Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126341
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1, con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Gustavo Leonel Gómez y, en consecuencia, condenó a Servicios y Gestión S.A. y a CCM S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de remuneraciones adeudadas correspondientes a los meses de marzo, abril y días de mayo de 2018, sueldo anual complementario y vacaciones del mismo año, resarcimientos fundados en los arts. 15, 18 y 19 de la ley 22.250, multas previstas en los arts. 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo -conf. ley 25.345- y sanciones establecidas en el art. 15 de la ley 24.013 y art. 53 ter. de la ley 11.653 (v. fs. 538/553).
Para así decidir, consideró que si bien el reclamante se hallaba registrado como trabajador de la coaccionada CCM S.A., lo cierto es que se desempeñó para ambas codemandadas. Con sustento en distintos elementos probatorios producidos y por aplicación del principio de primacía de la realidad, concluyó que las dos se comportaron como empleadoras.
II. Frente a lo así resuelto se alza la colegitimada pasiva Servicios y Gestión S.A. mediante recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 560/566 vta.), siendo concedido por el a quo únicamente el mencionado en último término (v. proveído de fecha 25-VIII-2020).
II.1. En primer lugar, objeta la decisión del tribunal de grado que condenó -según denuncia- en forma solidaria a su parte por entender que las empresas traídas a juicio integraron un grupo económico.
Al respecto, cuestiona que no se haya dejado constancia en el acta de la audiencia de vista de la causa de la declaración de los testigos propuestos, violando su derecho de defensa en juicio.
II.2. Desde otroángulo, se agravia de la imposición de la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, porque entiende que no se encuentran acreditados los presupuestos para su configuración ante la inexistencia de pericia contable y de indicación de cuáles meses son aquellos en los que se detectó la falta de ingreso de aportes presuntamente retenidos.
Por otro lado, plantea que no debió extenderse a su parte la solidaridad con relación a dicho rubro, en tanto -afirma- sólo resulta responsable de su pago la restante coaccionada porque el promotor del pleito estaba inscripto en sus registros laborales.
Finalmente, cuestiona que en el fallo se disponga la liquidación de intereses sobre la referida sanción, argumentando que la obligación de abonarla tiene su origen en la sentencia cuestionada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho esta Suprema Corte que para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial -esto es, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley o doctrina legal- resulta indispensable que en él se efectúe una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones centrales en las que se asienta el pronunciamiento judicial impugnado (causas L. 121.538, "Cabral", resol. de 26-IX-2018; L. 122.062, "Monteagudo", resol. de 10-IV-2019 y L. 125.479, "Blanco", resol. de 9-XII-2020).
En el caso, la agraviada no cumple con dichos recaudos técnicos.
La critica referida a la supuesta condena solidaria amparada en la existencia de un grupo económico parte de una premisa errónea, puesto que desde la lectura del fallo atacado surge que -contrariamente a lo afirmado por la impugnante- el a quo juzgó -con sustento en los arts. 14, 23, 63 y cctes. de la Ley de Contrato de Trabajo y el principio de primacía de la realidad- que ambas empresas actuaron como empleadoras del trabajador.
En efecto, el tribunal de grado señaló que la codemandada CCM S.A. aparecía como única empleadora del actor, teniéndolo registrado bajo su dependencia. Ahora bien, a su vez, determinó que aquél prestó tareas a favor de Servicios y Gestión S.A., mientras desarrolló la relación laboral con la primera. Por ello, consideró verificada una situación de fraude laboral, máxime cuando -a su criterio- no se probó vínculo jurídico alguno entre ambas sociedades con igual actividad empresaria.
Así las cosas, más allá del acierto sustancial de este tramo del pronunciamiento, el reproche luce apartado de las razones que resultaron factor esencial de la decisión de grado (causas L. 118.864, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015; L. 123.263, "Mendoza Díaz", sent. de 30-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
Tampoco resulta útil para desvirtuar este fragmento de la decisión puesta en tela de juicio la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado -primeramente- preceptos legales de la materia de que se trate (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018; L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020), supuesto ausente en la especie.
III.2. No corre mejor suerte el agravio dirigido a censurar la aplicación de la sanción establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.2.a. Sabido es que determinar, con arreglo a la prueba producida en la causa, si se verifican los requisitos a los que el citado precepto subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de grado. Las conclusiones que al respecto se formulen en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no son susceptibles de revisión en casación, salvo que se acredite el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019; L. 123.060, "Font", resol. 11-III-2020 y L. 124.364, "Benavidez", resol. de 29-VI-2020).
La demostración de dicho vicio invalidante, como en reiteradas ocasiones ha señalado esta Suprema Corte, exige la verificación de un error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021); gravosa carga no ha sido cumplimentada en la especie.
Ello así, pues el tribunal interviniente hizo lugar al reclamo porque juzgó que del informe producido por AFIP surgían no depositados los aportes retenidos oportunamente al actor, sin que el recurrente logre rebatir esta central conclusión del fallo.
Recuérdese que no es hábil el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley que no controvierte los conceptos sobre los que el pronunciamiento se asienta (causas L. 125.479, "Blanco", resol. de 9-XII-2020 y L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020).
III.2.b. Por otro lado, en lo atingente a la supuesta condenación solidaria del rubro en cuestión, la impugnante nuevamente parte de una premisa errónea, lo que sella -sin más- la desestimación de este aspecto de la impugnación.
A ello cabe agregar que no resulta idónea para modificar lo resuelto la denuncia de violación de la doctrina legal citada, toda vez que los precedentes traídos no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 120.820, "Lastape", resol. de 11-X-2017; L. 122.128, "Sisti", resol. de 20-III-2019 y L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020).
III.2.c. Finalmente, el embate por el que se objeta la aplicación de intereses sobre dicha sanción carece de idoneidad, en virtud de la omisa mención de la norma o doctrina legal que se consideran infringidas, lo que exhibe manifiesta su insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/02/2021 13:36:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/03/2021 10:29:07 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2021 16:00:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2021 09:47:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2021 11:20:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia