Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125171
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por Mario Gustavo Ayala y rechazó la demanda interpuesta por Patricia Raquel Palacios en la que procuraba el cobro de la suma que especificó en concepto de indemnización por accidente de trabajo, así como los derivados del despido (v. fs. 162/168 vta.).
Para así decidir, juzgó que, teniendo en cuenta la fecha del despido, ocurrido el mismo día del accidente, las presentes actuaciones habían sido iniciadas vencido el plazo establecido por el art. 44.1 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 17-VII-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 179/180.
En su impugnación denuncia absurdo y violación de la doctrina legal que cita. Alega que el a quo realizó una interpretación desacertada de los hechos y de las pruebas, e interpretó las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y de la ley 24.557.
III.1. De modo liminar, dado que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones por las que el recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002 y L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007).
III.2. Sentado lo anterior, cabe señalar que, conforme tiene reiteradamente dicho esta Corte, determinar el comienzo del curso de la prescripción, como así también su eventual interrupción o suspensión, constituyen cuestiones de índole fáctica reservadas a los jueces de grado, y las conclusiones que al respectoéstos formulen no son susceptibles de revisión en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 115.788, "Díaz", sent. de 21-VIII-2013; L. 117.880, "Piovacari", resol. de 8-IV-2015 y L. 121.802, "Pérez", resol. de 27-II-2019).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014; L. 119.873, "Noceda", resol. de 10-VIII-2016 y L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019).
En el caso, el tribunal de grado entendió que el contrato expiró el día 17 de octubre de 2013, en coincidencia con el accidente cerebrovascular sufrido por la actora como consecuencia de la imposibilidad física de prestar tareas, resultando de aplicación el plazo de prescripción consagrado en el art. 44.1 de la ley 24.557.
Luego, tuvo por probado que la trabajadora inició actuaciones administrativas ante el SECLO el día 21 de abril de 2015, suspendiéndose el cómputo de plazo de prescripción de las acciones judiciales por seis meses. De esta manera, considerando que el término se reinició el 21 de octubre de 2015, al 2 de mayo de 2016, fecha de promoción de la demanda (v. fs. 88), la acción se encontraba prescripta.
Agregó, a su vez, que no fue articulado por la actora una posible suspensión del curso de la prescripción por interpelación en los términos del artículo 3.986 del Código Civil, ni se tuvo por probado que se hubiera notificado el reclamo ante el SECLO al demandado. Tampoco que al momento de cumplirse la prescripción estuviera imposibilitada de accionar, para ser dispensada en los términos del art. 3980 del Código Velezano -vigente al momento de los acontecimientos-.
III.3. Así, la impugnante no cumple con la carga de acreditar el absurdo alegado, ya que su crítica -dirigida a impugnar el supuesto absurdo valorativo en que incurrió el tribunal de grado en cuanto a la existencia de fraude en la relación laboral- se desentiende por completo del razonamiento plasmado en el pronunciamiento de origen y omite toda referencia -idónea- a las motivaciones esenciales que lo dotan de sustento.
En efecto, el recurso sólo exhibe meros conceptos teóricos y apreciaciones personales, sin rebatir concretamente el argumento central en el que se basa el fallo atacado.
Ante lo expuesto, corresponde señalar que esta Corte ha declarado que constituye requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficientemente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 93.723, "Tamer", sent. de 2-VII-2008; L. 91.407, "Flores", sent. de 25-II-2009 y L. 114.216, "Cesarini", resol. de 26-X-2011).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/02/2021 13:35:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/03/2021 14:22:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2021 10:27:21 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2021 16:01:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2021 18:54:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia