Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124769
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó íntegramente la demanda incoada por Cristian Martín Gravante contra Diego Enrique Muñoz, por la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 315/322).
Para así decidir, analizando en conciencia las pruebas aportadas al proceso, tuvo por no demostrada la relación laboral entre las partes, desde que juzgó no acreditadas sus notas tipificantes de subordinación jurídica, económica y técnica.
II. Contra este pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-VIII-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 333.
En su presentación denuncia arbitrariedad, la violación de las normas y la doctrina legal que cita.
En lo esencial, objeta la decisión del tribunal de grado en cuanto tuvo por no verificada la relación laboral indicada en el escrito de inicio. En este sentido, entiende que el órgano judicial de grado apreció erróneamente la prueba aportada, y que debió poner en cabeza del demandado demostrar que el vínculo jurídico no era de naturaleza laboral, conforme al reconocimiento que -a su entender- aquél formuló en su contestación de demanda y al absolver posiciones.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. De modo liminar, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 118.745, "Pereyra", resol. de 26-VIII-2015 y L. 124.112, "Esquivel", resol. de 16-VI-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011 y L. 119.873, "Noceda", resol. de 10-VIII-2016).
III.2. En el caso bajo estudio, el recurrente omite satisfacer dicho recaudo, toda vez que, en su escueto escrito recursivo, no invoca la configuración del mentado vicio, por lo que la réplica en este tramo resulta insuficientemente fundada.
En efecto, sabido es que esta Corte reiteradamente ha señalado que resulta técnicamente defectuoso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la interpretación efectuada por el tribunal de la instancia ordinaria en función que le compete privativamente, omitiendo la invocación del mencionado yerro sentencial (art. 279, CPCC y su doctrina; causas L. 52.587, "González", sent. de 22-III-1994; L. 80.057, "Fourmentel", sent. de 9-VI-2004; L. 82.788, "Martínez", sent. de 27-XI-2006 y L. 117.843, "Dimenna", resol. de 27-V-2015).
III.3. Sin perjuicio de la marcada insuficiencia técnica que presenta la impugnación, cabe señalar que el recurso transita sobre meras apreciaciones personales del recurrente, inidóneas para conmover lo resuelto en la instancia de origen, en tanto sólo exhibe su disconformidad con la solución alcanzada por el juzgador, quien se pronunció por la inexistencia de la relación de trabajo entre las partes con sus notas características de subordinación jurídica, económica y técnica.
En este sentido, reiteradamente ha declarado este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de origen por el propio, porque el vicio de absurdo sólo se configura ante el error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 118.381, "Pare", resol. de 15-IV-2015), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 112.200, "R., V.E.", sent. de 5-VI-2013; L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014 y L. 117.960, "Acuña", resol. de 8-X-2014).
Por lo demás, dable es recordar, que la selección, jerarquización y valoración del material probatorio constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo y las conclusiones que al respecto formule, no son susceptibles de revisión ante la instancia extraordinaria, salvo invocación y demostración del vicio de absurdo (causa L. 105.699, "Hiller S.A.", sent. de 28-VIII-2013; e.o.) que, en el caso, como se anticipó, se omite denunciar.
III.4. Por su parte, reiteradamente ha dicho este Tribunal -ante casos análogos- que la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo queda neutralizada si la prueba producida acredita que la actividad desarrollada por la actora no lo fue en relación de dependencia, elemento indispensable en la tipificación del contrato de trabajo (causas L. 117.994, "Colasso", resol. de 27-VIII-2014 y L. 118.063, "Capristo", resol. de 22-X-2014), como sucede en el caso.
III.5. Finalmente, resta señalar que no se configura la violación de doctrina legal establecida en los precedentes de esta Corte citados en el escrito recursivo, pues ha sido elaborada sobre la base de disímiles presupuestos fácticos (causas L. 91.410, "Karlen", sent. de 1-IV-2009; L. 99.752, "Buldorini", sent. de 30-VI-2010 y L. 119.932, "Ortiz", resol. de 23-V-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/02/2021 13:34:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/03/2021 14:23:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2021 10:27:32 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2021 16:01:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2021 18:54:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia