Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125709
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n ° 1 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda promovida por Guillermo Oscar Martínez contra José Luis Acosta S.R.L. y Arcor S.A.I.C., mediante la que procuraba las indemnizaciones derivadas del despido y la entrega de la certificación prescripta en el ar. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así decidir, entendió el a quo que el actor sólo desempeñó funciones de supervisor, y no las propias de un viajante de comercio -como denunció en su demanda-, por lo que consideró sustancialmente improcedente la acción por diferencias salariales e indemnizatorias.
Por otro lado, ponderó que la autoridad administrativa contó con un dictamen jurídico que, analizando los términos del acuerdo y los elementos que se acompañaron al mismo, no encontró obstáculo para su homologación porque estableció que medió una justa composición de derechos e intereses de las partes en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que el monto ofrecido alcanzaba la totalidad de la liquidación que detallaba claramente los rubros abonados. De allí, tanto en lo sustancial como en lo formal, valoró que el mencionado acto administrativo fue correctamente dictado, incluso apreciando que el accionante no logró probar el incorrecto encuadre legal y convencional invocados. Finalmente, determinó que ninguno de los funcionarios intervinientes en la referida actuación se hallaba incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad legalmente establecidas, que condujeran a invalidar el convenio de marras.
II. Frente a lo así resuelto, se alza la parte actora a través de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 426/468 vta.), concedido por el a quo a fs. 470 y vta. en el marco de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Postula que la decisión es absurda y viola los principios de congruencia, irrenunciabilidad e in dubio pro operario.
Considera que el juzgador de grado yerra al considerar configurada la cosa juzgada administrativa por dos órdenes de razones: por un lado, por resultar aquella prematura, y, por el otro, desde que el mencionado acuerdo no incluye los rubros derivados de sus tareas como viajante de comercio y las comisiones por cobranza.
III.1. Liminarmente, corresponde observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -tal como lo indicó el a quo en el auto de concesión- no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021), sin que la impugnante hubiera expuesto, prima facie , razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro" resol. 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. del 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021).
III.2. Sentado lo que antecede, corresponde destacar que la recurrente pretende prescindir del límite económico en la restricción de la admisibilidad (art. 278, CPCC) a la luz de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Strada" (Fallos: 308:490), entre otras. Sin embargo, el tenor del planteo ensayado por la interesada no permitiría considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal (art. 14, ley 48; causas L. 121.042, "Vande Vrande", resol. de 11-IV-2018 y L. 126.025, "Molina", resol. de 15-IX-2020). Por el contrario, su embate se relacionaría a la apreciación de los hechos y las pruebas, como así también de interpretación y aplicación del derecho común y procesal local, resultando ajeno a la vía establecida en la citada norma (causas L. 123.106, "Piedrabuena", resol. de 18-XII-2019 y L. 122.915, "Siderar S.A.I.C.", resol. de 4-II-2021; CSJN Fallos: 310:1545; 325:2192, 1145).
Sentado ello, y respecto del planteo de inconstitucionalidad del citado art. 278, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 123.381, "Blanco" y L. 123.904, "González", resols. de 18-XII-2019).
III.3. En ese orden, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.244, "Ring", resol. de 28-II-2018 y L. 126.551, cit.).
III.4. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativo a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 121.960, "Albornoz", resol. de 20-II-2019 y L. 124.775, "Gómez", resol. de 6-XI-2020).
Por el otro, cabe señalar que las doctrinas citadas en la vía en examen han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos diferentes a los propios del caso en juzgamiento y no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 125.382, "Portillo", resol. de 6-XI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021), no resultando -en consecuencia- idóneas en el marco del estrecho carril en tratamiento.
Luego, la doctrina referida al vicio de absurdo no deviene idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 125.382, cit. y L. 124.717, "Cueva", resol. de 4-III-2021).
Asimismo, cabe recordar que se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 121472, "Aguilar", resol. 8-VIII-2018 y L. 123.681, "García", resol. de 11-VI-2020).
Finalmente, corresponde recordar que tampoco goza de esa naturaleza la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.345, "Olivares", resol. de 8-VIII-2018; L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018 y L. 125.472, "Avila", resol. de 12-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/04/2021 16:30:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/04/2021 19:24:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2021 12:48:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2021 18:51:21 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2021 09:04:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia