Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125245
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón, en lo que interesa destacar, rechazó la demanda promovida por Alfredo Ramón Barrios Baibe contra Liliana Isabel Otero y los herederos de Abel Omar Ferreira, mediante la que procuraba una reparación integral por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del accidente que denunció haber padecido (v. fs. 498/508).
Para así decidir, juzgó que el accionante no había producido prueba idónea alguna para acreditar la ocurrencia y mecánica del siniestro denunciado, como tampoco logro demostrar los presupuestos fácticos necesarios para atribuir responsabilidad objetiva y subjetiva a los demandados, en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del anterior Código Civil.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 545/581 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 583/584.
En su escrito recursivo, alega que la decisión de grado que desestimó la acción por daños y perjuicios, resulta arbitraria y violatoria de los principios y garantías constitucionales que cita, agregando que el fallo atacado no constituye una derivación razonada de las normas vigentes.
Así también, objeta la valoración de la prueba testimonial, manifestando que resulta inexplicable que haya tenido por probada la relación laboral pero no el accidente ocurrido, ni su relación causal con la máquina sobadora perteneciente a los demandados.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe recordar que esta Corte tiene dicho que analizar el material probatorio aportado por las partes al proceso, determinar la existencia del accidente de trabajo y establecer si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la acción de daños y perjuicios, constituyen potestades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo que debe ser demostrado por el recurrente (causas L. 119.392, "López", sent. de 27-VI-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019 y L. 122.707, "Ostapowicz", resol. de 2-XI-2020).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 123.341, "Mujica", resol. de 6-XI-2019; L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
III.2. En el caso, el interesado no cumple con la carga de comprobar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante de grado debió ponderar la prueba aportada al proceso (causas L. 123.048, "Toledo", resol. de 19-VI-2019; L. 123.755, "Afonso", resol. de 4-III-2020 y L. 125.047, "Hastoy", resol. de 9-XII-2020), método que esta Corte reiteradamente ha declarado como inhábil para la apertura de la etapa casatoria.
De esta manera, la impugnación resulta ineficaz para rebatir la motivación esencial del fallo atacado, en punto a que el actor no produjo prueba idónea que acreditara la ocurrencia y mecánica del siniestro denunciado y que el mismo se haya producido por culpa o negligencia de los demandados o por una cosa de la que se sirven o resultan ser sus dueños o guardianes.
En rigor, los fundamentos del pronunciamiento -antes señalados- no son eficientemente descalificados, en tanto la réplica se circunscribe a la exhibición de un criterio discordante, disputándole al juzgador de grado las atribuciones que le asiste en las cuestiones de índole fáctica y valoración probatoria, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, técnica que, sabido es, resulta insuficiente para exhibir la concurrencia de absurdo (causas L. 121.621, "Campo", resol. de 21-XI-2018; L. 122.858, "Pedraza", resol. de 30-X-2019 y L. 124.512, "Gimenez", resol. de 28-VIII-2020).
En este orden, cabe recordar que esta casación tiene dicho que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación concreta, directa y eficaz de todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que -como en el caso- deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 120.881, "Berger", resol. de 27-XII-2017; L. 123.154, "Argüello", resol. de 11-XII-2019 y L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020).
III.3. Tampoco resulta hábil la objeción afincada en la ponderación de la prueba oral, ya que cabe recordar que la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado -como se dijo- no logra acreditar (causas L. 122.912, "Scardilli", resol. de 18-IX-2019; L. 123.365, "Tunesi", resol. de 19-II-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
III.4. Para terminar, corresponde advertir que la invocación de quebranto de principios y normas constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas legales, circunstancia que, en autos, surge no acreditada (causas L. 120.326, "Canosa", resol. de 12-IV-2017; L. 121.322, "Barrionuevo", resol. de 11-VII-2018; L. 121.802, "Pérez", resol. de 27-II-2019 y L. 123.927, "Smith", resol. de 3-VIII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/04/2021 12:46:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2021 23:15:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/04/2021 18:12:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2021 10:00:21 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2021 18:57:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia