Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126118
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó en todos sus términos la demanda deducida por Bibiana Mabel Catarino contra Luis Humberto Ersena, Javier Alejandro Ersena, Guillermo Oscar Ersena y Esther Haydee Ferro, mediante la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido (v. fs. 103/114 vta.).
Para así decidir, valorando esencialmente los testimonios recibidos en la audiencia de vista de la causa, juzgó que la actora no logró demostrar el elemental y sustancial punto de apoyo de su acción, cual es la existencia de una relación laboral dependiente con los demandados, ni que éstos fueran titulares del comercio en el que aduce haber trabajado.
II. Frente a dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 115/125 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 126 y vta.
En su presentación denuncia absurdo y violación de los distintos artículos y principios constitucionales que cita.
En lo esencial, le objeta al tribunal de grado, que declaró no acreditada la relación laboral. En tal sentido, afirma que el sentenciante de mérito desinterpretó la prueba testimonial, como así también la informativa producida en autos, que evidencia, de modo manifiesto, la existencia de aquel vínculo laboral.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1.a. De modo liminar, corresponde destacar que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, como determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituyen cuestiones reservadas -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 118.745, "Pereyra", resol. de 26-VIII-2015; L. 120.943, "Bernardi", resol. de 4-X-2017 y L. 124.104, "Brevis", resol. 25-IX-2020).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, cit.).
III.1.b. En el caso, la impugnante, si bien lo enuncia, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011; L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017 y L. 125.170, "Zernicki", resol. 2-III-2021). Su argumentación se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el a quo y, en ese derrotero, no logra conmover la motivación sobre la que se estructura la decisión de grado, esto es, la inexistencia de una relación de trabajo entre las partes. La accionante no ha acreditado que se den a su respecto las notas que caracterizan al contrato de trabajo, esto es la subordinación técnica, económica y jurídica, pues no probó que se le hubiere impartido directivas de trabajo, ni que las demandadas tuvieren poder disciplinario sobre ella, como tampoco que éstas le abonaran salario alguno.
III.1.c. Recuérdese, además, que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportado a la causa es tarea exclusiva del tribunal de grado, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011; L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012 y L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020).
III.2. Por otra parte, tampoco es atendible la crítica relativa a la forma de interpretar la prueba oral, por cuanto, cabe resaltar que evaluar el mérito, la habilidad y, por lo tanto, la eficacia de las declaraciones testimoniales producidas en la vista de la causa, constituye una atribución privativa de los tribunales de trabajo que no puede ser revisada por esta Corte, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 121.280, "AB Aceros S.A.", resol. de 22-VIII-2018; L. 124.092, "Arevalo", resol. de 10-VIII-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021), que la compareciente -como se dijo- no logra demostrar.
III.3. Tampoco evidencia la recurrente que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido este Tribunal, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015; L. 125.092, "Rossi", resol. 9-XII-2020 y L. 125. 042, "Luna", resol. de 22-II-2021), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
III.4. Corresponde añadir, que esta Suprema Corte reiteradamente ha declarado que la duda a la que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juez al tiempo de dictar sentencia y, por lo tanto, no resulta de aplicación tal principio si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 122.224, "Donadio", resol. de 10-IV-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020 y L. 124.761, "Travaglia", resol. de 13-X-2020), tal y como ocurre en el caso.
III.5. Finalmente, no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/04/2021 17:29:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2021 21:17:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/04/2021 16:44:17 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2021 18:55:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2021 11:58:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia