Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125667
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Olavarría hizo lugar, por mayoría de fundamentos, a la demanda interpuesta por Yesica Vanesa Martínez y condenó al señor Cristian Eduardo Montenegro al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 139/165 vta.).
Para así decidir -en lo que interesa destacar por ser materia de agravios- consideró -por mayoría- que la decisión del accionado de despedir a la actora resultó precipitada y desproporcionada, puesto que las inasistencias registradas los días 12 y 13 de diciembre de 2016 obedecieron en rigor a causas familiares amparadas por el Convenio 156 OIT (ley. 23.451) y no a una actitud meramente desafiante como la habría ligeramente calificado el empleador.
II. Frente a lo así resuelto, se alza la parte demandada con recursos extraordinarios de nulidad y, subsidiariamente, de inaplicabilidad de ley (v. fs. 171/178 vta.), concedidos por el a quo a fs. 181/182, el segundo de ellos en el marco de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III. De modo liminar, cabe aclarar que no obstante que la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley ha sido articulada en forma subsidiaria al recurso extraordinario de nulidad, ambos remedios cumplen con el recaudo legal de fundamentación autónoma (arts. 279 y 297, CPCC; causas Ac. 99.517, "Ose", resol. de 14-II-2007; L. 114.906, "Ramos", resol. de 2-XI-2011; L. 116.807, "Gutiérrez", resol. de 19-IX-2012 y L. 121.863, "Asociación sindical de profesionales", resol. de 26-IX-2018).
IV. En el primera de las vías impetradas, la parte demandada denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Indica que el tribunal omitió tratar una cuestión esencial, como es la supuesta existencia de un acuerdo verbal que autorizaba a la actora a no concurrir al establecimiento a prestar tareas.
IV.1. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
IV.2.a. De modo liminar, corresponde señalar, respecto a la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución provincial, que la misma sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 118.066, "Ortega", resol. de 30-IX-2014 y L. 118.295, "Díaz", resol. de 12-XI-2014).
IV.2.b. En el caso, no se advierten configuradas ninguna de las mencionadas causales habilitantes del carril extraordinario de nulidad deducido, desde que las cuestiones que se refieren preteridas han sido expresamente abordadas en el pronunciamiento atacado (v. fs. 149 vta.), importando la réplica la imputación de típicos errores in iudicando , ajenos al carril intentado (causas L. 87.056, "Heugas", sent. de 27-III-2008; L. 108.824, "Hospital", resol. de 2-XII-2009 y L. 120.506, "Sucesores de Angel Salva y Lunardino Hilda Elba y otro", resol. de 15-XI-2017).
En tal sentido, la improcedencia de la vía elegida se exhibe nítida ni bien se repara en que por su conducto se pretende cuestionar, en rigor, la forma en que el juzgador de origen resolvió la controversia, y bien es sabido que no corresponde, en el ámbito del recurso extraordinario en estudio, realizar la revisión del acierto o desacierto jurídico de la decisión, pues ello es materia propia de la vía prevista en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 118.432, "Bordon", resol. de 17-XII-2014; L. 114.078, "Huidobro", resol. de 6-V-2015 y L. 120.340, "Rubio", resol. de 6-XII-2017).
V. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia violación de doctrina legal. Entiende que yerra el tribunal en lo relativo a otorgarle efectos jurídicos a un intercambio telegráfico posterior a la extinción del vínculo. Luego, denuncia violación de la carga de la prueba, puesto que, alegado un acuerdo verbal -negado por su parte-, correspondía a la actora acreditarlo. Finalmente, denuncia excesivo rigor formal en la interpretación de la comunicación telegráfica.
V.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida desde que a través de la cita de doctrina el interesado pretende analizar cuestiones de hecho y prueba, ajenas al acotado margen por el que transita el recurso, como lo son aquellas vinculadas a la interpretación de los telegramas cursados entre las partes y las conclusiones relativas a la configuración o no de injuria legitimante del despido (causas L. 92.088, "Spinelli", sent. de 23-IX-2009; L. 112.580, "Castillo", resol. de 27-IV-2011 y L. 119.553, "Illia", resol. de 21-IX-2016).
Luego, la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014 y L. 122.411, "Cabrera", resol. de 29-V-2019).
Finalmente, tampoco se observa la concurrencia de la excepción prevista por el art. 55 de la ley 11.653 en el sentido y alcance establecido por la Suprema Corte, cuando los precedentes que se invocan como violados se vinculan a disposiciones de naturaleza procesal, como son aquellas relativas a la carga de la prueba (art. 375, CPCC; causas L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012; L. 116.842, "Ferreyra Sotelo", resol. de 24-X-2012 y L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/02/2021 18:39:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 13:01:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 15:05:24 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 18:19:46 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/02/2021 09:22:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia