Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125502
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo N° 2 del Departamento Judicial de La Matanza rechazó, en todos sus términos, la demanda interpuesta por Juan Cruz Villalba contra María Cristina Juliá, en cuanto procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de naturaleza laboral (v. fs. 291/297).
Para así decidir, consideró que el actor no logró demostrar el elemental y sustancial punto de apoyo de su acción, cual es la prestación de servicios bajo relación de dependencia respecto de la accionada.
II. Contra lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-II-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 320/321 vta.
En su presentación denuncia absurdo y transgresión de las normas, garantías y de los principios que cita.
En sustancia, cuestiona el rechazo de la acción incoada, pues -a su criterio- de las constancias de la causa surge probado el vínculo en relación de dependencia del actor en favor de la demandada. Argumenta, que la conclusión del fallo es fruto de una absurda valoración de la prueba. Por lo demás, le reprocha al juzgador no haber aplicado al caso las presunciones que dimanan de los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653, dado que el accionante declaró bajo juramento la veracidad de sus afirmaciones.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Sabido es que determinar la existencia de relación de dependencia o subordinación laboral, así como la calificación del vínculo existente entre las partes, constituyen cuestiones reservadas -en principio- en forma privativa a los magistrados de trabajo y, por lo tanto, no susceptibles de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020 y L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII- 2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), pues no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más, esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
En la especie, si bien el recurrente invoca dicho vicio invalidante, su exposición no consigue evidenciarlo, desde que -en rigor- sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019).
Ello así, pues apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que, en conciencia, llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la sentencia, se limita a elaborar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, argumentos estos que no logran demostrar concretamente la grave anomalía invocada (causas L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
Recuérdese, además, que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportado a la causa es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
En particular, en lo vinculado a la prueba testimonial -cuestionada por el accionante- corresponde destacar que su valoración queda reservada a los jueces de la causa que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.380,"Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020), que el interesado -como se dijo- no logra demostrar.
III.2. Asimismo, no le asiste razón al interesado cuando denuncia vulnerados los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39, primera parte, de la ley 11.653, toda vez que las presunciones iuris tantum e inversión del onus probandi establecidos en dichos preceptos sólo resultan operativas cuando previamente se ha acreditado la relación laboral (causas L. 103.923, "Palavecino", sent. de 15-XII-2010 y L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011).
III.3. Tampoco resulta eficaz para controvertir el fallo el cuestionamiento que gira en torno a la infracción al principio in dubio pro operario , desde que esta Corte tiene dicho que no resulta tal si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 121.322, "Barrionuevo", resol. de 11-VII-2018; L. 121.554, "Pique", resol. de 26-IX-2018 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021)
III.4. Cabe agregar, que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 122.268, "Carzoglio", resol. de 27-II-2019 y L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/03/2021 20:52:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2021 09:24:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 15:43:00 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 17:12:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/03/2021 08:46:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia