Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122965
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.965, "Juárez, Antonio Darío contra Cetrángolo, Norberto Pascual y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): Genoud, Pettigiani, Torres, Kogan, de Lázzari, Soria .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Dolores rechazó la pretensión deducida, e impuso las costas a la parte actora (v. fs. 118/127).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 130/139 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo rechazó la demanda deducida por Darío Antonio Juárez contra Norberto Pascual Cetrángolo y Daniel Bernasconi, en cuanto procuraba el cobro de distintos rubros e indemnizatorios derivados del despido, de otros tantos salariales y la entrega de certificados del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Lo hizo por entender que con la prueba producida el actor no había logrado acreditar la condición de trabajador dependiente del accionante, ni el carácter de empleadores de los demandados (v. vered., fs. 121 vta.).
Para arribar a tal conclusión, puntualizó que las declaraciones de los testigos Salas y Gómez -en cuanto refirieron haber visto a Juárez conducir un camión rojo, o hacer reparto de frutas y verduras en una camioneta- no permitían inferir que dicha actividad hubiera sido prestada en beneficio de los reclamados o que respondiera a directivas por ellos impartidas, máxime -resaltó el sentenciante- cuando ambos deponentes admitieron desconocer a los demandados (v. fs. 120).
Añadió el a quo que tampoco se demostró en autos que los accionados fueran propietarios de alguno de los vehículos con los que el actor manifestó realizar sus labores (v. vered., fs. 120 vta.).
Juzgó probado también, que a la fecha en que el señor Juárez denunció haber ingresado a prestar servicios (noviembre 2012), el establecimiento se encontraba habilitado a nombre de un tercero.
Valoró, asimismo, la respuesta del oficio dirigido a la Dirección Municipal de Tránsito de Pinamar (v. fs. 79/84) de la que surge que el reclamante no poseía licencia para conducir, circunstancia que reconoció en oportunidad de absolver posiciones (v. sent., fs. 121).
Luego, en la sentencia, concluyó que por no haber demostrado la parte actora el presupuesto de hecho en que fundó su reclamo -existencia de una relación laboral dependiente- correspondía disponer su rechazo (v. sent., fs. 124).
Finalmente, reguló los honorarios de los letrados intervinientes, conforme lo normado en el decreto ley 8.904/77 y en la ley 14.967, teniendo en cuenta las diversas etapas en que las labores profesionales habían sido desempeñadas (v. fs. 126/127).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 14 bis, 17, 18 de la Constitución nacional; 7 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 9, 16, 23 y 57 de la Ley de Contrato de Trabajo; 730 del Código Civil y Comercial; 44 inc. "d", de la ley 11.653; 354, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 130/139).
Cuestiona -en lo medular- el fallo de grado en cuanto juzgó no demostrada la relación laboral invocada en el escrito de demanda (v. rec., fs. 131 vta.).
Afirma que el a quo -al así decidir- violó el principio de congruencia por haber resuelto la cuestión litigiosa sobre la base de alegaciones que no habían sido introducidas por los demandados en sus escritos constitutivos de litis, tales: que el actor concurría al establecimiento con la finalidad de comprar mercaderías y que fuera dueño de una frutería o verdulería (v. rec., fs. 132).
Aduce que el fallo de mérito vulneró lo dispuesto en los ítems 4.2.15 y 4.2.18 del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. Expone que, mediante la prueba testimonial, la accionada sólo se limitó a "mencionar" que un tal Mauricio era quien se desempeñaba como chofer del establecimiento, sin individualizar su apellido, ni producir prueba contable que acredite tal extremo (v. rec., fs. 137).
Aduce que no obstante la falta de exhibición de registros laborales y el juramento prestado de conformidad con el art. 39 de la ley 11.653, el a quo arribó a una conclusión que no se compadece con las constancias de la causa (v. fs. 133).
Se agravia, también, por la circunstancia de haberse juzgado relevante el hecho de que no se hubiese demostrado que los demandados eran propietarios de los vehículos en los que el accionante realizaba su trabajo, soslayando que la titularidad del local comercial recaía en uno de los accionados (v. rec., fs. 134 vta.).
Enfatiza que la decisión en crisis resulta violatoria de los arts. 23 y 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, desde que, habiendo cobrado operatividad la presunción de la existencia del contrato de trabajo, ésta no fue desactivada por los accionados (v. fs. 136).
Resalta que mediante la prueba testimonial quedó demostrado que el señor Juárez fue visto conduciendo una camioneta con el logo del comercio propiedad del demandado, y cargando el vehículo con mercadería en el lugar de trabajo (v. rec., fs. 136 vta.).
Sostiene que al a quo inaplicó el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que la prueba producida en la causa fue apreciada por los jueces de grado en sentido adverso a los intereses del actor (v. rec., fs. 137).
Por último, denuncia violación del art. 730 del Código Civil y Comercial con fundamento en que los aranceles del letrado de la parte demandada fueron regulados en una suma que excede el límite del veinticinco por ciento establecido en la disposición citada (v. rec., fs. 138 vta.).
Asimismo, peticiona se deje sin efecto el principio general previsto en el art. 23 segundo párrafo del decreto ley 8.904, debiendo fijarse prudencialmente la base regulatoria a los fines de su determinación (v. rec., fs. 139).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Es doctrina inveterada de esta Suprema Corte que la evaluación del material probatorio, como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren para establecer si entre las partes medió -o no- un contrato de trabajo, corresponde privativamente a los magistrados de los tribunales de trabajo, y su decisión al respecto no es revisable en esta sede extraordinaria salvo cabal demostración de absurdo (causas L. 108.349, "Britos", sent. de 3-V-2012; L. 103.558, "Cecconi", sent. de 5-III-2014; L. 116.274, "Durán", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
III.1.a. Bajo tales premisas, la impugnación deducida resulta insuficiente para revisar la decisión de grado.
El ataque a los fundamentos del pronunciamiento no resulta eficaz para conmover la definición esencial del fallo -falta de acreditación por parte del actor de la existencia de una relación laboral dependiente- desde que el compareciente se limita a oponer a las conclusiones sentadas por el a quo su propia interpretación -naturalmente, favorable a sus intereses- sobre los hechos y las pruebas de la causa, ignorando que la mera exhibición de un criterio discrepante, o la crítica basada sólo en razones de preferencia o conveniencia personal (causas L. 98.181, "Duarte", sent. de 28-V-2010; L. 113.301, "O., V. A.", sent. de 3-VII-2013 y L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016) distan, en mucho, de constituir una vía idónea para demostrar el absurdo.
III.1.a.i. En este sentido, las alegaciones que porta el recurso relativas de la valoración efectuada por los jueces de grado respecto de las constancias probatorias obrantes en el expediente, no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva, pretendiendo descalificar la labor axiológica por ellos realizada, sin otro aporte que el de exhibir una versión diferenciada respecto de los hechos y de cómo debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del vicio de absurdo (causas L. 117.384, "Rosas", sent. de 8-VII-2014; L. 117.397, "González", sent. de 11-II-2015; L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; e.o.).
Y es sabido que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 106.493, "Florentín", sent. de 22-VIII-2012; L. 116.437, "Verdera", sent. de 4-VI-2014; L. 119.704, "Jerez", sent. de 14-XII-2016; e.o.).
III.1.a.ii. Específicamente, en lo tocante a los cuestionamientos dirigidos a la ponderación de las declaraciones brindadas en la audiencia de vista de la causa, cabe precisar que la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 103.508, "Rodríguez", sent. de 24-IV-2013; L. 117.804, "Humaño", sent. de 26-III-2015; L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016; e.o.). En este marco, el disenso planteado por el compareciente acerca de las conclusiones que extrajo el sentenciante de las declaraciones testimoniales, permanece en el plano de su mera disconformidad personal y no satisface una réplica idónea susceptible de modificar lo resuelto.
En suma, resulta aplicable en la especie la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015 y L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016).
III.2. El agravio a través del cual el compareciente denuncia violación del principio de congruencia también debe ser desestimado, desde que además de no alegar absurdo en la valoración de los escritos constitutivos de la litis, omite la necesaria denuncia de violación de las normas procesales que se vinculan al principio de congruencia (arts. 47, ley 11.653 y 163, CPCC), falencias éstas que no pueden ser salvadas por la Suprema Corte, que se encuentra impedida de suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas que debieron efectuarse por el recurrente para sustentar la impugnación (causa L. 119.556, "Costa", sent. de 22-VIII-2018).
III.3. Tampoco prospera la réplica por la que aduce el quebrantamiento de los arts. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, 39 de la ley 11.653, y de los ítems 4.2.15 y 4.2.18. de la Convención Colectiva de Trabajo 40/89. Tales dispositivos requieren, como presupuesto indispensable, la acreditación de la relación laboral alegada, sin que el beneficio consagrado en ellas pueda sustituir la obligación esencial que le incumbe al promotor del pleito de demostrar la existencia del vínculo invocado como sustento de su reclamo (causas L. 115.148, "Fazzari", resol. de 26-X-2011; L. 118.123, "Musci", resol. de 30-IX-2014 y L. 117.840, "Antúnez", sent. de 22-X-2014).
III.4. Con ajuste a los términos de la impugnación, idéntica suerte adversa ha de correr la pretendida infracción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, dado que, para que la presunción que dicha norma contiene cobre virtualidad, se requiere la demostración de que los servicios prestados lo fueron en relación de dependencia (causas L. 94.899, "Botelli", sent. de 22-XII-2008 y L. 116.942, "Novelli", sent. 28-X-2015), supuesto no verificado en autos.
Luego, para satisfacción del recurrente, toda vez que lo dicho resulta suficiente a los fines de rechazar este tramo del recurso, tampoco puede prosperar el agravio fundado en la doctrina legal del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo que afirma que admitido el hecho de la prestación de servicios por la demandada pero negada su naturaleza laboral, incumbe a esta última la prueba de la particular vinculación alegada y no habiéndolo hecho, rige la presunción de que los trabajos fueron realizados en relación de dependencia, pues los demandados desconocieron cualquier prestación de servicios del actor a su favor (causas L. 32.808, sent. de 29-V-1984; L. 80.713, "Ávila", sent. de 11-VIII-2004; L. 108.000, "Raimundo", sent. de 28-III-2012; L. 108.038, "Bartoli", sent. de 8-VIII-2012 y L. 111.998, "Vázquez", sent. de 17-IV-2013).
III.5. Tampoco es de recibo la alegada violación del principio in dubio pro operario , contemplado en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que la referida pauta interpretativa, no resulta aplicable si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar -como en el caso- ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 103.302, "Di Santo", sent. de 7-IX-2011; L. 117.403, "Tibaudin", sent. de 9-IX-2015 y L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017).
III.6. No prospera el agravio vinculado a la base regulatoria considerada por el tribunal de grado para fijar los honorarios de los profesionales intervinientes, toda vez que la estimación de los honorarios efectuada por los tribunales de trabajo, ya sea en lo que atañe a su monto como a las bases adoptadas para fijarlos, es irrecurrible ante la Suprema Corte (causas L. 74.496, "Reynoso", sent. de 30-X-2002; L. 92.220, "Dupleich Villegas", sent. de 19-X-2011; L. 113.488, "González", sent. de 23-XII-2013; e.o.), salvo situaciones de excepción que no se verifican en la especie.
III.7. Debe prosperar, en cambio, la objeción relativa a la cuantía de los estipendios regulados a los profesionales intervinientes, en tanto superan -como lo afirma el recurrente- el límite del veinticinco por ciento establecido en el art. 730 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación. En ese orden, atento la similitud sustancial entre la norma citada, y el art. 505 del Código Civil (t.o., ley 24.432); doy por reproducidos los motivos que expresé al sufragar las causas L. 84.950, "Cadez" (sent. de 15-VI-2011); L. 111.454, "Goncalvez do Braz" (sent. de 5-VI-2013) y L. 117.724, "Recalde" (sent. de 26-X-2016); a las que remito por economía y celeridad procesal.
Consecuentemente, corresponde hacer lugar a esta parte del recurso en la medida que las costas procesales, excedieron el límite allí establecido, revocar el pronunciamiento de grado en este aspecto y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que dicte nuevo fallo en esta parcela, ajustándose en tal tarea a los límites fijados por el legislador nacional en la materia (causa L. 117.289, "Rodríguez", sent. de 15-VIII-2015).
IV. Por lo expuesto, se hace lugar parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y se revoca la sentencia impugnada en cuanto no aplicó las limitaciones que se establecen en los arts. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 505, Cód. Civ.), concerniente a la responsabilidad por el pago de las costas. Los autos deberán ser devueltos al tribunal de origen para que obre de conformidad a lo que aquí se establece.
Costas de esta instancia por su orden (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega el doctor Genoud, con excepción del segundo párrafo del punto III.4.
Con la salvedad efectuada, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo resuelto por el doctor Genoud en los puntos III.1., III.2., III.3., III.5. y III.6.
I.2. Tampoco acierta el interesado en cuanto denuncia la violación del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En el caso, de la lectura de la contestación de la demanda, se constata que los accionados no reconocieron el vínculo laboral denunciado, ni la prestación alguna de servicios a su favor por parte del actor, por lo cual, no se torna operativa la presunción contenida en el citado dispositivo legal y ha de juzgarse acertada la decisión del tribunal de trabajo al aplicar -ante ese contexto- el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, adjudicando al interesado la carga de la prueba de la relación de trabajo invocada.
I.3. Respecto del punto III.7., también comparto la solución a la que arriba en el sufragio inaugural, en tanto se corresponde con la doctrina legal que emerge de, entre otras, la causa L. 77.914, "Zuccoli", sentencia de 2-X-2002 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
II. Por todo lo expuesto, considero que debe hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en los términos establecidos en el apartado final del voto que abre el acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. En otro orden, independientemente del alcance que se le asigne a la presunción que dimana del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo -y no sin resaltar que adscribo a la doctrina según la cual la prestación de servicios hace presumir la existencia de una relación laboral y, en consecuencia, quien pretenda ante dicha circunstancia negar su existencia, deberá ofrecer y producir prueba que la contradiga (causas L. 104.112, "Raffaeli", sent. de 6-XI-2012 -mi voto-; L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; e.o.)-, coincido con los argumentos expuestos por el doctor Torres para desestimar el reproche por el que se denuncia la infracción a la citada norma de la ley sustantiva laboral.
En efecto, negada como fue la existencia del contrato de trabajo por los codemandados, desconociendo cualquier tipo de prestación en su favor (v. contestaciones de demanda, fs. 46/49 y sent., fs. 51/57); la presunción contenida el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo no se tornó operativa, debiendo juzgarse acertada la decisión del tribunal de trabajo al aplicar -en ese marco- el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, adjudicando al actor la incumbencia de probar el vínculo laboral invocado (causas L. 103.072, "Fernández", sent. de 10-XI-2010; L. 103.768, "Escudero", sent. de 7-III-2012; L. 119.010, "Martínez", sent. de 28-XII-2016; e.o.); carga que no logró satisfacer.
I.3. También suscribo lo indicado por el ponente en los puntos III.5. y III.6. de su opinión.
I.4. En lo tocante al agravio vinculado a la violación del art. 730 del Código Civil y Comercial de la nación (art. 505, Cód. de fondo derogado), acompaño la propuesta de mi distinguido colega doctor Genoud.
Ello conforme los términos de la adhesión que efectuara al votar en las causas L. 91.884, "Arzamendía Rolón" (sent. de 18-VIII-2010); L. 117.701, "Titos" (sent. de 20-V-2015) y L. 117.724, "Recalde", (sent. de 26-X-2016) -entre muchas otras-, a las que remito en honor a la brevedad.
La ley 24.432 -sin entrar a considerar la técnica legislativa utilizada- obliga a los jueces a resolver considerando la totalidad del espectro jurídico.
El art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o., ley 24.432) en su parte pertinente expresa en términos similares al citado art. 730, Código Civil y Comercial de la Nación que "...la responsabilidad por el pago de las costas procesales,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.