Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125569
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín rechazó la demanda interpuesta por Baltazar Miguel Ramírez contra Maxiconsumo S.A., en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de linaje laboral (v. fs. 138/151 vta.).
Para así decidir, tras valorar en conciencia las pruebas producidas, juzgó que la decisión del actor de considerarse injuriado y despedido resultó injustificada.
II. Contra lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-II-2020), el que fue concedido por el a quo a fs. 171/172.
En su presentación relata los antecedentes de la causa, denuncia el vicio de absurdo y cita las normas y garantías constitucionales que considera conculcadas.
En lo sustancial se agravia de la conclusión del tribunal actuante, en cuanto consideró injustificado el despido indirecto en que se consideró el trabajador, pues -a su criterio- efectuó una absurda valoración de las pruebas producidas en la causa y una interpretación errónea de la legislación aplicable al caso.
III. El recurso no prospera.
III.1. Dable es recordar, que evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.195, "Gómez" resol. de 2-X-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
Ello exige la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII- 2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), pues no lo constituye cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
III.2. En el caso, el sentenciante entendió que la situación de despido indirecto en que se colocó la trabajadora, de conformidad a lo dispuesto por el art. 242 Ley de Contrato de Trabajo, resultó apresurada e injustificada.
En este sentido, tuvo en cuenta que no habiendo acreditado el accionante que se encontraba apto para realizar sus tareas, cobró virtualidad el informe médico presentado por la accionada, del que surge que Ramírez no sólo, no estaba en condiciones de reintegrarse a sus labores, sino que, además, debía realizar una rehabilitación. Asimismo, el juzgador tuvo en cuenta que, frente al cuestionamiento formulado por el trabajador, la empleadora volvió a citarlo para un nuevo control médico, pese a ello, aquel se consideró despedido, en una actitud que -a criterio del tribunal- resultó contraria a los principios que deben regir la relación laboral, aun al momento de su extinción.
III.3. Tales conclusiones no logran ser descalificadas por el impugnante, toda vez que se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado una argumentación basada exclusivamente sobre sus propios criterios, insuficientes por lo tanto para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y de prueba como las aquí ventiladas (causas L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019).
En suma, no advierte el quejoso que la simple discrepancia con las decisiones de la sentencia no es base idónea de agravios, ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, ya que sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (causas L. 124.883, "Couto", resol. De 16-X-2020; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
En ese sentido, se ha señalado que no basta la exhibición de una opinión contraria a la esgrimida por el a quo , sino que es necesaria la demostración de una valoración desacertada, insostenible o inconciliable con las constancias objetivas que resultan de la litis, porque la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficaz demostración del error sentencial, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado la facultad privativa que tiene en la selección, jerarquización y meritación de la prueba en aras de la determinación de las circunstancias fácticas del caso (causas L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
III.4. Por otro lado, corresponde destacar que no resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral -cuestionada por el accionante-, ya que cabe recordar que la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado no logra acreditar (causas L. 123.380, "Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020).
III.4. Cabe agregar, que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019; L. 124.098, "Cabré", resol. de 11-VIII-2020 y L. 122.856, "Verón", resol. de 25-XI-2020, hipótesis no configurada en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/03/2021 18:54:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 19:13:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 20:00:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/03/2021 16:13:52 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2021 08:32:49 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia