Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125375
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios traídos en atención a que el abordado en el punto III no reúne los requisitos esenciales y el tratado en el punto IV se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Azul hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Walter Jose Vitale, Enrique Guillermo Blando, Jorge Rodolfo Echeverría, Jorge Alberto Frontalini, Sebastián Alberto Giacoboni, Carlos Francisco López, Miguel Ángel Macedo, Marcelo Adrián Randazzo y Eduardo Rubén Saizar y condenó a Cerámica San Lorenzo I.C.S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de diferencias por liquidación final. La rechazó, en cambio, en cuanto a los actores Pablo Ernesto Esnal y Juan Félix Solano en tanto juzgó que no existían diferencias a su favor (v. fs. 793/821 vta.).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravio, entendió que las suspensiones dispuestas por la demandada por el lapso de seis meses, producidas a partir del acuerdo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, en tanto encuadraban en las previsiones del art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, habían tenido por efecto extender la vigencia de los contratos de trabajo habidos entre las partes, modificando su antigüedad laboral hasta el día 16 de Noviembre de 2016, fecha en que se ratificaron los despidos comunicados por vía verbal.
De esta manera, habiendo la demandada realizado un pago previo, calculó la nueva indemnización correspondiente, contemplando la variación de la misma, comprensiva de aquellos rubros que se devengaron normalmente en todos los casos de extinción del contrato, al margen del motivo por el que ello hubiera acontecido, a saber: el sueldo anual complementario proporcional al segundo semestre del 2016 y las vacaciones proporcionales, con más las indemnizaciones derivadas del despido sin causa. Luego, ante la nueva liquidación, sustrajo los montos ya abonados por la accionada.
En cuanto a la indemnización reclamada con fundamento en el art. 2 de la ley 25.323, la rechazó toda vez que entendió configurado el supuesto que contempla el segundo párrafo de dicha norma. Consideró que la conducta de la empleadora no se vislumbraba como actitud evasiva de sus obligaciones, sino producto de una razonable convicción de que con el pago realizado había cancelado íntegramente la liquidación final de los reclamantes.
Por otro lado, rechazó la aplicación de la sanción prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo porque estableció que los actores no intimaron debidamente a la demandada respecto a la existencia de las supuestas anomalías en el certificado.
Finalmente, calculó los honorarios con apoyo en el régimen del decreto-ley 8.904/77 en el primer estadio del proceso; mientras que por la segunda y la tercera etapas, aplicó la ley 14.697 por considerarlas cumplidas durante su vigencia.
II. Frente a lo así resuelto se alzan, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 11-XI-2019), los actores Walter Jose Vitale, Enrique Guillermo Blando, Jorge Rodolfo Echeverría, Jorge Alberto Frontalini, Sebastian Alberto Giacoboni, Carlos Francisco Lopez, Miguel Angel Macedo, Marcelo Adrian Randazzo y Eduardo Ruben Saizar.
Por otro lado, se presentan -también a través de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 11-XI-2019)-, Pablo Ernesto Esnal y Juan Félix Solano, siendo ambas impugnaciones concedidas por el a quo a fs. 847 y vta.
III. En la primera de las impugnaciones nombradas se denuncia absurdo. Los actores se agravian, por un lado, de la eximición del pago de la multa contenida en la ley 25.323. Por otra parte, reprochan el rechazo de la sanción del art. 80 de la LCT en tanto, pese a reiterarse que su intimación fue correcta, ello no obsta -según entienden- que las certificaciones presentadas estuvieran erróneamente confeccionadas.
III.1. El recurso no prospera.
III.2. Liminarmente, cabe señalar que tratándose en el caso de un litisconsorcio facultativo activo, el valor de lo cuestionado ante esta instancia, a los fines de dar cumplimiento con el recaudo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), está representado, para los recurrentes, por las sumas individualmente reclamadas en la demanda de cuyo rechazo se agravian, las cuales no superan, respecto de ninguno de ellos, el monto mínimo regulado en la norma citada (causas L. 122.364, "Zurdo", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.434, "Cejas", resol. de 23-X-2020).
Siendo ello así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.3. En el señalado contexto, en la especie no se observa la concurrencia del citado supuesto excepcional, por cuanto los recurrentes ni siquiera han denunciado como vulnerada, respecto de los agravios que esgrimen, doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la presente vía de impugnación (causas L. 121.181, "Castillo", resol. de 21-II-2018; L. 122.019, "Soria", resol. de 10-IV-2019 y L. 124.359, "Sánchez", resol. de 29-VI-2020).
Finalmente, resta señalar que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen doctrina legal en los términos señalados (causas L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.465, "Naguel Belkis", resol. de 17-VI-2020).
IV. En la segunda de las vías interpuestas, los actores denuncian absurdo, arbitrariedad y violación de las normas que citan. En primer lugar, indican que el tribunal omitió tratar la procedencia del reclamo en concepto de sueldo anual correspondiente al primer semestre del año 2016. Luego, impugnan la fecha de despido tomada por el tribunal puesto que, consideran, que la que corresponde es posterior. Finalmente, alegan que el monto por el cual se calcularon los honorarios no debió contener intereses, puesto que la acción se inició bajo la vigencia del decreto-ley 8904/77.
V. El recurso no prospera.
V.1. En primer lugar, debe señalarse que la presunta omisión de tratamiento de cuestiones litigiosas constituye materia propia del recurso extraordinario de nulidad, mas no del carril aquí deducido (causas L. 121.123, "Etcheverry", resol. de 18-IV-2018 y L. 121.480, "Andresiuk", resol. de 26-IX-2018).
V.2. Dable es recordar que, ante todo, evaluar los escritos constitutivos del proceso y la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (art. 242, LCT; causas L. 123.657, "Ortiz", resol. de 20-V-2020 y L. 124.787, "De La Cruz", resol. de 21-IX-2020).
V.3. En el caso, los recurrentes no cumplen con la carga de acreditar tales extremos, pues la escueta crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que consideran que el a quo debió valorar los hechos y la prueba aportada al proceso, poniendo de manifiesto -tan sólo- su disconformidad con la solución alcanzada en el fallo (causas L. 120.890, "Altamirano", resol. de 30-V-2018 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021). Es que, la mera lectura del pronunciamiento impugnado permite observar que el juzgador de grado se ocupó de explicar los motivos por los que resolvió en el sentido expuesto, sin que dicho desarrollo sea objeto de réplica pormenorizada e idónea por parte de los impugnantes.
V.4. Finalmente, en virtud del último de los agravios traídos, conviene recordar que esta Corte tiene dicho que el ejercicio de una vía recursiva, como toda acción en justicia, no se reconoce sino a aquéllos que justifican un interés que legitime el acceso a la sede judicial de carácter extraordinaria, pues a falta del mismo no hay petición audible ante dicha instancia (causas L. 125.073, "Varela", resol. de 13-XI-2020 y L. 125.063, "Paniagua", resol. de 4-III-2021); como así también que la ausencia de agravio y el consecuente interés para recurrir determinan la insuficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.648, "Aguirre", resol. de 11-VII-2018 y L. 125.366, "Casas", resol. de 6-XI-2020); pues resulta impropio de la judicatura el dictado de pronunciamientos abstractos (causas L. 122.153, "Caparrós,", resol. de 10-IV-2019 y L. 124.364, "Benavidez", resol. de 29-VI-2020). Sentado ello, se exhibe nítida la ausencia de interés de los impugnantes para cuestionar la base de cálculo utilizada por el tribunal de grado para la regulación de los honorarios profesionales, lo que sella la suerte adversa de la crítica.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios traídos en atención a que el abordado en el punto III no reúne los requisitos esenciales y el tratado en el punto IV se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/04/2021 16:30:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/04/2021 19:24:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2021 12:48:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2021 18:51:30 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2021 09:04:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia