Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125499
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2, con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó en todos sus términos la demanda incoada por Pablo Samuel Cabrera contra Jorge Federico Amilivia, María Cristina Gauna y Mabel Roli Vidarte, por la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 224/235 y vta.).
Para así decidir, juzgó - por mayoría - no acreditada la existencia de una relación de trabajo entre las partes del presente proceso.
II. Frente a lo así resuelto, la actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 26-XII-2019), el que fue concedido a fs. 239 y vta.).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas. Alega absurdo en la valoración de la prueba. Cuestiona la ponderación de las declaraciones testimoniales. Critica que el tribunal de grado en la audiencia de vista de causa, permitió la absolución de posiciones de las codemandadas por medio de su apoderado. Denuncia violación de las reglas de apreciación en conciencia y de las garantías constitucionales que cita. Invoca vulnerado el principio in dubio pro operario .
III. El recurso no prospera.
III.1 De modo liminar, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012; L. 118.745, "Pereyra", resol. de 26-VIII-2015 y L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011; L. 119.873, "Noceda", resol. de 10-VIII-2016 y 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
En el caso, el impugnante, si bien lo enuncia, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011 y ; L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017 y L. 123.927, "Smith", resol. de 3-VIII-2020), y en ese contexto no logra conmover la motivación sobre la que se estructura la decisión de grado, esto es, la inexistencia de una relación de trabajo entre las partes.
En rigor, se advierte que la argumentación del recurrente, se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar que medie error en el modo como resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para probar la concurrencia del endilgado vicio invalidante (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014 y L. 124.092, "Arevalo", resol. de 10-VIII-2020).
III.2. Por otra parte, en relación a la ponderación de las declaraciones testimoniales cuestionadas por el recurrente, cabe recordar que en razón del sistema de apreciación "en conciencia", su valoración queda reservada a los jueces de origen y, ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado -como se dijo- no demostró (causas L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013; L. 119.561, "Modelli", resol. de 6-IV-2016 y L. 120.145, "Valinoti", resol. de 7-XII-2016).
III.3. Además, cabe señalar que el agravio dirigido a objetarle al juzgador la supuesta irregularidad ocurrida en la de la audiencia de vista de causa, en tanto se vincula a cuestiones preclusas y anteriores a la sentencia, resulta ajena a la instancia extraordinaria desde que el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto el pronunciamiento definitivo, y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causas L. 100.194, "Seibane", sent. de 12-X-2011; L. 111.655, "P., J.S.", sent. de 5-XII-2012; L. 118.591, "Deluca", resol. de 20-V-2015 y L. 125.499, "Casalone", resol. de 6-XI-2020).
III.4. En cuanto a la denuncia de transgresión del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe señalar que no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 114.602, "Pereyra", resol. de 17-VIII-2011; L. 119.639, "Pedros", resol. de 28-XII-2016 y L. 124.729, cit.).
III. 5. Tampoco mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 94.066, "Villegas", sent. de 3-VI-2009; L. 108.655, "Ankudowicz", resol. de 17-III-2010; L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/03/2021 18:54:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 19:14:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 20:01:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/03/2021 16:13:57 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2021 08:32:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia