Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125506
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653), el que, atento encontrarse insuficientemente fundado, se rechaza (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n°1 con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Gabriel Armando Maddalena y, en consecuencia, condenó a Jorge Eduardo Hermoso a abonarle al actor la suma que especificó en concepto de indemnización por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración mes del distracto, vacaciones y sueldo anual complementario, por el período que indicó, con más la suma que estableció conforme lo dispuesto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y el incremento prescripto por el art. 2 de la ley 25.323 (v. fs. 217/235).
Para así resolver, tuvo por acreditado que el actor prestó servicios únicamente a órdenes de Jorge Eduardo Hermoso a nombre de quien se encontraba habilitada la Agencia de Remises para la cual laboró en la categoría de "chofer permanente" del convenio colectivo de trabajo 338/01. En cambio, no tuvo por demostrado aquel vínculo respecto del codemandado Eduardo Sebastián Hermoso (hijo del titular de la señalada Agencia), desde que consideró no probada a su respecto la subordinación jurídica, técnica y económica tipificante del contrato laboral.
Asimismo, interesa destacar por haber sido materia de agravio, que fijó la fecha de ingreso del trabajador de acuerdo al inicio de la actividad de la mencionada agencia, a cuyo fin valoró el certificado expedido por la autoridad administrativa de aplicación.
Finalmente, rechazó el reclamo efectuado por el litigante con apoyo en lo normado en el art. 162 de la LCT y en el art. 8 de la ley 24.013. Este último, en la medida que consideró no acreditado el cumplimiento de los recaudos exigidos en el art. 11 de la misma ley.
II. Frente a lo así resuelto Gabriel Armando Maddalena, por propio derecho, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 257/265), oportunidad en la que cuestionó la valoración de la documental adunada al proceso y valorada por el a quo a fin de fijar la fecha del ingreso como ocurrido el 30 de septiembre de 2015 y también, el rechazo del rubro fundado en el art. 8 de la ley 24.013.
A su turno, el tribunal de grado denegó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado, con fundamento en la insuficiencia del valor del litigio (v. fs. 267 y vta.), dando lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial; v. fs. 347/352).
En esencia, el impugnante sostiene que la desestimación del señalado remedio extraordinario luce arbitraria, desde que el valor de lo cuestionado ante esta sede de casación, según la liquidación efectuada en la demanda, supera la suma establecida en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. Para el caso, entiende que el sentenciante de mérito debió habilitar la instancia en el estrecho marco del supuesto establecido en el art. 55 de la ley 11.653.
III. La queja prospera.
Corresponde observar que en el sub examine , el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, se encuentra representado por la cuantía resultante de la diferencia entre la suma establecida por el tribunal de mérito en concepto del rubro reconocido en el fallo según la fecha de inicio de la relación laboral y aquella pretendida por la apelante y el rubro que no prosperó motivo de agravio, la que excede el mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal (causas L. 119.146, "Moyano"; L. 119.374, "Aguirre", resols. de 2-12-2015 y L. 123.839, "Alonso", resol. de 21-VIII-2020).
En consecuencia, hallándose reunidos los requisitos formales, corresponde declarar mal denegado el recurso incoado y, haciéndose lugar a la queja traída, concederlo (arts. 292 cit. y 63, ley 11.653; y Acordada 1.790).
IV. Sentado ello, ingresando en el estudio de la vía recursiva intentada en los términos del art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia, cabe anticipar que la misma debe rechazarse (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
IV.1. a. En principio, es oportuno recordar que esta Corte tiene dicho que determinar la fecha de ingreso del trabajador en la empresa, configura una típica cuestión de hecho reservada a la apreciación privativa de los tribunales de trabajo, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012; L. 112.097, "Lauría", sent. de 11-VI-2014; L. 116.762, "Leguizamón", sent. de 24-IX-2014 y L. 125.053, "Diosquez", resol. de 22-II-2021).
IV.1.b. Bajo tales directrices, toda vez que el recurrente -no obstante enunciarlo- no satisface la inexcusable carga de denunciar y luego evidenciar la configuración del mencionado vicio lógico, las conclusiones que contiene el pronunciamiento no pueden ser modificadas, pues la Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones del recurrente (causas L. 100.286, "Pusterla", sent. de 26-V-2010; L. 100.712, "Deciano", sent. de 10-III-2011; L. 116.884, "Contín", sent. de 3-XII-2014 y L. 126.685, "Raimundo", resol. de 22-II-2021; e.o.).
IV.2. En consecuencia, siendo que el tribunal de grado no basó su convicción respecto de la fecha de ingreso en la declaración jurada del art. 39 de la ley 11.653 -o en la norma contenida en el art. 55 de la LCT-, sino en el análisis razonado de la prueba colectada en la causa, permaneciendo inalterables las motivaciones esenciales sobre las que se sustenta el pronunciamiento de grado, pierde virtualidad la crítica que ensaya el compareciente al respecto. Para más, las presunciones iuris tantum a favor de las afirmaciones del trabajador sobre los hechos que debieron consignarse en la documentación laboral de la accionada, y la inversión del onus probandi allí consagrada, ceden ante las conclusiones que resultan de las diferentes constancias probatorias de la causa (causas L. 93.355, "Bonanno", sent. de 23-VII-2008; L. 118.206, "Apa", resol. de 8-X-2014; L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020).
IV.3. Ello, entonces, conduce también a desestimar la crítica dirigida a impugnar el rechazo de la indemnización prevista en el art. 8 de la ley 24.013, pues precisamente -y sin perjuicio de otras consideraciones que pueden realizarse- se estructura sobre aquella fecha de ingreso que infructuosamente intentó cuestionar el recurrente.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653), el que, atento encontrarse insuficientemente fundado, se rechaza (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", Resol. 10/20) y devuélvanse por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/04/2021 17:29:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2021 21:17:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/04/2021 16:44:37 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2021 18:55:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2021 11:58:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia