Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124717
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Claudio Martín Cueva y condenó a Distribuidora de Galletitas y Alimentos del Sur S.A. y a Gabriel Marcelo Arbusto, en forma solidaria, al pago de las sumas que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de linaje laboral (v. fs. 574/582).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, juzgó que el contrato de trabajo estaba insuficientemente registrado, y que, en consecuencia, el actor actuó conforme a derecho al extinguirlo imputándole responsabilidad a su empleadora, pues el comportamiento de ésta, negando derechos del trabajador, constituyó una injuria que hizo imposible continuar con la relación laboral. En virtud de dicho ilícito contractual, dispuso extender la condena al presidente de la sociedad accionada señor Arbusto, con fundamento en la ley 19.550.
II. Frente a lo así resuelto, los legitimados pasivos dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-VI-2019) el que fue concedido por el a quo a fs. 612/613.
En su presentación, relatan los antecedentes de la causa, citan las normas, la doctrina y los principios que consideran conculcados.
En sustancia entienden que el dictado de la sentencia, tras cuatro años de recibida la audiencia de vista de la causa, vulneró los plazos establecidos en la ley 11.653 y desnaturalizó los principios rectores del proceso laboral y del derecho en general.
Luego alegan que el pronunciamiento, respecto de la causa de despido, resulta arbitrario y absurdo. Dicho vicio invalidante también le endilgan a la conclusión sentencial respecto a la cuantía de las comisiones sin registrar que percibía el accionante y a la condena solidaria del codemandado Arbusto.
Finalmente, objetan la fecha desde la cual el tribunal dispuso se devenguen intereses en favor del actor.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, corresponde observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el capital de condena- no supera el importe mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Luego respecto del reproche dirigido a objetar desde cuándo debieron liquidarse los intereses sobre el capital de condena, los recurrentes omitieron cumplir con la carga procesal que tienen de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la citada norma para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.042, "Martínez", resol. de 5-XI-2014; L. 117.480, "Chaparro", sent. de 11-III-2015 y L. 122.93, resol. de 29-V-2019), al punto tal que ni siquiera establecieron como estaría representado el mismo, ni cuantificaron su importe.
Lo expuesto evidencia que no demostraron el cumplimiento del requisito esencial normado en el mencionado art. 278, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial, falencia que no puede ser salvada por esta Corte, que -al respecto- expresamente ha declarado que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la carga de acreditar que el valor de lo cuestionado excede la cuantía mínima fijada por la ley como recaudo de su admisibilidad (causas L. 108.334, "Maldonado Sanheza", sent. de 22-VIII-2012; L. 117.205, "Barrios", sent. de 16-X-2013; L. 119.030, "Ojeda", resol. 2-XII-2015 y L. 122.894, "Casa", resol. de 14-VIII-2019).
Siendo ello así, el remedio procesal en examen, solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 116.842, "Ferreyra Sotelo", resol de 24-X-2012 y L. 118.216, "Capdevila", resol. de 27-VIII-2014).
III.2. En ese marco, no se advierte configurado el supuesto habilitante previsto en el citado art. 55 de la ley 11.653, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones de hecho y prueba, -como lo es la valoración de la injuria con aptitud para justificar la rescisión del contrato de trabajo, la determinación de las comisiones y si se configuran -o no- los presupuestos a los que la Ley de Sociedades Comerciales (19.550) subordina la aplicación de sus arts. 54, 59 y 274- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 118.654, "Ministerio de Trabajo", resol. de 3-VI-2015; L. 118.996, "Cabaña", resol. de 28-X-2015; L. 120.507, "Mereles", resol. de 7-VI-2017 y L. 122.325, "Canali", resol. de 19-XII-2018).
Igual suerte adversa a las pretensiones de los recurrentes han de correr las doctrinas referidas al vicio de absurdo, en tanto no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 118.068, "Gudiño", resol. de 20-XI-2014 y L. 118.239, "González", resol. de 19-II-2015).
III.3. Por otro lado, corresponde mencionar que propiciar la anulación de oficio de un pronunciamiento no es propio de los litigantes (causas L. 118.298, "Lillo", resol. de 20-XI-2014; L. 118.805, "Ramírez", resol. de 10-VI-2015 y L. 122.311 "Santucci", resol. de 13-XI-2019).
III.4. En cuanto al agravio destinado a cuestionar la fecha determinada por el Tribunal desde la cual se devengaron intereses en favor del actor, tampoco se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que resultan ineficaces las citas doctrinales traidas, en tanto los interesados limitan su impugnación a su mera enunciación, sin explicar cómo o en qué forma habrían sido vulneradas. En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica de los recurrentes es denunciar la doctrina legal violada o erróneamente aplicada, mención que debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se produjo (causa L. 117.232, "Migliano", resol. de 17-IV-2013 y L. 121.311, "Encina", resol. de 26-IX-2018).
III.5. Finalmente, corresponde agregar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015 y L. 122.001, "Quiroga", resol. de 5-XII-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/02/2021 15:37:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/02/2021 13:01:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 18:23:38 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2021 23:13:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2021 08:52:32 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia