Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125051
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de trabajo decretó de oficio su falta de aptitud jurisdiccional para intervenir en el caso, cuya competencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de grado para que continúe el trámite según su estado.
Sin costas, atento la naturaleza de la cuestión debatida y la ausencia de contradicción (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.051, "Rojas, René Nolberto contra Federación Coordinadora de Entidades de Bien Público y Organizaciones Sociales de San Francisco Solano y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, de Lázzari.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes se declaró de oficio incompetente para entender en las presentes actuaciones y dispuso su remisión al fuero contencioso administrativo departamental (v. fs. 82/84).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 85/89 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente decretó de oficio su incompetencia para entender en las presentes actuaciones promovidas por René Nolberto Rojas contra la Federación Coordinadora de Entidades de Bien Público y Organizaciones Sociales de San Francisco Solano, Adrián José Zampedri, Mariana Alejandra Ravettino, el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, mediante la que reclamaba el pago de diferencias salariales, vacaciones, integración del mes de despido, sustitutiva del preaviso e indemnizaciones por antigüedad -con más el sueldo anual complementario sobre todos los rubros mencionados- y las previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323; 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (según art. 45, ley 25.345), la entrega de los certificados previstos en esta última norma con más la aplicación de astreintes; las sanciones contempladas en los arts. 132 bis y 275 de esta ley y 53 ter de la ley 11.653 (v. sent., fs. 82/84).
Para así resolver, con apoyo en lo dispuesto en los arts. 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, determinó que los actos emanados de los organismos mencionados en la primera de las normas citadas, se presumían realizados en ejercicio de funciones administrativas y, sentenció, que por lo tanto correspondían a la competencia administrativa. Adunó, que esa aptitud jurisdiccional no quedaba desplazada por la invocación del actor en su demanda de normas de carácter laboral (v. sent., fs. 82 vta. in fine y 83).
En esa línea, señaló que, en el caso concreto, el accionante había solicitado -a fs. 57 vta./67- la condena solidaria del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, como consecuencia de actos ejecutados en el desempeño de funciones administrativas (v. sent., fs. 83).
Al respecto, con cita de doctrina legal, precisó que es competencia del fuero en lo contencioso administrativo, entender y revolver en las controversias suscitadas por la actuación o la omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de los órganos mencionados en el art. 116 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y, en particular, los municipios y los entes públicos estatales previstos en el art. 1, regidas por el derecho público cuando actúan en el ejercicio de funciones administrativas aun si se invocaren o aplicaren por analogía normas del Derecho Privado (invocó la causa B. 68.077, "Arrua González", resol. de 24-XI-2004; v. fs. cit.).
Asimismo, indicó que en la causa L. 110.799, "Pedone" (sent. de 21-IX-2011), este Tribunal estableció que al no hallarse en dichos autos controvertido que el actor estuvo vinculado con el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires en calidad de contratado, el caso resultaba de la competencia contencioso administrativa, en virtud de la naturaleza del servicio cumplido y de la inclusión de normas de derecho público, sin que obstara a ello la circunstancia de que la demanda se promueva con fundamento en la Ley de Contrato de Trabajo, pues el principio de que la competencia es de la justicia laboral si la acción se sustenta en normas de esa naturaleza, reconoce excepción en supuestos en que la relación de empleo público surge notoria (v. sent., fs. 83 y vta.).
Con esos fundamentos, declinó su intervención en la presente causa y ordenó remitirla al fuero contencioso administrativo (v. sent., fs. 83 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación y errónea aplicación de las normas actuadas y de la doctrina legal que identifica, así como la afectación de la garantía del juez natural (v. fs. 85/89 vta.).
II.1. En primer lugar, sostiene que el tribunal de origen incurrió en absurdo e infringió la doctrina trazada por este Tribunal al fundar su decisión en el precedente L. 110.799, "Pedone" (sent. de 21-IX-2011), cuando -alega- la cuestión suscitada en este último difería sustancialmente de la debatida en autos (v. fs. 88).
Aduce que al resolver una controversia de aristas similares a la presente en la causa B. 74.579, "Trossi" (sent. de 10-V-2017), esta Suprema Corte declaró la competencia del fuero laboral (v. fs. 88 in fine y vta.).
II.2. En segundo término, alega que el a quo se apartó de lo normado en los arts. 2 de la ley 11.653 y 4 del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo provincial (ley 13.101), toda vez que este último artículo excluye del fuero contencioso administrativo a aquellas controversias que se fundan en normas del derecho privado, laboral o convenios colectivos de trabajo. A su vez, manifiesta que el sentenciante aplicó erróneamente al caso los arts. 1 y 2 del digesto administrativo (ley 12.008; v. fs. 85 vta. y 89).
III. El recurso prospera.
III.1.a. En el caso, el actor promovió demanda contra la Federación Coordinadora de Entidades de Bien Público y Organizaciones Sociales de San Francisco Solano, Adrián José Zampedri, Mariana Alejandra Ravettino, el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, persiguiendo el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 57/80 vta.).
Alegó que ingresó a trabajar bajo relación, subordinación y dependencia de la citada Federación Coordinadora -el día 16 de noviembre de 2014-, percibiendo mensualmente una remuneración por sus tareas de operación, mantenimiento y cuidado de diversas estaciones de bombeos de napas freáticas, habiendo siendo registrado -sin su conocimiento- en la falsa calidad de socio cooperativista, con la finalidad de abonarle salarios por debajo de la convención colectiva de la actividad. Adujo que al anoticiarse de esa situación procedió a "darse de baja" en el Registro de efectores (el día 28 de diciembre de 2016), razón por la cual su empleador le solicitó que se inscribiera nuevamente (el día 24 de febrero de 2017; v. fs. 57 vta. y 58).
Luego, transcribió el intercambio telegráfico cursado a la entidad mencionada a fin de que regularizara su situación laboral y abonara las diferencias salariales adeudadas (con fundamento en la Ley de Contrato de Trabajo y en las leyes 24.013 y 25.013, etc.), bajo apercibimiento de considerarse despedido. Relató -finalmente- las circunstancias que llevaron al señor Rojas a extinguir el vínculo ante la respuesta recibida (v. fs. 59/61).
Por otra parte, solicitó la extensión solidaria de la responsabilidad a la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas y al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, en virtud del convenio celebrado entre este último y la asociación demandada, para la ejecución de las tareas de mantenimiento de perforaciones del Partido de Quilmes (arts. 29 y 30, LCT); así como también a los señores Adrián José Zampedri y Mariana Alejandra Ravettino, por sus desempeños en cargos de directores y secretarios de la Federación Coordinadora durante el período en el que el accionante trabajó para ésta (art. 144, Cód. Civ. y Com. de la Nac.; v. fs. 61 vta./67). Denunció que la suscripción del referido convenio tuvo como finalidad el fraude a las leyes laborales, constituyéndose la entidad civil en la proveedora de mano de obra precarizada (v. fs. 67).
Seguidamente, practicó liquidación por despido indirecto, reclamando el pago de las indemnizaciones derivadas del despido en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo y las previstas en las leyes 11.653, 24.013, 25.323 y 25.345 (v. fs. 67/75).
III.1.b. Como quedó expuesto, en su pronunciamiento el tribunal de origen se declaró de modo oficioso incompetente para intervenir en el presente caso, ordenando la remisión de las actuaciones al fuero contencioso administrativo.
III.2. Este Tribunal tiene dicho -como acertadamente indica el recurrente- que la competencia se determina, en principio, por la naturaleza jurídica de los reclamos que el actor propone a decisión judicial, es decir, por la índole de la acción ejercida. Luego, la aptitud jurisdiccional de los tribunales de trabajo resulta siempre que la pretensión se vincule con un contrato o relación de trabajo y se halle fundada en normas laborales, más allá de lo que la sentencia definitiva resuelva respecto de la procedencia de los derechos invocados (causas L. 90.493, "Arétola", sent. de 4-X-2006; L. 103.394, "Rosales", sent. de 15-VII-2009; L. 98.074, "Braillard", sent. de 10-III-2010; L. 107.398, "García", sent. de 5-IX-2012; L. 99.919, "Saulnier", sent. de 24-X-2012 y L. 116.682, "Suko", sent. de 26-III-2015; e.o.).
Bajo tales premisas y, a partir de los antecedentes expuestos, se colige que el juzgador no reparó en las razones que condujeron a la parte actora a iniciar la acción ante el fuero laboral, en tanto demandó, con fundamento en normas de linaje laboral en virtud del vínculo de trabajo que denunció haber mantenido en la Federación codemandada, sin perjuicio de la pretendida extensión de la condena respecto del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, así como también del señor Adrián José Zampedri y la señora Mariana Alejandra Ravettino.
Luego, la decisión atacada debe ser rescindida porque, más allá de lo que pudiera opinarse acerca de si las normas laborales invocadas resultan -en definitiva- aplicables o no al caso -conforme la propuesta efectuada por el accionante (cuestión sobre la que no corresponde abrir juicio aquí)-, al sólo efecto de dirimir la competencia en este estado, es dable advertir que dado las partes involucradas y el planteo esgrimido, no alcanza para justificar la decisión adoptada la mera circunstancia de haberse demandado solidariamente al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas en ejercicio de funciones administrativas (v. sent., fs. 83). El hecho de que dos de las accionadas revistan el carácter de persona de derecho público, no impone per se que el litigio deba ser considerado contencioso administrativo y excluido de la competencia de los tribunales de trabajo.
En ese sentido, es doctrina legal que no es la naturaleza del órgano actuante lo que determina la competencia contencioso administrativa, sino la índole del derecho que se denuncia vulnerado y cuya tutela el accionante reclama (causas L. 90.493 y L. 103.394, cits.; e.o.).
En definitiva, entiendo que la causa corresponde a la competencia material de los tribunales de trabajo, por lo que el sentenciante se desprendió indebidamente de su aptitud jurisdiccional para entender en las presentes actuaciones.
III.3. Para finalizar, limitada la revisión extraordinaria traída a resolver sobre la competencia en razón de la materia, lo expresado no importa anticipar opinión sobre la solución que, en el caso, corresponda adoptar respecto de la cuestión de fondo.
IV. A tenor de lo señalado, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la decisión atacada en cuanto el tribunal de trabajo decretó de oficio su falta de aptitud jurisdiccional para intervenir en el caso, cuya competencia se declara.
Los autos deberán volver a la instancia de grado a fin de que continúe la tramitación de la causa según su estado.
Sin costas, atento la naturaleza de la cuestión debatida y la ausencia de contradicción (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Por las razones expuestas por el doctor Pettigiani y con sus mismos alcances, doy mi voto también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de trabajo decretó de oficio su falta de aptitud jurisdiccional para intervenir en el caso, cuya competencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de grado para que continúe el trámite según su estado.
Sin costas, atento la naturaleza de la cuestión debatida y la ausencia de contradicción (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/12/2020 16:57:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2020 08:31:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/12/2020 11:18:25 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 15:16:20 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 08:23:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia