Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125868
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte actora, atento a que los planteos abordados en los puntos III.1, 2, 3 y 4 han sido desestimados en casos sustancialmente análogos y el tratado en el punto III.5. resultó insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa destacar, hizo lugar a la acción promovida por Daniel Osvaldo Monzón y, en consecuencia, condenó en forma solidaria a Ryder Argentina S.A. y Adecco Recursos Humanos Argentina S.A. al pago de la suma que individualizó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral, sobre dicho monto adicionó intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia "BIP". Por último, rechazó la calificación de temeraria y maliciosa a la conducta de las codemandadas, en los términos del art. 275 de la LCT (v. fs. 646/674).
II. Contra tal decisión, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 710/757 vta.), que fue concedido por el sentenciante de mérito a fs.758/759.
En su presentación, se agravia, en primer lugar, respecto de la tasa de interés que el a quo aplicó al capital de condena.
Alega, con apoyo en fallos y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la configuración de gravedad institucional y la existencia de cuestión federal para habilitar la instancia extraordinaria local.
Luego, en lo que interesa destacar, señala que, como consecuencia del proceso inflacionario, la tasa aplicada en el fallo afecta gravemente el poder adquisitivo del trabajador y, en ese orden, estima la alícuota que considera de aplicación variable al caso.
Con el fin de acreditar el perjuicio sufrido por el trabajador, el recurrente practica tres liquidaciones: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). La segunda, utilizando un porcentaje de ajuste del 2.397,58% -índice inflacionario- o bien de 2.745,69% -RIPTE- para el cálculo de los intereses. Por último, la aplicación de la tasa activa de "operaciones restantes" con capitalización mensual de intereses.
Luego se agravia de la omisión, por parte del a quo , de aplicar la capitalización prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial, la que entiende, además, debe ser mensual.
Finalmente impugna el rechazo de la multa establecida en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto -afirma- se verifican en el caso los presupuestos necesarios para la procedencia de la sanción por temeridad y malicia.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, se advierte una errada lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que individualiza, toda vez que en ellos, en modo alguno el alto Tribunal hubo de pronunciarse por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma; lo dicho por el impugnante -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse en verdad, en los votos en disidencia y que no conformaron la postura mayoritaria del máximo Tribunal de la Nación.
III.2. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis del agravio que gira en torno a la constitucionalidad de los arts. 7 y 8 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el mismo fue traído como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012).
III.3. Finalmente, no ha de prosperar la crítica mediante la cual se cuestiona la parcela del pronunciamiento que dispuso la aplicación de intereses.
El tribunal de grado, a fin de calcular los acrecidos, utilizó la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema denominado "Banca Internet Provincia".
Al respecto, se impone señalar que esta Suprema Corte en la causa L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016, por mayoría, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016; L. 119.905, "Galván", resol. de 26-X-2016 y L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016).
Siendo así, en el contexto de las circunstancias reseñadas, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
III.4. Luego, el agravio relativo a la presunta omisión de aplicar la capitalización que prevé el art. 770 del Código Civil y Comercial en que habría incurrido el tribunal sentenciante resulta notoriamente inviable, por cuanto se dirigen a evidenciar la supuesta preterición en el tratamiento de cuestiones esenciales que, tal como lo ha dicho en reiteradas ocasiones esta Corte, es materia propia del recurso extraordinario de nulidad y ajena, por ende, al de inaplicabilidad de ley (causas L. 103.565, "Bugatti", sent. de 12-X-2011; L. 108.439, "Careri", sent. de 4-VII-2012; L. 111.692, "Tersiese", sent. de 6-III-2013; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 107.358, "Lopez", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016).
III.5. Finalmente, en virtud del último de los agravios traídos, corresponde recordar que establecer la existencia -o no- de temeridad y malicia es facultad privativa del juzgador (causas L. 59.054, "Degano", sent. de 25-III-1997 y L. 116.426, "Fantini", resol. de 3-V-2012; L. 121.717, "Sivori", resol. de 13-III-2019) y, por lo tanto, tal conclusión no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 90.105, "Romero", sent. de 28-IX-2005; L. 94.963, "González", sent. de 26-XI-2008 y L. 120.702, "Frisicale", resol. de 6-XII-2017 y L. 120.349, "Rosales", sent. 27-III-2019).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 118.381, "Pare", resol. de 15-IV-2015), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014 y L. 117.960, "Acuña", resol. de 8-X-2014).
En la especie, si bien el recurrente sostiene que la sentencia del tribunal de grado -en este tramo motivo de agravio- es descalificable por absurda, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia, en cuanto las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo-en su opinión- debieron apreciarse las pruebas de la causa, lo cual-y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración de la arbitrariedad derivada de absurdo (causas L. 118.271, "Lugo", resol. de 5-XI-2014; L. 118.305, "Ciarelli", resol. de 11-II-2015 y L. 123.057, "Jaldin", resol. de 11-IX-2019).
En este orden, cabe recordar que esta casación tiene dicho que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación concreta, directa y eficaz de todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que-como en el caso- deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 118.242, "Condoleo", resol. de 20-XI-2014 y L. 118.080, "Maletti", resol. de 29-X-2014).
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario traído, con costas (art. 289, CPCC).
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes y, en relación al agravio referido a cuestionar la tasa de interés, lo hago remitiéndome-en honor a la brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente", sents. de 31-X-2016 -entre otras-, pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modif., acompaño-dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte actora, atento a que los planteos abordados en los puntos III.1, 2, 3 y 4 han sido desestimados en casos sustancialmente análogos y el tratado en el punto III.5. resultó insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/02/2021 13:42:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/02/2021 09:42:13 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 12:50:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2021 23:07:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2021 08:54:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia