Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125564
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por María Fernanda Cáceres y, en consecuencia, condenó al Sanatorio de la Trinidad Quilmes S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. La rechazó, en cambio, en cuanto perseguía el cobro de la indemnización por despido, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, sueldo anual complementario sobre dichos conceptos, diferencias salariales, daño moral y la sanción del art. 2 de la ley 25.323 (v. fs. 134/146).
Para así decidir, en lo que resulta de interés por ser materia de agravio, tras valorar en conciencia las pruebas producidas, el órgano de origen juzgó apresurada e injustificada la actitud de la accionante de considerarse injuriada y despedida, en los términos del 242 de la ley 20.744 (t.o.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 03-II-2020), el que fue concedido por el a quo a fs. 157 y vta.
II.1. En lo sustancial, se agravia de lo resuelto por el tribunal actuante por cuanto entendió que el distracto resultó injustificado. Esa conclusión -afirma- es fruto de una absurda valoración de las pruebas aportadas al proceso. Entiende que, a diferencia de lo resuelto, su parte presentó a su empleador el certificado de alta médica el cual indicaba la autorización para realizar tareas livianas. Sostiene que ello quedó acreditado mediante las declaraciones de los testigos de ambas partes, que declararon en la audiencia de vista de la causa y la prueba documental acompañada.
Luego, también le endilga dicho vicio invalidante respecto a la mención con arreglo a la cual se entendía la existencia de un apresuramiento en la decisión rescisoria. Entiende que frente al silencio del empleador y a la intimación que formulara para que le otorguen tareas, la trabajadora no contó con otra vía más que considerarse injuriada y despedida.
II.2. Asimismo, cuestiona el rechazo de los reclamos por los haberes devengados a partir de 21 de marzo de 2018 hasta el distracto, período durante el cual la actora estaba dada de alta.
II.3. Finalmente, controvierte la desestimación del reclamo de los daños y perjuicios por el despido que reputa discriminatorio.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Dable es recordar, que evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los Jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.195, "Gómez" resol. de 2-X-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
Tal vicio exige la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), pues no lo constituye cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
III.1.b. En el caso, el sentenciante entendió que la situación de despido indirecto en que se colocó la trabajadora resultó apresurada e injustificada. Agregó que con dicha actitud evidenció un marcado desinterés en la continuidad del contrato de trabajo. Por el contrario, quien sí tuvo intención de mantenerlo, destacó, fue la accionada al enviarle un telegrama en el que le recordaba que se encontraba en período de conservación del empleo y que en virtud del principio de buena fe y continuidad del vínculo la emplazaba a que ratificara su voluntad de disolver el vínculo, la que la dependiente -en efecto- ratificó. En consecuencia, concluyó que la actitud de la actora apareció reñida con los principios de buena fe, continuidad y subsistencia que deben necesariamente regir en el contrato de trabajo durante su desarrollo y también al tiempo de su extinción.
Tales conclusiones no logran ser descalificadas por la impugnante, toda vez que se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado una argumentación basada exclusivamente sobre su propio criterio, insuficiente por lo tanto para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y de prueba como las aquí ventiladas (causas L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019).
Tampoco demuestra el quejoso que la decisión se encuentre apartada de la prudencia que se exige a la hora de ponderar cuestiones de esta naturaleza de conformidad con lo dispuesto por el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por otro lado, corresponde destacar que no resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, ya que cabe recordar que la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado no logra acreditar (causas L. 123.380,"Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020).
III.2. También debe ser desestimado el agravio dirigido a controvertir la falta de pago de los haberes devengados desde el 21 de marzo de 2018 hasta el distracto.
III.2.a. El sentenciante, conforme surge de la segunda cuestión del veredicto, entendió que la accionante comenzó el plazo de reserva de puesto el día 2 de marzo de 2018, sin haber podido acreditar que su médico, con fecha 21 de marzo de 2018, le hubiera otorgado un certificado prescribiendo el alta para la realización de tareas livianas, ni que hubiera presentado dicho certificado al Sanatorio accionado.
III.2.b. Sentado ello, la recurrente no cumple con la carga de acreditar los extremos ni el absurdo que invocó, pues su escueta crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que se debieron valorar los hechos y la prueba aportada al proceso, poniendo de manifiesto -tan sólo- su disconformidad con la solución alcanzada en el fallo (causas L. 120.890, "Altamirano", resol. de 30-V-2018).
III.3. Finalmente, tampoco ha de prosperar el agravio por conducto del cual se cuestiona el rechazo de la pretensión de cobrar una indemnización en concepto de daño moral, pues -a la luz de lo resuelto- su examen ha perdido relevancia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/03/2021 13:08:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/03/2021 14:02:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2021 14:26:22 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2021 13:02:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2021 15:44:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia