Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126551
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2, con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, hizo lugar a la demanda entablada por Claudio Roberto Arias y, en consecuencia, condenó a Falabella S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido, vacaciones, sueldo anual complementario, días trabajados del mes de mayo de 2016, y las sanciones previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 45 de la ley 25.345 (v. fs. 250/254 vta.).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, consideró que el accionante debía percibir la multa prevista en el art. 1 de la ley 25.323 debido a que se ha constatado que la demandada registró la relación laboral en forma irregular. Asimismo, y en relación a la admisión de la sanción establecida en el art. 45 de la ley 25.345, juzgó que el actor intimó a la entrega de las certificaciones de ley, sin que hasta el momento les fueran entregadas con los datos correspondientes.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 257/263 vta.), los que fueron concedidos por el tribunal de grado a fs. 274/275.
III.1. En el primero de los remedios intentados, denuncia vulnerado el artículo 171 de la Constitución provincial. Alega que el pronunciamiento atacado, que condena a su parte al pago de la sanción dispuesta por el art. 1 de la ley 25.323 y de la multa prevista en el art. 45 de la ley 25.345, carece de fundamentación legal. En tal sentido, solicita se declare la nulidad de la sentencia.
III.2. En principio corresponde recordar, que lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación, cuyo estudio resulta ajeno al remedio intentado, siendo inherente al de inaplicabilidad de ley (causas L. 114.220, "Galván", resol. de 26-X-2011; L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 118.619, "Praxair", resol. de 29-IV-2015 y L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018).
En el caso, no se encuentra vulnerada aquella cláusula constitucional denunciada, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 118.619, "Praxair", resol. de 29-IV-2015 y L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020); no correspondiendo examinar lo atinente a la incorrección, desacierto o deficiencia en su fundamentación, toda vez que ello se encuentra detraído del acotado marco de actuación del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 90.030, "Romano", sent. de 13-II-2008 y L. 122.000, "Devincentti", resol. de 26-XII-2018).
IV. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley la impugnante, con denuncia de las normas y doctrinas que considera conculcadas, se agravia, esencialmente, de la condena al pago de la sanción dispuesta por el art. 1 de la ley 25.323, por el sólo hecho de considerar el juzgador que debió revestir el actor una categoría profesional distinta a la asignada, toda vez que -afirma- el fin único de la referida norma es castigar la clandestinidad laboral, no así el reproche de una mera discrepancia formal en determinados datos, cuyo registro tampoco es obligatorio.
IV.1. De modo liminar, corresponde observar que en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma de condena correspondiente al rubro de cuya procedencia se agravia-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 111.056, "Kessler", resol. de 21-VIII-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causasL. 118.251, "Ponce" y L. 118.272, "García", resols. de 20-XI-2014 y L. 121.244, "Ring", resol. de 28-II-2018).
IV.2. En el caso, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la interesada trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado, vinculadas a la valoración de los hechos y las pruebas -como es si se configuran o no los presupuestos para la procedencia de la indemnización fijada en el art. 1° de la ley 25.323-, asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 118.228, "Zuniga", resol. de 3-XII-2014; L. 119.685, "Lezcano", sent. de 9-VIII-2017; L. 121.322, "Sturla", resol. de 3-V-2018 y L. 121.747, "Gutierrez Mousist", resol. de 7-XI-2018).
IV.3. Además, corresponde agregar, que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014 y L. 125.236, "Espíndola", resol. de 14-XII-2020).
Finalmente, cabe recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 114.725, "Cruz", resol. de 13-VII-2011; L.117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 118.616, "Tisseira", resol. de 13-V-2015; L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017 y L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/02/2021 13:42:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/02/2021 09:42:10 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 12:50:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2021 23:07:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2021 08:54:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia