Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125039
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad atento que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales con costas (arts. 289 y 298, CPCC; 31 bis, ley 5.827, y modif.).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Olavarría rechazó la demanda interpuesta por Mónica Susana Peralta contra Marcelo Fabián Ferreira en la que pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, imponiendo las costas a la accionante sin el beneficio de pobreza (v. fs. 214/255 vta.).
Para así decidir, consideró que la actora no logró demostrar el elemental y sustancial punto de apoyo de su acción, cual es, la existencia de una relación de linaje laboral con el demandado. Por el contrario, a criterio del juzgador, los servicios prestados por Peralta fueron voluntarios, en tanto simplemente ayudaba a su pareja en la explotación de su negocio, como un trabajo benévolo.
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte actora con recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 1-X-2019), los que fueron concedidos a fs. 241 y vta.
III. En la primera de las vías interpuestas, la legitimada activa denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la provincia. Alega que el tribunal omitió resolver sobre la existencia de la relación laboral entre las partes, ni mencionó la pericia contable que acredita la registración de la relación.
III.1. Al respecto, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011; L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011 y L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018).
III.2.a. En este marco, el embate articulado carece de andamiaje, desde que la simple lectura del libelo impugnativo da cuenta que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el planteo a la imputación de presuntos errores in iudicando , cuyo tratamiento es ajeno al acotado ámbito de actuación del carril de nulidad intentado y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.432, "Bordon", resol. de 17-XII-2014; L. 118.841, "Magan", resol. de 21-X-2015 y L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019).
Cabe agregar a ello que las alegaciones referidas a la apreciación y valoración del material probatorio, como a su deficiente examen por el tribunal de grado, no pueden ser canalizadas mediante el recurso extraordinario de nulidad, sino por conducto del de inaplicabilidad de ley (causa L. 119.724, "Salvatierra", resol. de 1-II-2017), como tampoco lo pueden ser las denuncias de violación de garantías constitucionales (causas L. 100.172, "Giustozzi", sent. de 21-III-2012 y L. 117.913, "Staropoli", resol. de 18-VI-2014).
III.2.b. Por otra parte, no son atendibles los argumentos concernientes a la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución provincial citada, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 93.559, "Elinger", sent. de 3-III-2010; L. 99.778, "Nievas", sent. de 5-V-2010 y L. 105.984, "Dafnos", sent. de 12-X-2011), hipótesis que no concurre en el fallo atacado, en el cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
III.2.c. Finalmente, resta mencionar que propiciar la anulación de oficio de un pronunciamiento no es propio de los litigantes (causas L. 118.298, "Lillo", resol. de 20-XI-2014; L. 118.805, "Ramírez", resol. de 10-VI-2015 y L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020)
IV. En la vía de inaplicabilidad de ley extraordinaria, la recurrente denuncia absurdo y arbitrariedad. Indica que yerra el tribunal al desplazar la relación laboral con una de tipo sentimental, pues no existe prueba alguna del supuesto concubinato mencionado en el fallo. Luego, se agravia de la imposición de costas.
IV.1. De modo liminar, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por la suma reclamada en la demanda, con más el monto de las costas a su cargo-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (según texto ley 14.141) razón por la cual corresponde verificar la existencia o no, en el caso, de la hipótesis de excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 116.489, "Garmendia", resol. de 30-V-2012; L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013 y L. 117.282, "Brizuela", resol. de 12-VI-2013).
IV.2. Tal situación se encuentra ausente toda vez que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones fácticas o probatorias -como lo es, en el caso, determinar si existió una relación laboral entre las partes-, los cuales se encuentran detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013 y L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014).
IV.3. Tampoco resulta hábil para habilitar la instancia extraordinaria, por el mentado conducto excepcional, los precedentes definitorios del vicio de absurdo (causas L. 95.338, "De Nardis", sent. de 20-V-2009; L. 91.020, "Dinius", sent. de 23-IX-2009; L. 113.490, "Andino", resol. de 16-III-2011 y L. 121.175, "Agüero", resol. de 22-VIII-2018).
Asimismo, cabe recordar que se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010; L. 108.361, "Errecalde", sent. de 5-IX-2012; L. 119.831, "Salazar Bolivar", resol. de 13-XII-2017; L. 121472, "Aguilar", resol. 8-VIII-2018).
IV.4. Finalmente, corresponde señalar que, tiene dicho esta Corte que no se verifica la concurrencia de la hipótesis de excepción prevista en la citada norma procesal si el planteo se vincula a la imposición y distribución de costas (causa L. 98.017, "Alegro", sent. de 31-VIII-2011 y L. 120.711, "Ramirez", resol. de 15-XI-2017). Tratándose esta última de una facultad privativa de las instancias ordinarias y típicamente de hecho, no puede alegarse la existencia de doctrina legal en el sentido que le ha asignado esta Corte (causas L. 116.947, "Soriano", sent. de 25-VI-2014; L. 118.629, "Paganini", resol. de 24-VI-2015 y L. 120.442, "Alegre", resol. de 3-V-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad atento que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales con costas (arts. 289 y 298, CPCC; 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/02/2021 13:43:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/02/2021 17:33:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 09:44:21 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 12:52:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 14:26:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia