Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122771
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.771, "Pécora, María Luisa contra Lee, David y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 874/954 vta. y aclaratoria de fs. 1.011 y vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. 1.015/1.034 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen admitió la acción interpuesta por María Luisa Pécora contra Reginald Lee S.A. y -solidariamente- contra Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes S.R.L. (art. 30 primer párrafo -segunda parte-, LCT), en cuanto pretendía el pago de diferencias salariales en concepto de adicionales devengados por presentismo, título secundario, antigüedad y bonificación anual (CCT 152/91); vacaciones proporcionales; indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva del preaviso; el recargo resarcitorio contemplado en el arts. 2 de la ley 25.323 y la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345); así como la entrega de las certificaciones previstas en la última disposición citada.
Desestimó la demanda, en cambio, en cuanto procuraba que se le asignara carácter remuneratorio a las sumas que Reginald Lee S.A. le abonaba a OSDE para que la trabajadora accediera a un plan asistencial superador; así como el cobro de las indemnizaciones por daño moral y psíquico, gastos por tratamiento psicológico, el recargo del art. 1 de la ley 25.323 y la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Asimismo, rechazó íntegramente el reclamo impetrado contra David Lee y Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (v. fs. 874/954 vta.).
Para así decidir, en lo que resulta de interés por constituir materia de agravio, consideró que los pagos que la empleadora Reginald Lee S.A. efectuaba mensualmente a la obra social OSDE -para que la actora y su grupo familiar accedieran a un plan de salud superior- no eran de naturaleza remuneratoria, conforme lo alegado por la accionante. A juicio del tribunal de mérito, dichas sumas revestían el carácter de beneficio social del tipo de los previstos en el art. 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, disposición esta última que los define -según expresamente refirió en el veredicto (fs. 886 vta.)- como "las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables, ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tienen como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo. Son beneficios sociales [...] d) Los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del trabajador y su familia que asumiera el empleador, previa presentación de comprobantes emitidos por farmacia, médico u odontólogo, debidamente documentados..." (fs. 886/887).
En otro orden, juzgó que la parte actora no logró acreditar que la patronal, a través de su personal jerárquico, hubiera incurrido en conductas discriminatorias hacia la reclamante, ni que se hubiesen verificado situaciones de acoso laboral. Aseveró, al respecto, que en ausencia de hechos objetivos y comprobables -siquiera en grado indiciario- no procedía la aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba (v. fs. 912 y vta.).
Por otro lado, con sustento en el informe pericial psiquiátrico obrante a fs. 640/645, tuvo por demostrado que la actora es portadora de un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo, en remisión, con algunos síntomas remanentes, moderado en su máxima expresión; diagnóstico de trastorno adaptativo asimilable a las RVAN (Reacción Vivencial Anormal Neurótica) Grado III, con una incapacidad del 20% del índice de la total obrera, de conformidad con la tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales de la ley 24.557 (v. fs. 915).
No obstante, en lo tocante al origen de esa patología, se apartó del mencionado dictamen, toda vez que -en base a las declaraciones testimoniales y certificados médicos agregados por la propia parte actora- estimó no acreditada la existencia del nexo causal entre las tareas y las dolencias descriptas (v. fs. 915).
Luego, a la hora de abordar la procedencia de las indemnizaciones por daños psíquico y moral y tratamiento psicoterapéutico, reiteró que no se había demostrado que la accionada hubiera incurrido en actos hostiles, persecutorios y/o discriminatorios. De modo que, ante la falta de acreditación del referido nexo causal, sostuvo el tribunal que no resultaba viable la petición indemnizatoria ni el pago de un tratamiento de índole psicoterapéutico recomendado por el perito (v. fs. 937).
En lo referente específicamente al reclamo por daño moral, entendió no probado que la señora Pécora hubiera padecido perjuicios no contemplados en el resarcimiento de la indemnización tarifada prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo por lo que dispuso -también- su rechazo (v. fs. 937 vta.).
En cuanto a los intereses a aplicar sobre las sumas de condena, declaró que debían calcularse desde que cada rubro era debido y hasta la notificación de la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, a la tasa pasiva más alta establecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días (a partir del 19 de agosto de 2008), los cuales debían acumularse al capital hasta el 23 de septiembre de 2014. Asimismo, señaló que el importe resultante devengaría el mismo tipo de interés moratorio, desde el 24 de septiembre de 2014 hasta el 14 de febrero de 2018, sin perjuicio de calcular los acrecidos que correspondieran por el período posterior y hasta el momento de su efectivo pago (v. fs. 949 vta.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba, violación del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de los arts. 75, 103 y 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; 770 del Código Civil y Comercial de la Nación; 39 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 1.015/1.034 vta.).
II.1. En primer lugar, se agravia del rechazo de la pretensión orientada a que se declare el carácter remuneratorio del pago diferenciado de $2.700 mensuales que la empleadora abonaba a la obra social OSDE, destinada a que la dependiente y su grupo familiar tuvieran acceso a un plan de salud de mayor jerarquía, decisión que -alega- impactó negativamente en la cuantificación de los rubros indemnizatorios por los que prosperó la demanda. Entiende que dicha erogación -que para octubre de 2011 representaba entre un 25% y un 30% de la remuneración total de la actora- encubría un haber pactado entre las partes, y que -como tal- correspondía su consideración como salario, a la luz de lo normado en el art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio 95 de la OIT.
Afirma, además, que lo resuelto por el tribunal de grado en este punto resulta violatorio de la doctrina legal emergente de las causas L. 101.164, "Dorado" (sent. de 27-VI-2012) y L. 101.564, "Quintana" (sent. de 27-VI-2012), entre otras, así como de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, específicamente del precedente "Pérez c/ Disco S.A.", sentencia de 1-IX-2009 (v. fs. 1.015 vta.; 1.021/1.022; 1.027/1.033 y 1.034).
II.2. Por otro lado, impugna la desestimación de las indemnizaciones por daño psíquico y los gastos para su tratamiento, en el marco del rechazo del carácter discriminatorio del despido.
En este sentido, argumenta que el perjuicio psicológico quedó demostrado mediante el dictamen pericial psiquiátrico agregado a fs. 640/655 del que -afirma- surge el diagnóstico, el porcentaje de incapacidad (20% del índice de la total obrera), la relación de causalidad y la necesidad de la accionante de someterse a una terapia específica. Destaca que la prueba informativa aportada por los médicos de la actora abona las conclusiones de dicha experticia (v. fs. 1.022 vta./1.024).
II.3. Rebate, igualmente, la falta de recepción del daño moral derivado del despido discriminatorio del que -afirma- fue víctima la trabajadora, motivado en razones de sexo (v. fs. 1.017 vta.) y en la profunda depresión que se encontraba atravesando (v. fs. 1.024 vta.).
II.4. Finalmente, denuncia la incorrecta aplicación del art. 770 inc. 2 "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, porque -a su juicio- el tribunal se desentendió de las fechas concretas en que resultaron notificadas las adversarias del traslado de demanda (v. fs. 1.033 vta. y 1.034).
III. El recurso no prospera.
III.1. No merece recepción el agravio dirigido a objetar la naturaleza de beneficio social que el tribunal de mérito atribuyó al pago mensual que la empleadora efectuaba a la obra social para que la trabajadora y su grupo familiar pudieran acceder a una cobertura de salud mejorada con relación al plan básico.
III.1.a. Como se mencionó en la reseña efectuada, la impugnante pretende que esa suma oblada mensualmente por la patronal -a los fines indicados- debe gozar de condición remuneratoria, salarial o retributiva, basando tal pedimento en doctrina legal de esta Suprema Corte y en jurisprudencia de la Corte federal que cita en la postulación en tratamiento, pues entiende que esa prestación no constituye un beneficio social como estableció el órgano de origen.
III.1.b. En atención a la temática traída, conviene repasar el contenido de las normas cuya violación denuncia el quejoso con miras a derribar la definición del fallo de grado que le causa agravio.
Conforme se ha ocupado de señalar esta Suprema Corte (causas L. 107.420, "Pérez", sent. de 19-II-2015; L. 107.955, "Szyszko", sent. de 29-V-2013; e.o.), el art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo define a la remuneración, con un concepto que excede al de ventaja patrimonial, como una contraprestación que el trabajador debe percibir como consecuencia del contrato de trabajo, aun en el caso que no prestara servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador.
En este orden de ideas, el Convenio 95 de la Organización Internacional de Trabajo, sobre protección del salario, ratificado por nuestro país y que goza de rango supralegal, determina que salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar por servicios que haya prestado o deba prestar (art. 1).
Asimismo, el art. 103 bis de la citada Ley de Contrato de Trabajo considera beneficios sociales a todas aquellas prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables, ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tienen como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo.
Con pie en los conceptos descriptos, tengo para mí que el recurrente no logra demostrar que la solución adoptada por el tribunal de la instancia inferior en grado, en cuanto puso énfasis en señalar que los gastos asumidos por la empleadora para que la trabajadora gozara de medicina prepaga o de un mejor plan que el que le hubiera correspondido de haber accedido a una obra social o un plan de tipo básico, no encuadre en la definición legal de beneficio social (art. 103 bis, ley cit.). En efecto, el interesado no consigue desbaratar el razonamiento con arreglo al cual el juzgador declaró que dicha erogación no constituye una retribución por la puesta a disposición del dependiente de su fuerza de trabajo, sino que se trata de una prestación de contenido económico otorgado en el marco de la relación laboral con destino a mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia.
En estas condiciones, insisto, no acierta la quejosa en demostrar que el órgano de origen haya incurrido en violación o errónea aplicación de las normas en juego (art. 279, CPCC).
III.1.c. Por otro lado, los precedentes que cita el compareciente en su réplica refieren -en lo esencial- a supuestos en lo que se discutía la naturaleza remuneratoria de los vales alimentarios (art. 103 bis inc. "c", LCT -texto según ley 24.700, hoy derogado por el art. 1, ley 26.341, B.O., 24-XII-2007-), y no, como sucede en el caso de autos, de erogaciones en que hubo de incurrir la demandada para que la trabajadora gozara de un mejor plan de salud para ella y su núcleo familiar.
Así las cosas, no es ocioso decir que la mención de doctrina legal deviene ineficaz, si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 119.987, "Espínola", sent. de 4-VII-2018; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 106.529, "Rojo", sent. de 8-X-2014 y L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015).
Por lo demás, no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial los fallos de otros tribunales de justicia (causas L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015; L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; e.o.).
III.2. Tampoco han de prosperar los embates por conducto de los cuales el recurrente objeta el rechazo del carácter discriminatorio del despido dispuesto por la patronal, la declaración de improcedencia del resarcimiento en concepto de daños psíquico y moral, así como de los gastos por tratamiento psicoterapéutico.
III.2.a. Al respecto, cabe señalar que este Tribunal tiene dicho que tanto la valoración del material probatorio como la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen cuestiones de hecho privativas -por regla- de los tribunales de la instancia y marginadas de la casación, salvo la demostración de absurdo (causas L. 117.076, "Carmiglio", sent. de 28-V-2014; L. 117.397, "González", sent. de 11-II-2015 y L. 119.701, "Parrotta", sent. de 9-VIII-2017).
Ese vicio exige la verificación de un error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa, ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 103.655, "Gómez", sent. de 4-V-2011; L. 118.441, "Alonso", sent. de 14-X-2015 y L. 119.010, "Martínez", sent. de 28-XII-2016).
III.2.b. Conforme esas directrices, el medio extraordinario de impugnación resulta insuficientemente fundado.
En efecto, en lo concerniente al carácter discriminatorio del despido el interesado se desentiende de la línea reflexiva y de apreciación de la prueba desplegada por los magistrados de grado, ensayando un nuevo análisis de algunas de las probanzas producidas en la causa según su propio criterio valorativo, técnica que reiteradamente ha sido tachada de inhábil para acreditar cabalmente la efectiva existencia de absurdo (causas L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-V-2016; L. 119.859, "Benítez", sent. de 9-VIII-2017 y L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018).
Desde otro costado, ese método impugnativo conduce al recurrente a afincarse en supuestas contradicciones que atribuye al contenido del pronunciamiento, las cuales -anticipo- no logra acreditar.
En rigor, las alegaciones que porta la réplica no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la tarea llevada a cabo -en forma privativa- por los magistrados de origen, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las constancias agregadas a la causa, para modificar en su exclusivo beneficio la parcela del fallo atacado en cuanto descartó la naturaleza discriminatoria del despido de la señora Pécora, aspecto de la decisión que -dado lo dicho- ha de permanecer incólume.
III.2.c. También se impone señalar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte (causas L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014 y L. 119.519, "Salas", resol. de 1-VI-2016).
En ejercicio de dicha labor, el sentenciante enfatizó que aun cuando dicho dictamen haya efectuado la determinación de incapacidad por cuestiones psiquiátricas, la falta de acreditación de causalidad adecuada entre el trabajo y el daño, le impedían considerar la procedencia de una reparación por minusvalía psíquica, por lo que -también- desechó el reclamo del tratamiento idóneo recomendado por el facultativo interviniente.
Esa conclusión central del fallo, esto es, la vinculada con la ausencia de demostración de la relación causal tampoco ha sido eficazmente desvirtuada por el quejoso (art. 279, CPCC), de modo tal que tal motivación esencial ha de subsistir incólume.
III.2.d. De suyo entonces, no conmovida la sentencia de grado respecto del rechazo del carácter discriminatorio del despido dispuesto por la empleadora, sobre cuya base el recurrente fundó el reclamo del resarcimiento por daño moral, deviene inabordable el tratamiento del agravio vinculado a la desestimación de este último rubro, pues el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 7-VIII-2011; L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015 y L. 117.775, "J., Q. F.", sent. de 29-III-2017).
III.3. Finalmente, cabe señalar que el embate por conducto del cual el compareciente denuncia la incorrecta aplicación del art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, con sustento en haberse desentendido el sentenciante de las fechas en que resultaron notificadas sus adversarias del traslado de la demanda (v. fs. 1.033 vta. y 1.034), remite a típicas a cuestiones de hecho privativas de los tribunales de trabajo, cuya revisión se encuentra subordinada a la cabal invocación y demostración del vicio de absurdo (causas L. 97.058, "Britez", sent. de 15-XII-2010; L. 105.151, "Novasal", sent. de 24-VI-2015 y L. 113.926, "Cimalando", sent. de 16-VIII-2017).
Sobre el particular, no puedo dejar de reparar en la omisa denuncia de dicha anomalía en este tramo de la impugnación, deficiencia técnica que sella -sin más- la suerte adversa del agravio traído (art. 279, CPCC; causas L. 107.447, "Álvarez", sent. de 13-VI-2012; L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017; e.o.). Sin perjuicio de ello, para mayor satisfacción del quejoso, agrego que el desarrollo argumental que despliega tampoco es útil para demostrar la existencia del mentado vicio.
IV. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo
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