Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125750
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Azul, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción interpuesta por Gisela Carolina Di Tullio contra Las Flores G.N.C. S.A. en concepto de vacaciones, sueldo anual complementario y la multa por falta de entrega de los certificados de trabajo. Por el contrario, la desestimó en cuanto procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, las previstas en los arts. 1 y 2 de la Ley 25.323, daño moral y por privación del subsidio de desempleo. (v. fs. 407/431).
Para así decidir -en lo que interesa destacar por ser materia de agravio-, juzgó que la empleadora logró probar las injurias alegadas en su comunicación rescisoria. En ese contexto, sostuvo que, habiendo resultado justificado el distracto dispuesto por la patronal, debían rechazarse los reclamos con sustento en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323.
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 26-XII-2019), concedido por el a quo a fs. 460/461.
En su presentación denuncia absurdo y violación a las normas y a la doctrina legal que cita. En sustancia, alega que el tribunal de origen efectuó una errónea valoración de las probanzas en torno a los hechos injuriantes alegados como justificativos de la cesantía operada por la empleadora.
Reputa vulnerado el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto entiende que el a quo invirtió irregularmente el onus probandi .
Finalmente, alega que fruto de una desacertada valoración de la prueba testimonial, el tribunal de grado tuvo por no demostrada la errónea registración de la relación en torno a la fecha de ingreso.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, cabe destacar, que el valor de lo cuestionado -representado por los rubros reclamados en la demanda que fueron rechazados y son motivo de agravio-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, sin que corresponda adicionar -como propone el recurrente- intereses o realizar actualizaciones (causas L. 115.569 "Bergna", resol. de 28-XII-2011; L. 117.738 "Steimberg", resol. de 27-V-2015; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021), razón por la cual la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.578, "Duarte", resol. de 21-VI-2012; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
III.2.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba -como lo son las relacionados a la oportunidad y determinación de la causa de despido y al cumplimiento de las formalidades del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo-, todas ellas detraídas de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 94.184, "Jacquet", sent. de 7-V-2014; L. 117.224, "López", sent. de 22-IV-2015; L. 119.539, "Albornoz", resol. de 4-V-2016; L. 121.683, "Stele", resol. de 17-X-2018 y L. 124.721, "Hurtado", resol. de 21-IX-2020).
Asimismo, cabe agregar que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 122.662, "Gómez", resol. de 26-XII-2019 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
Por otro lado, reiteradamente ha sostenido esta Corte que no se observa la concurrencia de la excepción prevista por el art. 55 de la ley 11.653, en el sentido y alcance establecido por esta Suprema Corte, cuando la doctrina que se invoca como violada se vincula al vicio de absurdo (causas L. 118.068, "Gudiño", resol. de 20-XI-2014; L. 118.239, "González", resol. de 19-II-2015; L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018 y L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021).
Finalmente, tampoco se observa la concurrencia de la excepción prevista por el art. 55 de la ley 11.653 en el sentido y alcance establecido por la Suprema Corte, cuando los precedentes que se invocan como violados se vinculan a disposiciones de naturaleza procesal, como son aquellas relativas a la carga de la prueba (art. 375, CPCC; causas L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012; L. 116.842, "Ferreyra Sotelo", resol. de 24-X-2012 y L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020).
III.2.b. Igual suerte adversa ha de correr el agravio dirigido a objetar el rechazo del incremento previsto en el art. 1 de la ley 25.323, por cuanto la recurrente ni siquiera ha citado como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte al respecto, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de esta impugnación (causas L. 116.169 "Da Rosa Pacheco", resol. de 21-VI-2012; L. 116.474 "Martín", resol. de 8-VIII-2012; L. 120.807, "Linares", resol. de 17-V-2017 y L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/03/2021 14:03:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2021 14:28:54 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2021 13:01:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2021 17:14:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2021 08:56:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia