
Alega que, conforme surge de las declaraciones vertidas en la audiencia de vista de la causa, los vacunadores -tal el caso del actor- podían ejecutar sus labores en una parte del día y dedicar el resto a realizar otro tipo de tareas.
Sostiene que el juzgador de grado debió adecuar su fallo a la doctrina que emana del pronunciamiento emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Rica, Carlos Martín c/ Hospital Alemán y otros s/ Despido" (sent. de 24-IV-2018).
Cuestiona, asimismo, por absurda la conclusión del tribunal en orden a que, en el período comprendido entre el mes de febrero de 2002 y diciembre de 2015, el actor trabajó exclusivamente para la demandada, conclusión a la que arribó en base a la facturación acompañada junto con el escrito de demanda y la pericia contable.
I.3. Refuta, también, las fechas de inicio y finalización de la relación que el tribunal de grado tuvo por acreditadas. En este sentido, el apelante afirma que los únicos datos fehacientes se desprenden del informe del SENASA, del que surge que el señor Góngora se desempeñó como vacunador desde el 3 de agosto de 2009, hasta el 11 de noviembre 2015, oportunidad en que se le retiró la credencial habilitante por haber constatado dicho organismo incumplimientos en el ejercicio de sus labores (v. fs. 293 vta.); circunstancia esta última que -asevera el quejoso- motivó la extinción de la relación.
I.4. Cuestiona -con denuncia de violación del principio de congruencia- la suma a la que arribó el a quo en concepto de mejor remuneración. Ello así, por haberse apartado de la denunciada por la actora en su libelo de inicio, y de la informada por la perito contadora en su dictamen pericial.
En este orden, califica de absurdo que el tribunal haya atribuido a la facturación de $71.592,80 -a partir de cual cuantificó un salario mensual de $29.018,95- carácter remuneratorio, toda vez que dicho importe era abonado al actor en concepto de honorarios. Alega que, a todo evento, de considerarse que entre las partes medió una relación laboral dependiente, subsidiariamente debió estarse a la determinada por la experta contable en su informe ($9.779 mensuales).
I.5. Impugna la causal de extinción del vínculo que el tribunal de trabajo juzgó verificada en autos. En este aspecto reitera que la rescisión contractual obedeció al retiro de la credencial de vacunador al señor Góngora (11 de noviembre de 2015), dado que sin la habilitación, no podía realizar dicha actividad.
I.6. Se agravia igualmente, del acogimiento de las indemnizaciones contempladas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013.
I.6.a. Respecto del dispositivo citado en primer término, aduce que al momento de remitir el accionante la intimación prevista en el art. 11 del citado cuerpo normativo (ver carta documento n° 643026134, del 14 de diciembre de 2015, obrante a fs. 7), la relación ya se encontraba extinta. A ello aduna que los datos que consignó en la mencionada epístola -fecha de ingreso y remuneración- no se compadecen con las circunstancias fácticas que el a quo finalmente juzgó acreditadas.
I.6.b. Paralelamente, cuestiona la aplicación del agravamiento indemnizatorio establecido en el art. 15 de la Ley Nacional de Empleo. Alega como fundamento que el actor intimó la registración, solicitó se aclare su situación laboral, y se consideró despedido, todo en un mismo documento.
I.7. Por otro lado, afirma que su parte solicitó expresamente en el conteste se la exima de abonar la sanción contemplada el art. 2 de la ley 24.013, con lo cual, de confirmarse el fallo de grado, peticiona se la rechace o disminuya.
I.8.a. Ataca la sentencia de grado en cuanto acogió la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asienta su réplica en la circunstancia que el accionante en el mismo telegrama por el que se consideró despedido, intimó la entrega del certificado de trabajo, mas sin consignar apercibimiento alguno en caso de incumplimiento.
I.8.b. Cuestiona, asimismo, la condena a entregar la certificación referida en el párrafo anterior en base a las circunstancias fácticas que surgen del fallo. En este orden, entiende ajustada a derecho la postura del juez disidente doctor Mancini, quien declaró que ello resultaba absolutamente innecesario, pudiendo ser suplido perfectamente por la sentencia.
I.9. Controvierte, también, la aplicación por parte del a quo de la ley 14.967. Alega -en orden a este punto- que las leyes no son de aplicación retroactiva -sean o no de orden público- y que para que tengan ese efecto, debe preverse expresamente (art. 7, Cód. Civ. y Com.). Sostiene que atento no haber sido solicitado por ninguna de las partes, la regulación de honorarios debió efectuarse conforme el decreto ley 8.904/77. Cita, en apoyo de su crítica, la doctrina legal que emana del caso I. 73.016, "Morcillo" (resol. de 8-XI-2017).
I.10. Finalmente, reprocha la imposición de costas porque entiende que no se verificó mala fe ni fraude por parte de la Asociación Civil demandada.
II. El recurso no prospera.
II.1. Los planteos que exhibe la impugnación bajo examen, tendientes a descalificar -en primer lugar- la naturaleza laboral dependiente que el tribunal a quo atribuyó a la relación debatida en autos, como así también el carácter de empleador de la accionada, no resultan idóneos para revisar las motivaciones esenciales sobre las que se asentó la decisión de grado.
II.1.a. Sabido es que determinar si existió -o no- un vínculo de linaje laboral entre las partes, conforme los elementos fácticos que en cada caso se verifiquen, constituye facultad propia de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto no puede ser revisada por esta Suprema Corte, salvo que se demuestre la concurrencia de absurdo (causas L. 92.185, "Centurión", sent. de 22-XII-2008; L. 94.269, "Hernández", sent. de 10-VI-2009; L. 103.049, "Olivan", sent. de 24-VIII-2011; L. 104.103, "Pontoriero", sent. de 30-V-2012 y L. 111.752, "Carpenzano", sent. de 15-VII-2015).
También es cuestión conocida que no cualquier crítica autoriza a tener por acreditado el mentado vicio; por el contrario, su existencia supone la comprobación de circunstancias que bien pueden calificarse de extremas, ya que exceden el marco del mero disentimiento o la discrepancia de criterio personal, porque se requiere algo más, el error grave, un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una grosera desinterpretación material de la prueba producida que conduzca a resultados inconciliables con las constancias que se desprenden de la causa (causas L. 103.172, "Arramon", sent. de 13-VII-2011; L. 104.172, "Meza", sent. de 7-III-2012 y L. 105.324, "Volpe", sent. de 5-VI-2013).
II.1.b. En el caso, si bien el impugnante denuncia la existencia de tal anomalía, no logra demostrarla. Ello así, por cuanto su pretensión se agota en el mero intento de disputarle al juzgador aspectos que son privativos de su labor axiológica en orden a la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, y al mérito y habilidad que cabe asignarle a los diferentes medios probatorios (art. 44 inc. "d", ley 11.653), lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para acreditar la configuración del vicio denunciado (causa L. 100.076, "Romero", sent. de 9-XII-2010).
En ejercicio de facultades conferidas por la ley procesal del fuero, el tribunal a quo analizó las probanzas de autos, tras lo cual juzgó que las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa dejaron en evidencia que el denominado ente sanitario, no era otra cosa que la Sociedad Rural demandada (v. vered., fs. 321), y que el actor cumplía sus labores de vacunador dependiendo jurídica, económica y técnicamente de esta última (v. vered., fs. 322/327 vta.).
Frente a tales categóricas constataciones efectuadas por el juzgador de grado, los argumentos del presentante se reducen a la exposición de afirmaciones contrarias al criterio plasmado en el pronunciamiento, formulando una renovada valoración de los elementos probatorios de un modo ajustado a sus intereses, poniendo en evidencia su intención de disputarle al tribunal de mérito su privativa facultad de hacerlo (art. 44 inc. "d", ley 11.653).
Lo dicho revela las deficiencias de la queja para conmover las motivaciones que dotan de sustento a la decisión objetada, por consiguiente, corresponde convalidar esta porción del fallo.
II.1.c. No logra conmover lo precedentemente expuesto, la mención que efectúa el apelante del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 341:427), desde que a más de no constituir la "doctrina legal" a la que hace referencia el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, y referir a un marco fáctico jurídico diverso, su enunciado no pasa el registro de una aseveración meramente dogmática.
II.2. El agravio por el que refuta la nota de exclusividad en la prestación de servicios que el juzgador de grado estimó verificada, tampoco es de recibo. Además de no acreditar en este aspecto la existencia de absurdo, la constatación -o no- de dicha característica, no resulta una nota esencial del contrato de trabajo, conforme el tipo legal previsto en el art. 21 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. causas L. 99.914, "Abed", sent. de 22-VI-2011 y L. 108.000, "Raimundo", sent. de 28-III-2012).
II.3. En lo tocante al reproche por conducto del cual cuestiona las fechas de ingreso y egreso que el tribunal de grado juzgó acreditadas, es dable recordar que su determinación configura una típica cuestión de hecho, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 116.762, "Leguizamón", sent. de 24-XI-2014 y L. 119.820, "Gabriel", sent. de 10-IV-2019), anomalía que tampoco logra acreditar el recurrente en este punto.
II.3.a. Respecto de la primera, el sentenciante ponderó específicamente -tal como lo consignó en el veredicto- las facturaciones obrantes a fs. 11/61 del expediente, las constancias de inscripción en el monotributo (AFIP) y ante la Agencia de Recaudación provincial. En base a tales elementos de prueba, concluyó que la prestación de servicios para la demandada recién había tenido lugar a partir del mes de febrero del año 2002 (v. vered., fs. 327 vta. y 328).
II.3.b. En cuanto a la fecha de extinción del vínculo, declaró que no era materia de controversia (v. sent., fs. 337 vta.), desde que la accionada no había puesto en tela de juicio los actos llevados a cabo por el trabajador extrajudicialmente: intimación a regularizar la relación laboral (obrante a fs. 7), negativa del vínculo por parte de la accionada (v. fs. 8), y exteriorización del trabajador de su voluntad rescisoria a través del telegrama de fecha 21 de diciembre del año 2015 (v. fs. 9; sent., fs. 337 vta.).
En este contexto, juzgó que la situación de despido indirecto en que se colocó el trabajador resultó fundada en justa causa (v. sent., fs. 340).
II.3.c. Ante tales concretas definiciones a las que arribó el juzgador de grado, el interesado aduce que los únicos datos fehacientes en orden a la temporalidad de la relación surgen del informe del SENASA (v. fs. 293 y vta.), del que se deriva que el señor Góngora fue vacunador desde el 3 de agosto de 2009 hasta el 11 de noviembre de 2015, fecha en la que se le retiró la credencial habilitante.
En tales condiciones, la improcedencia de la réplica surge nítida, toda vez que los agravios que ensaya el compareciente -a fin de refutar la extensión temporal del vínculo debatido en autos- resultan ineficaces para demostrar la existencia de algún error grosero y manifiesto del fallo, en tanto contrapone a la valoración del material probatorio efectuada por el tribunal de grado, alegaciones basadas exclusivamente s
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