Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125053
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de inaplicabilidad de ley traído en atención a que el agravio desplegado en el punto III.3. no reúne los requisitos esenciales y los desarrollados en los puntos III.1., III.2. y III.4. han sido insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y Pettigiani dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por Daniel Orlando Diosquez y condenó a Gevial Construcciones S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral. La rechazó en cambio, en cuanto pretendía el cobro de horas suplementarias, vacaciones no gozadas, la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la extensión de la condena a Martín Eduardo Galluzzo, titular de sociedad demandada (v. fs. 400/410 vta.).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravios, consideró no acreditada la fecha de ingreso denunciada en la demanda, como así tampoco la extensión de labores más allá de la jornada legal. En cuanto a la multa del art. 80 de la ley 20.744, entendió no cumplido el requisito previsto por el art. 3 del decreto 146/01.
Finalmente, concluyó que el sólo hecho de acreditarse un supuesto trabajo no registrado, no conlleva la comisión de un acto ilícito por parte del presidente de la sociedad accionada que permita la extensión de la condena conforme lo dispone la ley 19.550.
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 31-X-2019), concedido por el a quo a fs. 416/417.
En su impugnación denuncia absurdo y violación de la normativa que cita. Le cuestiona al juzgador su decisión respecto de la fecha de ingreso establecida en el fallo, las tareas desempañadas por el trabajador, y el rechazo de los rubros vacaciones impagas y horas extras.
Se agravia también, de la improcedencia de la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, y de la falta de extensión de la condena al presidente de la sociedad accionada.
III. En primer lugar, cabe señalar que, conforme tiene reiteradamente dicho esta Corte, la apreciación de las circunstancias fácticas -en el caso, las referidas al inicio del vínculo, tareas desarrolladas y duración de la jornada- y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los jueces que integran los tribunales del trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (L. 100.981, "Dupont", sent. de 5-V-2010; L. 111.694, "Guion", sent. de 13-VII-2011; causas L. 97.480, "Maciel", sent. de 9-V-2012 y L. 118.648, "Jurado", resol. de 26-VIII-2015).Las conclusiones que al respecto se formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la valoración no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 109.020, "Brandan", sent. de 4-VI-2014 y L. 117.292, "Oyuela", sent. de 19-II-2015).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa, pues no cualquier error, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente constituye el mentado yerro sentencial. Se requiere algo más: esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 114.614, "Pintor", resol. de 14-IX-2011; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014 y L. 121.489, "Vilche Fisher", resol. de 3-X-2018).
III.1. En el caso, el tribunal, con fundamento en las constancias de la causa, en especial el informe pericial y los informes de la AFIP, juzgó que el accionante no pudo demostrar que el inicio de la relación laboral tuviera lugar en una fecha anterior a la registrada en los libros contables de la demandada. Asimismo, consideró que tampoco se probaron que las tareas cumplidas por el accionante fueran las de cajero, tal y como se denunció en el escrito de inicio. Luego, en cuanto a la realización de horas extraordinarias, entendió que el demandante ninguna prueba había aportado en sustento de su pretensión.
Estas esenciales conclusiones no logran ser conmovidas por el recurrente, toda vez que en su recurso sólo esboza un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento en crisis, a partir de una disímil apreciación de los hechos y las pruebas ponderadas en el fallo. Y en dicha labor (de suyo inhábil para evidenciar la existencia del vicio de absurdo que denuncia) soslaya rebatir eficazmente los motivos que llevaron al juzgador a desestimar los reclamos vinculados con la fecha de inicio de la relación, la categoría y la jornada laboral.
En efecto, ninguna de las críticas que formula el compareciente deviene eficaz para desvirtuar el análisis y las conclusiones a las que, en ejercicio de facultades que le son privativas, arribó el a quo ; por el contrario, su réplica trasunta su mera disconformidad con la solución dada al caso, sin hacerse cargo de cuestionar los fundamentos esenciales del pronunciamiento.
En este sentido, reiteradamente ha señalado esta Suprema Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficazmente todos los argumentos esenciales del fallo objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ésta se asienta (causas L. 91.407, "Flores", sent. de 25-II-2009; L. 111.383, "Canovil", sent. de 26-III-2014; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014 y L. 122.683, "Aguado", resol. de 16-VI-2020).
III.2. Seguidamente, cabe apuntar que el déficit reseñado en el apartado que precede también se verifica respecto del reclamo en concepto de vacaciones impagas, pues el recurrente tampoco se ocupó de rebatir eficazmente (v. páginas 8 y 9 de su recurso) el contundente argumento que esgrimió el tribunal del trabajo para desestimar la pretensión, a saber, que las vacaciones no gozadas pertenecientes a períodos anteriores al año del distracto no son compensables en dinero (v. sent., fs. 407).
III.3. Tampoco puede prosperar el agravio con sustento en la procedencia de la reparación fijada en el art.80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Respecto de tal objeción, corresponde señalar, siguiendo en sustancia lo resuelto por esta Corte en los precedentes L. 117.357, "Genetti", sent. de 8-X-2014 y L. 117.524, "Fernández", sent. de 27-V-2015 -entre muchas otras-, que tratándose el caso de un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones (arts. 15, ley 11.653 y 87, CPCC), y puesto que por esta parcela del reclamo el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no alcanza a satisfacer el monto mínimo previsto por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el intento recursivo sobre este tópico debe ser analizado dentro del marco definido en el artículo 55 primer párrafo in fine de la ley ritual del fuero.
En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que el recurrente funda su impugnación únicamente con cita de precedentes jurisprudenciales de otros tribunales, que -dable es recordar- no constituye la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015; L. 120.714, "Gauna", resol. de 29-XI-2017 y (L. 122.101, "Girimonti", resol. de 5-VI-2019).
III.4. El último cuestionamiento tampoco es de recibo.
En efecto, el tribunal de grado consideró que el hecho de que el trabajador no haya sido inscripto en los organismos correspondientes no hace responsable al presidente de la sociedad -a título personal-, cuando no se han especificado ni acreditado las circunstancias de excepción que eventualmente permitieran correr el velo societario; es decir que la actuación de la sociedad encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituyéndose como un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros.
Luego, respecto de la acción con fundamento en los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales, consideró que tampoco procedía, ya que, en el marco de la responsabilidad extracontractual, el solo hecho de acreditarse el trabajo no registrado no alcanza para imputarle la comisión de un acto ilícito por dolo o culpa en el desempeño de su actividad.
Tal conclusión no logra ser conmovida por el impugnante, pues si bien ha denunciado el referido vicio de absurdo, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia, ya que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse laspruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 95.515, "Ciar", sent. de 18-III-2009 y L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013).
De este modo, la argumentación que formula no exhibe otro sustento más que su disconformidad con la decisión de grado, señalando posibles deficiencias en la evaluación realizada por los sentenciantes, pretendiendo esencialmente hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador en lo que atañe a la facultad de interpretar las probanzas del proceso, método este totalmente inapropiado para evidenciar el absurdo alegado (causas L. 116.668, "Chequin", sent. de 13-XI-2013 y L. 117.223, "Santore", sent. de 19-II-2015).
Asimismo, cabe agregar que esta Suprema Corte ha señalado que, establecer si se configuran los supuestos fácticos que prevé la Ley de Sociedades Comerciales para su aplicación, necesariamente comporta el análisis de los hechos y pruebas que concurren en el caso, cometido este reservado a los tribunales de grado y ajeno al ámbito de la casación, salvo absurdo (causas L. 100.124 "Ahmed", sent. de 4-V-2011; L. 117.143 "Ferraiolo", resol. de 17-IV-2013 y L. 122.002, "Orellano", resol. de 8-V-2019), que, tampoco en este supuesto, el impugnante logra acreditar.
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
A tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013); entre otras-, acompaño lo decidido en el punto III.3 por los doctores que me preceden en la votación
Luego, también adhiero a lo expuesto por los colegas que inauguran el Acuerdo en los puntos III.1., III.2. y III.4 de sus propuestas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley traído en atención a que el agravio desplegado en el punto III.3. no reúne los requisitos esenciales y los desarrollados en los puntos III.1., III.2. y III.4. han sido insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/02/2021 15:37:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/02/2021 18:40:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 13:02:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 18:25:03 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/02/2021 09:23:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia